Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a María Estela Bertoli.
Por su lado, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Zárate Campana, deberán hacer lo mismo respecto del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la accionante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la actora, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Una vez cumplida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.80.428 "BERTOLI, MARIA ESTELA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 3 INC. "E" DE LEY 5.177 Y 3 INC. "A" Y 10 DE LEY 10.973"
I. La señora María Estela Bertoli, por derecho propio, promovió la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973, que obstan a su doble matriculación como abogada y martillera y corredora pública en los respectivos colegios profesionales.
Entiende que las restricciones contenidas en las normas objetadas -que establecen causales de incompatibilidad recíprocas para el ejercicio de las mencionadas profesiones liberales- son irrazonables y desproporcionadas, además de resultar violatorias del principio de igualdad ante la ley y de los derechos constitucionales a trabajar, a la protección de la propiedad privada y al aprendizaje y ejercicio de las profesiones sin limitaciones arbitrarias (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.; 14 bis, 16, 17, 31, 75 incs. 22, Const. nac.).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, la actora requiere el dictado de una medida cautelar, con fundamento en recientes decisiones de este Tribunal que considera aplicables al caso.
II. Respecto al alcance del remedio precautorio, solicita que se le prohíba a los colegios provincial y departamental de martilleros y corredores públicos aplicar las normas impugnadas, permitiéndose de este modo matricularse en aquellas entidades sin que le sea exigida la cancelación de la matrícula de abogada, con el fin de ejercer ambas profesiones en forma simultánea en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se ordene al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al de Zárate Campana que se abstengan de exigirle la cancelación de la matrícula o aplicarle una sanción en caso de matricularse como martillera.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
III. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 1520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar ( fumus boni iuris y periculum in mora ), resultando necesario que se acredite la presencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
IV. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido en casos análogos al presente resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (causas I. 75.454, "Suppa", resol. de 29-V-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 77.363, "Krampitz", resol. de 28-X-2021; I.78.599, "Otegui", resol. de 14-III-2023; I. 78.639, "Gómez", resol. de 10-IV-2023; I.78.882, "Pianigiani", resol. de 4-X-2023; I. 79.045, "Serqueira", resol. de 29-XI-2023; I. 79.570, "Yanquilevich", resol. de 24-IX-2024; I. 79.750, "Comignani", resol. de 30-XII-2024; I. 79.768, "Gariglio", resol. de 30-XII-2024; I. 79.823, "Delgado", resol. de 12-III-2025; I. 79.964, "Rodini", resol. de 4-VI-2025; e.o.). En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
IV.1.a. Respecto de la prohibición impuesta por el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, cabe recordar que se ha resuelto cautelarmente en causas promovidas por profesionales que habían obtenido la doble titulación de abogados y contadores públicos, que la modificación introducida por la ley 12.277 a dicha norma -en tanto dispuso una incompatibilidad absoluta en relación a los contadores matriculados que pretendan ejercer la abogacía- no parece, en principio, congruente con ciertas garantías constitucionales. En particular, se dijo que el arreglo legislativo lucía prima facie incompatible con la garantía de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a enseñar y aprender, la protección de la propiedad privada y el ejercicio de las profesiones liberales (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.; doctr. causas I. 73.106, "Nápoli", resol. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", resol. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", resol. de 13-VII-2016; I. 74.748, "Viggiano", resol. de 27-XII-2017; I. 78.599, "Otegui", resol. de 14-III-2023; I. 78.884, "Cavalli", resol. de 11- VIII-2023).
Más allá de lo expresado, en tales precedentes fue útil poner de resalto que el texto original de la ley 5.177 preveía -respecto de los contadores- una mera incompatibilidad relativa, por la cual se les impedía el ejercicio simultáneo de ambas profesiones sólo cuando se trataba de la actuación del profesional en un mismo proceso judicial como abogado y perito. Se advirtió, adicionalmente, que en los fundamentos del proyecto que emergió como ley 12.277 no se brindaron mayores explicaciones de por qué se convertía la incompatibilidad en absoluta.
Ahora bien, sin perjuicio de que la solución a la que se arribó en los casos citados se apoyó en gran medida en la comparación del texto anterior y el posterior del artículo en cuestión -lo cual ponía particularmente en evidencia la aparente irrazonabilidad de la restricción en lo concerniente a los contadores-, la conclusión debe ser la misma para el caso de los martilleros y corredores públicos.
IV.1.b. La redacción originaria del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 era la siguiente: "No podrán ejercer la profesión de abogado, por incompatibilidad: [...] los contadores (en los procesos judiciales que intervengan como abogados), martilleros o cualquier otro profesional considerado auxiliar de la justicia". Como puede apreciarse, parecía claro que la incompatibilidad respecto a los contadores era relativa y existía únicamente allí donde el profesional, en un expediente judicial, intervenía como letrado. Pero ninguna cualificación se hacía para los martilleros o las otras profesiones que pudieran ser consideradas "auxiliar(es) de la justicia". Para estas últimas, la ley impedía la doble matriculación, haya o no incompatibilidad específica. Y esto se mantuvo con la sanción de la ley 12.277, que además amplió el universo de ocupaciones alcanzadas por la interdicción.
Como sea, independientemente de lo ilustrativo que pudo resultar tal confronte normativo para el concreto caso de los contadores públicos -análisis que no es derechamente trasladable aquí-, lo dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado es que las restricciones impuestas a los martilleros y corredores públicos, dada su severidad, no lucen a simple vista ajustadas a las garantías y derechos fundamentales que se denuncian conculcados; esto es, el principio de igualdad, el derecho a la enseñanza y el aprendizaje y la libertad laboral profesional (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.). Por ende, se debe concluir que en este tramo que involucra al art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 hay fumus boni iuris .
IV.2. De otro lado, en virtud de lo dicho hasta este punto y siguiendo el criterio de los antecedentes invocados, resulta lógico arribar a idéntica conclusión respecto a la prohibición prevista en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, por la cual se impide la doble matriculación de quienes se hayan titulado de abogado y martillero y corredor público.
Igual que como ocurre con la ley 5.177 modificada, aquella norma establece una incompatibilidad absoluta que, prima facie , no luce ajustada a las garantías constitucionales involucradas en la controversia a las que se hizo referencia anteriormente (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.).
Por lo tanto, corresponde tener por acreditada en esta etapa preliminar la apariencia de buen derecho de quien acciona también en este aspecto.
V. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse a los efectos del examen cautelar que son atendibles los argumentos vertidos por la parte actora en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y martillero y corredor público durante el transcurso del proceso le ocasionará un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
VI. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a María Estela Bertoli.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Zárate Campana, deberán hacer lo mismo respecto del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la accionante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la actora, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a María Estela Bertoli.
Por su lado, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Zárate Campana, deberán hacer lo mismo respecto del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la accionante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la actora, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Una vez cumplida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2025 14:03:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2025 09:55:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 13:42:37 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:18:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:29:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2025 15:33:25 hs. bajo el número RR-950-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia