Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80448
Lo que resolvió el tribunal
I. Previo a todo trámite, como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC), por Secretaría, líbrese oficio:
A) Al Intendente de la Municipalidad de Rauch para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 850/12 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión;
B) Al Intendente de la Municipalidad de Tandil para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 17.404/21 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión.
II. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información y este Tribunal se expida acerca de la pretensión incoada y la medida cautelar peticionada en este pleito, se suspende la aplicación de lo previsto en el art. 18 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch y el art. 8 de la ordenanza 17.404/21 de la Municipalidad de Tandil, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión.
En los aspectos puntuales regidos por los artículos interdictos, se deja sentado que para el uso aéreo de agroquímicos será interinamente aplicable el régimen previsto en el decreto 499/91 (arts. 4 y 32, ley 25.675).
Todo ello bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que …
I.80.448 "BERNARDO EZEQUIEL JUAN CRUZ Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RAUCH Y OTRO/A S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 16 Y 18 DE LA ORDENANZA 850/12 Y 5, 6 Y 8 DE ORDENANZA 17.404/21"
I. Ezequiel Juan Cruz Bernardo, María Julia Esquibel, ambos por derecho propio y en representación de su hijo Río Bernardo Esquibel, Joaquín Benaviídez, Marcos Oscar Moris, Carla Beatriz Albelo, Mónica Cristina Lima, Adriana Marianela Castillo y Virginia Belén Toledo López promueven la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de los arts. 16 y 18 de la ordenanza 850/12 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rauch y 6 y 8 de la ordenanza 17.404/21 sancionada por el Departamento Deliberante de la Municipalidad de Tandil, mediante las cuales se regula el uso de agroquímicos en cada partido, por considerar que vulneran los arts. 12 -incs. 1 y 3-, 28, 36 -incs. 2 y 8- y 38 de la Carta local.
Invocan tanto su condición de vecinos y vecinas de ambas localidades y piden que se reconozca a la Cuenca del Chapaleofú como bien colectivo de interés público. Además, atento los derechos de incidencia colectiva comprometidos en el caso, solicitan que se cite al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Preliminarmente, aclaran que, si bien las normas impugnadas aplican sobre diversas áreas del ordenamiento territorial preceptuadas por las demandadas, se procura tutelar un sistema ecológico hidrosocial indivisible, cuya contaminación representa una amenaza grave y directa sobre dos balnearios comunales situados en Rauch y en María Ignacia de Vela.
En este sentido, explican que la existencia de una causa común compartida por ambos municipios justifica la tramitación de un único proceso, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias.
II.2. En lo que al embate concierne, alegan que las ordenanzas cuestionadas prevén criterios de protección ostensiblemente regresivos, incongruentes e irrazonables que permiten el uso de contaminantes antropogénicos peligrosos en la Cuenca, afectando el valor intrínseco de su diversidad biológica y sus valores recreativos.
II.2.a. Puntualizando sus agravios, manifiestan que en el art. 16 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch, si bien se prohíbe el uso agrícola-terrestre con equipo de arrastre y/o autopropulsada en el área urbana, para las zonas de amortiguamiento (que comprenden al área complementaria, la zona de residencias extraurbanas, los establecimientos educativos, los centros de salud y las localidades rurales) se habilita el empleo de sustancias químicas a partir de los 500 metros.
Para las zonas de amortiguamiento, además, se autoriza el uso de productos de clase toxicológica III y IV -según la clasificación de SENASA- y se dispone que en caso de existir viviendas se deberá dejar un espacio perimetral de solo 100 metros libres de cualquier aplicación de agroquímicos con equipo terrestre.
Por su parte, indican que en el art. 18 se fija una franja de retiro -tanto para la modalidad terrestre como aérea- de 50 metros de los cursos de agua y 100 metros de las lagunas, según lo normado en el art. 2 de la ley 6.253.
II.2.b. Adentrándose en el análisis de la ordenanza 17.404/21 de la Municipalidad de Tandil, exponen que en su art. 5 se crea una zona de exclusión de 60 metros de las áreas definidas en los incisos a, b y c del art. 4 de la norma y de 150 metros de centros escolares o de salud y establecimientos elaboradores de alimentos.
Luego, precisan que en la zona de amortiguamiento se permite únicamente con equipos terrestres el uso de agroquímicos de banda verde y/o azul (Clases III y IV), excluyendo productos de mayor volatilidad. Para su delimitación se contemplan las siguientes distancias: i) del área lindante a la zona de exclusión de la circunscripción 1 (art. 4 inc. a) hasta la línea de 500 metros; ii) desde la franja de servicios rurales (art. 4 incs. b y c) hasta los 300 metros; y iii) desde el límite de 150 metros de exclusión de los servicios educativos rurales hasta los 500 metros.
En el art. 6 de la ordenanza se dispone que cada establecimiento reconocido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires deberá contar con una barrera forestal doble y mixta de protección natural en el límite del lote de la institución. A la par, se prevé a partir de ella una zona de exclusión de 150 metros y se aclara que desde allí hasta los 500 metros solo podrán aplicarse productos de banda verde o azul (Categorías III y IV).
En el art. 8 de la norma en crisis se decreta una zona de exclusión de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales (es decir, lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo) y de pozos de agua y de 20 metros para cursos de agua secundarios (dentro de los cuales se menciona a los afluentes menores, manantiales, acuíferos menores y arroyos menores o temporales).
II.3. En ese marco, sostienen que los criterios ilegítimos de protección fijados en los dos casos son precisamente los que producen las condiciones materiales que imposibilitan hacer efectivos los derechos a un ambiente sano, a la salud y al agua potable que dicen garantizar.
Continuando en esa línea, aseguran que los preceptos exhiben una ostensible desactualización por no adecuarse a los estándares actuales compatibles con el principio de progresividad y desconocer los estudios científicos que corroboran la eficacia que tienen para la aplicación de fitosanitarios las medidas de distanciamiento de 1.095 metros de zonas sensibles como los ríos, las escuelas rurales y los centros poblados.
Para fundar su postura, se valen del informe elaborado por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-UNLP-CONICET) de fecha 13 de enero de 2025, entre otros estudios que versan sobre el impacto de agroquímicos en la biodiversidad de la Cuenca Chapaleofú y en las matrices hídricas de Tandil. A eso añaden que en la causa penal “Cortese, Fernando Esteban; Roces, Mario Reinerio; Tiribio, Vitor Hugo; Turín, Mario Enrique s/ Infracción art. 55 de la ley 24.051 y 200 del Código Penal” que tramita por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 del Departamento Judicial de San Nicolás y en los autos caratulados “Rodríguez, Ana y otros c/ Aguas Bonaerenses s/Amparo” radicados ante el Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Mercedes, se habría reconocido la idoneidad de la distancia de protección de 1.095 metros.
En otro orden, estiman que las normas presentan vicios graves de nulidad absoluta e insanable, que refuerzan la inconstitucionalidad endilgada, en tanto han sido sancionadas sin haber transitado una etapa de participación ciudadana previa.
II.4. A título cautelar, solicitan la suspensión de los efectos de los artículos atacados y que se disponga la prohibición de uso de agroquímicos por vía terrestre a menos de 1.095 metros de la Cuenca del Chapaleofú y de centros poblados, centros de salud, escuelas rurales y pozos de extracción de agua situados en los Partidos de Rauch y Tandil y se extienda la interdicción a 2 kilómetros de toda la Cuenca para la aplicación por vía aérea.
II.5. Por último, piden que se produzca prueba anticipada para que las demandadas acompañen los expedientes administrativos donde se llevó adelante la evaluación de impacto ambiental de los balnearios municipales de Rauch y de María Ignacia de Vela y que se les conceda el beneficio de justicia gratuita, citando lo normado en los arts. 28 de la ley 26.361, 38 de la ley 25.675 y 8.3.b del Acuerdo de Escazú.
III. Con fecha 20 de noviembre de 2025 dictamina el Procurador General de esta Suprema Corte, aconsejando hacer lugar a las medidas cautelares peticionadas y adoptar la más apropiada en favor del interés superior comprometido, ante la posible afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
IV. Ante el advenimiento de la temporada de verano, el día 12 de diciembre del corriente, los actores peticionaron el dictado urgente de las medidas cautelares requeridas en el punto X de su escrito inaugural.
V.1. Ahora bien, en este estado del proceso y frente a las particulares circunstancias que rodean al caso, se advierte que se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo en los términos en que ha sido articulado, como así también la procedencia del remedio preventivo pedido.
En virtud de ello, el Tribunal considera necesario -como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC)- librar oficio por Secretaría:
a) Al Intendente de la Municipalidad de Rauch para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 850/12 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión;
b) Al Intendente de la Municipalidad de Tandil para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 17.404/21 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión.
V.2. Resuelto lo anterior, es dable señalar que en esta etapa liminar resultan atendibles los argumentos vertidos en torno a la proximidad de la temporada estival donde se produce un natural incremento de la concurrencia y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y visitantes de los balnearios municipales, pues esto coincidiría con la época de fumigación con mayor intensidad.
De la lectura de los preceptos en pugna, surge que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos, en ambas regulaciones, prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado en el decreto 499/91, reglamentario de la ley 10.699.
Esta circunstancia, enlazada con el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, a la luz de los principios preventivo y precautorio que han de orientar las decisiones que se adopten en controversias como la presente, conduce a propugnar soluciones interinas, que frente a la urgencia invocada, permitan resguardar de manera respetuosa los derechos en juego (arts. 28, Const. prov., 4 y 32, ley 25.675 y 1, 104 y concs., ley 12.257).
En consecuencia, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se pronuncie acerca de la viabilidad de la pretensión incoada y la medida cautelar peticionada en autos, se suspende la aplicación de lo previsto en el art. 18 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch y el art. 8 de la ordenanza 17.404/21 de la Municipalidad de Tandil, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión (arts. 195, 202, 203 y 232, CPCC; doctr. causas B. 66.578, “EcoSystem SA”, resol. de 24-IX-2003; I. 75.709, "Verón", resol. de 4-XII-2019; I. 77.164, "Asociación Civil sin Fines de Lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)", resol. de 12-VII-2022 e I. 77.173, "Safi", resol. de 5-IX-2022, e.o.).
En los aspectos puntuales regidos por los artículos provisoriamente interdictos, se deja sentado que para el uso aéreo de agroquímicos será aplicable de manera interina el régimen previsto en la ley 10.669 y, en especial, su decreto reglamentario 499/91.
Esto, bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199 y 208., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Previo a todo trámite, como medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCC), por Secretaría, líbrese oficio:
a) Al Intendente de la Municipalidad de Rauch para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 850/12 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión;
b) Al Intendente de la Municipalidad de Tandil para que, en el término de diez (10) días, remita copia, en formato digital, de los antecedentes que dieran origen a la ordenanza 17.404/21 y toda otra actuación administrativa vinculada a la norma en cuestión.
II. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información y este Tribunal se expida acerca de la pretensión incoada y la medida cautelar peticionada en este pleito, se suspende la aplicación de lo previsto en el art. 18 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch y el art. 8 de la ordenanza 17.404/21 de la Municipalidad de Tandil, debiendo los municipios desplegar las debidas acciones para el cumplimiento de esta decisión.
En los aspectos puntuales regidos por los artículos interdictos, se deja sentado que para el uso aéreo de agroquímicos será interinamente aplicable el régimen previsto en el decreto 499/91 (arts. 4 y 32, ley 25.675).
Todo ello bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/12/2025 05:57:08 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 30/12/2025 11:21:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2025 12:44:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:16:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:26:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2025 16:14:39 hs. bajo el número RR-1078-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia