Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la medida cautelar peticionada por la actora en su presentación de fecha 9-VI-2025 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.80.215 "SINDICATO DE TRABAJADORES AUXILIARES, NO DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y MINORIDAD C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONST. DE LOS ARTS. 23 INC. B Y 31 INC. A LEY 23.551, 70 Y 71 DE LA LEY 15.394 Y DEL DECRETO 182/25 (Y SU ANEXO)"
I. Notificada de la resolución de fecha 29-X-2025, se presenta la actora, expone que allí se omitió decidir respecto de lo peticionado en su escrito de fecha 9-IX-2025 y requiere que se subsane esa falta, haciendo lugar a la medida cautelar allí requerida (v. presentación electrónica de fecha 30-X-2025).
II. Asiste razón a esa parte en cuanto indica que en la apuntada resolución -mediante la que se circunscribió el curso de la demanda entablada a la impugnación del decreto 182/25, su anexo único y los arts. 70 y 71 de la ley 15.394, se denegó la medida cautelar requerida en el escrito inicial y se ordenó su traslado, postergándose la decisión vinculada al pedido de inscripción del proceso para cuando se encuentre trabada la litis - no fueron abordadas las cuestiones planteadas en su escrito de fecha 9-IX-2025, omisión que debe ser reparada (art. 36 inc. 3, CPCC).
II.1. En la aludida presentación, la actora solicita al Tribunal que ordene en autos "una medida innovativa (art. 230, CPCC a contrario sensu ), disponiendo cautelarmente la reincorporación de todos los cesanteados, hasta tanto se determinen judicialmente las responsabilidades, en el marco de una acción que se iniciará en el fuero laboral provincial, particularmente por la conducta antisindical que constituyó el despido represalia".
Precisa que con fecha 5-VIII-2025 —con posterioridad a la articulación de la demanda—, en el marco del expediente 3171-20684-2017, se dispuso la cesantía de seis agentes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Destaca que, entre ellos, se cuenta a Pablo Enrique Lenz —quien suscribió la demanda de autos en representación del Sindicato de Trabajadores Auxiliares, No Docentes, Administrativos y Minoridad—.
Sostiene que aquella decisión administrativa fue adoptada "en represalia por las acciones colectivas contra el decreto 182/25, que motiva la presenta acción". Entre otras manifestaciones, señala que con anterioridad, en numerosas oportunidades, se han registrado situaciones de análoga gravedad a las que motivaron la sanción referida y que, sin embargo, no dieron lugar a la aplicación de tan graves sanciones.
Afirma que el accionar del Poder Ejecutivo provincial configura una conducta antisindical en los términos de los artículos 47 y 53 de la ley 23.551.
II.2. Tal como se indicó en la resolución de fecha 29-X-2025, esta Suprema Corte decidió en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela preventiva (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade S.A.", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos S.A.", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Se recordó también que, de acuerdo a su constante doctrina, el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "U.P.C.N.", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; I. 79.435, "Ferreyra", resol. de 11-VII-2024; e.o).
Siendo ello así y teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso (causa I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023), corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida solicitada no se hallan acreditados en la especie.
II.2.i. En primer término, se observa que resulta imposible determinar, con los elementos obrantes en la causa, cómo la medida segregativa cuyos efectos se pretende suspender se relaciona o deriva de un análisis en abstracto de la norma impugnada —destinada, en cuanto interesa destacar, a la reorganización de la jornada laboral en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia—. A lo que cabe agregar que los motivos en que la demandante pretende fundar la existencia de tal vínculo se observan abiertamente insuficientes.
En efecto, para respaldar su pedido alega que la decisión sancionatoria "constituye una represalia por la actividad reivindicativa en general de Pablo Enrique Lenz, pero muy en particular por la lucha contra el Decreto 182/25".
Tal afirmación, además de no encontrar ningún respaldo probatorio en las actuaciones, no alcanza para explicitar de qué manera la adopción de la medida peticionada podría precaver de los efectos lesivos que en la demanda se asignan a los preceptos impugnados o bien cómo podría garantizar la utilidad y efectos de la decisión de fondo que deba adoptarse en el caso.
La propia actora reconoce que lo requerido "no forma parte del objeto procesal de esta demanda" y, vale reiterar, intenta presentar lo que llama una "fuerte vinculación" a través expresiones generales que dan cuenta de la percepción o preocupación de la ponente en torno a los verdaderos motivos de la decisión administrativa que, en esas condiciones, sólo alcanzan a exponer una opinión.
A lo anterior cabe añadir que, aún en hipótesis de que la sanción referida por la actora hubiese tenido una relación directa con la aplicación del decreto 182/25, su impugnación no podría plantearse mediante la acción prevista en el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial.
Tiene dicho esta Suprema Corte que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma —general y abstracta— sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, de manera que, en principio, no resultan atendibles los agravios ajenos al contenido regulatorio de las medidas impugnadas (doctr. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo SRL", resol. de 21-IX-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
Siendo ello así, debe descartarse la configuración en el caso de una apariencia de buen derecho que dé sustento suficiente a la tutela precautoria requerida.
II.2.ii. Por los mismos motivos debe descartarse también la satisfacción del extremo referido al peligro en la demora.
Este Tribunal ha dicho que, en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada inconstitucional como —y en relación con— aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
La evidente desconexión entre la medida requerida y la pretensión planteada en el escrito de demanda hace imposible avanzar en un análisis de ese orden en la especie.
Es que, como quedó dicho párrafos arriba, la actora no logra exponer de qué manera la medida solicitada en la presentación de fecha 9-VI-2025 podría evitar daños irreparables —o de difícil reparación ulterior— derivados de los mandatos objeto de crítica, ni asegurar la eficacia de la decisión definitiva del pleito.
Finalmente, debe repararse en que el ordenamiento prevé vías alternativas que brindan una adecuada y completa tutela de las pretensiones formuladas por la actora (causa I. 2.204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; e.o.). Especialmente, en cuanto concierne a la defensa en instancia judicial frente a lo que ella misma califica como "prácticas desleales" y "conducta antisindical" (v. en particular, arts. 47, 54 y ccs., ley 23.551 y arts. 2, 3 y ccs., ley 15.057). Más aún, la propia peticionante da cuenta de esos canales cuando anuncia de modo expreso su inminente presentación ante el fuero laboral provincial de los mismos planteos y peticiones (v. punto II, párrafo primero de la presentación electrónica de fecha 9-IX-2025).
III. En atención a las consideraciones precedentes, la medida cautelar requerida por la actora en su escrito de fecha 9-VI-2025 debe ser denegada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la medida cautelar peticionada por la actora en su presentación de fecha 9-VI-2025 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2025 14:03:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2025 09:55:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 13:42:35 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:18:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:29:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2025 15:33:24 hs. bajo el número RR-949-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia