Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80062
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 80.062, "Comignani, Mauro Alejandro c/Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad arts. 3 inc. 'e' de la ley 5.177 y 3 inc. 'a' de la ley 10.973", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Torres, Kogan, Soria, Kohan, Budiño.
I. Mauro Alejandro Comignani promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973 en cuanto prohíben el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de martillero y corredor público. Sostiene que resultan contrarios a los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42, 56 y 57 de la Constitución provincial, sus similares de la Constitución nacional y concordantes de los contenidos en los tratados internacionales de rango constitucional.
Con fundamento en la eventual afectación que la sentencia de autos pueda causar en sus intereses y en los de otros profesionales, pide la citación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca.
Requiere, además, que con carácter precautorio se declare la suspensión de la aplicación a su caso de las prohibiciones contenidas en las normas que impugna, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogado cuando actúe en una causa judicial en la que eventualmente pudiera existir una colisión de intereses con motivo del ejercicio de la profesión de martillero y corredor público como auxiliar de la justicia.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 4 de junio de 2025, el Tribunal hizo lugar, bajo caución juratoria, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca se abstengan de aplicar al actor el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-. Idéntica manda realizó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca, con relación al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la parte actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allanó a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello, solicitó que se exima a su parte de tener que cargar con las costas, de conformidad con lo que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 13-VI-2025).
IV. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor relata que es abogado, martillero y corredor público recibido en la Universidad Empresarial Siglo XXI y se matriculó en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca el 11 de julio de 2017, dando cuenta de ello el Libro de Registro de matrículas en el tomo XVIII, folio 23.
Continúa narrando que, con posterioridad, el 14 de mayo de 2025 obtuvo una respuesta negativa al querer matricularse en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca, fundada en la vigencia de su matrícula habilitante como abogado.
Postula la arbitrariedad de las referidas normas por no evidenciarse motivo o fundamento legal a la prohibición de ejercer estas profesiones en forma simultánea, ni el perjuicio que ello pudiera provocar.
Dice que no se advierten incompatibilidades absolutas, ya que el título profesional que se obtiene en ambas carreras habilita a realizar tareas bien distintas y en cuanto a las incompatibilidades relativas, solo surge la de ejercer como auxiliar de justicia en los juicios que se actúe como abogado y viceversa.
Manifiesta, respecto de otros supuestos de "colisión de intereses", que estos están abarcados por las restricciones de ambas leyes a los matriculados y deberán ser analizadas en cada caso en concreto mediante las facultades disciplinarias de cada colegio.
Asevera que las normas impugnadas son genéricas, arbitrarias y discriminatorias, vulneran derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Aduce que resultan violatorias de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a la propiedad, a enseñar, a aprender y ejercer la profesión (arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42, 56 y 57, Const. prov. y 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 y concs., Const. nac.).
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allanó a la pretensión, invocando lo resuelto por este Tribunal en las causas "Nápoli", "Bergaglio", "Pavanel Egea" y "Krampitz".
Explica que estos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal, adelantando una respuesta favorable a la demanda.
III. La constitucionalidad del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 -aunque con relación a la incompatibilidad absoluta dispuesta respecto al ejercicio profesional como contador público- fue analizada por primera vez por esta Suprema Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 8-VI-2020. Con posterioridad, ya referida a la posibilidad de ejercer simultáneamente la profesión de abogado y martillero, este Tribunal se expidió en las causas I. 76.850, "Pavanel Egea" e I. 77.363, "Krampitz", ambas con sentencia de 30-V-2023.
Los fundamentos de estos precedentes guiarán -en lo pertinente- la solución de esta parcela de la pretensión.
III.1. La Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló a través de las leyes 5.177 y 10.973 el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero y corredor público, respectivamente (cfr. art. 121, Const. nac.; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte, al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000 e I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021).
Expresó también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000; I. 73.005; I. 73.106; I. 74.052; I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
Siendo ello así, cabe analizar si el Poder Legislativo provincial, al establecer dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5.177 el ejercicio de la actividad de martillero público, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados desde lo más alto del ordenamiento.
III.2. La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35 y 39 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
La Provincia tiene constitucionalmente atribuido el poder de policía para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
El poder de reglamentación del que goza es indudable; sin embargo, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo, como lo es la impugnada en autos, para gozar de validez constitucional debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De allí que, en este punto, cobre relevancia el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer reside en establecer si la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 respecto al ejercicio de la profesión de abogado y martillero público encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
En tal cometido, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (cfr. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así, las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (cfr. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
III.2.a. El art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 reza: "No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad: Absoluta: [...] e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia".
Es posible suponer que el legislador, al prohibir el ejercicio simultáneo de ambas profesiones de forma total, intentó impedir que se generaran eventuales conflictos de intereses, alentando así a los abogados a que desempeñen su profesión con exclusividad.
III.2.b. Dicho esto, corresponde analizar si los medios empleados son idóneos para la obtención del fin perseguido. En este punto advierto que, al consistir la disposición impugnada en una incompatibilidad absoluta, sin distinguir entre la vasta cantidad de supuestos en los que podría converger el ejercicio de la profesión legal con la actividad de martillero público, entonces no puede sino concluirse en que no existe una adecuada relación entre los costos de la medida con los pocos claros beneficios que podría reportar.
Aun si fuera posible que una prohibición así contribuyera a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los abogados o evitara los conflictos de intereses en los que pudieran quedar inmersos quienes desempeñan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir en forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
III.2.c. Para más, el ejercicio del poder de policía de la Provincia no resulta suficiente para justificar una incompatibilidad absoluta como la cuestionada en autos, en tanto el desarrollo de la función reglamentaria debe propender a equilibrar la práctica de los derechos involucrados en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, orientándolo al bien común. Así lo ha considerado este Tribunal al afirmar que "...reglamentar no es prohibir, sino establecer condiciones para determinada actividad, en forma que ésta pueda cumplirse mediante el acatamiento de los requisitos administrativos de forma que el reglamento impone por razones de policía..." (cfr. causas I. 74.078; I. 73.106; I. 74.052; I. 75.716; I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
III.2.d. De tal forma, sin perjuicio de la potestad reglamentaria con la que cuenta el legislador provincial, la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 que le impide a todos los martilleros públicos, sin distinción alguna, matricularse en el Colegio de Abogados sin antes renunciar a dicha profesión, resulta irrazonable (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. prov.). Y con ello, contrario a lo preceptuado en los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 28 de la Constitución nacional y 11, 27, 31, 39, 42 y 57 de la Constitución provincial, que garantizan los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de industria y comercio, a la propiedad, al trabajo y al ejercicio de las profesiones liberales, en tanto les prohíbe hacer uso del título habilitante que válidamente obtuvieron y los coloca en una situación de disparidad frente al resto de sus colegas.
III.3. Sentado lo anterior, es necesario analizar la segunda norma cuestionada: el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 de Ejercicio de la Profesión de Martilleros.
Este precepto reza: "Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público: a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante".
Esta norma, al igual que el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 analizada anteriormente, consagra la incompatibilidad absoluta o total de los martilleros y corredores públicos para ejercer toda otra profesión o cargo para el que se exija título habilitante.
Tampoco contempla diferentes variantes o matices dentro del ejercicio de dos o más profesiones. Se limita a prohibir todo ejercicio profesional para el que se requiera título habilitante.
Por ello, en razón del alcance de la inhabilitación absoluta que consagra, semejante a la establecida en el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, y en virtud de lo expresado en el apartado anterior con relación a esta última norma, siguiendo el criterio de los antecedentes invocados, resulta lógico arribar a idéntica conclusión respecto a la prohibición prevista en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, por la cual se impide la doble matriculación de quienes se hayan titulado de abogado y martillero y corredor público.
En este sentido ya se ha pronunciado hace tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia en la causa "Ionata" y decidir que el art. 6 inc. "a" de la ley 3.043 de Mendoza, que impide el ejercicio de la profesión de martillero a quienes ejercen otra profesión liberal, contraría lo preceptuado por el art. 14 de la Constitución nacional, que garantiza el derecho a la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita (CSJN Fallos: 288:240).
III.4. El principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución nacional, según el cual las leyes reglamentarias no deben alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en dicho cuerpo legal, se impone como un límite al ejercicio del poder de policía por parte de los ordenamientos locales. Dicha exigencia se encuentra presente también en la Constitución provincial, como garantía amplia e innominada (art. 56, Const. prov.; doctr. causas I. 2.515, "Testigos de Jehová", sent. de 14-VI-2017 e I. 74.078, cit.).
Por lo tanto, juzgo que los impedimentos introducidos en los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973 no superan el test de razonabilidad y resultan contrarios al orden constitucional, en tanto so pretexto de reglamentar profesiones liberales -la de abogado y martillero y corredor público, respectivamente- lesionan el contenido esencial de los derechos involucrados (arts. 14 y 28, Const. nac. y 56, Const. prov.).
IV. Siendo así, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en las normas cuestionadas en autos (art. 688, CPCC).
V. En lo atinente a las costas del proceso, entiendo que deben imponerse a la demandada, toda vez que su conducta encuadra en los términos de la última parte del inc. 1 del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó a la actora a promover la presente acción (conf. causas I. 75.305, "Genta de Murgier", sent. de 11-IX-2019; I. 72.869, "Sola", sent. de 18-IX-2019; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019; I. 76.154, y mi voto en causas "Darío", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.554, "Damacio", sent. de 14-V-2024; I. 79.018, "Cueva" e I. 78.449, "Stieben", sents. de 11-IX-2024; I. 80.005, "Castro", sent. de 17-III-2026).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres con excepción de lo señalado en el punto V.
Con relación a las costas, considero que ellas deben imponerse por su orden, en virtud de que el allanamiento del señor Asesor General de Gobierno fue real, incondicionado, oportuno, total y efectivo (art. 70, CPCC; conf. causas I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.375, "Nicastro", sent. de 14-V-2024; I. 78.480, "Villanueva", sent. de 19-XII-2024; I. 78.599, "Otegui", sent. de 12-III-2025; e.o.).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Kohan y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres y con el alcance del voto de la señora Jueza doctora Kogan en punto a las costas, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la sig
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