Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75471
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer parcialmente lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y suspender los efectos del art. 32 de la ley 15.030, a excepción de lo relativo a las detracciones y transferencias que allí se autorizan respecto a los recursos aportados, exclusivamente, por la especialidad agronómica (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC). Previa caución juratoria (art. 199, CPCC).
II. Solicitar a la actora que precise los alcances de la representación que invoca (cfr. Ac. 3660).
I.75.471 "COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROV. DE BS. AS.C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONST. ARTS. 31 Y 32 LEY 15.030"
La Plata, 19 de junio de 2019.
I.1 El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires promueve la presente acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires. Ella tiene por objeto que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 31 y 32 de la ley 15.030 (B.O. de 5-VI-2018), en tanto alega que las normas cuestionadas vulneran los arts. 31, 40, 41, 42, 56, 57 y 144 de la Constitución provincial y 17, 28, 121 y 125 de la Constitución Nacional. Asimismo, manifiesta que ellas entorpecen el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 14 incs. 1, 3 y 6 de la ley 10.416.
Solicita que se le imprima el carácter de demanda colectiva puesto que concurre en representación de los matriculados al Colegio, quienes resultarían afectados en sus derechos al verse amenazado el desenvolvimiento de este último, como consecuencia de lo que reputa una reducción injustificada de recursos para cumplir con sus funciones.
Refiere que las prescripciones de los arts. 31 y 32 de la ley 15.030 son vagas e imprecisas y no se condicen con el resto del articulado, al tiempo que menoscaban de manera directa, grave y evidente el derecho de propiedad del Colegio de Ingenieros, disponiendo de una parte de su patrimonio actual y futuro, incluso antes de que la ley adquiera formalmente vigencia.
Puntualiza que el art. 31 difiere a una futura reglamentación todo lo atingente a la forma, proporción, modo, procedimiento y plazo para la transferencia de los recursos del Colegio de Ingenieros al nuevo Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, disposición que cuestiona al entender que los recursos y el patrimonio a transferir no pueden ser materia de reglamentación en tanto el Poder Ejecutivo carece de facultades para ello (cita el art. 144 de la Constitución provincial; v. fs. 48).
Respecto al art. 32, explica que de éste surge que los fondos provenientes de cualquier concepto que ingresaren al Colegio de Ingenieros -en forma proporcional al número de matriculados- y los aportados por la especialidad agronómica, a partir de la sanción de la ley serán depositados en una cuenta especial y posteriormente transferidos al nuevo Colegio, una vez constituidas sus autoridades.
Sobre esto último, denuncia que la norma establece como única variable de asignación y transferencia de recursos el porcentaje de ingenieros agrónomos y forestales matriculados (informando que representaban en el año 2017 el 18,21% del total; v. fs. 48), sin tener en consideración los aportes y contribuciones que cada uno de ellos realiza concretamente. Es decir, a su entender el método elegido resulta irrazonable y desproporcionado toda vez que los ingresos a reasignar, al estar determinados de forma nominal por la cantidad de profesionales de las ciencias agronómicas y forestales actualmente enrolados, ignora la circunstancia de que ciertos fondos como los provenientes de la tasa de visado varían sensiblemente dependiendo de la especialidad. En definitiva, reputa que deberían transferirse las sumas efectivamente ingresadas por los ingenieros agrónomos y forestales, mas no otra cosa (v. fs. 49 vta.).
Se muestra disconforme, también, por aquello que considera la aplicación retroactiva de la ley 15.030, dado que la afectación de recursos ha de comenzar desde el momento de su sanción (que ocurrió el 26-IV-2018) y no desde su formal entrada en vigor, situación que ve agravada por el extenso proceso por el que se deberá atravesar hasta la definitiva puesta en funcionamiento del nuevo colegio.
En suma, destaca que los artículos cuestionados generarán un desfinanciamiento durante un período prolongado de tiempo en el que el Colegio deberá hacerse cargo de todas sus obligaciones con una merma del 20% de sus ingresos, debiendo optar entre sostener su estructura actual o disminuir su planta de personal.
I.2. Solicita que se otorgue una medida cautelar suspensiva de la aplicación de los arts. 31 y 32 de la ley 15.030, hasta tanto se dicte sentencia en el asunto.
I.2.a. Respecto a lo verosímil de su derecho, la actora manifiesta que tal extremo surge de las garantías establecidas en los arts. 41 y 42 de la Constitución provincial que aseguran su desenvolvimiento, alegando que "…se ve afectada por la obligación impuesta al Colegio de Ingenieros de distraer fondos ingresados por sus matriculados para el futuro funcionamiento del nuevo colegio" y por la aplicación retroactiva de la ley, lo que considera que vulnera el derecho de propiedad (arts. 17, Const. Nac. y 31, Const. prov.). Para más, refiere a la irrazonabilidad de la norma, en tanto entiende que no se advierten razones de bien común que justifiquen aquella distracción de fondos a una entidad que no ejerce efectivamente la función para la cual fue creada (v. fs. 55/55 vta.).
I.2.b. En relación al peligro en la demora, sostiene que la aplicación inmediata de los arts. 31 y 32 de la ley 15.030 –que, como pone de relieve, repercutirá en alrededor de un 20% de sus actuales recursos- afecta de forma palmaria sus derechos y obligaciones legales conforme la norma que lo creó (ley 10.416). Recuerda en tal sentido que, hasta tanto entre a funcionar el nuevo Colegio, los ingenieros agrónomos y forestales siguen estando matriculados a él y dependen de su caja previsional (v. fs. 56).
II. Esta Corte ha resuelto que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016, entre otras).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, entre otras) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con tal criterio, se impone considerar los extremos requeridos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.1.a. En cuanto a la comprobación del recaudo relativo a la verosimilitud del derecho, es útil atender a que la Constitución de la Provincia reconoce "…la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales" (art. 40 in fine , Const. prov.) y "…garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales..." (art. 41, Const. prov.). Ello, además de facultar a la Legislatura a "…determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales" (art. 42, in fine , Const. prov.).
En ese marco, prima facie no se observa que la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales sea repugnante con lo dispuesto en los arts. 40, 41 o 42 del texto fundamental de la manera en que se alega. No se verifica en esta etapa preliminar del proceso la concurrencia de elementos suficientes que evidencien una extralimitación por parte del legislador en ejercicio de sus facultades constitucionalmente asignadas, pues se debe ponderar que éste tiene atribuido el poder de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales; lo que conlleva la potestad de organizarlas y clasificarlas de acuerdo a las incumbencias técnicas conforme a las cuales los colegios respectivos habrán de actuar corporativamente (cfr. doctr. causa A. 73.939, "Farmacity SA", sent. de 22-VI-2016 y sus citas).
En ese contexto, cabe notar que el art. 31 aquí cuestionado se ciñe a disponer que la autoridad de aplicación convocará –en el plazo allí determinado- a las autoridades del nuevo Colegio y a aquellas del Colegio de Ingenieros a los fines de desarrollar, de manera conjunta y conforme la reglamentación que se haga de la ley: la forma, proporción, modo, procedimiento y plazo para la transferencia de los recursos.
La puesta en funcionamiento de la flamante entidad tuvo principio de ejecución con la sanción del decreto 1419/18, que encomendó a la Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia el dictado de las “…normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten necesarias”, a la par de designar a los miembros de la comisión especial prevista en el art. 29 de la ley 15.030 cuya misión es la redacción del reglamento interno y la constitución –mediante llamado a asamblea extraordinaria- de las primeras autoridades directivas.
Tales previsiones de carácter meramente organizacional, cuando confrontadas con las mandas constitucionales arriba reseñadas, disipan la apariencia de buen derecho invocada por la parte actora en este tramo de su petición, no apreciándose su verosimilitud.
III.1.b Continuando con el abordaje del mismo requisito, el Colegio de Ingenieros paralelamente pide la suspensión del art. 32 de la ley 15.030, que establece:
“A partir de la sanción de la presente ley, los fondos que ingresaren al Colegio de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) provenientes de cualquier concepto, en forma proporcional al número actual de matriculados y los aportados por la especialidad agronómica, serán depositados en una cuenta especial de caja de ahorro para ser transferidos al Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales instituido por esta ley, una vez constituidas las autoridades".
Como puede advertirse, esta norma previó un sistema de capitalización para el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales con recursos provenientes del Colegio de Ingenieros. Y lo hizo disponiendo que, a partir de su sanción, los fondos que ingresaren a este último “en cualquier concepto, en forma proporcional al número actual de matriculados”, más los aportados por la especialidad agronómica, habrán de ser girados a una caja de ahorro y finalmente transferidos al nuevo colegio, una vez que éste haya conformado sus autoridades.
De una simple lectura, semejante régimen no parece distinguir aquello sumariamente acreditado por la parte actora en lo tocante a la diversa magnitud de los emolumentos participados por la rama de la ingeniería tradicional, mediante sumas en concepto de tasas de visado sensiblemente superiores. No obstante, autoriza una detracción continua y automática sobre la totalidad de los recursos que ingresen al Colegio, sin clara fecha de expiración, basándose sencillamente en el porcentaje de ingenieros agrónomos y forestales inscriptos en la matrícula –que al momento de promover la demanda se estima en un 18,21% del total-.
Según se desprende de los detalles contables agregados a fs. 6/8, en el ejercicio que cerró el 31 de diciembre de 2017 la tasa por visado representó el 75,40% de los ingresos del Colegio de Ingenieros. Para este recurso, surge que la especialidad agronómica solo habría aportado un 1,70%, proporción muy lejana al 18,21% estimativo que la norma impugnada habilitaría a detraer. De acuerdo con los números certificados por contador público, aun cuando esta última solo contribuyó con la suma de $1.455.173,49 en tal concepto, el art. 32 de la ley 15.030 permitiría transferencias por montos diez veces superiores.
Por lo tanto, teniendo en consideración la variada naturaleza y proveniencia de los dineros con los que se financia la entidad accionante (cfr. art. 58, ley 10.416), esa falta de especificación torna verosímil el derecho invocado al hallarse prima facie afectado el desenvolvimiento que el art. 41 de la Constitución le garantiza como corporación profesional. Máxime cuando la Legislatura no invocó razones de interés público que pudieran hacer concebible la necesidad de un financiamiento de la forma prevista, tal lo que puede corroborarse preliminarmente tanto de la explicación de motivos como de los antecedentes parlamentarios del proyecto D-2153/16-17-0 y las sesiones en las cuales éste fue debatido.
Consecuentemente, este segmento del art. 32 debe ser suspendido cautelarmente, sin perjuicio de las deducciones que pudieran corresponder con motivo de lo aportado exclusivamente por la especialidad agronómica (arg. art. 230 inc. 1, CPCC).
III.2. En relación con lo expresado en los párrafos precedentes, debe analizarse el otro presupuesto que impone la ley adjetiva para este tipo de solicitudes.
El Tribunal tiene dicho que, en la evaluación del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del precepto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquél que resultaría de la paralización temporal de sus efectos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003). En la especie, tal balance arroja un saldo favorable al otorgamiento parcial de la tutela cautelar pretendida.
Conforme se apuntara, el sistema de capitalización del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales plasmado en el art. 32 de la ley 15.030 comenzó a regir desde el momento mismo de su sanción. Si a ello se añade, como se aduce, que el Colegio de Ingenieros continúa con "…la obligación de seguir ejerciendo sus funciones de contralor del ejercicio de la profesión y la defensa de los ingenieros agrónomos y forestales sin percibir de forma efectiva lo aportado por éstos por tener que congelarlos en una cuenta destinada al nuevo colegio" (v. fs. 55), ante las circunstancias descriptas cabe concluir que los elementos de urgencia y probabilidad de consecuencias graves concurren en la litis (arg. art. 230 inc. 2, CPCC); análisis cuyo resultado, por otra parte, no provee justificación alguna para la suspensión provisoria del art. 31 del mismo plexo.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer parcialmente lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y suspender los efectos del art. 32 de la ley 15.030, a excepción de lo relativo a las detracciones y transferencias que allí se autorizan respecto a los recursos aportados, exclusivamente, por la especialidad agronómica (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC). Previa caución juratoria (art. 199, CPCC).
V. Finalmente, al margen de la legitimación que los arts. 14, 26 y concs. de la ley 10.416 le reconocen a la actora y en atención al objeto de la pretensión expuesta, previo a analizar la viabilidad de la inscripción del juicio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (cfr. Ac. 3660), corresponde solicitarle que precise los alcances de la representación que invoca.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer parcialmente lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y suspender los efectos del art. 32 de la ley 15.030, a excepción de lo relativo a las detracciones y transferencias que allí se autorizan respecto a los recursos aportados, exclusivamente, por la especialidad agronómica (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC). Previa caución juratoria (art. 199, CPCC).
II. Solicitar a la actora que precise los alcances de la representación que invoca (cfr. Ac. 3660).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 297
Fin de la sentencia