Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Elizabeth Rosana Pérsico lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que la incluya en los listados oficiales en los que se inscriba, con su puntaje, para concursar por un cargo titular en el ciclo lectivo 2026 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Ello bajo responsabilidad de la actora, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría para su cumplimiento.
I.80.597 "PERSICO, ELIZABETH ROSANA C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 57 INC. "E" LEY 10.579"
I. Elizabeth Rosana Pérsico, por derecho propio, promueve acción originaria en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de docente, contra la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación-. Pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, por cuya observancia se le niega la inscripción en los listados oficiales de ingreso a la docencia 2026, con el puntaje de acuerdo al mérito, para poder concursar para nuevos cargos docentes. Ello, por encontrarse excedida en edad, por tener más de cincuenta años en aplicación de lo dispuesto en el artículo antes mencionado del Estatuto del Docente.
Solicita, además, mientras dure el proceso abierto a tal fin, el dictado de una medida cautelar que ordene a la demandada que se abstenga de aplicarle lo dispuesto en la norma impugnada para el ciclo lectivo 2026. En consecuencia, se le restituya la totalidad del puntaje docente y se disponga la inscripción en el listado oficial.
II. Ante la situación denunciada, corresponde sin más trámite dar tratamiento a la medida cautelar requerida por la actora.
II.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad o regularidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición normativa puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 76.490, "Maccario", resol. de 22-VII-2020; I. 76.807, "Caizza", resol. de 28-XII-2020; I. 76.958, "Castro", resol. de 26-V-2021; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", resol. de 12-VIII-2021; I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022; I. 78.672, "Martín", resol. de 13-IV-2023; e.o.).
Para el caso, cabe tener presente que la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, impugnado en este proceso, fue declarada por primera vez por esta Corte con fecha 11 de abril de 2007, al dictar sentencia definitiva en los autos B. 65.728, "Zunino" y, más cerca en el tiempo, con motivo de la decisión recaída en las causas I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia", ambas sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", e I. 76.154, "Dario", ambas sent. de 31-VIII-2021; I. 79.018, "Cueva", sent. de 11-IX-2024; I. 77.127 "Blans", 18-IX-2025.
Esta circunstancia otorga, por sí sola, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la actora (art. 230 inc. 1, CPCC).
II.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado.
En efecto, la demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación del precepto cuestionado y, así, permitirle a la docente inscribirse con el puntaje correspondiente para concursar por el período lectivo 2026. De este modo, es probable que, de no accederse a lo requerido, se vea imposibilitada de ejercer su profesión, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia (art. 230 inc. 2, CPCC).
Para más, ante una situación similar, cabe recordar que este Tribunal ha hecho lugar en casos anteriores a solicitudes cautelares del mismo alcance a la aquí propiciada (conf. causas I. 70.991, cit., resol. de 3-V-2012; I. 76.154, "Dario", resol. de 30-X-2019; I.76.219, cit., resol. de 20-XI-2019; I. 78.554, "Damacio", resol. de 27-XII-2022; I. 79.018, "Cueva", resol. de 24-X-2023; I. 79.708, "Ábalos", resol. de 20-XI-2024; I. 80.404,"Albici", resol. de 18-XI-2025; e.o.).
III. Por los fundamentos dados, corresponde hacer lugar a la tutela provisional requerida (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Elizabeth Rosana Pérsico lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que la incluya en los listados oficiales en los que se inscriba, con su puntaje, para concursar por un cargo titular en el ciclo lectivo 2026 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Ello bajo responsabilidad de la actora, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
Líbrese oficio por Secretaría para su cumplimiento.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2026 10:19:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2026 11:47:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/03/2026 11:23:37 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2026 22:10:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2026 08:51:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/03/2026 16:25:53 hs. bajo el número RR-113-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia