Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75716
I.75.716 "DIEGUEZ MARTA NOEMI C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 3° LEY 5177"
La Plata, 12 de junio de 2019.
I. Marta Noemí Diéguez, invocando su condición de abogada y contadora pública, promovió la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la invalidez del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.227- que establece que no podrán ejercer la abogacía, por incompatibilidad absoluta -entre otros- los contadores públicos.
Entiende que la restricción contenida en dicha norma es irrazonable y desproporcionada y viola los derechos constitucionales a trabajar, a la protección de la propiedad privada, al aprendizaje y al ejercicio de las profesiones sin restricciones arbitrarias (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42 y 57, Const. prov.).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto, la accionante requirió el dictado de una medida cautelar con fundamento en recientes decisiones de este Tribunal que estima aplicables al caso.
II. Atento a lo solicitado en el apartado II del escrito postulatorio, en cuanto se requiere la citación como terceros al proceso del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de La Plata, previo a resolver, corresponde sustanciar el pedido con la parte demandada (art. 92, CPCC) y notificarse la respectiva providencia junto al traslado dispuesto a fs. 25.
III. En lo referente a la medida cautelar, solicita que se suspenda la aplicación de la prohibición contenida en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogada cuando actúe en una causa judicial como contadora pública; tal como lo preveía la redacción original de aquel texto normativo.
Con ese alcance, cabe analizar si en autos se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que se reclama.
IV. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 1520, "Peltzer", res. de 28-V-1991; I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 “UPCN”, res. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", res. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", res. de 23-V-2017 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", res. de 5-IX-2018, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011, entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", res. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada podía generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay" y sus citas).
De tal manera, se impone considerar con ese criterio los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
V.1. En lo tocante al requisito del peligro en la demora, cabe recordar que se ha resuelto cautelarmente en causas promovidas por profesionales que habían obtenido la doble titulación de abogados y contadores públicos, que la modificación introducida por la ley 12.277 al art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -en tanto dispuso una incompatibilidad absoluta en relación a los contadores matriculados que pretendan ejercer la abogacía- no parece, en principio, congruente con ciertas garantías constitucionales. En particular, se dijo que el arreglo legislativo lucía prima facie incompatible con la garantía de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a enseñar y aprender, la protección de la propiedad privada y el ejercicio de las profesiones liberales (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.; doctr. causas I. 73.106, "Nápoli", res. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", res. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", res. de 13-VII-2016 e I. 74.748, "Viggiano", res. de 27-XII-2017).
Sobre idénticas bases, este Tribunal otorgó en fecha reciente una medida cautelar semejante respecto de la interdicción prevista en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 para el ejercicio de la profesión de martillero y corredor público (causa I. 75.454 "Suppa", res. de 29-V-2019).
Por lo tanto, a la luz de los precedentes jurisprudenciales mencionados, corresponde tener por acreditada -en esta etapa preliminar- la apariencia de buen derecho de quien acciona.
V.2. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse -a los efectos del examen cautelar- que son atendibles los argumentos vertidos por la actora en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y contador público durante el transcurso del proceso le ocasionará a la demandante un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
VI. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de La Plata, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5177 -texto según ley 12.277-, en relación a la señora Marta Noemí Diéguez, lo que implica que a su respecto regirá la mencionada norma en su redacción original.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Previamente, la interesada deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Conferir traslado a la parte demandada del pedido de citación como tercero al proceso del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de La Plata (art. 92, CPCC). Notifíquese junto al traslado de la demanda dispuesto a fs. 25.
II. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de La Plata se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- a la señora Marta Noemí Diéguez, lo que implica que a su respecto regirá la mencionada norma en su redacción original.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. A los fines de hacer efectiva la medida, la interesada deberá previamente prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge-Ko-Pe-To
Reg. Nº 294
Fin de la sentencia