Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73984
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.984, "Pérez Patricia A. c/ Dcción. Gral. de Cult. Y Educ. s/ Inconstitucionalidad art. 57 inc. 'e', ley 10.579 (modif. 12.770)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari, Borinsky.
I. La señora Patricia Alejandra Pérez, invocando la condición de psicóloga y docente, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, modificado por ley 12.770, con fundamento en el cual se le deniega la inscripción en el listado oficial de la Secretaría de Inspección Región V de Almirante Brown, en razón de haber superado los cincuenta años de edad.
Asevera que la norma impugnada viola los arts. 10, 11, 20 inc. 2, 27, 35, 36 inc. 4, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 26, 28, 31, 43 y concordantes de la Constitución nacional; derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Tras la invalidación de aquel precepto, dice que persigue la anulación del acto lesivo a través del cual le fue negada la posibilidad de ser incluida en el listado oficial para el ingreso a la docencia -el que no individualiza ni del que acompaña copia- y que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires -Secretaría de Inspección Región V de Almirante Brown- que se abstenga de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida por razones de edad, en los listados oficiales de ingreso a la docencia para el año 2016 y siguientes, en todos los cargos que sus títulos habiliten y tanto en la jurisdicción de Almirante Brown como en el resto de la Provincia.
Asimismo, manifiesta que hace reserva expresa de reclamar por la vía que corresponda los daños y perjuicios que la conducta realizada por la Administración le ocasione.
Pide, además, el dictado de una medida cautelar innovativa, conforme lo normado en el art. 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, tutela que le fuera conferida a fs. 36/37, ordenando a la autoridad administrativa que se abstenga de obstaculizar -hasta tanto se dicte sentencia- la inscripción de la actora en el listado oficial de aspirantes a cubrir cargos en la docencia, por razón de su edad.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad por lo cual solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Finalmente, en ocasión de intervenir el señor Procurador General, expresa que podría hacerse lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del inc. "e" del art. 57 de la ley 10.579 y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora (cita doctr. causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014 e I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; arts. 14, 14 bis, 16 y 28, Const. nac.; 11, 27, 103 inc. 12 y 39, Const. prov. e instrumentos internacionales al respecto).
IV. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora relata que le fue negada la inscripción en el listado oficial de la Secretaría de Inspección Región V de Almirante Brown, por imposición legal (art. 57 inc. "e"), por tener más de cincuenta años de edad y no estar incluida en las excepciones previstas en la norma atacada. Ello conforme la planilla que identifica como "PUNTAJE INGRESO A LA DOCENCIA- Listado Oficial 2016", cuyas copias acompaña (v. fs. 6/11 y 28).
Manifiesta que es egresada en psicología y docente (profesora para la educación preescolar, v. documental de fs. 12 y 14), condición que demostraría -según sostiene- la idoneidad necesaria para ejercer los cargos de Orientadora Educacional y/o Asistente Educacional. Incluso, relata que desde el año 1984 trabaja en el nivel inicial, destacando que en el año 1999 ganó el concurso para desempeñarse como vicedirectora en el Jardín de Infantes provincial n° 938 de Lomas de Zamora (v. documental de fs. 25).
Explica que no ha iniciado reclamo administrativo "...por cuanto sería inútil, debido a que no le harán lugar por imposición legal..." (v. fs. 28 vta.).
En este sentido, señala que la negativa de inscribirla en los listados 2016 y subsiguientes, por razones de edad, lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y provincial, tales como el derecho a no ser discriminada, a trabajar, a enseñar, entre otros (cita arts. 10, 11, 20 inc. 2, 27, 35, 36 inc. 4, 39, 103 inc. 12, Const. prov. y 14, 14 bis, 16, 26, 28, 31, 43 y concs., Const. nac.), y le provoca un menoscabo "...en su estima personal, lo cual le suscita un profundo sentimiento de discriminación por parte de la comunidad educativa".
Asimismo, hace mención de los precedentes de este Tribunal en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma atacada en la presente (cita las causas Ac. 79.940, "Briceño", sent. de 9-II-2002 e I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-XII-2014).
Finalmente, manifiesta que el hecho de no poder trabajar por aplicación del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 se ve agravado al no encontrarse -tampoco- en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios (v. fs. 29) y hace expresa reserva de reclamar, por la vía que corresponda, los daños y perjuicios ocasionados por la conducta descripta de la Dirección General de Cultura y Educación provincial (v. fs. 31 vta.).
También hace reserva de la cuestión federal y ofrece prueba.
II. El señor Asesor General de Gobierno, en oportunidad de contestar la demanda, se allana a la pretensión de inconstitucionalidad por lo cual solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial (cita causa B. 65.728, "Zunino", cit.).
III. Corrido el traslado de ley, la actora se opone a la solicitud del señor Asesor General de Gobierno en tanto sostiene que se vio obligada a interponer la presente acción y se encuentra trabajando en razón del dictado de la medida cautelar en autos y no por una concesión lisa y llana de la demandada (v. fs. 68).
IV. Conforme los términos en que han sido expuestas las pretensiones de ambas partes, la cuestión a decidir estriba en determinar si el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 (modif. por ley 12.770), disposición mediante la cual se le impide la inscripción en el listado oficial de Secretaría de Inspección de Almirante Brown (y distritos adyacentes), es o no contraria a la Constitución.
IV.1. La norma impugnada establece como requisito para solicitar el ingreso en la docencia con carácter de titular, que los aspirantes posean una edad máxima de cincuenta años. Exceptúa del mentado recaudo a los aspirantes a ingresar en el tercer ciclo de EGB, la Educación Polimodal y la Educación Superior y a quienes, sobrepasando dichos límites, acrediten haber desempeñado dentro de los últimos cinco años, funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos públicos de gestión estatal o gestión privada debidamente reconocidos, en jurisdicción nacional o provincial, por un lapso igual al excedido en edad y siempre que no hubieran obtenido los beneficios jubilatorios. La disposición expresamente aclara que el límite de edad establecido rige solamente para el agente que realiza el primer ingreso como titular a la rama de la enseñanza correspondiente.
El decreto 2.485/92, reglamentario de la norma referida, dispone que la edad máxima se computará a la fecha de la inscripción del año en curso. Agrega que, para el cálculo del desempeño en los últimos cinco años se sumarán todos los períodos no simultáneos trabajados en ese lapso en la rama, considerándose en la suma total la fracción de seis meses o más como un año calendario.
IV.2. Con el objeto de establecer la situación fáctica que rodea al caso, resulta necesario puntualizar los siguientes hechos: a) la demandante posee el título de psicóloga y profesora para la educación pre escolar, expedido por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela Nacional Normal Superior "Antonio Menthuyt", respectivamente; b) tiene, actualmente cincuenta y siete años de edad, conforme surge de la fecha de nacimiento consignada en las fotocopias certificadas de la documental adjuntada a fs. 3/4 y 14/20 (cincuenta y tres años al momento en que se le denegó la inscripción en el listado docente); c) que se desempeñó como orientadora educacional durante varios períodos e incluso, en un cargo jerárquico transitorio en la educación inicial de vicedirectora (v. documental de fs. 19/26); d) no se le permitió inscribirse en los listados sobre la base de los cuales se disciernen los cargos docentes con carácter de titular por poseer más de cincuenta años de edad. Es de interés advertir que tales datos no fueron controvertidos por la demandada.
De las constancias arrimadas a estos autos (documentación acompañada por la actora a fs. 6/26) no surge acreditado el desempeño de la señora Pérez en el cargo de Orientadora Educacional y/o Asistente Educacional (cuya titularización pretende) durante el lapso de cinco años -computados según lo normado en el mencionado decreto reglamentario 2.485/92- previos a la fecha en la cual la citada solicitó su inscripción en el listado de marras el 4 de noviembre de 2015, conforme documentación de fs. 6/11.
Mas esta circunstancia, conforme lo explicaré más adelante, ninguna incidencia tendrá en la solución que propicio.
IV.3. Las cláusulas de la Constitución nacional invocadas por la accionante de interés al caso estatuyen:
El art. 16 segunda parte, enuncia como principio general que "todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley" y a continuación expresa un corolario de ese postulado: la "admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad".
El art. 14 consagra el derecho "de enseñar", para todos los habitantes de la Nación.
El principio de inalterabilidad de las normas constitucionales declara que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 28).
El principio de supremacía de la Constitución consagrado en el art. 31.
Además, corresponde precisar que el inc. 19 del art. 75, norma incorporada en la reforma de 1994, atribuye al Congreso la facultad de sancionar leyes que aseguren el principio de igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna en el ámbito educativo.
La Constitución provincial confiere idénticos derechos:
El art. 11 estatuye que "Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución. La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por [...] cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales. Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización [...] social".
El art. 27 expresa que "La libertad de trabajo [...], es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia...".
El art. 103 inc. 12, entre las atribuciones del Poder Legislativo, señala la de "Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad...".
Además, es de interés reseñar que el art. 198 regla que "Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad".
A ese plexo de normas constitucionales de la Nación y de la Provincia cabe agregar las contenidas en los tratados internacionales incorporados con igual jerarquía por las reformas constitucionales de 1994 (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 11, Const. prov.): Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (cap. 1, arts. 2 y 14); Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1., 23 inc. "c" y 24); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.2).
Sobre la cuestión en tratamiento es oportuno destacar que la Ley Federal de Educación (24.195), que regula el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender en todo el territorio argentino (art. 1), al enunciar los principios generales de la política educativa señala que el Estado nacional deberá fijar los lineamientos respetando, entre otros derechos, la libertad de enseñar y aprender y la concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación (art. 5 incs. "e" y "f").
Por su parte, la Ley Provincial de Educación (13.688) al reglamentar el mismo derecho en el territorio bonaerense, en el art. 16 inc. "a" señala que los lineamientos de la política educativa bonaerense estarán orientados a asegurar, entre otros objetivos, la "igualdad de oportunidades y posibilidades".
V. Adelanto mi opinión favorable al acogimiento de la pretensión de inconstitucionalidad, advirtiendo que esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos al presente (causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014 e I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016), los que guiarán en lo pertinente, la solución que propicio.
V.1. El concepto básico de la igualdad civil consiste en eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas. La igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara a los hombres (Bidart Campos, J.G., "Manual de la Constitución Reformada", pág. 529). En principio, se traduce en el reconocimiento uniforme de los derechos civiles a todos los habitantes (conf. arts. 14, 16 y 20, antes referenciados).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el art. 16 de la Constitución nacional no postula una rígida igualdad, sino que entrega a la discreción y sabiduría del Poder Legislativo una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación, siempre que las distinciones o clasificaciones se basen en diferencias razonables y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas (Fallos 238:60; Sagüés, Néstor; "Elementos de Derecho Constitucional", tomo 2, pág. 435).
Este Tribunal ha expresado que la igualdad ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (causa I. 2.022, "Bárcena", "D.J.B.A.", 159:211). Recuerdo que también se destacó en el citado precedente que "lo trascendente en cada caso suscitado por vicio de desigualdad es no sólo comprobar la existencia de un trato distinto, pues si bien ello es necesario no es suficiente para concluir que el principio se ha vulnerado, sino también cuál ha sido el criterio y el propósito seguidos por el legislador para efectuar la distinción de situaciones y de trato. Es lo que Juan Francisco Linares llamó razonabilidad de la selección [...] Si los hechos son iguales y pese a ello se les imputa una distinta prestación, habrá irrazonabilidad en la selección". Lo mismo ocurriría, agrego, si en determinadas circunstancias a hechos sustancialmente distintos se les imputa idéntica prestación.
De lo expuesto se infiere que los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación deben en todos los casos ser aplicados e interpretados a la luz de la razonabilidad y que la reglamentación de los derechos constitucionales -como en este caso el derecho de enseñar- tiene, entre otras limitaciones, la que impone la necesaria igualdad de trato.
V.2. Fijado de tal modo en abstracto el contenido y los alcances del principio constitucional de igualdad ante la ley, pasaré a referirme ahora a la específica violación denunciada en estos autos. Se plantea aquí una transgresión a dicha garantía con base en la edad, afectando el derecho de enseñar y, por ende, el de trabajar.
V.3. Sostengo que la norma impugnada no supera el mínimo examen de razonabilidad, al que antes aludí.
Lo hasta aquí expresado me conduce a efectuar el siguiente interrogatorio: ¿cuál es el fin que se quiere proteger con la restricción? Si este consiste en el resguardo de la educación en los niveles a los que concurren los alumnos, primordialmente, de corta edad (Educación Inicial, Especial y EGB -1° y 2°, ciclo-); ¿es la limitación de marras el medio adecuado? ¿Puede la ley presumir iure et de iure que un docente mayor de cincuenta años sin una determinada antigüedad en el ejercicio de la docencia no será un educador idóneo?
En tal tarea advierto que la desigualdad de trato que la normativa impugnada consagra no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines. Es más: la propia ley no lo considera así, en tanto por el juego de las excepciones que consagra permite el desempeño al frente de alumnos de docentes de mayor edad, aún en el caso del nivel inicial.
Como esta Suprema Corte ha expresado, la mediana edad para la actividad docente no constituye ninguna posible circunstancia de descalificación en las aptitudes, que pueda traducirse en una desigualdad justificada de tratamiento jurídico. Una disposición limitativa sólo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. Un docente en la etapa de madurez plena de la persona, se encuentra en condiciones óptimas para expresar toda su creatividad y experiencia en el ejercicio de su ministerio (doctr. causas Ac. 79.940, "Briceño" y B. 65.728, "Zunino", cits.).
Se ha señalado que, como dato de la realidad, la expectativa de vida de los seres humanos se encuentra en aumento, en consecuencia, el período de vida laboral activa de la población se extiende durante algunos años más, razón por la cual se ha pensado incluso en elevar la edad de la mujer para acceder a los beneficios jubilatorios (Gauna, Juan Octavio (h), "Un amparo contra la discriminación por razones de edad", "La Ley", t. 2001-B-580/589).
Aún más, se expresó que el principio de igualdad se ve irremediablemente afectado, pues si bien el legislador puede válidamente establecer un tratamiento desigual para quienes se encuentren en diferente situación, ello lo es a condición de que la distinción no aparezca como arbitraria o irrazonable. El hecho de que la limitación de marras se aplique a los docentes que poseen más de cincuenta años de edad sin una específica antigüedad en el ejercicio de la rama que pretenden titularizar demuestra que son inválidamente discriminados, frente a otros educadores más jóvenes con idéntica capacitación o aún en relación a otros de la misma edad que no ven imposibilitado el ingreso a la docencia como titulares.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.