Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76801
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 76.801, "Helacor S.A. contra Municipalidad de Berazategui s/ Inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de la Ordenanza 5.878/20", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Genoud , Kogan.
I. La empresa Helacor S.A., con patrocinio letrado, promueve demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes a través de la cual requiere que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 3 de la ordenanza 5.878/20 de la Municipalidad de Berazategui, por limitar la instalación del establecimiento bajo la modalidad "cadena comercial y/o franquicia" a un máximo de cuatro (4) locales en el aludido partido.
Asimismo, solicita medida cautelar a los fines de que la comuna demandada se abstenga de aplicarle, tanto a ella como a sus franquicias, las normas que por esta acción impugna.
II. El titular del Juzgado que previno, se rehusó a intervenir en el caso al entender que el objeto de la litis era propio de la competencia originaria y exclusiva que, a la Suprema Corte, le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial. Por consecuencia de tal decisión, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución del trámite.
III. Por fin, el Tribunal declara que el caso es propio de su competencia originaria, radica las actuaciones ante sus estrados y confiere a la actora un plazo para que adecue su demanda al proceso previsto en el art. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 23-XII-2020). Seguidamente, la actora se presenta, manifiesta que la demanda de autos fue inicialmente dirigida a este Tribunal e interpuesta en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, y ratifica en todos sus términos la demanda entablada originariamente (v. presentación de 6-I-2021, 03:32:59 hs.).
IV. Posteriormente, la actora denuncia que la Municipalidad de Berazategui, a través de la resolución del Secretario de Gobierno 67/21 decidió, en forma condicionada, habilitar "...el local catastrado [...] partida 96.415 ubicado en la calle Camino General Belgrano n° 5.446/5.448 de la localidad de C. T. Sourigues partido de Berazategui a nombre de Ramayón, Martín Enrique Rubro: Servicio de expendio de helados, expendio de café y venta de productos congelados. Cuenta: 43.238" (presentación de 15-III-2021, 15:25:42 hs.).
V. Por resolución de fecha 4 de abril de 2021 se rechazó la tutela precautoria solicitada en atención a que el recaudo denominado periculum in mora que se denunció al solicitar la medida cautelar despareció con el dictado de la resolución 67/21 en el expediente 14.760/RM/2020. Precisó que no se acredita la existencia de un margen remanente significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente.
VI. Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda la Municipalidad de Berazategui, plantea la excepción de falta de legitimación activa, desconoce la prueba documental acompañada a estos autos por la demandante y solicita el rechazo de la acción, con costas.
VII. Producida la prueba (v. providencia de 24-II-2022), agregados los alegatos presentados por las partes (v. presentaciones de 7-III-2022 -demandada- y 8-III-2022 -actora-), oído el señor Procurador General (v. presentación de 2-VIII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata la actora que se dedica a la producción y fabricación de helados en la ciudad de Córdoba. Agrega que no comercializa en forma directa al consumidor sino a través de franquicias para la venta al por menor de helados de producción propia bajo el nombre de fantasía "Grido".
Aclara que las tareas vinculadas a la instalación de locales de venta, controles, auditoría, etcétera, y la logística de compras de los titulares de las franquicias son realizadas por la firma Mundo Helado S.A., que tiene a su cargo toda la gestión de la relación comercial con los titulares de las franquicias.
Refiere que desarrolla su actividad desde el año 2002, con un crecimiento sostenido, desde Córdoba y hacia el resto del país cumpliendo con todas las normas nacionales, provinciales y municipales. Asevera que esta modalidad de comercialización es absolutamente legal. Niega que lesione derechos de terceros o implique una actividad monopólica. Afirma que la expansión de su actividad comercial no afecta ni vulnera, ni se contrapone con las leyes nacionales regulatorias de la sana y leal competencia comercial ni con las normas de defensa del consumidor.
Explica que tomó conocimiento de la ordenanza que impugna cuando la comuna demandada denegó la habilitación al señor Ramayón, quien estaba interesado en contratar la franquicia.
Manifiesta que limitar la cantidad de franquicias que pueden existir en el partido de Berazategui, la perjudica tanto como a todo interesado en contratarla.
Detalla que en el mes de agosto de 2020, en el partido de Berazategui, había doce heladerías habilitadas para comercializar helados "Grido", pero ninguna en las localidades de Sourigues -donde se rechazó la habilitación al señor Ramayón- y Pereyra.
Niega que exista fundamento racional ni legal para limitar la apertura de nuevas franquicias en el aludido partido.
Se agravia de que la ordenanza en cuestión la afecta directamente en sus derechos constitucionales. Añade que esta norma que restringe, a su criterio, indebidamente, las nuevas instalaciones de locales comerciales tiene una repercusión económica patrimonial cierta, directa y trascendental en la merma de ventas de los productos que fabrica Helacor S.A., por lo que sostiene que cercena el plan de expansión de la empresa, tornando ilusoria la garantía constitucional de la libertad de comercio, trabajo, el ejercicio de toda industria lícita y la igualdad de oportunidades.
Impugna la ordenanza 5.878/20 por considerarla arbitraria. Cuestiona que establezca un cupo de cuatro locales en el partido, sin que en sus considerandos se detallen los motivos de esa cantidad.
Se agravia también de que en la aludida ordenanza "...se deja librado al solo arbitrio del Departamento Ejecutivo Municipal la 'movilidad' de ese límite, previo análisis de determinados factores". Sostiene que esta "...técnica legislativa peca además de una discrecionalidad inaudita porque deja [librado] al subjetivismo del funcionario de turno la posibilidad de restringir aún más o ampliar la instalación de comercios según sus consideraciones particulares".
Postula la incompetencia del Concejo Deliberante para regular la materia en cuestión. Agrega que la ordenanza 5.878/20 resulta inválida e ilegítima por ser violatoria del esquema de distribución de competencias previsto en la Constitución nacional como así del principio de primacía constitucional regulado por el art. 31 de esa carta y vulnerar de manera ostensible derechos de raigambre constitucional que la amparan. Precisa que "...la regulación del comercio corresponde al Estado nacional y provincial y [...] la regulación de la defensa de la competencia es de resorte exclusivo del Estado nacional, en razón de su directa relación con el comercio, el libre tránsito y la transacción de bienes y servicios, la prosperidad general y el bienestar del país, potestades todas de índole nacional sobre las que viene a apoyarse esa legislación (Ley 25.156)".
Refuta que constituya motivo suficiente, para establecer la medida cuestionada, aducir una competencia desleal con la pequeña y mediana empresa por la disparidad de precio o la empleabilidad del sector o la de evitar su concentración y no atomizar la oferta o darles condiciones más favorables a los comercios locales. Dice que ello excede las atribuciones del Concejo Deliberante pues solo encubre intereses sectoriales minoritarios en franca violación de los derechos del consumidor al perjudicar la mejora en los precios y calidad de los productos e impedir elegir libremente qué bienes se consumen y a quién se los adquiere.
Agrega que la norma impugnada incurre en discriminación y arbitrariedad. Y afirma que los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados por sorpresivas normas posteriores, motivo por el cual no hay justificación que avale la disposición que cuestiona.
Asevera que la aludida ordenanza en tanto impone limitaciones para instalarse en su territorio municipal resulta manifiestamente inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en los arts. 27 de la Constitución provincial y 75 inc. 19 y 126 de la Constitución nacional.
Sostiene que la libertad de comercio es una garantía fundamental que comprende el libre acceso a los mercados, la asociación con fines lícitos, la lealtad comercial, el propio derecho a trabajar y ejercer industria lícita, la defensa de la competencia, etcétera. Agrega que en un país federal no puede interpretarse que la competencia de los gobiernos municipales esté por encima de la Constitución nacional. Y añade que el departamento deliberativo comunal no puede reglamentar derechos constitucionales de un modo que implique su alteración.
Aduce que la finalidad de beneficiar a un sector minoritario de la economía local, no justifica la magnitud de las restricciones a los derechos de ejercer actividad comercial lícita, ni dan cuenta de beneficio alguno al interés económico general y a los derechos de los consumidores.
De otro lado, expresa que la alteración en la conducta de un órgano del Estado o una decisión estatal inmotivada e inesperada puede traducirse en una violación de la seguridad jurídica y de la confianza legítima del administrado (arts. 57, Cont. prov.; 28 y 33, Const. nac. y los tratados internacionales consagrados en el art. 75 inc. 22, Const. nac.). Afirma que, en el caso, el Concejo comunal, mediante las limitaciones y restricciones a la libertad de comercio ha quebrado los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
Finalmente, cita una sentencia de los tribunales de la Provincia de Santa Fe y solicita que, en la especie, se apliquen los criterios allí sustentados.
II. La Municipalidad de Berazategui, al contestar la demanda, realiza una pormenorizada negativa de las circunstancias y argumentos expuestos por la actora en su escrito postulatorio.
Alega la falta de legitimación activa con sustento en que la ordenanza 5.878/20 no afecta a Helacor S.A. ni a Mundo Helado S.A., pues estas firmas no registran habilitaciones ni solicitud de habilitaciones de cualquier tipo en el partido de Berazategui. De tal modo, sostiene que ningún interés "particular", ni "directo" ni "indirecto" de la actora, se advierte afectado por aquella norma local, lo que, según dice, obsta a la procedencia de la presente acción por no reunir el requisito exigido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución nacional.
Pone de resalto que no se ha impugnado la constitucionalidad de la ley 12.573 en cuanto limita el número de locales comerciales que se pueden abrir por municipio en función de la cantidad de población y sujeto a una evolución del impacto socioeconómico y ambiental.
Con relación al señor Martín Enrique Ramayón, asevera que posee habilitación comercial en calle Camino General Belgrano n° 5.446/5.448 de la localidad de Sourigues, partido de Berazategui, para el rubro de servicio de expendio de helados, expendio de café y venta de productos congelados (expediente 014760/20).
Asimismo, señala que hay trece heladerías "Grido" habilitadas en todo el partido de Berazategui y destaca que también hay comercios minoristas que comercializan los productos de esa marca.
Por otra parte, afirma que las críticas efectuadas en la demanda, por su vaguedad, no resultan formalmente suficientes para tener andamiaje a través de la acción de inconstitucionalidad. Dice que no se expone clara y precisamente el modo en que el precepto cuestionado quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas ni se demuestra la existencia de una relación directa entre esta y aquel. Apunta que la actora solo menciona genéricamente los artículos de la Constitución nacional y de la provincial, supuestamente infringidos, lo cual entiende es insuficiente para cumplir las exigencias legales para la procedencia de la acción.
Con relación al fondo de la cuestión sometida a decisión, refiere a la potestad de las municipalidades para reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y su zonificación. Asevera que la Municipalidad de Berazategui ha actuado dentro de los límites de su competencia privativa con fundamento en razones de política comercial. Con cita de doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que no es dado a los jueces revisar el mayor o menor acierto de tales medidas.
Explica que la ordenanza 5.878/20 fue dictada en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria energética, sanitaria y social declarada por la ley 27.541 y producto de la grave crisis económica que, posteriormente se vio agravada por la pandemia de COVID-19. En este sentido, señala que la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 15.165 que declaró el estado de emergencia social, económica, productiva y energética, a la que adhirió la Municipalidad de Berazategui a través de la ordenanza 5.813.
Manifiesta que, además de la disminución del consumo que acarreó la crisis económica, la comuna advirtió un impacto negativo sobre la actividad y la competitividad de los comerciantes locales, en particular sobre el pequeño comerciante, a raíz del incremento de la instalación de comercios con la modalidad de franquicias y cadenas comerciales de distintos rubros que dejaban entrever el crecimiento de un mercado local de rasgo monopólico.
Señala que frente a tal estado de situación surgió la necesidad de plantear propuestas de regulación, reordenamiento y planificación controlada a los fines de lograr dentro del partido de Berazategui un mercado equitativo en la competencia territorial, además de fomentar y fortalecer el comercio local y de los pequeños comerciantes.
Apunta que la normativa comunal estaba desactualizada y anacrónica, por lo que -según indica- correspondía que el municipio ejerciera sus facultades de poder de policía. De tal modo, dice que el gobierno comenzó a desarrollar una política tendiente a proteger y estimular permanentemente el mercado interno, mediante diversos programas como la propulsión en todo el partido de Berazategui de la preferencia y elección de productos locales.
Afirma que en tal contexto la comuna dictó la ordenanza 5.878 (B.O.M. n° 98 de septiembre 2020) que delimitó la instalación de comercios bajo la modalidad de cadena minorista y/o franquicia a un máximo de cuatro locales comerciales en el partido, distribuidos uno por localidad.
Aclara que este límite puede ser modificado por el Departamento Ejecutivo municipal previo análisis de la superficie en metros del proyecto comercial, densidad poblacional y comercial de la localidad, impacto comercial, la existencia de una cadena comercial o franquicia en la zona en cuestión y la superposición de rubros en las proximidades.
Entiende que empresas como la demandante son monopólicas porque actúan en varios mercados y al ingresar en uno de ellos reduce los precios aun cuando no se justifique. Agrega que, de este modo, a través de la ordenanza impugnada se intentó evitar que el comercio minorista local pierda al no poder sostener los precios que una franquicia nacional le impone.
Señala que un caso similar sucedió con los hipermercados. Apunta que en Berazategui se ha restringido la instalación de los hipermercados en apoyo y fomento a las pymes y el comercio minorista local porque estos son los que le dan trabajo a la gente. Detalla que en el año 1996 se aprobó una ordenanza que prohíbe la instalación de grandes superficies comerciales. Agrega que con estas políticas Berazategui ha logrado que en los últimos diez años el comercio se duplique.
Finalmente, destaca que la ordenanza 5.878/20 "...está en correlación con la normativa provincial, siendo incluso más amplia que la última ya que autoriza la apertura de cuatro locales de la misma franquicia".
Por último, señala que "...el derecho para ejercer toda industria lícita no es absoluto y que la Constitución autoriza su reglamentación siempre y cuando sea razonable".
III. De la prueba producida en autos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:
III.1. Copia del expediente administrativo 4011-13.474/20 sobre anteproyecto de ordenanza relativo a franquicias comerciales.
III.2. Publicación en el Boletín Oficial municipal de Berazategui de la ordenanza 5.878 (septiembre de 2020, págs. 13 a 15).
III.3. Constancia de inscripción a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Helacor S.A., contrato social del día 3 de mayo de 2002, con domicilio en Barrio Parque Industrial Ferreyra de Córdoba, bajo los rubros: elaboración industrial de helados, venta al por mayor de productos lácteos, aceites y grasas, mercancías n.c.p. y servicio de almacenamiento y depósito de cámaras frigoríficas.
III.4. Copia del contrato de locación del inmueble sito en Camino General Belgrano n° 5.446/5.448 de la localidad de Sourigues, partido de Berazategui, suscripto por el señor Martín Enrique Ramayón el día 19 de septiembre de 2020.
III.5. Formulario de oferta de celebración de contrato de franquicia con Helacor S.A.
IV. Remitidas las actuaciones para la intervención del señor Procurador General, éste produjo el dictamen de su competencia en el que consideró que la ordenanza impugnada por inconstitucional vulnera los arts. 1, 10, 11, 25, 27, 31, 36 primer párrafo, 39, 45, 56, 57, 190, 191 y 195 de la Constitución provincial y 14, 16, 28, 31, 75 inc. 13, 121 y 123 de la Constitución nacional. Y, por consecuencia de ello, aconsejó hacer lugar a la pretensión de la actora (v. dictamen de 2-VIII-2022, 17:08:27 hs.).
V. A tenor de las postulaciones formuladas por las partes, corresponde decidir, primeramente, la objeción a la admisibilidad de la acción originaria entablada que la demandada ensaya con fundamento en la falta de legitimación activa de la demandante.
V.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece, como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte, en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
Reiteradamente el Tribunal ha expresado que el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la cualidad de "particular" y "directo" (cfr. doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003; I. 2.339, "Auchan Argentina S.A.", sent. de 14-XI-2007;
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