Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77127
Lo que resolvió el tribunal
I. Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Susana Beatriz Blans, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, la interesada deberá previamente prestar caución juratoria -por medio de una presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
I.77.127 “BLANS, SUSANA BEATRIZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD ART. 57 INC. "E" LEY 10579”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La actora promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en relación al art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, correspondiente al Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, por cuya observancia se le estaría negando la inscripción en el listado oficial en la Secretaría de Inspección de Asuntos Docentes de Moreno y distritos adyacentes, al tener más de cincuenta años de edad y no encuadrar en ninguna de las situaciones de excepción contempladas por dicha norma.
Requiere, de prosperar una declaración en tal sentido, que se decrete la nulidad del supuesto acto aplicativo del precepto impugnado y, mientras dure el proceso abierto a tal fin, se dicte una medida cautelar por medio de la cual se le ordene a la demandada a que se abstenga de realizar cualquier medida que la prive de ser incluida por razones de edad, en todos los listados oficiales de ingreso a la docencia del año 2021 y siguientes, para todos los cargos que sus títulos la habiliten tanto en la jurisdicción de Moreno como en el resto de la Provincia.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Bajo estos parámetros, se impone considerar los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
III.1. En ese orden de ideas, cabe recordar que la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -norma que resulta objeto de impugnación en autos- fue declarada por esta Corte con fecha 11 de abril de 2007, al dictar sentencia definitiva en los autos B. 65.728, "Zunino" y, más cerca en el tiempo, en las causas I. 70.991, "Sánchez" de 16 de marzo de 2016, I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia", ambas de 16 de diciembre de 2020.
Estas circunstancias otorgan, por si solas, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la actora.
III.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado.
En efecto, la demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación del precepto cuestionado y, así, permitirle a la docente inscribirse con el puntaje correspondiente para los períodos lectivos 2021 y siguientes. De este modo, es probable que de no accederse a lo requerido, ella se vea imposibilitada de ejercer su profesión, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia (conf. causa I. 70.991, cit.).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de lo dispuesto por este Tribunal en autos I.76.219 "Borzi Susana Amanda", resol. del 20-XI-2019; I.76.154 "Dario María Fernanda" resol. del 30-X-2019; y I.74.545 "Fillia Mónica Beatriz", resol. del 28-XII-2016, entre otras, comparto las consideraciones vertidas por los señores magistrados que antecedieron a mi opinión, en cuanto a que -por las razones allí dadas-, corresponde ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Susana Beatriz Blans, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC), previa caución juratoria -por medio de una presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Susana Beatriz Blans, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, la interesada deberá previamente prestar caución juratoria -por medio de una presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2021 16:59:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2021 17:13:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2021 14:28:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:30:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia