Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracta la controversia en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 -segunda parte-, 73 y 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Gonzalo González Cobo en la suma de veintinueve mil trescientos noventa y cuatro pesos -$29.394- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.-) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 2.361, "Rodríguez, Mario Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad arts. 3 y 4, dec. 2.193/01", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani.
I. Mario Rubén Rodríguez promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01, en cuanto permiten incorporar conceptos ajenos al consumo eléctrico en la factura emitida por las prestatarias y a cobrar el importe total de todos los rubros facturados.
Sostiene que constituyen una reglamentación irrazonable del art. 78 de la ley 11.769 (ex art. 75), que establece el marco regulatorio eléctrico provincial, además de traducirse en otros agravios relacionados a la violación del principio de igualdad, al derecho de propiedad y a la tutela debida a los usuarios y consumidores.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno plantea inicialmente la falta de legitimación del accionante y defectos formales de la demanda. En cuanto al fondo sostiene la constitucionalidad de los preceptos impugnados y solicita el rechazo de la pretensión.
III. El actor contesta las objeciones a la admisibilidad de la demanda opuestas por la Provincia a fs. 32/43 vta.
IV. Con fecha 17 de julio de 2002 el Tribunal resuelve desestimar la citación en carácter de terceros de la Municipalidad y de la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó.
V. Glosado el cuaderno de prueba y el alegato de la actora, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandada, oído el señor Procurador General, con suspensión del llamamiento de autos para sentencia, se requiere para mejor proveer la decisión que corresponde adoptar en el caso (v. fs. 251), la remisión a este Tribunal de copias autenticadas de las resoluciones 167/18 y 190/18 que dictara el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) e informe acerca de su injerencia en lo preceptuado por los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01.
VI. Agregadas las resoluciones dictadas por el OCEBA (v. fs. 253/257), denunciado como hecho sobreviniente el dictado del decreto 2.018-1.751-GDBA-GPBA (de fecha 26-XII-2018, v. fs. 259/263) -derogatorio del decreto 2.193/01- se dispuso conferir traslado a la parte actora por el término de cinco días. Contestado el traslado ordenado (v. fs. 265), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Corresponde declarar abstracta la controversia?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El actor cuestiona la constitucionalidad de los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01 (B.O. de 13-IX-2001), a través del cual el Poder Ejecutivo reglamentó el art. 78 (ex art. 75) de la ley 11.769, que instauró el marco regulatorio eléctrico en el ámbito provincial.
Recuerda que este último artículo instituye -en lo que aquí interesa- que en las facturas por la distribución de energía eléctrica "[p]odrán incluirse [...] conceptos ajenos a la prestación del servicio público, cuando tal procedimiento hubiera sido expresa e individualmente autorizado por el usuario y aprobado por el Organismo de Control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico" (fs. 9).
Indica que un "concepto ajeno" para el referido decreto, es "...aquel agregado a la tarifa neta que no es impuesto, tasa o contribución, cuya base imponible no esté vinculada con la condición de usuario del servicio público de energía eléctrica" (art. 1).
Denuncia en lo medular que los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01 vaciaron de contenido la norma que se dispusieron a reglamentar, lo cual daría cuenta de la existencia de un vicio de irrazonabilidad y violación al principio de supremacía legal en contradicción con las cláusulas de los arts. 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
Respecto al art. 3, se agravia por cuanto este autoriza a las concesionarias a cobrar "...el importe total a abonar que incluirá a todos los rubros facturados". Es decir, que no estaría previsto el pago por separado de los "conceptos ajenos" tal como parecería mandar el art. 78 de la ley 11.769, permitiéndole a las empresas o cooperativas agrupar todos los rubros en una única suma total, sin discriminaciones ni troqueles de pago distintos.
Por otra parte, en referencia al art. 4 señala que dispone que "...los conceptos ajenos que se encuentren incluidos en la factura al momento de entrar en vigencia la ley 11.769 se considerarán debidamente autorizados a los efectos de su inclusión de la misma" (sic). Con esa redacción, el actor observa que nuevamente se desnaturaliza el art. 78 de la ley reglamentada, puesto que ella requiere de la autorización expresa e individual por parte del usuario antes de que se le puedan introducir en la boleta conceptos extraños a los consumos de electricidad. En tanto que la ley no distinguió en razón del tiempo en el cual habría de aplicar dicho recaudo, reputa que lo especificado por el decreto resulta exorbitante.
En otro orden de ideas, dice que ello además crea dos categorías de usuarios (los anteriores y posteriores a la sanción de la ley 11.769), arreglo que violaría el principio de igualdad al que alude el art. 11 del texto fundamental.
En adición, sostiene que tanto el art. 3 como el art. 4 del decreto 2.193/01 suponen el quebrantamiento de los arts. 10, 31, 38 y 45 de la Carta local, que respectivamente consagran -los dos primeros- el derecho a la propiedad, la tutela de los usuarios y consumidores en las relaciones de consumo y la interdicción al ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de facultades delegadas por la Constitución a los otros poderes estatales.
Ligado a su legitimación procesal, destaca al solo efecto de demostrar que tiene un interés litigioso en la controversia el hecho de que la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó le factura el "concepto ajeno" denominado "Resol. 110 INAC - No Asociado", que no autorizó ni consintió luego de la entrada en vigencia de la ley 11.769, ni tiene la posibilidad material de abonarlo individualmente, con prescindencia de la tarifa por el consumo energético.
Manifiesta que ante dicha situación inició un reclamo con resultado favorable ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Explica que tramitó por expediente 2.429-313-98, que obtuvo resolución favorable a su interés y que la autoridad administrativa (OCEBA) le ordenó a la Cooperativa a que se abstenga de seguir percibiendo junto a la tarifa el concepto ajeno cuestionado.
Aclara que en autos no persigue declaración alguna sobre ese acto concreto de aplicación, sino que la demanda se endereza preventivamente contra los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01. Advierte que tales previsiones podrían conducir a la concesionaria del servicio público eléctrico a incorporar en la boleta otro tipo de "conceptos ajenos" en el futuro sin respetar las garantías legales a las que se halla condicionada su inclusión, causándole un agravio similar al ya padecido.
Precisando el alcance de su representación, invoca su condición de "usuario-afectado" en virtud de lo explicado antecedentemente. Con sustento en los arts. 38 de la Constitución provincial y 42 y 43 de la Constitución nacional, pretende velar por la protección de todos los usuarios del servicio público de electricidad situados en la Provincia de Buenos Aires, con los consecuentes efectos expansivos de la sentencia a dictarse en el sub lite .
Finalmente, pide que se cite como terceros a la Municipalidad y a la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó, pues estima que son partes interesadas en la controversia.
II. El señor Asesor General de Gobierno plantea inicialmente objeciones a la admisibilidad de la demanda.
Introduce la ausencia de legitimación del actor para promover la acción.
Apunta que no tendría un interés individual en el litigio, en tanto admitió haber obtenido el reconocimiento de su derecho por parte del OCEBA. Asegura que el peticionante podría ejecutar dicho acto por la vía pertinente.
En relación al pretendido alcance colectivo de la pretensión y de la sentencia a dictarse en el caso, observa que el ordenamiento constitucional local no contiene previsiones semejantes a las del art. 43 de la Constitución nacional. Repara que la acción originaria de inconstitucionalidad no es un carril procesal adecuado a tales fines.
Advierte que reconocer esa facultad al demandante implicaría viabilizar una acción popular, con legitimación en cabeza de "cualquiera del pueblo".
Además, sostiene la inadmisibilidad de la demanda pues por su intermedio el actor no plantea la conculcación del decreto 2.193/01 con alguna cláusula de la Constitución provincial, sino su confrontación con las previsiones del art. 78 de la ley 11.769.
Reputa que de acuerdo a inveterada doctrina legal de esta Suprema Corte, lo intentado no sería posible en el marco de la acción impetrada y, por tanto, debe ser desestimada.
En cuanto al fondo, expresa que nada en el texto del art. 3 del decreto 2.193/01 permite suponer que la falta de pago de los conceptos ajenos necesariamente conducirá al corte del suministro de energía eléctrica, aun cuando lo único que se especifique en la boleta como importe a pagar sea la sumatoria de todos los rubros y no existan cuentas separadas.
Asevera que la norma no debe leerse aisladamente y que del análisis de todas sus disposiciones no se advierte irrazonabilidad o exceso reglamentario, en la medida que los ítems no vinculados a la tarifa, en tanto necesariamente han de quedar individualizados, pueden eventualmente ser descontados del monto global que figura en la boleta, sin riesgo de interrupción del servicio.
Asegura que el art. 4 del decreto impugnado -que convalida todos los "conceptos ajenos" ya incluidos en las facturas al momento de la entrada en vigencia de la ley 11.769- no importa un exceso reglamentario.
Sostiene que se buscó respetar la trayectoria de las cooperativas en áreas vinculadas a la satisfacción de necesidades comunitarias donde venían actuando (v.gr . servicios fúnebres, seguros de vida, prestaciones médicas, etc.).
Por lo demás, destaca que dicha regulación no impide que los usuarios expresen su oposición al cobro de tales conceptos, que advierte, no producen menoscabo patrimonial alguno en tanto existe una contraprestación a cargo de la entidad cooperativa.
III. A fs. 32/43 vta. el actor contesta a las objeciones a la admisibilidad de la demanda, opuestas por la Provincia.
En lo concerniente a la supuesta falta de interés individual, afirma que el dictado de la resolución del OCEBA favorable a su reclamo no mejoró su situación. Ello no solo porque la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó no habría acatado la autoridad del ente regulador, sino además porque la redacción dada a los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01 podría dar lugar a que dicha entidad interprete que la conducta otrora censurada no se halla actualmente vedada por el ordenamiento.
Destaca que conserva su derecho para repetir lo pagado en un juicio posterior, no sin antes recordar la función preventiva de la acción originaria de inconstitucionalidad.
Ligado a las objeciones acerca del pretendido alcance colectivo del juicio, el accionante señala que él no es un simple integrante del pueblo como se lo quiere mostrar, sino que es un "usuario-afectado" por la conducta supuestamente inconstitucional e ilegítima del prestador de un servicio público domiciliario. Asevera que tal carácter, con arreglo al art. 43 de la Constitución nacional, lo habilita para reclamar ya sea tanto en nombre propio como en representación de los restantes usuarios ubicados en la Provincia de Buenos Aires.
Aun cuando reconoce que dicha norma no tiene correlato en el ordenamiento local y no es directamente aplicable al ámbito de la demanda originaria de inconstitucionalidad -ya que versa sobre el amparo-, considera que, resultando los derechos de usuario de servicio público de electricidad de incidencia colectiva, cabría habilitar la legitimación amplia y el efecto expansivo de la cosa juzgada.
Finalmente, indica que el embate contra el decreto 2.193/01 si bien se hace en relación al art. 78 de la ley 11.769, no menos cierto es que la desnaturalización de las previsiones de este último a su vez importaría la violación de los arts. 10, 11, 25, 31, 38, 45, 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
IV. Con posterioridad a la traba de la litis, el OCEBA dictó las resoluciones 167/18 y 190/18. El órgano regulador explicó el estado actual de la situación.
Manifestó que la resolución 167/18 dispuso que las facturas emitidas por los distribuidores provinciales y municipales, "sólo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica" (art. 1). Asimismo, estableció que a partir de su entrada en vigencia no podrán incorporarse a la factura conceptos ajenos al servicio eléctrico ni adicionales, sin previa autorización del OCEBA, salvo el supuesto del alumbrado público (art. 2).
Por su parte, la resolución 190/18 estableció el 1 de enero de 2019, como fecha de efectiva aplicación del art. 2 de la resolución 167/18 por los distribuidores provinciales y municipales.
El OCEBA en su informe obrante a fs. 262/263, pone en conocimiento del Tribunal el dictado del decreto 1.751/18, derogatorio del decreto 2.193/01 controvertido en autos (v. dec. 1.751/18 de 26-XII-2018, B.O. de 31-XII-2018, 28.431).
V. A fs. 265 la parte actora contesta el traslado conferido a fs. 264.
En relación a la pretensión relativa a obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01, aduce que no ha perdido vigencia y que conserva un interés real o jurídico.
Esgrime que la ultraactividad de la norma impide declarar abstracta la controversia.
VI.1. Atendiendo a los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, el asunto constitucional a resolver y las cuestiones circunstanciales relativas a ella, exige previamente establecer la incidencia que la derogación de la regulación antes apuntada reviste en la pretensión deducida.
Es doctrina invariable de esta Suprema Corte que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 73.059, "Liminal S.A.", sent. de 20-III-2019; e.o.).
Conforme el alcance con que ha sido promovida la demanda, resulta que por ella se persigue únicamente la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 y 4 del decreto 2.193/01 (v. acápite "I-Objeto" del escrito de inicio, v. fs. 8 y vta. y 17 últimos dos párrafos). Es decir, al pedido de condena declarativa, no ha sido acumulada por el accionante ninguna pretensión de naturaleza accesoria que pudiera por vía de esta sentencia compeler a la demandada a reparar los daños o reconocer eventuales créditos que pudieran haberse originado en cumplimiento de la norma derogada.
De ello surge evidente que el interés procesal de las partes respecto de los citados artículos del decreto 2.193/01 ha perdido virtualidad.
Esto revela que cualquier pronunciamiento al respecto resultaría inoficioso, pues no podría tener más efecto que ordenar su no aplicación a la parte actora, cuando ello es así, de todas maneras, por la derogación de esa norma dispuesta por el decreto 1.751/18 (B.O. de 31-XII-2018, 28.431, art. 1).
En consecuencia, los agravios expuestos por la parte actora en su escrito de inicio, a la luz de las circunstancias operadas en el curso del proceso, han perdido actualidad.
No corresponde a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto normativo que ha dejado de regir al momento de dictarse sentencia porque ello importaría un pronunciamiento abstracto y carente de significación efectiva, de aquellos que una pacífica doctrina constitucional veda realizar al Poder Judicial (causas I. 2.252, "Mollo", sent. de 22-XII-2004; I. 2.206, "FE.CL.BA.", sent. de 3-IV-2008; e.o.)
De allí que, no conservando las partes intervinientes un agravio concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por las normas aludidas, cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic SA", resol. de 24-VIII-1993, I. 1.525, "Petroken IPE SA" e I. 1.526, "Copetro SA", resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causa I. 1.279, "García y Cía. SA", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX- 1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso SAPA", resol. de 19-VIII-1997; entre muchas otras).
Por tales razones, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
VI.2. En oportunidad de fallar casos similares, esta Suprema Corte ha dicho que cuando la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad, corresponde imponer las costas en el orden causado (doctr. causas I. 1.636, "Colegio Internacional Sek Argentina SA", resol. de 21-VI-1995; I. 1.453, cit.; I. 1.870, "Pérez Demarchi", sent. de 31-V-2000; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 2.264, "Figueroa Alcorta", sent. de 28-XII-2010 e I. 2.284, I. 73.782, I. 73.059, ya cits.; e.o.).
Siguiendo el criterio de los citados precedentes -a cuyos fundamentos en punto a este tema me remito por razones de brevedad- las costas deben imponerse en el orden causado (arts. 68 -segunda parte-, 73 y 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, CPCC).
Voto, así, por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara abstracta la controversia en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 -segunda parte-, 73 y 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Gonzalo González Cobo en la suma de veintinueve mil trescientos noventa y cuatro pesos -$29.394- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.-) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios
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