Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79838
Lo que resolvió el tribunal
I. Admitir la defensa formal opuesta por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por inadmisible, la demanda de inconstitucionalidad deducida (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 330 y 683, sigs. y concs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas, no corresponde regular honorarios al doctor Macchi, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
III. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios al señor Asesor General de Gobierno en la suma equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 1, 2, 9, 15, 16 inc. "e", 24, 28 inc. "a" y 49, ley 14.967); cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición del nombrado frente al Impuesto al Valor Agregado.
I.79.838 "MACCHI, RUBÉN ANGEL S/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 4 DE LA LEY 15.514"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. Rubén Ángel Macchi, por derecho propio, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 15.514. Expone que ese precepto resulta contrario a los arts. 1, 10, 11, 15, 31, 39 inciso 3, 40 y 57 de la Constitución provincial.
Precisa su condición de beneficiario de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, la Caja) y formula una serie de manifestaciones en torno a la situación económico financiera de esa entidad.
Refiere la causa I. 75.111, "Macchi, Rubén Ángel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Ley 15.008" —en la que también es demandante y tramita ante este Tribunal—, remitiendo a la lectura de las consideraciones que allí efectuó, así como a las pruebas producidas en su curso.
Expone que la composición del Directorio de la Caja, tal como queda definida en el art. 4 de la ley 15.514, desvirtúa la autarquía y la autonomía de las que debe gozar el ente por disposición constitucional y legal.
Sostiene que "el Gobierno Provincial ahora no sólo designa al Presidente de la Caja sino también un representante suyo", que eso resulta "inaceptable (...) por su arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta" y tiene como consecuencia que "la participación en la Caja de los representantes de los afiliados se vuelve una entelequia". Expresa que tales circunstancias provocarán "la confiscatoriedad del sistema previsional" (punto 1.3, presentación electrónica de fecha 11-II-2025).
Manifiesta que, siendo ello así, el precepto impugnado también resulta contradictorio con las disposiciones contenidas en los arts. 1, 6 y 13 de la misma ley 15.514 (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2025).
II. Cumplido el traslado de la demanda, se presenta el Asesor General de Gobierno y la responde.
En primer lugar, se opone a la admisibilidad de la demanda por carecer de la fundamentación mínima necesaria para habilitar su progreso.
Funda su reparo en que el actor no explica cómo la norma impugnada lesionaría en concreto los derechos que invoca al limitarse a expresar una genérica disconformidad con el precepto. Afirma que ello es así en tanto recurre a consideraciones generales, esencialmente especulativas y conjeturales.
Sostiene, finalmente, la improcedencia sustancial de la pretensión (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2025).
Trabada de esa forma la contienda, corresponde analizar su admisibilidad.
III.1. Es doctrina reiterada del Tribunal que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte S.A.", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
En similar sentido, se ha indicado que el cauce procesal previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no está destinado a ventilar genéricas oposiciones a las normas, despojadas de la carga impugnatoria que le es inherente (doctr. causas I. 1.246, "Ondarcuhu", sent. de 7-VI-1988; I. 1.604, "Fontana", sent. de 22-IV-1997; e.o.), lo que entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso, causa o controversia cuya manifestación típica podrá variar (doctr. causas I. 2.274, "Fernández", sent. de 27-VI-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-XII-2012), pero que siempre será de verificación necesaria, como extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (arts. 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.).
III.2. Bajo tales premisas, se advierte que la demanda deducida en autos carece de la fundamentación necesaria para permitir a esta Suprema Corte ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y ver cristalizado en el planteo así formulado, una situación particularizada en cabeza del requirente capaz de abrir la jurisdicción originaria del Tribunal (arts. 330, 683, sigs. y concs., CPCC y su doctr.).
En efecto, tal como lo hace notar el señor Asesor General de Gobierno en su responde, el demandante formula alegaciones genéricas referidas a un pretendido quiebre en la participación igualitaria de los afiliados en el Directorio de la Caja, a las consecuencias que la nueva integración de ese órgano conllevaría para la autonomía del ente previsional y para la sustentabilidad del régimen jubilatorio del que es beneficiario.
A ello agrega una serie de manifestaciones sobre el modo y el sentido en que cree que ese Directorio tomará decisiones en el futuro y el impacto que ellas habrían de tener respecto de los recursos de la Caja y los haberes de sus afiliados.
Sin embargo, todas aquellas afirmaciones solo alcanzan a exponer su disconformidad con la nueva composición de aquel órgano o, incluso, sus temores a partir de la modificación legal operada en ese punto. Se trata de expresiones de desacuerdo o meras especulaciones sobre aquello que habría de suceder que no llegan a exponer, como es necesario, de qué manera la integración prevista por el art. 4 de la ley 15.514 y, en particular, la intervención del o los representantes del Poder Ejecutivo provincial en la que insiste, importan en la actualidad -o podrían concretamente provocar- una violación de las pautas de autonomía económica y financiera de la Caja o a la participación en ella de los afiliados, tal como se encuentran previstas en el art. 40 de la Constitución provincial que se denuncia vulnerado.
Vale destacar además que, aunque el encabezado de la demanda contiene la enumeración de varios preceptos constitucionales que se dicen afectados, lo cierto es que no vuelven a mencionarse - mucho menos se ahonda en el modo en que se hallarían comprometidos- en el desarrollo posterior del escrito, en el que sólo se alude al indicado art. 40 de la Carta local.
En suma, el círculo de intereses que podría verse afectado con motivo del dictado del art. 4 de la ley 15.514 no evidencia -por sí- una invocación plausible de una infracción objetiva y directa como la pretendida en el escrito introductorio. Eso exigía de parte del demandante un esfuerzo argumental mayor que permitiera establecer suficientemente un nexo causal entre aquella norma que controvierte y los derechos o garantías tutelados por las reglas constitucionales que se dicen implicadas.
En tales condiciones, las postulaciones que contiene la demanda resultan en extremo lábiles por genéricas o conjeturales, sin llegar a exponer la configuración de un caso a decidir, lo que sella su inadmisibilidad e impide al Tribunal dar curso al proceso (doctr. causas B. 43.920, "Galante", 14-XI-1961; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007; I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; I. 75.722, "Asociación Azul", resol. de 12-V-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 31-VII-2023; CSJN, Fallos 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.).
IV. En atención a las consideraciones precedentes, corresponde admitir la defensa formal opuesta por el Asesor General de Gobierno y rechazar la demanda interpuesta por Rubén Ángel Macchi, por inadmisible (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 330, 683, sigs. y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Admitir la defensa formal opuesta por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por inadmisible, la demanda de inconstitucionalidad deducida (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 330 y 683, sigs. y concs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas, no corresponde regular honorarios al doctor Macchi, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
III. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios al señor Asesor General de Gobierno en la suma equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 1, 2, 9, 15, 16 inc. "e", 24, 28 inc. "a" y 49, ley 14.967); cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición del nombrado frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2025 15:52:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:04:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:19:11 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 09:32:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 10:44:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS DE SUPREMA CORTE el 11/09/2025 10:51:14 hs. bajo el número RH-105-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia