Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77580
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, 68 y concs., CPCC).
II. No hacer lugar al pedido del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires de ser tenido como amicus curiae en este caso (arts. 1, 2, 7 y concs., ley 14.736).
I.77.580 “COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 3 A 14 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 12.145/21 -EX CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, mediante su apoderado, promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de los arts. 1 y 3 a 14 de la ordenanza 12.145 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, en la inteligencia de que infringen lo dispuesto por los arts. 1, 11, 27, 31, 35, 36 incs. 2, 3, 6 y 8, 41, 57, 192 inc. 4 y 200 de la Carta local, 18, 28, 121 y 123 de la Constitución Nacional, las leyes provinciales 10.526, 11.347 y 13.879, la ley nacional 14.346, los decretos leyes 6769/58, 8056/73 y 9686/81, los decretos provinciales 154/89, 450/94 y 400/11, el decreto nacional 1088/11 y las resoluciones ministeriales 188/89 y 32/19.
II. En primer lugar, explica que mediante la normativa atacada la comuna pretende abordar la cuestión relativa al control del crecimiento poblacional de perros y gatos en su territorio, a través de la instauración de un sistema de castración "quirúrgica, gratuita, masiva, abarcativa, sistemática, extendida y temprana" (art. 3) que se llevará a cabo en "sociedades de fomento, escuelas, clubes, asociaciones vecinales, delegaciones municipales, entidades religiosas y móviles quirúrgicos" (art. 3 inc. "e") por médicos veterinarios contratados por el municipio que realizarán las cirugías necesarias.
Sostiene que la ordenanza quebranta no solo la ley 10.526 y su decreto reglamentario 154/89, que precisan que todo establecimiento donde se practique la medicina veterinaria deberá hallarse previamente habilitado por el Ministerio de Asuntos Agrarios por intermedio de la Dirección de Ganadería, sino también el decreto 400/11 que dispone que las castraciones quirúrgicas masivas serán realizadas en los centros de zoonosis o antirrábicos municipales o provinciales y la resolución ministerial 188/89 que impone una serie de requisitos edilicios mínimos que deben cumplimentar los centros veterinarios ubicados en territorio provincial, en general, y los quirófanos necesarios para hacer una castración, en particular.
Entiende que esa autorización a realizar cirugías a animales en lugares que no pueden considerarse aptos a tales efectos por la legislación provincial constituye un riesgo cierto hacia la salud pública, ya que existen diversas y graves enfermedades que los animales pueden transmitir al hombre, violando así el contenido del art. 36 inc. 8 de la Constitución provincial. Para el caso, y teniendo en cuenta que la mayoría de los puntos en los que la ordenanza prevé la posibilidad de realizar castraciones gratuitas son espacios comunales o con población de riesgo como jubilados y niños, sostiene que se vulnerarían, asimismo, los arts. 35, 36 incs. 2, 3 y 6, 198, 199 y 200 de la Carta local y que se avanzaría sobre competencias propias de la Dirección General de Cultura y Educación al llevarse a cabo una "aberración sanitaria" en establecimientos que se encuentran bajo su órbita.
Alega, por otra parte, una transgresión al texto del art. 41 de la Constitución provincial, con el razonamiento de que el Colegio de Veterinarios vería seriamente afectado el ejercicio del poder de policía y el control disciplinario de sus matriculados, a partir de la contradicción que la ordenanza impugnada genera con las leyes vigentes. Ello, considerando que los médicos veterinarios que se desempeñan en la órbita del municipio de La Plata deberán elegir entre realizar las castraciones allí promovidas en establecimientos no habilitados -y, en consecuencia, ser pasibles de sanciones graves como quedar excluidos de la matrícula- o desobedecer las órdenes de su empleador.
De ese modo, sostiene que la ordenanza 12.145 además de arrogarse para la comuna competencias de regulación del ejercicio profesional que por mandato del texto constitucional le pertenecen exclusivamente a la provincia, quebranta los derechos a la libertad de trabajo e industria y a la igualdad de los médicos veterinarios (arts. 11 y 27, Const. prov.).
Por otro lado, se agravia de la creación del Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (en reemplazo de la actual Dirección General de Zoonosis) prevista en el art. 4 de la norma impugnada, con el argumento de que, con ello, se perdería la función primordial de estudio y monitoreo de las enfermedades zoonóticas que esta última tenía, convirtiéndola exclusivamente en un "centro de castración". En consecuencia, sostiene que aquí también habría un exceso de las atribuciones que tiene en la materia el municipio y alega la transgresión a lo establecido en el art. 194 inc. 4 de la Carta local.
Adicionalmente, considera ilegítima la instauración de la figura del "Director de Gestión" del centro anteriormente nombrado, en la inteligencia de que la administración de los Centros de Zoonosis debe ser ejercida indefectiblemente por un profesional veterinario o por un médico de humanos (cfr. arts. 75 inc. 5, decreto ley 9686/81 y 57 y 58, decreto 4669/73) y de que con su nombramiento se comprometerían gastos para el municipio sin atender los créditos votados para el ejercicio financiero vigente, en contradicción con los arts. 192 inc. 5 y 195 de la Carta local.
En otro orden de ideas, afirma que la ordenanza 12.145 infringe el derecho a la propiedad privada (arts. 31, Const. prov. y 17, Const. Nac.), al facultar al Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis "a exigir la castración de los perros y gatos previa intimación fehaciente y ante la negativa de los cuidadores de los mismos cuando prime el interés público y de salubridad" (art. 7) y a "castrar a todo perro o gato, macho o hembra, que se encuentre suelto en la vía pública".
Para el caso, además de señalar lo ilógico que resultaría otorgar un permiso para castrar a todo animal que se encuentre suelto en la calle sin mantenerlo en cautiverio por un tiempo determinado hasta localizar a su tenedor, alega que con ello se generaría un claro e injustificado daño en la propiedad de sus dueños.
Considera, asimismo, que el art. 14 de la ordenanza impugnada, en cuanto determina que la comuna no seguirá construyendo las denominadas "perreras", refugios ni caniles para animales, infringe el derecho a la salud de los habitantes del municipio, ya que esos instrumentos de contención están pensados para prevenir el contagio y la propagación de la rabia.
Entiende que las prácticas previstas en el art. 3 incs. "d" y "f" de la norma impugnada suponen actos de crueldad animal en los términos de la ley 14.346. El primero, en tanto promueve una cirugía que está contraindicada en varias razas de perros y gatos, al recomendar que la castración de los animales debe realizarse preferentemente "antes del primer celo o la primera alzada, a partir de los 3 meses de edad". El otro, al incluir dentro de los animales abarcados por la normativa como pasibles de castración a las hembras preñadas, lo que significaría avalar la "eutanasia de cachorros a término".
Por otra parte, se agravia de la declaración realizada en el art. 1 de la ordenanza puesta en crisis, que establece que "el Municipio es autónomo de cualquier otro poder en el ejercicio de las funciones que le son propias en materia de sanidad animal y salud pública", lo que supondría, a juicio de la actora, afirmar que dentro de la comuna no resultan ahora aplicables el conjunto de leyes nacionales y provinciales que regulan la cuestión, infringiendo el art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las facultades conferidas por la ley 10.526 a la provincia en materia de habilitaciones de los establecimientos donde se practique la veterinaria, las atribuciones inherentes al régimen municipal determinadas en el art. 192 inc. 4 de la Constitución provincial y las competencias provinciales originarias del art. 1 de ese mismo cuerpo normativo.
Finalmente, explica que el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires viene denunciando hace muchos años la proliferación de castraciones masivas organizadas por grupos proteccionista de animales que se llevan a cabo en forma clandestina e infringiendo la normativa vigente, denunciando que la norma aquí impugnada pasaría a legitimar e institucionalizar esa práctica ilegal.
En ese sentido, agrega que el texto de la ordenanza 12.145 fue introducido como proyecto ante el Concejo Deliberante comunal por una ONG dedicada a la protección de animales (cuyo nombre omite brindar), el que fue aprobado prácticamente sin cambios y que, además, se encuentra en tratamiento para su sanción en muchos municipios de la provincia.
Para el caso concreto de la norma ya aprobada en el Municipio de La Plata, señala que en ningún momento fueron convocados ni consultados para participar en el debate de la ordenanza. Agrega que incluso habiendo presentado una solicitud para lograr tener una audiencia con el Intendente a fin de advertirle sobre las deficiencias que la norma tenía, se les respondió que formularan sus observaciones por escrito, las que serían tenidas en cuenta al momento de reglamentar la ordenanza.
Solicita interinamente el dictado de una medida cautelar con el objeto de que suspendan los efectos de los arts. 1 y 3 a 14 de la ordenanza 12.145, hasta tanto de dicte sentencia en el asunto.
III. Mediante escrito del 19-VIII-2022 se presenta el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, mediante su apoderado, y solicita que se lo autorice a participar en calidad de Amigo del Tribunal, conforme lo establecido en la ley 14.736 y el Acuerdo SCBA 3977/20, denunciando, para ello, que la normativa impugnada por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires infringiría el contenido de la ley 10.526 y del decreto 154/89, como asimismo, los derechos a salud, a la educación y las prerrogativas que en el asunto tiene la Provincia.
IV. Corresponde, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la parte actora y, luego, sobre la presentación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
IV.1. Cabe aclarar que, en razón del proceso incoado, solo han de considerarse los planteos constitucionales expuestos en la demanda, toda vez que aquellos de cuño meramente legal, por principio ajenos al objeto propio de esta clase de contiendas, pueden ser atendidos en la medida en que evidencian la infracción constitucional aducida. De lo contrario, se desvirtuaría la misión esencial que el constituyente ha confiado a la Suprema Corte en este tipo de causas (doctr. arts. 161 inc. 1°, 166 in fine y 215, Const. prov.; arts. 1, 2, 3, 12 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101- y causa I. 68.174, "Filón", resol. de 18-IV-2007).
IV.2. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
IV.3. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida cautelar solicitada, en particular el peligro en la demora, no surge acreditado, por ahora, con las constancias agregadas a los autos.
En efecto, sin perjuicio de que la determinación de cómo el contenido de la ordenanza 12.415 podría infringir tanto los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la propiedad y a la igualdad, como asimismo, el libre desenvolvimiento de los colegios profesionales y la autonomía municipal, es una tarea que no puede ser llevada a cabo con la provisionalidad inherente a esta etapa liminar del juicio (doctr. causas I. 68.323, "Exolgan SA", resol. de 24-V-2006; I. 74.048, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-XI-2016; e.o.), lo cierto es que el propio Colegio de Veterinarios reconoció en su demanda que la norma impugnada todavía no ha surtido efectos, al afirmar que "las disposiciones de la ordenanza 12.145 por el momento no han cobrado vigencia operativa" (v. pág. 41 del escrito electrónico del 9-II-2022).
En ese mismo orden de ideas, la parte actora ha manifestado que no obstante las dificultades que tuvieron durante el proceso de sanción de la ordenanza en lograr que la Municipalidad de La Plata los convoque para participar en los debates previos a su sanción y en que el Intendente los recibiera para advertirle sobre las deficiencias legales que la actora considera que la norma tiene, del escrito inicial también se desprende que la comuna recibió las observaciones correspondientes y manifestó que estas serían tenidas en cuenta en el momento oportuno, por lo que mal podría presumirse ahora que en ocasión de que la ordenanza impugnada sea aplicada la parte demandada no atenderá las peticiones que en relación a ella tiene el Colegio de Veterinarios.
Así las cosas, a esta altura del proceso -y siempre en función de los elementos obrantes en el sub lite arrimados por la demandante- no se advierte la existencia de un margen remanente significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; CSJN Fallos: 335:1213; doctr. causa I. 76.801, "Helacor SA", resol. de 6-IV-2021).
V. Continuando con el análisis propuesto, corresponde ahora analizar la presentación efectuada por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires mediante la cual solicita se le permita participar en calidad de Amigo del Tribunal en los términos previstos en la ley 14.736.
V.1. En primer lugar, debe precisarse que la mencionada ley faculta a toda persona física o jurídica que no sea parte en un pleito a presentarse ante esta Corte en el referido carácter de Amigo del Tribunal, en todos aquellos procesos judiciales en que se ventilen cuestiones de trascendencia colectiva o interés general, siempre que reúna las condiciones establecidas en la norma (arts. 1 y 7). En este sentido, determina que la intervención deberá limitarse a expresar opinión fundada por escrito, basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico, relativos al tema en debate (art. 2).
Prevé, también, que este Tribunal establecerá cuáles son las causas que, estando a su consideración y resolución, sean aptas para la intervención de Amigos del Tribunal; en dicho ámbito dictará una providencia que así lo disponga (art. 3), o admitirá o no la presentación de un tercero que no haya aguardado su dictado (art. 6), ordenando en caso de ser pertinente su incorporación al expediente (art. 9).
Por último, cabe recordar que mediante el Acuerdo 3977/20 esta Corte reglamentó la intervención del amicus curiae , de conformidad con lo normado en el art. 4 del precepto legal antes citado.
V.2. Bajo los parámetros antes reseñados, cabe concluir que la presentación efectuada por Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires no reúne los requisitos legales a los fines de ser considerado Amigo del Tribunal.
Ello, porque se advierte que a lo largo de su exposición no intenta emitir una opinión como las que prevé la ley 14.736, sino que el planteo se caracteriza exclusivamente en ser una defensa directa de la postura de la parte actora en su reclamo frente a la demandada, realizando, más que nada, un análisis comparativo entre el precepto cuestionado en la litis , de un lado, y la ley 10.526 y el decreto 154/89 que regulan la habilitación de los establecimientos donde se ejercite la medicina veterinaria, de otro.
Por eso, más allá de las manifestaciones vertidas y de la opinión que pueda tener la institución requirente sobre la legalidad o constitucionalidad de la ordenanza 12.145 -que en nada se relaciona con el ejercicio de la farmacéutica-, lo cierto es que de su presentación no surge ningún tipo de cualificación que permita suponer que su intervención en el proceso pueda aportar elementos que permitan a este Tribunal esclarecer la cuestión debatida en el pleito, lo que impide cotejar de manera irrebatible la observancia de este recaudo en la especie.
Por consiguiente, no encontrándose satisfechas las condiciones que exige la norma aplicable al caso para ser admitido en la calidad pretendida, se impone su rechazo (arts. 1, 2, 6 y concs., ley 14.736).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, 68 y concs., CPCC).
II. No hacer lugar al pedido del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires de ser tenido como amicus curiae en este caso (arts. 1, 2, 7 y concs., ley 14.736).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:23:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:21:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 14:53:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 19:29:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 08:41:14 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/09/2022 09:01:47 hs. bajo el número RR-998-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia