Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la escribana Carlota Caracciolo, titular del Registro de Escrituras Públicas n° 13 del partido de Pergamino, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello bajo responsabilidad de la actora, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría comunicando esta decisión al Juzgado Notarial y, por su intermedio, al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
I.80.066 "CARACCIOLO, CARLOTA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 32 INC. 1 DE DECRETO LEY 9020/78"
I. La escribana Carlota Caracciolo, por derecho propio, demanda ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de notaria titular del Registro de Escrituras Públicas n° 13 del partido de Pergamino, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 (t.o. decreto 8.527/86).
II. Sostiene que esta disposición, al establecer como causal de inhabilidad para el ejercicio de su profesión el haber alcanzado la edad de 75 años, lesiona las garantías constitucionales a trabajar libremente y a recibir un trato igualitario ante la ley, además de violar el derecho a la propiedad y tratarse, en definitiva, de una norma irrazonable (arts. 10, 11, 27, 31 y 57, Const. prov.).
Funda también su pretensión en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de expedirse en la causa "Franco" (Fallos: 325:2968), en la cual declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
Solicita como resguardo cautelar, que se disponga la suspensión de los efectos del inciso 1 del art. 32 del decreto ley 9.020/78, en cuanto la privará de seguir ejerciendo el notariado a partir del día 6 de julio de 2025, en el que cumplirá la edad (75 años) con la que se producirá su inhabilitación de pleno derecho.
III. Ante la proximidad de este acontecimiento, corresponde sin más trámite dar tratamiento a la medida cautelar requerida por la actora.
III.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003, I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007, e.o).
Para el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de la norma aquí impugnada al dictar sentencia en la causa I. 1.658, "Franco", sent. de 12-XI-2002 -revocando el decisorio de este Tribunal de fecha 16-II-2000-, postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004.
En consideración a tales precedentes y ante una situación similar a la planteada en autos, se hizo lugar a la solicitud de medidas cautelares (cfr. causas B. 65.124, "Glaria", resol. de 19-II-2003; I. 3.017, "Ripa", resol. de 26-II-2003; I. 3.598, "Mollo Villanueva", resol. de 17-XII-2003; I. 67.852, "Forchetti", resol. de 2-VI-2004; I. 67.959, "Ferrarello", resol. de 4-VIII-2004; I. 3.624, "Hoffman", resol. de 6-X-2004; I. 68.083, "Bru", resol. de 9-XII-2004; I. 68.101, "Galay", resol. de 22-XII-2004; I. 68.349, "Tamborenea", resol. de 14-III-2005; I. 68.972, "Molina", resol. de 13-XII-2006, I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 69.271, "Carrere", resol. de 22-VIII-2007; I. 70.906, "Farini", resol. de 4-VIII-2010; B. 71.680, "Hournou", resol. de 19-X-2011; I. 72.374, "Gerchunoff", resol. de 17-IV-2013; I. 72.869, "Sola", resol. de 30-X-2013 e I. 73.298, "Asorey de Gargaglione", resol. de 3-IX-2014; I. 79.292, "Guerrero", resol. de 19-IV-2024; I. 79.279, "Bolo Bolaño", resol. de 06-V-2024; I. 79.501, "Cabrera", resol. de 02-VIII-2024; I. 79.560, "Dodda" e I. 79.538, "Wehbe", ambas resols. de 28-VIII-2024; I. 79.988, "Graham", resol. de 25-IV-2025; I. 79.959, "Scarsi", resol. de 09-V-2025; e.o.) o se resolvió mantener la dispuesta por el órgano que previniera (cfr. causa B. 65.237, "Garibaldi", resol. de 5-III-2003).
III.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado. En efecto, la demanda ha sido interpuesta por la escribana Scarsi, con carácter preventivo, puesto que el 6 de julio de 2025, cumplirá 75 años.
En estas condiciones, es inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia y, dadas las características del proceso abierto a ese fin, es previsible que la norma impugnada se aplique a la actora antes de la conclusión del mismo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la escribana Carlota Caracciolo, titular del Registro de Escrituras Públicas n° 13 del partido de Pergamino, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello bajo responsabilidad de la actora, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría comunicando esta decisión al Juzgado Notarial y, por su intermedio, al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:07:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:11:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:33:01 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:36:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:29 hs. bajo el número RR-306-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia