Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78412
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al docente José Pablo Vazquez, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que -de corresponder- lo incluya en los listados oficiales en los que se inscriba para concursar un cargo titular en el ciclo lectivo 2023 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Se librará oficio por Secretaría para su cumplimiento, previa caución juratoria del interesado -que podrá ser prestada mediante presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada en caso haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
I.78.412 “VAZQUEZ, JOSE PABLO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTÍCULO 57 INC. E DE LA LEY 10579”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Soria, dijeron:
I. El actor promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en relación al art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, correspondiente al Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, por cuya observancia se le estaría negando la inscripción en el listado oficial en la Secretaría de Asuntos Docentes -Región 9- de la localidad de San Miguel, al tener más de cincuenta años de edad y no encuadrar en ninguna de las situaciones de excepción contempladas por dicha norma.
Requiere además, mientras dure el proceso abierto a tal fin, se dicte una medida cautelar por medio de la cual se le ordene a la demandada a que se abstenga de aplicar lo dispuesto en el artículo 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que lo incorpore dentro del listado oficial de aspirantes a ingresar a la docencia para el año 2023 -convocatoria que se encuentra en curso- y períodos siguientes.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Bajo estos parámetros, se impone considerar los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
III.1. En ese orden de ideas, cabe recordar que la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -norma que resulta objeto de impugnación en autos- fue declarada por esta Corte con fecha 11 de abril de 2007, al dictar sentencia definitiva en los autos B. 65.728, "Zunino" y, más cerca en el tiempo, en las causas I. 70.991, "Sánchez" de 16 de marzo de 2016, I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia", ambas de 16 de diciembre de 2020.
Estas circunstancias otorgan, por si solas, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por el actor.
III.2. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado.
En efecto, la demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación del precepto cuestionado y, así, permitirle al docente inscribirse con el puntaje correspondiente para el período lectivo 2023. De este modo, es probable que de no accederse a lo requerido, él se vea imposibilitado de ejercer su profesión, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia (conf. causa I. 70.991, cit.).
IV. Por los fundamentos dados, debe hacerse lugar a la protección cautelar requerida (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de lo dispuesto por este Tribunal en autos I. 76.219, "Borzi", resol. de 20-XI-2019 y sent. de 31-VIII-2021; I. 76.154, "Dario" resol. de 30-X-2019 y sent. de 31-VIII-2021 e I. 74.545, "Fillia", sent. de 28-XII-2020, entre otras, comparto las consideraciones vertidas por la señora y señores magistrados que antecedieron a mi opinión, en cuanto a que -por las razones allí dadas-, corresponde ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al docente José Pablo Vazquez, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC), previa caución juratoria -por medio de una presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al docente José Pablo Vazquez, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770- y que -de corresponder- lo incluya en los listados oficiales en los que se inscriba para concursar un cargo titular en el ciclo lectivo 2023 y en los sucesivos, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Se librará oficio por Secretaría para su cumplimiento, previa caución juratoria del interesado -que podrá ser prestada mediante presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada en caso haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:53:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:38:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:26:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 14:00:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 17:55:40 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 17:58:13 hs. bajo el número RR-1121-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia