Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 74391
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 74.391, "Coalición Cívica -Afirmación para una República Igualitaria (ARI) Distrito Provincia de Buenos Aires- c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad art. 46 inc. 'f' decreto ley 9.889/80", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Budiño, Mancini, Natiello, Kohan.
I. Los señores Fernando Sánchez y Leandro Ignacio Rocha, en su calidad de interventores del partido político Coalición Cívica —Afirmación para una República Igualitaria (ARI) Distrito Provincia de Buenos Aires—, promueven acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del inc. "f" del art. 46 del decreto ley 9.889/82 —texto ordenado por decreto 3.631/92 y modificado por las leyes 10.156, 10.303, 10.825, 13.640 y 14.086— al considerar que su contenido infringe los arts. 59 de la Carta local; 38 de la Constitución nacional y 16 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Agregan que en el año 2010 la ley 14.086 introdujo una nueva causal de caducidad de la personería de los partidos políticos a las previamente previstas en el art. 46 del decreto ley 9.889/82, al incorporar el inc. "f" mediante el cual se ordenará la cancelación de su inscripción y la pérdida de su personería política en el caso de "no mantener el número mínimo de afiliados requeridos para el reconocimiento definitivo, circunstancia que será verificada anualmente por el órgano de aplicación".
Relatan que el 30 de marzo del año siguiente se les requirió nuevamente que en el plazo de noventa días regularicen su situación y acompañaran las fichas de afiliación necesarias —con apercibimiento de tener por cancelada su inscripción—, pero si bien su agrupación supera ahora el número mínimo de afiliaciones exigidas, no cumple con la distribución de sus miembros en al menos dos secciones electorales.
En ese esquema, sostienen que los requisitos impuestos por el decreto ley 9.889/82 para mantener la personería jurídica de su agrupación resultan manifiestamente violatorios del régimen representativo y republicano de gobierno y son susceptibles de afectar de un modo irrazonable a las agrupaciones políticas como la suya, cuya existencia enriquece el sistema de partidos en tanto representan vertientes ideológicas del pensamiento político y constituyen canales de integración de grupos sociales identificados con su programa y plan de gobierno.
Agregan que el recaudo de la distribución territorial exigido por la normativa puesta en crisis afecta mucho más a los partidos políticos pequeños —como a la Coalición Cívica que representan— que a los partidos tradicionales, como consecuencia de la inmensidad territorial que importan los 300.000 kilómetros cuadrados que tiene la Provincia de Buenos Aires, configurándose una clara circunstancia de discriminación en su perjuicio. Ello, teniendo en cuenta la dificultad que implica para una fuerza como la suya recorrer semejantes distancias en busca de afiliados.
Alegan que esta circunstancia contribuye a que se genere un sistema político "bipartidista" con la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista como únicas agrupaciones tradicionales que se encuentran en constante condición de cumplir con los recaudos exigidos por el decreto ley 9.889/82, en absoluto desmedro de la competencia pluripartidista que tanto fortalece a la democracia y a las instituciones republicanas.
Afirman que existe un riesgo cierto de que su fuerza política no llegue a cumplir con los requisitos exigidos y por ello se vea privada de su "derecho constitucional de mantener su personería jurídico política" y de participar en las elecciones provinciales, lo que lesionaría también el "principio genérico de igualdad jurídico constitucional" al no contar todas las agrupaciones políticas con la misma cantidad de recursos, tanto económicos como humanos.
En esa inteligencia solicitan que se declare la inconstitucionalidad del requisito establecido en el art. 46 inc. "f" del decreto ley 9.889/82 por resultar irrazonable y violatorio de los arts. 59 de la Carta local; 38 de la Constitución nacional y 16 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Máxime cuando la consecuencia prevista en la norma impugnada es nada menos que la caducidad de la personería jurídica de partidos con plena vigencia que, como el suyo, participa de elecciones nacionales en todos los órdenes y cuenta con legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en ejercicio, elegidos por el voto popular de afiliados y no afiliados que simpatizan con las ideas de su agrupación política.
II. Mediante resolución de 14 de diciembre de 2016, por mayoría, se hizo lugar a la medida cautelar requerida por la parte actora tendiente a que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires suspenda la aplicación de la norma impugnada a la Coalición Cívica —Afirmación para una República Igualitaria (ARI) Distrito Provincia de Buenos Aires— y se abstenga de declarar su caducidad y la consecuente cancelación de su inscripción y pérdida de la personería política, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este expediente.
III. Corrido el traslado de la demanda, el 3 de mayo de 2023 se presentó el señor Asesor General de Gobierno y se opuso a la admisibilidad de la pretensión.
En primer lugar, sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de una norma como la impugnada importa una de las funciones más sensibles para cualquier tribunal de justicia, siendo siempre la ultima ratio del orden jurídico y que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente mediante un sólido desarrollo argumental de qué manera el precepto atacado contraría la Constitución provincial causándole con ello un agravio irreparable, circunstancia esta que —afirma— no se encontraría cumplida en la demanda presentada.
En este sentido, afirma que la modificación introducida por el art. 21 de la ley 14.086 al art. 46 inc. "f" del decreto ley 9.889/82 se apoyó en un criterio objetivo y razonable, teniendo en cuenta que esta previsión fue similar a la introducida en el ámbito nacional por el art. 16 de la ley 26.571 (que reformó el art. 50 inc. "e" de la ley 23.298), las cuales fueron sancionadas casi simultáneamente: el 2 de diciembre de 2009 la norma federal y el 7 de diciembre de 2009 la ley provincial.
Señala que este parangón deviene singularmente relevante, toda vez que si bien en los fundamentos de la ley cuestionada en autos no se aborda la temática acá discutida, en los de la ley 26.571 expresamente se consignó que uno de los principales objetivos fue el de reducir el número de partidos políticos, al revelar que " ...una regulación más específica contribuirá a la existencia de partidos políticos con mayor y mejor representación y, en consecuencia, se tenderá a favorecer listas de candidatos con mayor grado de legitimidad. Esto, en definitiva, redundará en partidos que tiendan a agrupar a la mayor cantidad de ciudadanos atrás de una idea, de un modelo de sociedad, de un modelo de país y llevarlos a esa construcción " (expediente 31-PE-2009 de 28-X-2009).
De esa correspondencia en la sanción de normas de igual contenido, intelige que la finalidad de la modificación introducida por la ley 14.086 no ha sido otra que pretender una debida y periódica legitimación de los partidos políticos mediante una mejor representación, que se acredita manteniendo anualmente los mismos requisitos que se exigen para obtener su primigenia personería jurídico política.
Asegura que esta voluntad legislativa no ha sido construida desde un vacío doctrinario, a partir de un simple capricho o para asegurar un sistema político "bipartidista", sino que se fundamenta en razones vastamente expuestas por la Cámara Nacional Electoral, la que ya advirtió que la exacerbación del número de partidos políticos es propia de sistemas poco consolidados y con cierto rasgo de atomización, que la existencia de voluntades aisladas no es plausible ni útil por ser ineficaz para ejercer influencia en la formación de la voluntad del Estado, que el fraccionamiento partidario resulta notablemente disvalioso y que la multiplicidad de candidatos en una misma elección genera una serie de contratiempos que es necesario evitar mediante adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad de los procesos electorales (Fallos CNE 4020/08, 4072/08 y 4138/09).
Pone de resalto que el art. 59 inc. 2 de la Carta local debe interpretarse en conjunto con lo estipulado en el art. 58 de ese cuerpo normativo, ya que, si bien el primero de esos artículos establece que "los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático", el otro reza que "la representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejerce el derecho electoral". Y, desde esa óptica, la norma impugnada no sería contraria al texto constitucional al imponer la necesidad de contar con la mencionada base porcentual en al menos dos secciones electorales.
Finalmente, sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que, al reglamentar los partidos políticos, el Estado democrático cuida una de sus piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo y es por ello que resulta constitucionalmente válido ejercer controles gubernamentales sobre ellos, porque de lo contrario se lo dejaría como un mero dispensador de personería jurídica política (CSJN Fallos: 253:133 y 312:2192).
IV. El 5 de septiembre de 2023 dictaminó el señor Procurador General, aconsejando a este Tribunal que ordene librar un oficio a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que informe si la agrupación política aquí actora cumple ahora con la exigencia prevista en el art. 46 inc. "f" del decreto ley 9.889/82. Ello, a fin de verificar la actualidad de la presente causa, sin emitir opinión sobre la validez constitucional de las normas puestas en discusión, que siguen vigentes.
Agregada la prueba documental y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. De acuerdo al modo en que quedaron configuradas las posiciones de las partes, el núcleo de la cuestión estriba en resolver si el art. 46 inc. "f" del decreto ley 9.889/82 incorporado por la ley 14.086, en cuanto establece como causal de caducidad de la personería política de las agrupaciones "no mantener el número mínimo de afiliados requeridos para el reconocimiento definitivo, circunstancia que será verificada anualmente por el órgano de aplicación" resulta lesivo de los derechos constitucionales que se denuncian conculcados.
A tal fin, es necesario recordar que el art. 12 del mencionado cuerpo normativo establece que para el reconocimiento e inscripción con personería jurídica de un partido político en la Provincia de Buenos Aires se requiere "contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia, no inferior al cuatro (4) por mil, de por lo menos dos (2) secciones electorales, el que no podrá ser menor de ocho (8) mil afiliados, requisito que verificará el órgano de aplicación".
La Coalición Cívica —Afirmación para una República Igualitaria (ARI) Distrito Provincia de Buenos Aires— funda su embate, de modo principal, en la afectación de los derechos políticos consagrados en el art. 59 inc. 2 de la Carta local, considerando que el requisito incorporado en la ley atacada resultaría violatorio del principio de razonabilidad derivado del art. 28 de la Constitución nacional y de su derecho a mantener su personería jurídico política y a poder participar en las elecciones provinciales.
Por el contrario, el señor Asesor General de Gobierno considera que la modificación introducida por la ley 14.086 se apoyó en un criterio objetivo y razonable y que su finalidad fue la de buscar una debida y periódica legitimación de los partidos políticos mediante una mejor representación, la que se acreditaría manteniendo anualmente los mismos requisitos que se exigen para obtener su primigenia personería jurídico política.
II. Considero que no se han aportado a estas actuaciones elementos capaces de respaldar un pronunciamiento que invalide la reforma introducida por la ley 14.806 en el art. 46 inc. "f" del decreto ley 9.889/82.
Es doctrina de esta Suprema Corte que la inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, por lo cual, para su procedencia, se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada vulnera la Constitución, causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, este debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. causas I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria", sent. de 2-III-2011; I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", sent. de 29-V-2019; I. 2.289, "Municipalidad de La Costa", sent. de 24-VI-2020 e I. 70.036, "Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense y Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
En la misma línea, este Tribunal ha afirmado reiteradamente que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia, por lo que solo es practicable cuando la incompatibilidad entre la norma cuestionada y los preceptos de la Constitución surge claramente demostrada en la causa y es de estricta necesidad para resolverla (conf. causas B. 60.687, "Suárez Acosta", sent. de 29-XII-2009; B. 62.764, "Fontana", sent. de 21-IV-2010; entre muchas otras).
III.1. Principalmente, porque el desarrollo efectuado por la Coalición Cívica —Afirmación para una República Igualitaria (ARI) Distrito Provincia de Buenos Aires— se centra, fundamentalmente, en tratar de demostrar que la exigencia incorporada por la norma atacada resultaría ostensiblemente irrazonable, pero no explica de manera alguna en qué consistiría esa falta de razonabilidad en la que habría incurrido el legislador al disponer que los requisitos que desde antaño se necesitan para obtener la personería jurídica sean anualmente controlados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, no resulta ocioso señalar que el art. 12 del decreto ley 9.889
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.