Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda y se declara la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, lo que importa que no podrá ser aplicada a la situación en la que se encuentra la parte actora.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 4-VI-2025.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la parte actora, doctora María Valeria Alarcón, en la suma equivalente a sesenta (60) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 80.005, "Castro, Susana María c/Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Kogan, Torres, Soria, Kohan, Budiño.
I. Susana María Castro promovió acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 en cuanto prohíbe el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de contador público. Sostiene que resulta contrario a los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial, sus similares de la Constitución nacional y concordantes de los contenidos en los tratados internacionales de rango constitucional.
Pidió la citación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de La Plata.
Requirió, además, que con carácter precautorio se declare la suspensión de la aplicación a su caso de la prohibición contenida en la norma que impugna, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogada cuando actúe en una causa judicial en la que eventualmente pudiera existir una colisión de intereses con motivo del ejercicio de la profesión de contadora pública como auxiliar de la justicia.
Ofreció prueba y formuló reserva del caso federal.
II. Mediante resolución de 4 de junio de 2025, el Tribunal hizo lugar, bajo caución juratoria, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de La Plata se abstengan de aplicar a la actora el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el actor abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allanó a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello, solicitó que se exima a su parte de tener que cargar con las costas, de conformidad con lo que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 30-V-2025).
IV. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora relata que finalizó sus estudios de contadora el 7 de noviembre de 2005 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y se matriculó en el Consejo de Ciencias Económicas de La Plata, dando cuenta de ello el Libro de Registro de matrículas en el Legajo 47781/8, Tomo 183, Folio 244.
Continúa narrando que, el 14 de marzo 2024 finalizó con éxito la carrera de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y al querer matricularse en el Colegio Abogados de La Plata, obtuvo una respuesta negativa, por Resolución CD, Acta 2402, del día 13 de marzo de 2025, fundada en la vigencia de su matrícula habilitante como contadora.
Postula la arbitrariedad de la norma por no evidenciarse motivo o fundamento legal a la prohibición de ejercer estas profesiones en forma simultánea, ni el perjuicio que ello pudiera provocar.
Dice que no se advierten incompatibilidades absolutas, ya que ambas profesiones se complementan y, en cuanto a las incompatibilidades relativas, solo surge la de ejercer como auxiliar de justicia en los juicios que se actúe como abogado y viceversa.
Asevera que las normas impugnadas son irrazonables y desproporcionadas, vulneran derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Aduce que resultan violatorias de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a ejercer la profesión, a la propiedad, a enseñar y aprender (arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42 y 57, Const. prov. y 14, 14 bis, 16, 17, 27, 31 y 75 inc. 22 y concs., Const. nac.).
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allanó a la pretensión, invocando lo resuelto por este Tribunal en las causas "Napoli", "Pavanel Egea" y "Krampitz".
Explica que estos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Corrido el traslado de ley, la actora se opuso a la solicitud de la demandada relativa a los gastos del proceso, en tanto sostiene que fue dicha parte quien dio motivo a la necesidad de accionar judicialmente (v. presentación electrónica de fecha 5-VI-2025, 6:08:15, p.m.).
IV. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
IV.1. La constitucionalidad del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 -con relación a la incompatibilidad absoluta dispuesta respecto al ejercicio profesional como contador público- fue analizada por primera vez por esta Suprema Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 8-VI-2020. Con posterioridad, ya referida a la posibilidad de ejercer simultáneamente la profesión de abogado y martillero, este Tribunal se expidió en las causas I. 76.850, "Pavanel Egea" e I. 77.363, "Krampitz", sentencias de 30-V-2023.
Los fundamentos de estos precedentes guiarán -en lo pertinente- la solución del caso.
IV.2. La Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló, a través de la ley 5.177, el ejercicio de la profesión de abogado (conf. art. 121, Const. nac.; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (conf. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000 e I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021).
Expresó también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (conf. doctr. causas I. 2.085, I. 73.005, I. 73.106, I. 74.052, I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
Siendo ello así, corresponde analizar primeramente si el Poder Legislativo provincial, al establecer dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5.177, el ejercicio de la actividad de contador público, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial.
La respuesta negativa se impone, ya que la transgresión es palmaria.
IV.3. La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 36, 39, 42 y 57 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 17 y 31 de la Constitución nacional.
La Provincia tiene constitucionalmente atribuido el poder de policía para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
El poder de reglamentación del que goza es indudable; sin embargo, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo, como lo es la impugnada en autos, para gozar de validez constitucional debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De allí que, en este punto, cobre relevancia el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer reside en establecer si la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 respecto al ejercicio de la profesión de abogado y contador público, encierra una justificación objetiva y razonable.
En tal cometido, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (conf. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así, las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (conf. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
IV.3.a. El art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 reza: "No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad: Absoluta: [...] e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia".
Es posible suponer que el legislador, al prohibir el ejercicio simultáneo de ambas profesiones de forma total, intentó impedir que se generaran eventuales conflictos de intereses, alentando así a los abogados a que desempeñen su profesión con exclusividad.
IV.3.b. Dicho eso, corresponde analizar si los medios empleados son idóneos para la obtención del fin perseguido. En este punto advierto que, al consistir la disposición impugnada en una incompatibilidad absoluta, sin distinguir entre la vasta cantidad de supuestos en los que podría converger el ejercicio del derecho con la actividad de contador público, entonces, no puede sino concluirse en que no existe una adecuada relación entre los costos de la medida con los pocos claros beneficios que podría reportar.
Aun si fuera posible que, una prohibición así, contribuyera a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los abogados provinciales o evitara los conflictos de intereses en los que pudieran quedar inmersos quienes desempeñan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir en forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
IV.3.c. De tal forma, sin perjuicio de la potestad reglamentaria con la que cuenta el legislador provincial, la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 que les impide a todos los contadores públicos, sin distinción alguna, matricularse en el Colegio de Abogados sin antes renunciar a dicha profesión, resulta irrazonable (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. prov.) y, con ello, contraria a lo preceptuado en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional y 11, 27, 31, 39 y 42 de la Constitución provincial que garantizan los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de industria y comercio, a la propiedad, al trabajo y al ejercicio de las profesiones liberales, en tanto les prohíbe hacer uso del título habilitante que válidamente obtuvieron y los coloca en una situación de disparidad frente al resto de sus colegas.
IV.4. En suma: el principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución nacional, según el cual las leyes reglamentarias no deben alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en dicho cuerpo legal, se impone como un límite al ejercicio del poder de policía por parte de los ordenamientos locales. Dicha exigencia se encuentra presente, también, en la Constitución provincial, para toda regulación de derechos (conf. art. 57, Const. prov.; doctr. causa I. 2.515, "Testigos de Jehová", sent. de 14-VI-2017 e I. 74.078, cit.).
Por las razones dadas, juzgo que el impedimento introducido en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 no supera el test de razonabilidad y resulta contrario al orden constitucional, en tanto, so pretexto de reglamentar la profesión liberal de abogado, lesiona el contenido esencial de los derechos involucrados (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. prov.).
V. Siendo así, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en la norma cuestionada en autos (art. 688, CPCC).
VI. Respecto de las costas, ellas deben imponerse por su orden, en virtud de que el allanamiento del señor Asesor General de Gobierno fue real, incondicionado, oportuno, total y efectivo (art. 70, CPCC, conf. causas I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.375, "Nicastro", sent. de 14-V-2024; I. 78.480, "Villanueva", sent. de 19-XII-2024; I. 78.599, "Otegui", sent. de 12-III-2025; e.o.).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Sin embargo, en punto a las costas del proceso, me aparto de su propuesta, pues entiendo que deben imponerse a la demandada, toda vez que su conducta encuadra en los términos de la última parte del inc. 1 del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó a la actora a promover la presente acción (conf. causas I. 75.305, "Genta de Murgier", sent. de 11-IX-2019; I. 72.869, "Sola", sent. de 18-IX-2019; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019; I. 76.154, y mi voto en causas "Darío", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.554, "Damacio", sent. de 14-V-2024; I. 79.018, "Cueva" e I. 78.449, "Stieben", sents. de 11-IX-2024).
Con ese alcance, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Kohan y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda y se declara la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, lo que importa que no podrá ser aplicada a la situación en la que se encuentra la parte actora.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 4-VI-2025.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la parte actora, doctora María Valeria Alarcón, en la suma equivalente a sesenta (60) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2026 11:10:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:57:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 14:39:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2026 11:40:24 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/03/2026 14:18:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2026 18:04:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/03/2026 18:14:20 hs. bajo el número RS-16-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia