Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Mariela Alejandra Cueva, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que la incluya en los listados oficiales en los que se inscriba para concursar por un cargo titular en el ciclo lectivo 2024 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Ello bajo responsabilidad de la accionante, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría para su cumplimiento.
I.79.018 "CUEVA, MARIELA ALEJANDRA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DIRECCION GRAL. DE CULTURA Y EDUCACION S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 57 INC. E LEY 10.579"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Mariela Alejandra Cueva promueve acción originaria en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de docente, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, por cuya observancia se le estaría negando la inscripción en los listados oficiales para concursar para el próximo año lectivo por tener más de cincuenta años de edad y no encuadrar en ninguna de las situaciones de excepción contempladas por dicha norma.
Requiere, además, que mientras dure el proceso abierto a tal fin, se dicte una medida cautelar por medio de la cual se le ordene a la demandada que se abstenga de aplicar lo dispuesto en la norma impugnada para el ciclo lectivo 2024 y los concursos venideros.
II. Ante la proximidad de este acontecimiento, corresponde sin más trámite dar tratamiento a la medida cautelar requerida por la actora.
II.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad o regularidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición normativa puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 76.490, "Maccario", resol. de 22-VII-2020; I. 76.807, "Caizza", resol. de 28-XII-2020; I. 76.958, "Castro", resol. de 26-V-2021; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", resol. de 12-VIII-2021; I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022; I. 78.672, "Martín", resol. de 13-IV-2023; e.o.).
Para el caso, cabe tener presente que la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, impugnado en este proceso, fue declarada por primera vez por esta Corte con fecha 11 de abril de 2007, al dictar sentencia definitiva en los autos B. 65.728, "Zunino" y, más cerca en el tiempo, con motivo de la decisión recaída en las causas I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia", ambas sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", e I. 76.154, "Dario", ambas sent. de 31-VIII-2021.
Esta circunstancia otorga, por sí sola, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la actora (art. 230 inc. 1, CPCC).
II.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado.
En efecto, la demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación del precepto cuestionado y, así, permitirle a la docente inscribirse con el puntaje correspondiente para concursar por el período lectivo 2024. De este modo, es probable que, de no accederse a lo requerido, se vea imposibilitada de ejercer su profesión, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia (art. 230 inc. 2, CPCC).
Para más, ante una situación similar, cabe recordar que este Tribunal ha hecho lugar en casos anteriores a solicitudes cautelares de semejante tenor a la aquí propiciada (conf. causas I. 70.991, cit., resol. de 3-V-2012; I. 76.154, "Dario", resol. de 30-X-2019; I.76.219, cit., resol. de 20-XI-2019; I. 78.554, "Damacio", resol. de 27-XII-2022).
III. Por los fundamentos dados, corresponde hacer lugar a la tutela provisional requerida (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de lo dispuesto por este Tribunal en autos I. 76.219, "Borzi", resol. de 20-XI-2019 y sent. de 31-VIII-2021; I. 76.154, "Dario", resol. de 30-X-2019 y sent. de 31-VIII-2021 e I. 74.545, "Fillia", resol. de 28-XII-2016 y sent. de 16-XII-2020, entre otras, comparto las consideraciones vertidas por la señora y señores magistrados que antecedieron a mi opinión, en cuanto a que -por las razones allí dadas-, corresponde ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Mariela Alejandra Cueva, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello bajo responsabilidad de la accionante, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Mariela Alejandra Cueva, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que la incluya en los listados oficiales en los que se inscriba para concursar por un cargo titular en el ciclo lectivo 2024 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Ello bajo responsabilidad de la accionante, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría para su cumplimiento.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 17:53:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 10:20:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2023 10:17:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:23:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 07:25:47 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 07:45:53 hs. bajo el número RR-953-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia