Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75471
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar inadmisible, en el marco de esta acción originaria de inconstitucionalidad, la reconvención deducida por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos en su carácter de tercero coadyuvante, así como la medida cautelar solicitada para resguardar sus efectos (conf. arts. 90 y sgts., CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de levantamiento de la medida cautelar dictada en autos, solicitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires a fs. 108/109 (arg. arts. 202 y 203, CPCC).
III. Rechazar la solicitud de tramitación del presente proceso como acción de clase y su inscripción en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660), formulada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
I.75.471 “COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROV. DE BS. AS. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONST. ARTS. 31 Y 32 LEY 15.030”
I. Con fecha 19 de junio de 2019, esta Suprema Corte suspendió parcialmente, con carácter cautelar, los efectos del art. 32 de la ley 15.030, cuestionado en este proceso por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA). Al respecto, se precisó que la medida no alcanzaba lo dispuesto en relación a las detracciones y transferencias que allí se autorizan respecto a los recursos aportados, exclusivamente, por la especialidad agronómica.
Asimismo, y a fin de evaluar la procedencia de la solicitud efectuada en torno a la tramitación de las actuaciones como una acción de clase, este Tribunal requirió que la accionante precisara los alcances de la representación invocada (v. fs. 61/66).
II. En lo que aquí concierne, a fs. 84/113 contesta demanda el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales provincial (CIAFBA).
En su presentación, luego de refutar el planteo de inconstitucionalidad esgrimido, promueve reconvención. Asimismo, pone en conocimiento del Tribunal aquello que considera como un incumplimiento del remedio precautorio dispuesto en autos y requiere su levantamiento. Finalmente, peticiona el dictado de una nueva medida cautelar. A los fines propuestos, acompaña documentación y ofrece prueba.
II.1. En primer lugar, argumenta que el día 25 de julio de 2019 se celebró una reunión entre el Presidente del CIAFBA y el Vicepresidente del CIPBA, ante la Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia de la Provincia, donde se acordó el importe neto a transferir de los fondos aportados por la especialidad agronómica en concepto de matriculación y de visado de contratos, conforme los alcances de la medida cautelar dictada en la presente causa. Asimismo, indica que su parte aceptó el monto informado, reservándose las acciones que pudiesen corresponder por otros valores no incluidos en dicha liquidación. En virtud de ello, manifiesta que la reconvención incoada tiene por objeto, precisamente, el reclamo cuya reserva fuera allí formulada.
Alega, por un lado, que la accionante no ha cumplido de manera integral las actas acuerdo suscriptas y, por el otro, que éstas no contemplan los fondos “provenientes de cualquier concepto”, conforme lo previsto en el art. 32 de la ley 15.030.
Denuncia que el CIPBA ha efectuado únicamente la transferencia de lo recaudado -en concepto de matriculación y visado de contratos de los ingenieros agrónomos-, hasta el 30 de junio de 2019, quedando pendiente lo percibido desde el 1 de julio y el 31 de agosto del mismo año.
Entiende que la accionante no sólo desoyó la literalidad del mentado art. 32, sino también lo dispuesto por esta Corte en oportunidad de dictar la medida cautelar de fecha 19 de junio de 2019. Atento lo cual, estima que se configura un supuesto de gravedad institucional por desobediencia judicial y que esto resulta una causal suficiente para el levantamiento de la medida precautoria ordenada, dado que ésta ha devenido abusiva.
Subsidiariamente, solicita que el remedio cautelar sea morigerado y sustituido por uno menos perjudicial para su parte. Así, pretende que se le transfiera, además de los recursos afectados a la especialidad agronómica, los ingresos de los ingenieros agrónomos y forestales provenientes de sentencias y acuerdos homologados.
II.2. Finalmente, requiere que: a) se trabe una inhibición general de bienes (conf. art. 228, CPCC) o bien, se designe un interventor o veedor que fiscalice la actividad del CIPBA; y b) se decrete una medida preventiva innovativa, a efectos de que la autoridad de aplicación de la ley 15.030 dicte la reglamentación a la que hace referencia el art. 31 de dicha norma y ordene al CIPBA a asistir a reuniones para hacer efectiva la transferencia de los recursos del Colegio. Ello, mientras se sustancie la reconvención formulada.
En este sentido, sostiene que, de lo contrario, se encontraría vulnerado su derecho al desenvolvimiento como colegio profesional (art. 41, Const. prov.) y el principio de legalidad (art. 19, Const. nac.).
Concluye que como consecuencia de la conducta del CIPBA, la cual califica de abusiva y arbitraria, el CIAFBA no contará con la base económica que permitirá su subsistencia como entidad.
III. Las actuaciones pasan al acuerdo para resolver las siguientes cuestiones: la admisibilidad de la reconvención promovida por el CIAFBA; el levantamiento de la medida cautelar oportunamente dictada y, eventualmente su morigeración o sustitución; la denuncia de incumplimiento de la tutela precautoria dispuesta; y finalmente, el alcance de la representación del CIAFBA en el proceso.
III.1. Con relación al primero de los puntos enunciados, cabe recordar que esta Suprema Corte resolvió con fecha 16 de agosto de 2019 la citación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), para que en el término perentorio de quince días tomara la intervención que pudiera corresponderle.
Ello por cuanto se estimó que de las constancias de autos, surgía que el resultado del pleito podría tener relación con intereses propios de dicho Colegio. Por lo que, tal emplazamiento se efectuó en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sobre el particular, es dable señalar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, la cual tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (cfr. causa I. 72.447 "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014).
En este marco, el CIAFBA promueve reconvención, ejerciendo la reserva que fuera efectuada en el acta suscripta el 25 de julio de 2019 entre ambos colegios profesionales, tras afirmar que el CIPBA no ha dado cumplimiento a la transferencia de los importes correspondientes a los períodos allí convenidos.
En consecuencia, reclama el pago de: a) lo percibido por las sumas aportadas por la especialidad agronómica desde el 1 de julio y el 31 de agosto de 2019; y b) los fondos “provenientes de cualquier concepto” –esto es, por inversiones, títulos públicos, propiedades, rentas, entre otros- ingresados por los ingenieros forestales y agrónomos.
Tal como resulta de los referidos términos, no se trata propiamente de un planteo antitético por el cual se cuestiona la validez constitucional de alguna norma, sino que tiene por objeto el cobro de determinados conceptos que el CIPBA le adeudaría al CIAFBA.
Al respecto, cabe mencionar que este Tribunal ha sostenido que, en determinadas circunstancias, resulta posible que juntamente con la acción declarativa de inconstitucionalidad de una norma se acumule una petición de condena (causa I. 2114, "Alvarez Magliano", sent. de 22-XII-2008, e.o.). Ello, siempre que la pretensión accesoria de condena sea una consecuencia ineludible e inescindible de la declaración de inconstitucionalidad pretendida, siendo una el antecedente necesario de la otra (doctr. art. 685, primera parte, CPCC, causas I. 1165, "García Solidario", sent. del 22-IV-1986; I. 2075, “Ubaldini de Barbieri”, sent. 8-III-2000, e.o.).
Sin embargo, en la especie, la reconvención formulada supone el rechazo de la pretensión principal de inconstitucionalidad y el progreso de una demanda que se sustenta en la norma que ha resistido ese embate.
En autos, el CIAFBA comparece en este litigio en carácter de tercero y su rol debe ser encuadrado, de acuerdo a lo previsto en el inciso 1º del art. 90 del código ritual, en la hipótesis de una intervención coadyuvante o adhesiva simple respecto del señor Asesor General de Gobierno, titular de la representación en juicio de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de legitimada pasiva de la acción originaria de inconstitucionalidad (conf. art. 686 inc. 1, CPCC). Esto, resulta particularmente relevante a la hora de dilucidar el andamiaje de la primera cuestión planteada.
En efecto, el art. 91 –primer párrafo- de dicho cuerpo normativo prevé que, en estos casos, "la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta”. Del precepto se desprende que la participación del CIAFBA se encuentra condicionada por la actividad procesal que pueda desplegar, en el marco de esta acción originaria, el señor Asesor de Gobierno.
Siguiendo esa línea de razonamiento, es dable reparar en que la pretensión que contiene la reconvención –tal como ha sido planteada-, no podría ser válidamente esgrimida por el representante de la provincia, quien carece manifiestamente de legitimación activa para articularla por sí y, por ende, resulta extraña al objeto de este juicio.
Desde otro punto de análisis, cabe recordar que el instituto de la reconvención que, en pos del principio de economía procesal, permite que el demandado que tenga una pretensión para hacer valer contra el actor la incluya en un proceso en trámite, tiene presupuestos de admisibilidad generales –comunes a cualquier tipo de acción- y específicos o propios. Dentro de estos últimos, se encuentra la competencia para intervenir en el segundo asunto propuesto ante un órgano judicial, que se constituye en un requisito indispensable para su procedencia formal, en tanto repercute en la validez de un eventual pronunciamiento.
En la especie, el CIAFBA procura reclamar una serie de conceptos que no se hallarían comprendidos en el acuerdo suscripto el 25 de julio de 2019 con el CIPBA.
Ahora bien, debe señalarse que en los casos en que este Tribunal ha resuelto admitir en el marco de una acción deducida en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial la incorporación de pretensiones accesorias ha sido en virtud de que éstas, pese a tratarse de asuntos que no forman parte de su competencia originaria, son el resultado natural de la declaración de inconstitucionalidad de la norma controvertida, que constituye el objeto primordial del proceso. De allí se desprende que no puede correr la misma suerte aquel planteo que tenga por base el eventual rechazo del embate principal. En ese supuesto, la parte interesada deberá acudir por las vías correspondientes a solicitar que, en aplicación de tal precepto, se reconozca el derecho que pretende hacer valer.
Por último, se advierte que este criterio resguarda adecuadamente la garantía constitucional del juez natural y tiende a asegurar la amplitud del debate de la pretensión de manera compatible con los postulados de la tutela judicial efectiva (conf. arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.).
A la luz de lo expuesto, la reconvención instada por el tercero no resulta admisible dentro de los límites de la presente contienda.
En relación al pedido de inhibición general de bienes –o, subsidiariamente la designación de un interventor o veedor judicial- y al dictado de una medida innovativa, requeridos en el punto VI de la presentación del CIAFBA, teniendo en cuenta que su finalidad no es otra que asegurar el resultado práctico de la reconvención deducida y lo resuelto en torno a esta última, no procede hacer lugar a lo solicitado.
III.2. Corresponde, entonces, abordar lo relativo al levantamiento o morigeración de la medida cautelar parcialmente concedida por este Tribunal con fecha 19 de junio de 2019, mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos del art. 32 de la ley 15.030, a excepción de lo relativo a las detracciones y transferencias vinculadas con los recursos aportados, exclusivamente, por la especialidad agronómica.
Al respecto, cabe recordar que las notas de provisionalidad y variabilidad que tipifican a este tipo de medidas permiten que en todo proceso sea factible disponer la modificación de las providencias precautorias ya ordenadas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (cfr. arts. 202 a 204, CPCC; doctr. causa I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019”, e.o.).
En el particular, pese a las alegaciones del CIAFBA, no se aportan elementos de prueba suficientes que alteren las circunstancias que determinaron el dictado del remedio provisional –con los alcances que fueran oportunamente precisados-, cuyo levantamiento o sustitución ahora pretende, y menos aún, que respalden el incumplimiento denunciado.
Por el contrario, de la documentación acompañada en su contestación, se advierte que el CIAFBA ha participado de reuniones celebradas en la Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo estipulado por el art. 31 de la ley 15.030. Por su parte, del acta de acuerdo suscripta el 25 de julio de 2019 surge que para la determinación de los fondos a transferir a esa entidad se han tenido en consideración los límites impuestos por el remedio preventivo, cuya inobservancia ahora se alega.
En tales condiciones, corresponde denegar el pedido de levantamiento o morigeración de la medida cautelar decretada en autos.
VI. Por otro lado, el CIAFBA cuestiona el efecto erga omnes con el que –según entiende- se ha dispuesto la tutela precautoria y alega que ello, es una consecuencia de la falta de la precisión de la legitimación con la que actúa la accionante, determinación que fuera ordenada el 19 de junio de 2019 (v. fs. 109).
Sin embargo, la apoderada del CIPBA, con fecha 16 de julio de 2019, efectivamente evacuó el requerimiento formulado por el Tribunal. Así las cosas, deviene necesario clarificar dicho aspecto del proceso.
Sin perjuicio de la invocación genérica de la representación colectiva intentada por la accionante, atenta la forma en que se encuentra expuesta la pretensión, lo cierto es que los denunciados efectos negativos de la norma provincial en crisis alcanzaría al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de sujeto de derecho público no estatal (conf. art. 25, ley 10.416).
Por ende, el alcance del presente litigio se circunscribe a este último, en su condición de parte afectada. Por tal motivo, debe desestimarse la solicitud de tramitación del presente proceso como acción de clase y su inscripción en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar inadmisible, en el marco de esta acción originaria de inconstitucionalidad, la reconvención deducida por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos en su carácter de tercero coadyuvante, así como la medida cautelar solicitada para resguardar sus efectos (conf. arts. 90 y sgts., CPCC).
II. No hacer lugar al pedido de levantamiento de la medida cautelar dictada en autos, solicitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires a fs. 108/109 (arg. arts. 202 y 203, CPCC).
III. Rechazar la solicitud de tramitación del presente proceso como acción de clase y su inscripción en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660), formulada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:17:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 14:11:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:21:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:09:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2021 20:29:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia