Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la municipalidad actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 195, 200 inc. 1, 230, 232 y concs., CPCC).
I.80.087 "MUNICIPALIDAD DE BERISSO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 12, 14, 15, 16, 17 Y 18 INCS. 1 Y 3 DE LEY 14.798"
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Torres y Kohan y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I. El apoderado del municipio de Berisso, en su representación, interpone acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 y, en consecuencia, determinar su inaplicabilidad a las relaciones de empleo entre el municipio y quienes prestan el servicio de guardavidas.
Ello por entender que, con el dictado de las normas en crisis, la Provincia de Buenos Aires se entrometió en una esfera de competencia legislativa exclusiva del Congreso Nacional, al regular aspectos del contrato de trabajo del personal que ejerce el servicio de guardavidas, lo cual colisiona con el esquema federal de distribución de poderes, la supremacía del derecho federal y el propio marco de competencias provinciales (cita arts. 1, Const. prov. y 31, 75 inc. 12, 121 y 126, Const. nac.).
Manifiesta que su condición geográfica presupone el impacto directo de las normas aquí cuestionadas y de allí su interés por establecer su alcance respecto de las relaciones de empleo público municipal, atento se trata de una cuestión que expande sus efectos a la organización económico-presupuestaria de la municipalidad.
Asimismo, denuncia la afectación de los derechos que le asisten al municipio, entre ellos, participar en la elección del personal con idoneidad para desempeñarse como guardavidas a su cargo y, por lo tanto, sostiene que se halla comprometido el principio de autonomía municipal reconocido en el art. 123 de la Constitución nacional y en jurisprudencia de este Tribunal relativa a empleo público (cita art. 192 y sigs., Const. prov.).
Explica que las municipalidades -en calidad de empleadoras- deben cumplir con las exigencias de la ley nacional 27.155 -que rige la materia- por tratarse de una regulación que dispone sobre relaciones laborales y, por lo tanto, las normas provinciales atacadas no se erigen como un instrumento válido para regular las relaciones entre el empleador y el personal que ejerce el servicio de guardavidas en el municipio.
Solicita que se dicte una medida cautelar a su favor. Argumenta que se hallaría probada la verosimilitud del derecho invocado con la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, dictada en una serie de fallos de este Tribunal y con el allanamiento presentado por la Asesoría General de Gobierno en la causa I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", que versa sobre la misma cuestión.
Añade la necesidad de disipar la incertidumbre en la cual se encuentra inmerso el municipio respecto de la norma aplicable y ante la proximidad de la temporada estival 2025-2026, circunstancias que evidenciarían el cumplimiento del requisito de peligro en la demora del código de rito.
II. Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
II.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad o regularidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición normativa puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 76.490, "Maccario", resol. de 22-VII-2020; I. 76.807, "Caizza", resol. de 28-XII-2020; I. 76.958, "Castro", resol. de 26-V-2021; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", resol. de 12-VIII-2021; I. 78.672, "Martín", resol. de 13-IV-2023; I. 79.878, "Vilar", resol. de 31-III-2025 y sus citas; e.o.).
Para el caso, cabe tener presente que la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, impugnados en este proceso, fue declarada por primera vez por esta Corte al dictar sentencia definitiva en los autos I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar", sent. de 31-V-2021; más cerca en el tiempo, en las decisiones recaídas en las causas I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", sent. de 10-IX-2024, I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita", I. 78.551, "Cámara de Balnearios, Restaurantes y Bares de Playa de Miramar" e I. 79.552, "Municipalidad de Pinamar", sents. de 13-V-2025.
Aún más, se destacan pronunciamientos de este cuerpo en los que se ha expedido en casos análogos al presente y resolviendo pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 77.461, cit., resol. de 25-III-2022; I. 78.040, cit. e I. 78.413, "Municipalidad de Villa Gesell", ambas resols. de 28-XII-2022 e I. 79.552, cit., resol. de 28-VIII-2024).
Esta circunstancia otorga, por sí sola, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la actora (art. 230 inc. 1, CPCC).
II.2. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168 "Burgués", res. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.435, "Ferreyra Dominguez Ortiz" y sus citas, resol. de 11-VII-2024; e.o.).
En esa inteligencia, los elementos de urgencia y probabilidad de consecuencias graves concurren en la litis con relación a los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 en tanto, durante el tiempo que pudiera eventualmente insumir el dictado de la sentencia definitiva y ante la invalidación constitucional antes referida, las partes implicadas no tendrán certeza sobre la norma que debería regir las relaciones de trabajo que las ligan.
Corresponde, por ende, la suspensión temporal de los efectos de las normas específicamente citadas en el párrafo precedente (art. 230 inc. 2, CPCC).
III. Por las razones apuntadas y conforme se fundara la tutela precautoria en autos, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 195, 200 inc. 1, 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Voy a acompañar, con alguna salvedad, la decisión propuesta por los magistrados que me preceden. Ello, en consideración del alcance y los fundamentos que expuse al votar en las causas I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", sentencia de 10-IX-2024, I. 78.040, "Municipalidad de Mar Chiquita", I. 78.551, "Cámara de Balnearios, Restaurantes y Bares de Playa de Miramar" e I. 79.552, "Municipalidad de Pinamar", sentencias de 13-V-2025, en las cuales declaré la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 inc. 1 de la ley 14.798.
I.2. Dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la municipalidad actora respecto de las disposiciones citadas (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 76.490, "Maccario", resol. de 22-VII-2020; I. 76.807, "Caizza", resol. de 28-XII-2020; I. 76.958, "Castro", resol. de 26-V-2021; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", resol. de 12-VIII-2021; I. 78.672, "Martín", resol. de 13-IV-2023; I. 79.878, "Vilar", resol. de 31-III-2025 y sus citas; e.o.).
I.3. Por el contrario, en tanto he disentido de mis colegas -por las razones expresadas al momento de dictar sentencia en los precedentes de referencia- respecto de la declaración de invalidez del art. 18 inc. 3, entiendo que, en el caso, no se han aportado elementos diferenciales que logren revertir, sobre todo en esta instancia, la decisión que he adoptado en cuanto a la falta de agravio concreto que puede causar dicha norma -coincidente con la de la ley nacional-, ni que resulten suficientes a los fines de tener por acreditados los extremos que el código de rito exige para el otorgamiento de este tipo medidas.
En tales circunstancias, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la actora respecto del art. 18 inc. 3 de la ley 14.798 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar requerida por la municipalidad actora respecto de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 inc. 1 de la ley 14.798 (arts. 195, 200 inc. 1, 204, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la municipalidad actora y, en consecuencia, suspender la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 195, 200 inc. 1, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:41:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:32:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:46:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 15:05:30 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 09:32:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 12:24:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/06/2025 12:27:01 hs. bajo el número RR-349-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia