Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77363
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 77.363, "Krampitz, Carolina Cristina contra Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad art. 3, ley 5.177", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
I. Carolina Cristina Krampitz promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973 por reputarlos contrarios a los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial.
Con fundamento en la eventual afectación que la sentencia de autos pueda causar en sus intereses y en los de otros profesionales, pide la citación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza.
Requiere, además, que con carácter precautorio se declare la suspensión de la aplicación a su caso de las prohibiciones contenidas en las normas que impugna, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogada cuando actúe en una causa judicial en la que eventualmente pudiera existir una colisión de intereses con motivo del ejercicio de la profesión de martillera y corredora pública como auxiliar de la justicia.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2021, el Tribunal hizo lugar, bajo caución juratoria prestada en el escrito inicial, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza se abstengan de aplicar a la actora el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-. Idéntica manda realizó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza, con relación al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto la contesta y requiere su rechazo por considerarla improcedente, con costas. Formula reserva de caso federal (v. presentación de 23 de noviembre de 2021).
IV. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires contesta la citación en carácter de tercero y manifiesta su voluntad de allanarse a la demanda en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva. Pide eximición de costas (v. presentación de 26 de noviembre de 2021).
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza se presenta como tercero citado y también se allana. Solicita que se haga lugar a la demanda, con costas a la Provincia demandada (v. presentación de 30 de noviembre de 2021).
V. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La actora relata que luego de obtener el título de abogada el 27 de octubre de 2009, se matriculó en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza, constando su registro al Tomo VI, Folio 422.
Continúa narrando que con posterioridad obtuvo el título de martillera y corredora pública. Apunta que al intentar matricularse en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza le informaron que, en razón de la incompatibilidad establecida en el inc. "a" del art. 3 de la ley 10.973, para poder cumplir el aludido trámite debía cancelar su matrícula de abogada.
Postula la arbitrariedad de la referida norma por no evidenciarse motivo o fundamento legal de semejante prohibición, ni el perjuicio que pudiera provocar el ejercicio de esta profesión simultáneamente con otra para la que se requiera título habilitante.
Dice que la incompatibilidad absoluta consagrada en las normas impugnadas es irrazonable, vaga, imprecisa e injustificada pues carece de fundamento legal y vulnera derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Manifiesta que el ejercicio contemporáneo de ambas profesiones lejos de producir una colisión de intereses u ocasionar algún perjuicio personal o patrimonial a los eventuales clientes, se complementan, enriqueciendo el conocimiento y garantizando al cliente un asesoramiento completo e integral. Ello así, aclara, salvo en aquellos supuestos en los que actuando en causa judicial, por efecto del azar, se lo designe como auxiliar de la justicia, supuesto que obligará a declinar su participación.
Aduce que las normas cuya constitucionalidad cuestiona resultan violatorias de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a la propiedad, a enseñar y aprender (arts. 10, 11, 27, 31, 35, 29 y 42, Const. prov. y 14 bis, 16, 17, 31, 72 inc. 22 y concs., Const. nac.).
Señala, además, que las normas que por esta acción cuestiona son inconstitucionales por no superar los parámetros de razonabilidad previstos. Cita al respecto el art. 57 de la Constitución provincial y precedentes de este Tribunal.
II. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto señala que las incompatibilidades para el ejercicio profesional, como las consagradas en las normas que por esta acción se impugnan, son impuestas por las leyes en sentido formal y material. Agrega que el legislador, en el marco de su competencia constitucional adopta tal regulación por diversas razones y fundamentos de índole laboral, económica y moral.
Apunta que la reglamentación del ejercicio de profesiones liberales es una atribución constitucional privativa de los poderes locales y presupone la fijación de cargas, condiciones y requisitos para acceder a la matriculación y, en consecuencia, posibilitar el ejercicio profesional.
Por tal razón afirma que los regímenes sujetos a examen en autos no serían cuestionables desde el punto de vista constitucional, salvo irrazonabilidad manifiesta.
Alega que el fundamento de la incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero público establecido en el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 se funda en lograr una mayor eficiencia en la prestación del ejercicio de la abogacía, en tanto colaborador directo con la administración y servicio de justicia. Apunta que el objetivo es lograr que el profesional abogado tenga una dedicación exclusiva sin distracción por el ejercicio de otras profesiones que requieren igual contracción y habitualidad.
Pone de resalto que las Normas de Ética Profesional de la Abogacía y de los Martilleros Públicos de la Provincia exigen del matriculado la independencia del ejercicio de su actividad; quien ha de desempeñarse con celo y probidad, consagrando sus servicios enteramente a la defensa de los intereses de sus clientes, a más de ser ambos servidores y auxiliares de la justicia.
Asevera que las disposiciones legales atacadas de inconstitucionales cumplen con el requisito de razonabilidad. Precisa que la actuación de la atribución constitucional de regular el ejercicio de profesiones liberales supera el test al que se halla sometido para su validez constitucional por cuanto -entiende- que existen circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de inigualdad manifiesta. Con fundamento en ello consideran que no pueden ser atendidos los agravios manifestados por la actora en cuanto denuncia violación de la libertad individual, del principio de igualdad ante la ley, de la libertad de trabajo, de la propiedad, de la libertad de enseñar y aprender, derecho social al trabajo y el libre ejercicio profesional. Subraya que los derechos reconocidos por la Constitución no son absolutos sino que toleran reglamentaciones y limitaciones que permitan tanto una debida correspondencia entre los iguales derechos de los demás individuos como también el cumplimiento de su función social en orden a un beneficio general.
Por último refuta que en el caso concurra la afectación del principio de igualdad ante la ley. Apunta que la actora alega la violación de esta garantía en cuanto contrasta los regímenes legales de la Provincia de Buenos Aires con las restantes jurisdicciones provinciales. Afirma que en el presente caso no se transgrede el aludido principio pues ambos regímenes cuestionados otorgan igual tratamiento en vista de situaciones que se estiman similares.
III. En oportunidad de contestar la demanda en el carácter de tercero citado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires se allanó de modo real, incondicionado, oportuno, total y efectivo a la demanda. Señaló que hace tiempo que esa entidad "ha tomado debida nota de que el régimen de incompatibilidades absolutas que dispone el art. 3 inciso 'a' de la ley 10.973, tiene un espíritu que contraría principios constitucionales que -en lo concreto- le ha significado inconvenientes en el desarrollo de la actividad pública a la que está destinado, ya que se ve obligado a aplicar una norma que conculca derechos de sus propios colegiados".
Cita precedentes en esta materia y pone de resalto que ante esta situación propició ante la Legislatura provincial la modificación de la norma contenida en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.379. Apunta que a través del proyecto de ley en trámite por el expediente D-4691/20-21-0, iniciado ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que tomó estado parlamentario el 4 de marzo de 2021, se intenta modificar la incompatibilidad absoluta que establece la aludida norma, por un régimen de incompatibilidades relativas que se configure cuando aquellos martilleros y corredores públicos que ejerzan otras profesiones u oficio que les genere conflicto de intereses con relación a actos profesionales concretos o designaciones como auxiliares de justicia, mientras duren en el tiempo. Acota que se establece también la obligación a cargo de quien incurra en esta incompatibilidad, de dar aviso al Colegio respectivo dentro de los cinco días de producido el hecho.
De acuerdo a ello solicita la eximición en costas de acuerdo a lo previsto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. Al contestar la citación en carácter de tercero, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza también se allana a la demanda en términos semejantes y con igual alcance a los del Colegio provincial.
V. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
La constitucionalidad del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 -aunque con relación a la incompatibilidad absoluta dispuesta respecto al ejercicio profesional como contador público- fue analizada por esta Suprema Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 8-VI-2020, cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- la solución de esta parcela de la pretensión.
V.1. La Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló, a través de las leyes 5.177 y 10.379, el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero y corredor público, respectivamente (cfr. art. 121, Const. nac.; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000 e I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021).
Expresó también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causas I. 2.085 e I. 73.005, cits.).
V.2. Siendo ello así, corresponde analizar primeramente si el Poder Legislativo provincial, al establecer dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5.177, el ejercicio de la actividad de martillero público, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial.
La respuesta negativa se impone ya que la transgresión es palmaria.
La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35 y 39 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
La defensa de la Provincia reside en el poder de policía que tiene constitucionalmente atribuido para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
El poder de reglamentación del que goza la Provincia es indudable; sin embargo, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo, como lo es la impugnada en autos, para gozar de validez constitucional debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De allí que en este punto cobre relevancia el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer, reside en establecer si la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 respecto al ejercicio de la profesión de abogados y martillero público encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
En tal cometido, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (cfr. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (cfr. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
V.2.a. El art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 reza: "No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad: Absoluta: [...] e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia".
Al responder la demanda, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto justifica la restricción impuesta en la defensa y respeto de la dignidad y jerarquía que requiere el ejercicio de la abogacía, por un lado, y de martillero público, por el otro. Alude a la finalidad de evitar los abusos y que el profesional abogado tenga una dedicación exclusiva sin distracción por el ejercicio de otras profesiones que requieren igual contracción y habitualidad. Entiende que es inaceptable que una persona habilitada para el ejercicio de ambas profesiones pueda cumplir sus respectivos y simultáneos ministerios como abogado y martillero a tiempo completo en cada uno, con entera consagración a la defensa de los intereses de sus clientes o pudiendo actuar ante el Poder jurisdiccional en su doble rol profesional como auxiliar de la justicia.
Es posible concluir, entonces, que el legislador, al prohibir el ejercicio simultáneo de ambas profesiones de forma total, intentó impedir que se generaran eventuales conflictos de intereses, alentando así a los abogados a que desempeñen su profesión con exclusividad.
V.2.b. Dicho esto, corresponde analizar si los medios empleados son idóneos para la obtención del fin perseguido. En este punto advierto que al consistir la disposición impugnada en una incompatibilidad absoluta, sin distinguir entre la vasta cantidad de supuestos en los que podría converger el ejercicio del derecho con la actividad de martillero público, entonces, no puede sino concluirse en que no existe una adecuada relación entre los costos de la medida con los poco claros beneficios que podría reportar.
Aun si fuera posible que, tal como afirma la demandada, una prohibición así contribuyera a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los abogados provinciales o evitara los conflictos de intereses en los que pudieran quedar inmersos quienes desempeñan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir en forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
V.2.c. Para más, el ejercicio del poder de policía invocado por la Provincia al contestar la demanda no resulta suficiente para justificar una incompatibilidad absoluta como la cuestionada en autos, en tanto el desarrollo de la función reglamentaria debe propender a equilibrar la práctica de los derechos involucrados en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, orientándolo al bien común. Así lo ha considerado este Tribunal al
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