Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79200
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que resulta inoficioso el tratamiento de la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Tener por acotado el objeto del proceso en los términos considerados en el apartado IV (art. 683, CPCC).
III. Con el alcance indicado en el punto anterior, se confiere traslado de la demanda al señor Asesor General de Gobierno por el plazo de quince días, a quien se cita y emplaza para que dentro del expresado término la conteste y comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 57, 59, 158, 331, 337 y 686, inc. 1, CPCC.).
El mencionado funcionario deberá ser notificado en forma electrónica con archivo adjunto de la documentación presentada, mediante cédula dirigida al domicilio [email protected] que deberá indicarse en la cédula como "denunciado" (art. 135 inc. 1, CPCC).
IV. Ordenar la citación a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en carácter de tercero (arts. 90 inc. 1, 92 y 94, CPCC), para que en el término de quince días tome en el proceso la intervención que pudiera corresponderle (arts. 94 y 96 del texto legal citado; causa I. 1.988, "Mangino", resol. de 27-V-1997).
I.79.200 "GONZALEZ, ANTONIO GERMÁN MARÍA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 41 LEY 15.008"
I. Antonio Germán María González, por intermedio de su apoderado, dedujo acción originaria de inconstitucionalidad mediante la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, por considerarlo violatorio de los arts. 1, 10, 11, 15, 31, 39 inc. 3, 40 y 57 de la Constitución provincial.
Asimismo, requiere que se ordenen los reajustes de haberes a que hubiere lugar desde que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzara a pagar la respectiva prestación aplicando la norma cuestionada, hasta el momento del efectivo pago con más sus intereses.
Pone de relieve que la jubilación le fue acordada el 31 de octubre de 2023 y notificada el 21 de diciembre de aquél año. Es así que en su condición de jubilado que consolidó su derecho de acceso al beneficio en vigencia de la ley 15.008 y no por aplicación de las leyes anteriores, pide la invalidación del art. 41 de ese texto normativo.
Para así hacerlo, replica consideraciones que se hicieron en fallos cautelares de este Tribunal respecto de personas que obtuvieron su beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 15.008, en tanto sostiene que lo amparan aun frente a esa diferente configuración fáctica.
En esa línea, afirma que la movilidad del beneficio establecida en el art. 41 cuestionado resulta contraria a la necesaria proporción que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad. Resalta, además, que el precepto atiende a indicadores completamente ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación previsional. A tales fines, adjunta copia del recibo de haberes correspondiente al último período en que trabajó y aquellos posteriores liquidados por la Caja.
Finalmente, solicita una medida cautelar a los fines de que se suspendan los efectos del art. 41 de la ley 15.008 a su respecto y se ordene que sus haberes jubilatorios se liquiden retrotrayendo el método de cálculo al sistema vigente con anterioridad a la sanción de aquella.
II. Con posterioridad al inicio de la demanda, se sancionó la ley 15.514 (B.O.P. de fecha 3-I-2025) que modificó el régimen regulatorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y derogó la ley 15.008 aquí impugnada.
En lo que al caso interesa, la nueva norma estableció un nuevo sistema de movilidad; a saber:
"ARTÍCULO 47.- Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y deberán ser actualizadas de oficio por la Caja dentro del plazo de sesenta (60) días.
El haber de cada persona afiliada pasiva se incrementará de acuerdo con la variación porcentual de los salarios de las personas empleadas en actividad en el Banco.
El régimen de movilidad precedente será de aplicación a las actuales personas beneficiarias a partir de la vigencia de la presente ley".
Asimismo, estableció una cláusula transitoria que prevé puntualmente la situación en la que se encuentra el actor y que establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 67.- Los afiliados que hubieran accedido a las prestaciones previsionales bajo la vigencia de la Ley Nº 15.008 podrán optar, dentro del plazo de un (1) año de la vigencia de la presente norma, por la aplicación de los artículos 42 y 48 de la presente ley, debiendo aportar en dicho supuesto, un cinco por ciento (5 %) adicional a la cotización prevista en el inciso c) del artículo 13 por un periodo de tiempo equivalente al plazo transcurrido entre el acceso a la prestación previsional y la derogación de la referida Ley Nº 15.008, a partir de la efectivización de la opción".
En función del nuevo escenario normativo, se corrió vista a la parte actora para que se manifestara al efecto, quien escuetamente respondió que no gestionaría la opción conferida por el mencionado art. 67 de la ley 15.514, sin hacer ninguna otra consideración relativa a la nueva ley (v. proveído de fecha 4-II-2025 y presentación de fecha 5-II-2025).
III. En este estado, se advierte con claridad que la solicitud precautoria del señor González ha perdido virtualidad, en tanto la ley 15.514 dispone con precisión -conforme se señaló- que el nuevo régimen de movilidad "será de aplicación a las actuales personas beneficiarias a partir de la vigencia de la presente ley".
De acuerdo a ello, la reforma legislativa implica una solución superadora de la cuestión traída como agravio en la demanda en cuanto deja sin efecto el sistema de índices del Anses para el cálculo de la movilidad y restablece su determinación con relación al sueldo del activo, haciéndolo extensivo a todo el colectivo de beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a partir de su entrada en vigencia prevista el día 3 de enero de 2025.
Es así que desde la fecha apuntada, al actor -al igual que todo el sector pasivo bajo la órbita de la Caja- se le aplica el art. 47 de la ley 15.514 a los fines del cálculo de su movilidad y no el aquí cuestionado (art. 41 de la ley 15.008), exponiendo así la ausencia de objeto a tutelar por la medida precautoria solicitada por el señor González.
Lo dicho hasta aquí implica, como primera cuestión, que el tratamiento de la medida cautelar -solicitada en el escrito de inicio y mantenida por el demandante en iguales términos, aun luego del traslado conferido a partir de la sanción del art. 47 de la ley 15.514- ha devenido abstracto y, por lo tanto, así debe ser declarado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Por consiguiente, siendo que los tribunales de justicia deben expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento teniendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 73.059, "Liminal S.A.", sent. de 20-III-2019; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; e.o.), resulta evidente que los acontecimientos sobrevinientes a la interposición de la demanda a consecuencia del dictado de la ley 15.514 modificaron sustancialmente, también, el objeto de la pretensión principal de este proceso.
En efecto, idénticas razones a las analizadas para justificar el rechazo de la tutela precautoria llevan a concluir, por un lado, que sería inoficioso un pronunciamiento que ordenara -tras la eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada- la inaplicación en adelante del sistema de movilidad traído por el art. 41 de la ley 15.008.
Sin embargo, habiéndose anexado oportunamente una pretensión de condena pecuniaria por el período de vigencia y aplicación al señor González del referido precepto legal, es claro el interés remanente de la parte actora en continuar con el trámite del proceso hacia la sentencia de mérito, al menos en las actuales circunstancias y por el recortado tramo de vigencia normativa.
En orden a ello, corresponde conferir traslado de la demanda al señor Asesor General de Gobierno por el término de ley, con el alcance arriba señalado (art. 686 inc. 1, CPCC).
Al mismo tiempo, surgiendo de las constancias de autos que el resultado del pleito puede tener relación con intereses propios de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, corresponde su citación en carácter de tercero (arts. 90 inc. 1, 92 y 94, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que resulta inoficioso el tratamiento de la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Tener por acotado el objeto del proceso en los términos considerados en el apartado IV (art. 683, CPCC).
III. Con el alcance indicado en el punto anterior, se confiere traslado de la demanda al señor Asesor General de Gobierno por el plazo de quince días, a quien se cita y emplaza para que dentro del expresado término la conteste y comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 57, 59, 158, 331, 337 y 686, inc. 1, CPCC.).
El mencionado funcionario deberá ser notificado en forma electrónica con archivo adjunto de la documentación presentada, mediante cédula dirigida al domicilio [email protected] que deberá indicarse en la cédula como "denunciado" (art. 135 inc. 1, CPCC).
IV. Ordenar la citación a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en carácter de tercero (arts. 90 inc. 1, 92 y 94, CPCC), para que en el término de quince días tome en el proceso la intervención que pudiera corresponderle (arts. 94 y 96 del texto legal citado; causa I. 1.988, "Mangino", resol. de 27-V-1997).
Notifíquese en forma electrónica con archivo adjunto de la documentación presentada al domicilo electrónico registrado por el ente previsional ([email protected]), que habrá de consignarse en la cédula respectiva como "denunciado" (art. 135 inc. 1, CPCC).
Regístrese y notifíquese a la parte actora de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:02:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:04:07 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:11:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:50 hs. bajo el número RR-432-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia