Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80448
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que las pretensiones articuladas contra los arts. 16 y 18 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch y contra los arts. 5, 6 y 8 de la ordenanza 17.404 de la Municipalidad de Tandil deben tramitar por separado (conf. arts. 15 y 161 inc. 1°; 188 y 683, CPCC).
II. Por Secretaría se formará una nueva causa, se recaratularán las actuaciones y se incorporará una copia digital de los obrados hasta aquí, dejando visibles los informes y documentación acompañada por cada comuna, según corresponda. Cumplido esto, se proseguirá con su debido trámite (arg. arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 188, CPCC).
III. Ínterin, hasta tanto se dé cumplimiento a la escisión ordenada y se esté en condiciones de pronunciarse sobre las medidas cautelares peticionadas, se mantendrá la vigencia del remedio precautelar dispuesto con fecha 30 de diciembre de 2025 (arts. 4 y 32, ley 25.675).
I.80.448 "BERNARDO EZEQUIEL JUAN CRUZ Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RAUCH Y OTRO/A S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 16 Y 18 DE LA ORDENANZA 850/12 Y 5, 6 Y 8 DE ORDENANZA 17.404/21"
I. Mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2025 el Tribunal dispuso, como medida para mejor proveer y previo a expedirse respecto a la medida cautelar solicitada por la parte actora, que la Municipalidad de Rauch y la Municipalidad de Tandil remitieran copias de los antecedentes que dieran origen a las ordenanzas 850/12 y 17.404/21, respectivamente, junto con toda otra actuación administrativa vinculada a las normas en cuestión.
Mientras tanto, se ordenó la suspensión de lo previsto en el art. 18 de la ordenanza 850/12 y el art. 8 de la ordenanza 17.404/21 y se estableció que para el uso aéreo de agroquímicos sería provisoriamente aplicable el régimen del decreto 499/91, reglamentario de la ley 10.699.
II. El 13 de febrero de 2026, el municipio de Rauch dio cumplimiento a la requisitoria cursada y adjuntó documentación relacionada con la norma en crisis.
En dicha ocasión, explica que en el año 2012 ingresó el proyecto de ordenanza bajo el n° C-70-06-12, el cual fue elevado a la Comisión de Seguridad e Higiene para su tratamiento. Además, arguye que se garantizó la participación ciudadana al convocar a distintos referentes de la actividad agropecuaria, apicultora y ganadera de la localidad, como así también a representantes de organismos nacionales, colegios profesionales y funcionarios de la Dirección de Ambiente comunal.
En otro orden, destaca que dentro de los objetivos perseguidos con su sanción fue proteger la salud de la población y los ecosistemas, controlando la utilización de agroquímicos, por lo que se tuvieron en consideración los lineamientos trazados en las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA). En base a ello, afirma que las distancias propuestas por los demandantes resultan extremas y desproporcionadas.
A esto, aduna que la Autoridad del Agua realizó un estudio en el año 2019 para detectar la presencia de sustancias químicas en el Arroyo Chapaleofú, donde se concluyó que “los tenores de los pesticidas organoclorados y organofosforados analizados muestran valores menores al límite de detección de los métodos analíticos”, por lo que descartó la idea de riesgo hipotético invocada en la demanda.
Finalmente, esgrime que frente al cese de actividades de las Escuelas Abiertas de Verano, la medida cautelar otorgada se habría tornado abstracta.
III. Por su parte, el día 19 del mismo mes y año, la Municipalidad de Tandil respondió al requerimiento efectuado y acompañó los documentos peticionados.
En su informe, expone que la ordenanza 17.404/21 no solo recopila y adhiere a la normativa nacional y provincial, sino que también avanza sobre aspectos innovadores como la protección de establecimientos educativos y pozos o cursos de agua naturales.
En cuanto al trámite seguido, manifiesta que participaron varias organizaciones no gubernamentales, miembros de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil, representantes del INTA, colegios y círculos profesionales, entre otros. También aduce que se creó una Comisión de Seguimiento para fiscalizar la implementación del sistema articulado.
Además, sostiene que, al haber finalizado la temporada estival y el consecuente uso de los balnearios, resultaría innecesario continuar con la tutela precautoria decretada.
IV. Corrido el pertinente traslado, la parte actora entiende que la información proporcionada evidencia de forma inequívoca la invalidez constitucional de ambas ordenanzas atacadas. En razón de ello, insiste en que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el ordenamiento de rito para el dictado del remedio preventivo requerido en su postulación inicial.
Analiza separadamente las presentaciones de los demandados.
IV.1. En cuanto a las alegaciones formuladas por la Municipalidad de Rauch, señala que el único documento arrimado como antecedente de la ordenanza 850/12 es una copia del Libro de Actas del Concejo Deliberante que cuenta con un total de 16 hojas, que solo muestra la opacidad e ilegitimidad del trámite seguido y la ausencia de participación ciudadana.
En este sentido, asegura que la comuna omitió acreditar y justificar, con suficiencia técnica, la adecuación, idoneidad y razonabilidad de las distancias de aplicación previstas en los preceptos en crisis. Continúa enfatizando que la mera invocación de las “Buenas Prácticas Agrícolas” en los considerandos de la norma y el análisis del derecho comparado no alcanzan para dar por válidos los criterios empleados.
Indica, asimismo, que existen diversas alternativas productivas y de conocimientos técnicos agrícolas de vanguardia que fomentan el abandono de químicos por biopreparados, en vistas a salvaguardar la salud humana, el suelo y las matrices hídricas; en apoyo de esto, cita lo dispuesto en la resolución 214/23 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
Repara, luego, que desde el dictado de la ordenanza 850/12 hasta la fecha, el municipio encargó a la Autoridad del Agua que realice un único estudio de las condiciones de la Cuenca del Chapaleofú en el año 2019, con el que pretende ahora probar la inexistencia de riesgo.
Por último, dice que las actuaciones administrativas 4093-21854/26 y 4093-21880/26 acompañadas no guardan relación con el objeto debatido en autos, pues solo reflejan la preocupación de los sectores profesionales y corporativos que ven potencialmente involucrados sus intereses personales y económicos.
IV.2. Replica similares objeciones en lo que a la Municipalidad de Tandil respecta.
En particular, rebate que la regulación de aspectos no abordados por la normativa provincial convierta forzosamente a la ordenanza 17.404/21 en progresiva, pues adolece del mismo vicio de falta de justificación técnica de la inocuidad de los criterios establecidos para la salud y el ambiente.
Pese a que la comuna alega que fueron oídos distintos sujetos y entidades en el transcurso de los dos años que llevó el tratamiento de la norma, insiste en que no se respetó en el procedimiento la instancia de participación ciudadana. Esto por cuanto, la convocatoria a una reunión ampliada oficializada con tres días de antelación no reúne los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente.
También descarta que en el presente pleito se reediten cuestiones debatidas en aquel que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul, dado que la acción se dirige contra otros demandados y allí no se persigue la tutela de un ecosistema indivisible como es la Cuenca del Chapaleofú.
Para rematar, resalta que las demandadas no han presentado la evaluación de impacto ambiental obligatoria (EIA) de los balnearios municipales emplazados sobre la cuenca.
Por consiguiente, pide que se conceda el remedio preventivo y que, además, se obligue a los municipios a implementar, como garantía de no repetición, un sistema de control, monitoreo, diagnóstico e información pública ambiental referente al desarrollo de actividades antrópicas en sus jurisdicciones.
V. En estas condiciones, pasan los autos al Acuerdo.
VI. En primer lugar y tal como se estableció en la decisión del 30 de diciembre de 2025, corresponde expedirse acerca de la viabilidad del planteo en los términos en que ha sido articulado.
Los demandantes, a través de un único proceso, persiguen que se declare la invalidez constitucional de dos ordenanzas dictadas, una, por la Municipalidad de Rauch y, la otra, por la Municipalidad de Tandil. Justifican el reclamo conjunto en que iniciar juicios por separado “podría generar sentencias contradictorias, agravando la resolución de un caso de naturaleza notoriamente colectiva”.
VI.1. Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial, este Tribunal ha entendido necesaria la acumulación de procesos en aquellos supuestos en donde las causas presentaban, entre sí, una "triple identidad" de sujeto, objeto y causa que pudiera dar lugar a que la sentencia a dictarse en una de ellas produjera efectos de cosa juzgada en la otra. Por lo cual, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos eran idénticos, resultaba imprescindible su acumulación (doctr. causas B. 55.121, “Riblam”, sent. de 18-XI-97; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021 y CSJN Fallos: 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746).
Así, ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
VI.2. Sobre tales bases, es posible afirmar que en autos no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código ritual para admitir la acumulación de procesos intentada.
En este sentido, no puede perderse de vista el objeto directo y exclusivo de la vía escogida, por la que se procura poner en jaque a ordenanzas dictadas por dos municipios en el marco de sus competencias, que han seguido distintos trámites, se sustentan en diversos antecedentes y regulan -de manera independiente- la actividad de fumigación y uso de agroquímicos en sus respectivos territorios (conf. arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683, CPCC). Circunstancia que se comprueba de la mera lectura de la información proporcionada por las demandadas como respuesta a la medida para mejor proveer ordenada.
A su vez, dadas esas particularidades, las cuestiones sometidas a decisión pueden ser resueltas de modo diferente, sin que exista, por ello, el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias.
Lo alegado respecto de la protección de la Cuenca del Chapaleofú ante una eventual contaminación del recurso hídrico, para la clase de contienda entablada, no resulta determinante -como podría serlo en otros casos- para la reunión de pleitos que por su naturaleza deben transitar por andariveles procesales separados.
VI.3. La solución propiciada coadyuva a garantizar una mejor prestación del servicio de justicia, al asegurar el buen orden del proceso, imprimir mayor celeridad para la toma de decisiones oportunas y resguardar adecuadamente todos los derechos que se encuentran en juego (conf. arts. 15, Const. prov. y 8.3, Acuerdo de Escazú).
VI.4. Bajo tales premisas y a fin de escindir las pretensiones contenidas en la acción deducida -toda vez que más allá de que la pieza de demanda contiene argumentaciones comunes es posible identificar por separado los fundamentos que sostienen las impugnaciones de cada ordenanza cuestionada-, por Secretaría se formará una nueva causa, se recaratularán las actuaciones y se incorporará una copia digital de los obrados hasta aquí, dejando visibles los informes y documentación acompañada por cada comuna, según corresponda.
Separadas las contiendas, se proseguirá con su debido trámite (arg. arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 188, CPCC).
VII. Finalmente, hasta tanto se dé cumplimiento a la escisión ordenada y se esté en condiciones de pronunciarse sobre las medidas cautelares peticionadas, se mantendrá la vigencia del remedio precautelar dispuesto con fecha 30 de diciembre de 2025 (arts. 4 y 32, ley 25.675).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que las pretensiones articuladas contra los arts. 16 y 18 de la ordenanza 850/12 de la Municipalidad de Rauch y contra los arts. 5, 6 y 8 de la ordenanza 17.404 de la Municipalidad de Tandil deben tramitar por separado (conf. arts. 15 y 161 inc. 1°; 188 y 683, CPCC).
II. Por Secretaría se formará una nueva causa, se recaratularán las actuaciones y se incorporará una copia digital de los obrados hasta aquí, dejando visibles los informes y documentación acompañada por cada comuna, según corresponda. Cumplido esto, se proseguirá con su debido trámite (arg. arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 188, CPCC).
III. Ínterin, hasta tanto se dé cumplimiento a la escisión ordenada y se esté en condiciones de pronunciarse sobre las medidas cautelares peticionadas, se mantendrá la vigencia del remedio precautelar dispuesto con fecha 30 de diciembre de 2025 (arts. 4 y 32, ley 25.675).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 20:03:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:38:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:22 hs. bajo el número RR-329-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia