Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80087
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de revocatoria contra la resolución de 18 de junio de 2025 y, en consecuencia, el pedido de intervención en calidad de tercero en el proceso del Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata (arg. arts. 90, 290, 683, CPCC y 161, inc. 1, Const. prov.).
II. Denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN).
I.80.087 "MUNICIPALIDAD DE BERISSO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 12, 14, 15, 16, 17 Y 18 INCS. 1 Y 3 DE LEY 14.798"
AUTOS Y VIS TOS:
I. Este Tribunal resolvió, por mayoría, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la municipalidad actora. En consecuencia, suspendió la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (arts. 195, 200 inc. 1, 230, 232 y concs., CPCC; resol. de 18-VI-2025) respecto de la comuna demandante.
II. Conferido el traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires, se presenta el Asesor General de Gobierno Adjunto y procede a allanarse, en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva a la pretensión articulada por la actora, en mérito de lo resuelto por esta Suprema Corte en precedentes sobre la materia aquí discutida y, en consecuencia, solicita que se lo exima de las costas del proceso (cfr. arts. 686 inc. 1, 70, CPCC).
III. El Secretario general del Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata (SI.GU.R.) se presenta espontáneamente en el juicio y realiza tres presentaciones, a saber:
III.1.a. Alegando la representación de sus afiliados, solicita que se lo autorice a intervenir en calidad de tercero. Manifiesta que se encuentra inscripto como asociación sindical en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sin perjuicio de no contar con la personería jurídica dispuesta en el art. 23 inc. “b” de la ley 23.551, cuya inconstitucionalidad sostiene (v. presentación de fecha 22-VI-2025, 3:23:21 p.m.).
Relata que, conforme su Estatuto, la entidad agrupa a los trabajadores que prestan servicios de guardavidas bajo relación de dependencia en los partidos de Punta Indio, Magdalena, Berisso y Ensenada, dejando en evidencia que la eventual sentencia que pudiera dictarse en las presentes actuaciones puede afectar los derechos e intereses de los trabajadores que representa.
En función de ello e invocando el art. 90 inc. 1 del Código adjetivo, solicita su intervención como tercero afirmando que tiene interés en que "se mantenga la vigencia y se declare la plena constitucionalidad de la totalidad de la ley 14.798, porque la misma hace a la efectiva tutela de los derechos de los trabajadores que debe representar y es de su interés poder argumentar en este proceso acerca de su plena vigencia y validez constitucional".
III.1.b. Asimismo, en escritos independientes al relatado, el Sindicato realiza dos presentaciones más, una en la que procede a contestar la demanda y otra en la que interpone recurso extraordinario federal contra la decisión adoptada por este Tribunal el 18 de junio de 2025, asumiendo así su pretendida calidad de tercero, aún pendiente su admisión (v. presentaciones de fecha 22-VI-2025, 3:45:19 p.m. y 3:47:42 p.m.).
III.2. Mediante providencia de fecha 25-VI-2025 se rechazó la intervención pretendida por el Sindicato y es contra dicha decisión que el presentante se alza con el objeto de que se la revoque por contrario imperio.
En ese sentido, alega que teniendo en consideración que la ley 14.798 específicamente regula la actividad del trabajador guardavidas que desempeña funciones en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, tanto en la función pública como en la privada, existe un intereses serio y concreto del Sindicato "en intervenir en este proceso como tercero principal, no como tercero coadyuvante de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dado que es función del Sindicato asumir la tutela de los derechos e intereses de sus afiliados, que no resultan otros que los trabajadores guardavidas que se verán afectados por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.798 promovida por la Municipalidad de Berisso y en tanto se trata de una asociación sindical debidamente reconocida por la autoridad de aplicación y llamada a tutelar los derechos e intereses de los trabajadores guardavidas que desempeñan funciones en el ámbito territorial del Partido de Berisso". Es que, a su criterio, "la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.798 resulta indivisible por ser emitida por esta Suprema Corte y por los efectos propios que tiene la sentencia que vaya a dictarse en el marco del presente proceso judicial, lo que habilita su intervención como tercero en defensa de sus propios intereses, independientemente de la postura que al respecto registre el Sr. Asesor General de Gobierno y en defensa de la constitucionalidad de la norma en este proceso cuestionada" (cita doctrina relativa a la intervención coactiva del tercero).
Agrega, además, que si el argumento utilizado para declarar inoficiosa su pretensión fue el allanamiento presentado por el Asesor General de Gobierno Adjunto y tratándose ésta de una manifestación que no obliga a esta Suprema Corte a declarar la inconstitucionalidad de la norma, "queda en evidencia que nuestra intervención como tercero, en defensa de la constitucionalidad del contenido de la ley 14.798 no resulta inoficiosa y puede conducir a que esta Suprema Corte pueda emitir un fallo correcto y adecuado en el abordaje de la temática oportunamente planteada e introducida por la Municipalidad de Berisso, dejando en evidencia que en el fallo en crisis se ha incurrido en un error “in iudicando” y ello provoca que esta Suprema Corte deba receptar el presente recurso de revocatoria" (v. presentación de 26-VI-2025).
III.3. Finalmente, encontrándose pendiente la admisibilidad del recurso federal interpuesto por el Sindicato y su solicitud de intervención en calidad de tercero en el juicio, la entidad presenta un nuevo escrito a los fines que se levante la medida precautoria dictada en autos en favor de la municipalidad actora.
Específicamente, solicita el cese de la suspensión cautelar en lo que respecta a los arts. 12 y 15 de la ley 14.798 (cita arts. 202 y 203, CPCC).
Explica que, en ocasión de contestar la demanda, acompañó el “acta acuerdo” del 28 de agosto de 2023, el “acta acuerdo” del 23 de febrero de 2017 y su ratificación por decreto 885/17 y el “acta acuerdo” del 23 de enero de 2020, que conllevarían -a su entender- a asumir un nuevo temperamento en la decisión.
Manifiesta que en los citados documentos el municipio actor y el Sindicato acordaron: por un lado, "una vigencia mínima de la temporada de 165 días" (incluso, superior a la prevista por el art. 12 de la ley 14.798) y, por otro, "la cuantía del sueldo básico en 4 sueldos mínimos, vitales y móviles y de la antigüedad, que sería fija en el 3% del sueldo básico" y la retribución del rubro correspondiente a tareas riesgosas (todo lo cual -manifiesta- se encuentra previsto en el contenido del art. 15 de la ley 14.798).
Explica que tales acuerdos despertaron una confianza en sus afiliados y que al momento en que la Municipalidad de Berisso promovió los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 15 de la ley 14.798, la sintieron "traicionada". Al mismo tiempo, denuncia la violación, de manera flagrante, de la doctrina de los actos propios (v. presentación electrónica de fecha 7-VII-2025).
IV. En ese estado, llegan las actuaciones al acuerdo para resolver, en primer lugar, la reposición contra la providencia que niega la solicitud de intervención, en calidad de tercero, del Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata (SI.GU.R.) y, de acuerdo a su resutlado, la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto por dicha entidad contra la resolución de fecha 18-VI-2025.
IV.1. Respecto de la primera cuestión, cabe recordar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, que tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso. Es que, en definitiva, se tata de la participación -espontánea o provocada- de una persona distinta a las partes originarias del proceso, con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto de la pretensión allí ventilada.
La regulación contenida en nuestro ordenamiento ritual es bien precisa en punto a los recaudos que deben ser satisfechos para habilitar la intervención en calidad de terceros en el proceso. Así sea esta voluntaria, exigiendo la acreditación sumaria de que la sentencia a dictarse puede afectar el interés propio de quien pretende asumirla (adherente simple) o que se trate de un sujeto legitimado para demandar o ser parte en el juicio (adherente autónomo), de acuerdo a las disposiciones de derecho sustantivo reguladoras de la cuestión de fondo debatida en la causa (art. 90 incs. 1 y 2, CPCC; cfr. causas I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014; I. 75.125, "Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)", resol. de 4-VII-2018; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.709, "Verón", resol. de 5-X-2020; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 9-IV-2021; I. 77.173, "Safi", resol. de 30-V-2023; e.o.); o se trate de la citación de un tercero obligado, que tiene como característica esencial la posibilidad de traer al proceso -a pedido de parte o de oficio- a aquel a cuyo respecto se considere que la controversia le es común (conf. art. 94, CPCC; doctr. causas I. 1.624, "Lecce de Valacco", resol. de 22-II-1994; I. 2.123, “Pérez de Vargas”, resol. de 3-II-1998; I. 2.798, “Alonso”, resol. de 21-IV-2004; B. 66.759, "Farro", resol. de 13-IX-2006; I. 2033, “Ferro”, resol. de 31-VIII-2011; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-V-2015; I. 73.106, "Nápoli", resol. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", resol. de 18-V-2016; I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 28-VI-2017; I. 74.912, "Giannuzzi Leda y Otros", resol. de 4-IX-2020; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 78.847, "Foro Amigos de Cariló", resol. de 21-XII-2023; I. 79.225, "Daneri", resol. de 14-VI-2024; e.o.; CSJN Fallos: 310:937; 313:1053; 318:2551; 320:3004; e.o.).
Ahora bien, en lo que interesa al caso, nuestro ordenamiento ritual no contempló la intervención voluntaria principal o excluyente de una persona ajena a las partes del proceso. Es decir, de un tercero que se incorpora al juicio a fin de interponer, frente a las partes originarias, una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo y de la resistida -en este caso admitida- por la demandada (ver e.o., Palacio, Lino E.; "Derecho Procesal Civil", 4ta. edición, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, CAP. XXIII, págs. 1097 y ss.). Así es que un pretenso tercero no puede alegar —en los términos de los arts. 90 y 91 del ordenamiento procesal— una pretensión incompatible con la del sujeto activo, condición que, en los términos en que se deduce la pretensión bajo análisis y en el marco de la acción intentada, se hace extensiva al legitimado pasivo, que en este caso no ha sostenido la constitucionalidad de la norma, sino que se ha allanado a la pretensión de la municipalidad actora.
El Código Procesal Civil y Comercial es claro en punto a quién resulta el legitimado pasivo y quién debe intervenir en el proceso para contestar la demanda originaria de inconstitucionalidad que, en el caso de una ley, es la Provincia de Buenos Aires y el Asesor General de Gobierno a quien le corresponde representarla en ese proceso (art. 686 inc. 1, CPCC), sin que pueda admitirse la participación de terceros antagónicos de su posición que no se encuentran en alguna de las situaciones antes mencionadas.
IV.2. En tales condiciones, no cabe sino confirmar el rechazo de la intervención pretendida por el recurrente.
Es que no debe perderse de vista que el mismo Sindicato, en ocasión de presentarse de manera libre y espontánea en esta causa, manifestó expresamente que quiere intervenir en el proceso "como tercero principal, no como tercero coadyuvante de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires" y explicó que ello está dado en función de la tutela de los derechos e intereses de sus afiliados, que no resultan otros que los trabajadores guardavidas que se verán afectados por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.798 promovida por la Municipalidad de Berisso y en tanto se trata de una asociación sindical debidamente reconocida por la autoridad de aplicación. En consecuencia, aclara que su intervención como tercero es en defensa de sus propios intereses, "independientemente de la postura que al respecto registre el Sr. Asesor General de Gobierno y en defensa de la constitucionalidad de la norma en este proceso cuestionada" (v. presentación electrónica de 26-VI-2025).
Aquí, es algo manifiesto que el interés del Sindicato colisiona con la pretensión de la municipalidad actora y —también— con la postura asumida por la Provincia, que se allanó a la demanda. Se incorpora al proceso para dirimir un conflicto interponiendo un interés incompatible con las pretensiones y defensas de las partes principales. En estas condiciones, no cabe duda de que la intervención que ha intentado el Sindicato es una intervención excluyente, conforme lo apuntado en los párrafos anteriores.
En esa línea argumentativa y sin que fuera necesario —incluso— discutir o desconocer la representación y defensa de la entidad a favor de los guardavidas que ejercen su actividad en el municipio de Berisso, queda descartada su intervención en los términos en que argumentó su participación.
Ello mismo, toda vez que expresa de manera manifiesta que la pretensión que esgrime es opuesta, en este caso, a la de la parte demandada cuya representación procesal es ejercida por el señor Asesor General de Gobierno Adjunto quien se allanó a la pretensión de la actora.
De acuerdo con la norma adjetiva, la única posibilidad que tiene para ser admitido un tercero voluntario en el proceso es adhiriendo a la sustentada por alguna de las partes y admitiendo -solamente y conforme se apuntó- dos categorías de intervención, la adhesiva simple (art. 90 inc. 1, CPCC) y la adhesiva autónoma o litisconsorcial (art. 90, inc. 2, CPCC) y no aquella que excluye la pretensión de las partes y que, en principio, pareciera ser la postura que sostiene el Sindicato en autos.
Lo señalado, resulta determinante a la hora de dilucidar la cuestión traída a decisión en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad.
IV.3. En suma, las características singulares de la contienda y la pretensión del Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata opuesta a la de las partes originarias en el proceso, determinan el rechazo de la intervención o citación solicitada a su respecto (arg. arts. 90, 683, CPCC y 161, inc. 1, Const. prov.; conf. causas I. 78.789, "Girotti"; I. 78.480, "Villanueva" e I. 77.815, "Cagnone", todas resols. de 31-VII-2023 e I. 77.554, "Guerrieri", resol. de 24-X-2023).
Ello es sin perjuicio de que el interesado haga valer sus derechos en la forma y por el conducto procesal que estime conducente para la protección de sus afiliados.
V. Sellada la suerte de la intervención solicitada por el Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata en esta causa, corresponde expedirse sobre el recurso extraordinario federal interpuesto por este contra la resolución que suspende en forma cautelar la aplicación en el caso de los arts. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798 (cfr. arts. 195, 200 inc. 1, 230, 232 y concs., CPCC; v. resol. de 18-VI-2025).
V.1. Los recaudos adjetivos que guían la articulación de todo recurso extraordinario federal se encuentran establecidos en los arts. 14 y 15 de ley 48 y en las disposiciones sobre la materia contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ellos, a su vez, se ven complementados por las exigencias de las Acordadas que dicte la Corte nacional a su respecto (v. gr., 4/2007; e.o).
Así es que, en lo que al caso interesa, el estudio de los extremos formales que deben tenerse en cuenta para analizar la viabilidad del remedio federal interpuesto por el Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata se encuentran regidos por las disposiciones mencionadas (CSJN Fallos: 296:553; 316:779).
En este sentido, la doctrina ha expresado que "los sujetos cuya participación se encuentra legitimada en la causa, las partes con participación legitimada en el proceso y a quienes la sentencia definitiva o la decisión equiparada a ella, causen perjuicio respecto de intereses legítimos de orden constitucional, se hallan facultados para interponer el recurso extraordinario" (v. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso extraordinario federal, 2da. ed., Buenos Aires, La Ley, 2012, pág. 631; en similar sentido v. Palacio, Lino E., El Recurso Extraordinario Federal. Teoría y Técnica, Cuarta edición actualizada por Alberto F. Garay, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pág. 34). Incluso se ha sostenido que quienes pueden introducir la cuestión federal, por regla general, son las partes del juicio y, excepcionalmente, puede ser introducida por terceros o por los jueces (v. Ymaz Esteban y Rey Ricardo E., El Recurso Extraordinario, 3era. ed., Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 224).
En esa línea, la Corte nacional, si bien ha admitido por vía de excepción la procedencia de recursos extraordinarios interpuestos por terceros desprovistos de calidad de partes, ha sostenido que -en principio- no son procedentes. Así expresó que no basta el hecho de que sean alcanzados por la sentencia que recurren, cuando lo resuelto tiene fundamentos de orden procesal y común que bastan para sustentarlo y no han sido tildados de arbitrarios o insostenibles (Fallos: 190:182, 205:162; 218:128; 242:396; 251:521; 322:2139, consid. 6; 328:4060; causa FTU 23105/2015/4/1/1/RH5 “Acuerdo para el Bicentenario y otro. Denunciado: Soria, Luis y otro s/ legajo de casación”, sent. de 12-VI-2018), ni en ningún supuesto en que el agravio puede encontrar remedio en las instancias ordinarias (Fallos: 186:74; 187:460; 197:399; 199:428; 211:313; 242:396; e.o.).
En autos, conforme lo señalado, el derecho local no prevé la intervención del tercero en los términos pretendidos por el aquí recurrente, conforme lo analizado en el apartado precedente. Asimismo, los fundamentos dados en el escrito recursivo contra la medida cautelar dispuesta en autos, no hacen más que exponer una disconformidad con lo allí decidido, siendo insuficientes a los fines de demostrar de qué manera se configura la arbitrariedad en el caso.
V.2. Por lo tanto, el recurso extraordinario federal resulta inadmisible toda vez que el apelante, Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata, no reviste la calidad de parte en este proceso ni se configuran las especiales circunstancias que han justificado, en otros casos, que el Tribunal nacional hiciera excepción a tal principio (Fallos: 118:390; 127:417; 131:400; 157:123; 194:99; 246:73; 173:249; 198:316; 306:1719; 326:3758; 328:4060; 330:138; 330:5010; 346:1462).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso de revocatoria contra la resolución de 18 de junio de 2025 y, en consecuencia, el pedido de intervención en calidad de tercero en el proceso del Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata (arg. arts. 90, 290, 683, CPCC y 161, inc. 1, Const. prov.).
II. Denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:28:08 -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.