Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77378
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar por inadmisible la demanda interpuesta por el señor Leandro Alberti Shcherbyna (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. Dado el modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios al doctor Leandro Alberti Shcherbyna, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
Por su labor profesional, se regula la suma equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967) en favor del señor Asesor General de Gobierno, cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del nombrado frente al IVA.
I.77.378 “ALBERTI SHCHERBYNA, LEANDRO C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD ART. 31 IN FINE DEL DECRETO 600/21”
I. El señor Leandro Alberti Shcherbyna, por derecho propio y en su carácter de abogado matriculado en la Provincia de Buenos Aires, promueve la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del último párrafo del art. 31 del decreto 600/21 (B.O. de 18-VIII-2021), que establece que sólo podrá eximirse de abonar el monto correspondiente a un (1) ius arancelario que perciban los mediadores y las mediadoras en concepto de anticipo, la parte requirente que hubiere obtenido el beneficio de litigar sin gastos por sentencia firme.
El actor comienza su relato señalando que el día 27 de septiembre de 2021 se disponía a celebrar la mediación previa obligatoria prevista en la ley 13.951 en el marco de los autos “Alberti Shscherbyna, Leandro c/ Maffei, diego Martín s/ Daños y perjuicios – responsabilidad profesional” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Quilmes y que, pese a haber iniciado un incidente para que se le otorgue el referido beneficio, le fue exigido el pago de honorarios por adelantado; conducta que le ocasionó, a su entender, un gravamen.
Sin embargo, alega que la cuestión principal en este litigio se centra en el potencial daño que genera el precepto impugnado para la sociedad en su conjunto, al constituirse en un verdadero óbice para el acceso a la justicia para aquellas personas que carecen de recursos económicos.
En este sentido, afirma que la reglamentación vulnera los derechos y garantías consagrados en los arts. 16 y 77 inc. 22 de la Constitución nacional, 11 y 25 de la Carta provincial, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Luego, aduce que el Poder Ejecutivo ha incurrido en un exceso reglamentario, en tanto la norma en crisis colisiona de manera directa no sólo contra la ley que pretende regular, sino también con el ordenamiento de rito y, en particular, con lo dispuesto en su art. 83.
En otro orden, solicita que a la eventual sentencia que recaiga en el pleito se le otorgue efectos erga omnes . Ello por cuanto considera que, de lo contrario, “cada ciudadano pobre del país que desee litigar, deberá hacer 3 juicios: 1 principal (pongamos por ejemplo, daños y perjuicios), 1 incidente de litigar sin gastos (por ser pobre) y 1 acción de inconstitucionalidad (para evitar pagar el peaje del mediador)” (v. punto X de la presentación electrónica de fecha 27-IX-2021).
Asimismo, requiere que el pronunciamiento definitivo de autos sea comunicado al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta el señor Asesor General de Gobierno y se opone a la procedencia formal de la acción entablada.
Con cita de precedentes de este Tribunal, expone que el actor carece de una atribución o potestad para actuar que justifique el inicio y tratamiento de la pretensión esgrimida, toda vez que no invoca un perjuicio o agravio constitucional concreto y directo que afecte la esfera de sus propios intereses.
Manifiesta que el demandante no logra acreditar la condición de “persona pobre” a la que alude en su escrito postulatorio como posible grupo afectado por el precepto controvertido y que tampoco demuestra su imposibilidad material de afrontar el mentado anticipo. Así, puntualiza que la sola calidad de ciudadano o, en el caso, de simple operador judicial -dada su condición de letrado- no importa más que la mera proclamación de un status hipotético que vagamente y en forma ineficaz se vincula con el objeto de la pretensión articulada.
Tras ello, aduce que la demanda interpuesta carece de una debida fundamentación, dado que la simple mención de la posible afectación al derecho de acceso a la justicia resulta insuficiente para alcanzar la declaración de inconstitucionalidad perseguida. En esta línea, entiende que la presunta violación denunciada sólo se configuraría cuando: a) se trate de un justiciable “pobre” y b) que quien carezca de recursos se encuentre en situación de tramitar la etapa de mediación en forma urgente. Por tal razón, concluye en la evidente insuficiencia discursiva del actor para abastecer el planteo constitucional que ensaya.
Por último, contesta la demanda, ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. presentación electrónica de fecha 28-X-2021).
III. Sustanciadas las defensas opuestas por la demandada, la parte actora las resiste aseverando que pretende velar por el interés colectivo de un sector vulnerable de la población, que se halla discriminado por el decreto sancionado. Además, agrega que la norma le produce un perjuicio directo porque la mayoría de sus clientes quedan comprendidos en dicha clase y que el hecho de que no puedan litigar por la aplicación del art. 31 in fine atacado le provoca una pérdida de chance.
IV. En primer término, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; I. 2201, "Search Org. de Seguridad SA", sent. de 22-VI-2016; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. 23-XI-2020, e.o.).
Y, precisamente, si el Tribunal puede realizar de oficio el análisis de procedencia formal de la demanda de inconstitucionalidad, con mayor razón debe hacerlo cuando esa admisibilidad ha sido puesta en tela de juicio por el señor Asesor de General de Gobierno en su contestación de demanda, como ocurre en esta oportunidad.
IV.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Alvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; e.o.), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I. 3.202, cit.; e.o.).
De ello se sigue que en este proceso incumbe al actor poner de relieve que las disposiciones legales impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial e inconstitucional, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; I. 75.876, “Sánchez”, resol. de 9-IV-2021; I. 73.783, “Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)”, resol. de 23-II-2022, e.o.).
Ha destacado también esta Corte que el carácter de "parte interesada" da cuenta de una cualidad en el impugnante que a la vez exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; I. 75.217, “Bassi”, resol. de 9-IV-2021; e.o.).
IV.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva, se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (conf. arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; 30 y concs., ley 25.675 y 35 y concs., ley 11.723; 52 y concs., ley 24.240 y 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen (al que se ha hecho mención supra , pto. IV.1.); desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs., Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, cit.; I. 75.722, “Asociación Azul y Daniel Sarmiento”, resol. de 12-V-2021; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
IV.3. En la especie, el actor se limita a expresar que el decreto produce una barrera infranqueable para que los particulares, dentro de los que menciona a sus “clientes actuales y potenciales, la mayoría de los cuales son personas con escasos recursos” puedan acceder a la justicia. Por lo que declara que se encuentra “actuando en defensa de un interés colectivo y velando por el interés de todas las personas pobres de la Provincia de Buenos Aires” (v. punto IV del escrito electrónico de fecha 27-IX-2021 y punto II de la presentación electrónica de fecha 26-II-2022, respectivamente).
En virtud de ello, pareciera verse relevado del deber de justificar acabadamente cuál sería el interés diferenciado del resto de los ciudadanos para demandar del modo en que lo hace.
Los argumentos que despliega en su postulación inicial se limitan a un cuestionamiento basado puramente en un interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad, lo cual -como se ha resuelto varias veces- no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de caso o controversia apto para ser abordado judicialmente (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
En efecto, cabe aclarar que por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de contiendas, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, que en autos no aparece en modo alguno cristalizada.
En otros términos, no puede advertirse que exista, entre la condición de abogado invocada al demandar y el interés indeterminado e imprecisamente alegado que se procura satisfacer, un nexo o vinculación jurídica suficiente que demuestre el carácter de legitimado de quien suscribe la demanda.
Para más, el peticionante ni siquiera ha logrado demostrar que forma parte de la clase que pretende representar, en tanto el presunto perjuicio o gravamen ocasionado por la normativa cuestionada no ha sido un obstáculo para que éste pueda acudir a la instancia de mediación previa obligatoria, tal como se desprende de su escrito inaugural (v. punto II de la presentación electrónica de fecha 27-IX-2021). De otro lado, es dable mencionar que el planteo referido a la eventual pérdida de chance que la reglamentación le pudiera generar al demandante resulta enteramente conjetural, apoyándose únicamente en afirmaciones genéricas que no logran probar los extremos aludidos.
IV.4. En un caso relativamente reciente de similar configuración al presente -por haber sido promovido por un grupo de abogados que, en representación de todos los profesionales matriculados en la Provincia de Buenos Aires, pretendieron cuestionar la constitucionalidad de ley 14.997 de adhesión a la ley nacional Complementaria sobre Riesgos del Trabajo- esta Suprema Corte rechazó in limine la demanda por falta de legitimación de los peticionantes.
En sus fundamentos, sostuvo con contundencia que todo litigante, en principio, "debe invocar la afectación de derechos o intereses que le son propios, sin posibilidad de basar su reclamo enteramente en los derechos o intereses de terceros capaces de enarbolarlos en juicio por su cuenta". No obstante aclarar que "la legitimación vicaria podría llegar a justificarse, llegado al extremo, si fuese disfuncional para las personas cuyos derechos se invocan impetrar su reclamo" también remarcó que ese supuesto no podía erigirse en la regla para demandar (doctr. causa I. 75.217, "Bassi", resol. de 9-IV-2021).
Tales conclusiones, por las razones antes desarrolladas, resultan plenamente aplicables al caso.
V. Por lo expuesto, toda vez que la parte actora no ha logrado acreditar una legitimación suficiente para incoar este proceso en los términos propuestos, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa articulada por el señor Asesor General de Gobierno y declarar inadmisible la acción entablada (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar por inadmisible la demanda interpuesta por el señor Leandro Alberti Shcherbyna (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. Dado el modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios al doctor Leandro Alberti Shcherbyna, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
Por su labor profesional, se regula la suma equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967) en favor del señor Asesor General de Gobierno, cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del nombrado frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:02:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 18:00:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:24:10 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:24:39 hs. bajo el número RR-389-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia