Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76801
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, 68 y concs., CPCC).
I.76.801 “HELACOR S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA ORDENANZA 5878/20”
I. Helacor SA, mediante apoderado, promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigts. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de la ordenanza 5878/20 dictada por la Municipalidad de Berazategui al considerar que aquella, en cuanto en su art. 1 limita la instalación de establecimientos de modalidad "cadena comercial y/o franquicia" a un máximo de cuatro locales en todo el partido distribuidos en uno por cada localidad, infringe los arts. 1, 10, 11, 27, 31, 36, 45 y 57 de la Carta provincial; 1, 5, 14, 16, 17, 28, 31, 33, 42 y 75 incs. 13, 18, 19 y 30 de la Constitución Nacional; 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y 1, 2, 3, 17 y 59 de la ley 25.156.
Explica que la firma actora se dedica desde el año 2002 a la fabricación de helados en su planta fabril ubicada en la Ciudad de Córdoba bajo la denominación de fantasía "Grido", celebrando contratos de franquicia con terceros para la venta de sus productos por menor al público en el territorio de todo el país, careciendo de heladerías propias.
Agrega que uno de sus franquiciados, el señor Martín Enrique Ramayón, inició el trámite de habilitación de un local en el Municipio de Berazategui de la marca perteneciente a la actora, el cual fue desestimado por la comuna con fundamento en la aplicación de la norma impugnada. Ello, sin perjuicio de que en la localidad de Sourigues, donde se pretendía abrir el comercio, no hay todavía ningún negocio de la firma.
Sostiene que la limitación impuesta por la ordenanza 5878/20 viola sus derechos a ejercer el libre comercio, a la propiedad y a la igualdad, ya que no sólo se ve ahora impedido uno de sus actuales franquiciados a obtener la habilitación de su local para vender los productos que fabrica, sino que además menoscaba la posibilidad de que en el futuro celebre otros contratos de franquicia con terceros interesados en la instalación de heladerías "Grido" en el Partido de Berazategui, limitando así el plan de expansión de la empresa.
Alega que la conducta del Concejo Deliberante comunal trasgrede los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, vulnerando el interés económico general y perjudicando tanto a las compañías que aspiran a propagarse dentro del mercado, como a los consumidores, cuya opción de compra se verá disminuida.
Señala que de los considerandos de la norma surge que su dictado obedeció a "fomentar y fortalecer el comercio local y los pequeños comerciantes" y a que la progresiva instalación de negocios bajo la modalidad de franquicias "deja entrever el crecimiento de un mercado comercial local de rasgo monopólico", pero no explica cómo y qué parámetros se han evaluado para fijar el cupo de cuatro locales en el territorio de todo el Partido, lo cual supondría una postura demagógica y dogmática que violaría las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156.
Se agravia, asimismo, del contenido de los arts. 2 y 3 de la ordenanza impugnada. El primero, en cuanto dispone que el límite de cuatro franquicias "será susceptible de modificación por el Poder Ejecutivo Municipal" previo análisis de ciertos parámetros, de forma poco clara y arbitraria. El otro, porque establece que los comercios ya habilitados hasta el momento podrán continuar con su explotación y que "en su caso, serán autorizadas para traslado o transferencia", vulnerando derechos ya adquiridos.
Además, entiende que el municipio carece de atribuciones para dictar una norma como la atacada, en tanto la regulación y el ejercicio del poder de policía respecto al ejercicio y la iniciativa de la actividad económica corresponde a la Provincia, por aplicación de los arts. 27 y 36 de la Carta local, en concordancia con el mandato del art. 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Requiere que se aplique en el presente caso la doctrina de un antecedente jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe en el que, a pedido de la firma actora, la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción N°2, declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza 4003/11 dictada por el Concejo Municipal de Venado Tuerto que limitaba a las cadenas comerciales que funcionen bajo una misma razón social y fabriquen helados, a un número máximo de locales que no supere el 15% del total de todos los habilitados en la jurisdicción, con fundamento en la Ley de la Defensa de la Competencia y en los arts. 75 inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional.
Finalmente, solicita que cautelarmente se le ordene a la comuna que se abstenga de aplicarle tanto a la accionante como a sus franquiciados -o quienes en el futuro lo sean- las disposiciones del precepto impugnado hasta tanto se dicte sentencia en autos.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión planteada era propia de la competencia originaria y exclusiva que a la Suprema Corte le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 25-XI-2020), el que declaró su competencia para entender en el asunto (v. resol. de 23-XII-2020).
III. Mediante escrito presentado el 15-II-2021, el apoderado de la empresa actora informa que a través de la resolución 67/21 dictada en el expediente 14760/RM/2020 la Municipalidad de Berazategui habilitó de manera "condicional" el local que el franquiciado Martín Enrique Ramayón pretendía abrir en la localidad de Sourigues a los fines de explotar los rubros "servicio de expendio de helados, expendio de café y venta de productos congelados".
Argumenta que el acto administrativo referido no especifica los motivos que se tuvieron en cuenta para tomar dicha decisión ni por qué se adoptó de forma "condicional", lo que denotaría la arbitrariedad con la que actúa la comuna y la inconstitucionalidad de la norma atacada.
IV.1. Corresponde, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por Helacor SA.
Cabe aclarar que, en razón del proceso incoado, sólo han de considerarse los planteos constitucionales expuestos en la demanda, toda vez que aquellos de cuño meramente legal, por principio ajenos al objeto propio de esta clase de contiendas, pueden ser atendidos en la medida en que evidencian la infracción constitucional aducida. De lo contrario, se desvirtuaría la misión esencial que el constituyente ha confiado a la Suprema Corte en este tipo de causas (doctr. arts. 161 inc. 1°, 166 in fine y 215, Const. prov.; arts. 1, 2, 3, 12 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101- y causa I. 68.174, "Filón", resol. de 18-IV-2007).
IV.2. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, cit.; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016; I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018; I. 75.538, "Wal-Mart Argentina SRL", resol. de 26-IX-2018 e I. 74.912, "Giannuzzi", resol. de 4-IX-2020, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", cit.).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar.
IV.3. Si bien el análisis de estos requisitos ( fumus boni iuris y periculum in mora ) debe ser efectuado sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (doctr. causas I. 2452, "Weinstein", resol. de 18-XII-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-III-2003, B. 61.541, "Lazarte", sent. de 2-IV-2003 y B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 3-II-2004, e.o.), es necesario que al menos se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004 e I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017).
Pues bien, en el caso no se configura la existencia del peligro en la demora invocado inicialmente por la actora, motivo por el cual, más allá de cualquier consideración que merezca, el examen de la verosimilitud del derecho resulta, en este momento, inoficioso.
En efecto, a la luz de los elementos obrantes en el expediente y los argumentos que trae la actora en sus presentaciones, no se advierte que este recaudo de la tutela peticionada se encuentre presente en el caso. Ello, como consecuencia de la resolución 67/21 dictada en el expediente 14760/RM/2020 a través de la cual la Municipalidad de Berazategui habilitó el negocio que el franquiciado Martín Enrique Ramayón desea abrir en la localidad de Sourigues, conforme lo denuncia la propia accionante en su presentación del 15-III-2021.
De lo allí resuelto surge que "el comercio en cuestión cumple con las disposiciones vigentes para su funcionamiento" y que "se han percibido los Derechos y Tasas correspondientes según lo establecido por la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente" motivos por los cuales se ordenó habilitar "en lo que a esta Municipalidad compete el local catastrado V-P-22-08 A Partida 96415 ubicado en la calle Camino General Belgrano N°5446/5448 de la localidad de C.T. Sourigues partido de Berazategui a nombre de Ramayón Martín Enrique. Rubro: servicio de expendio de helados, expendio de café y venta de productos congelados".
De este modo, el supuesto fáctico que se trae como hipótesis de riesgo urgente y, por ende, necesitado de protección cautelar -consistente en el impedimento que tenía el franquiciado de comercializar la marca Grido, lo que le produciría un perjuicio económico no sólo a éste sino también a la franquiciante atento a que aquél "no logra su habilitación por la limitación de la norma" impugnada (v. demanda punto VII "solicita medida cautelar" apartado 3 "peligro en la demora")- se ha desdibujado con el otorgamiento del permiso por parte de la comuna.
Y no obsta a la solución aquí planteada la alegada condicionalidad con la que se habría concedido la autorización al señor Ramayón, puesto que de la documentación acompañada no surge que en el expediente en cuestión se haya impuesto el cumplimiento de alguna exigencia por parte de la comuna como recaudo previo a su apertura, habiéndose expedido, incluso, el correspondiente certificado de habilitación para que el franquiciado pueda proceder con la inauguración de su local.
Así las cosas, a esta altura del proceso se advierte que el periculum in mora que se denuncia en el escrito en tratamiento desapareció con el dictado de la resolución 67/21 en el expediente 14760/RM/2020, no acreditándose pues -siempre en función de los elementos obrantes en el sub lite arrimados por la accionante- la existencia de un margen remanente significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; CSJN Fallos: 335:1213, consid. 8).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, 68 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 09:54:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:34:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:11:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 12:50:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia