Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConvertir en medida cautelar la decisión dispuesta por resolución de fecha 13-I-2022 y ordenar a la demandada a que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, se abstenga de aplicar en relación al escribano Guillermo Horacio Godoy, titular del Registro de Escrituras Públicas n° 29 del partido de Pergamino, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello bajo responsabilidad del accionante, quien deberá responder por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría comunicando esta decisión al Juzgado Notarial y, por su intermedio, al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
I.77.668 “GODOY, GUILLERMO HORACIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIIDAD ART. 32 DEC. LEY. 9020/78”
I. El escribano Guillermo Horacio Godoy acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de notario titular del Registro de Escrituras Públicas n°29 del partido de Pergamino, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 (t.o. decreto 8.527/86).
II. Sostiene que esta disposición, al establecer como causal de inhabilidad para el ejercicio de su profesión el haber alcanzado la edad de 75 años, lesiona las garantías constitucionales a trabajar libremente y a recibir un trato igualitario ante la ley, además de violar el derecho a la propiedad y tratarse, en definitiva, de una norma irrazonable (arts. 10, 11, 27, 31 y 57, Const. prov.).
Funda también su pretensión en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de expedirse en la causa "Franco" (Fallos: 325:2968), en la cual declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
Solicita como resguardo cautelar, que se disponga la suspensión de los efectos del inciso 1 del art. 32 del decreto ley 9.020/78, en cuanto lo privará de seguir ejerciendo el notariado a partir del día en el que cumplirá la edad de 75 años con la que se produciría su inhabilitación de pleno derecho.
III. Ante la inminencia de que acaeciera ese hecho, en tanto el escribano Godoy cumplía la edad prevista por la referida norma el día 18 de enero del corriente, el actor solicitó la urgente resolución de su pedido cautelar durante el período de receso judicial, lo que motivó el dictado de la decisión provisional de fecha 13 de enero próximo pasado, quedando diferida para esta oportunidad el estudio y resolución por el pleno de la Suprema Corte de la tutela, tal como fuera requerida.
III.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003, I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007, e.o.).
Para el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de la norma aquí impugnada al dictar sentencia en la causa I. 1.658, "Franco", sent. de 12-XI-2002 -revocando el decisorio de este Tribunal de fecha 16-II-2000, postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004.
En consideración a tales precedentes y ante una situación similar a la planteada en autos, se hizo lugar a la solicitud de medidas cautelares (cfr. causas B. 65.124, "Glaria", resol. de 19-II-2003; I. 3.017, "Ripa", resol. de 26-II-2003; I. 3.598, "Mollo Villanueva", resol. de 17-XII-2003; I. 67.852, "Forchetti", resol. de 2-VI-2004; I. 67.959, "Ferrarello", resol. de 4-VIII-2004; I. 3.624, "Hoffman", resol. de 6-X-2004; I. 68.083, "Bru", resol. de 9-XII-2004; I. 68.101, "Galay", resol. de 22-XII-2004; I. 68.349, "Tamborenea", resol. de 14-III-2005; I. 68.972, "Molina", resol. de 13-XII-2006, I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 69.271, "Carrere", resol. de 22-VIII-2007; I.70.906, "Farini", resol. de 4-VIII-2010; B. 71.680, "Hournou", resol. de 19-X-2011; I. 72.374, "Gerchunoff", resol. de 17-IV-2013; I. 72.869, "Sola", resol. de 30-X-2013 e I. 73.298, "Asorey de Gargaglione", resol. de 3-IX-2014; e.o.) o se resolvió mantener la dispuesta por el órgano que previniera (cfr. causa B. 65.237, "Garibaldi", resol. de 5-III-2003).
III.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado de acuerdo a las consideraciones formuladas en la resolución del 13 de enero del corriente mencionada anteriormente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Convertir en medida cautelar la decisión dispuesta por resolución de fecha 13-I-2022 y ordenar a la demandada a que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, se abstenga de aplicar en relación al escribano Guillermo Horacio Godoy, titular del Registro de Escrituras Públicas n° 29 del partido de Pergamino, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello bajo responsabilidad del accionante, quien deberá responder por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría comunicando esta decisión al Juzgado Notarial y, por su intermedio, al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 12:25:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:20:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:04:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:22:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 12:57:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 16:09:46 hs. bajo el número RR-180-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia