Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79219
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.79.219 "CLUB DE CAMPO CINCO ESQUINAS DEL CAMINO REAL SA Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE EZEIZA S/ INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 419-425 Y CCS. ORDENANZA MUNICIPAL N°4.628/23"
I. Se presenta el Club de Campo Cinco Esquinas del Camino Real S.A., por intermedio de su representante, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de Ezeiza, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 417 a 425 de la ordenanza 4.628/2023 —fiscal para el año 2024— de esa comuna, reguladores de la Contribución Especial por Mantenimiento de la Red Vial y del Tributo por Plusvalía Urbanística.
Expone que los preceptos objetados violentan los arts. 10, 11, 31, 57, 190 y 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 y 123 de la Constitución nacional.
Sostiene que se hallan vulnerados en la especie el principio de reserva de ley tributaria, el derecho de propiedad y el deber municipal de dar debida publicidad a las decisiones de gobierno.
Con respecto a la Contribución Especial por Mantenimiento de la Red Vial, sostiene que se ha registrado un aumento en esa carga que resulta excesivo, arbitrario e irrazonable. Expone que no se corresponde con una actividad estatal efectiva, concreta e individualizada en el contribuyente y que el monto de la obligación no guarda una adecuada relación con el costo de los servicios en los que pretende justificarse su cobro.
Peticiona que, con carácter cautelar, se suspendan los efectos de la ordenanza impugnada, ordenando a la demandada que se abstenga de aplicar los arts. 421, 422, 423 y 425 de ese cuerpo normativo (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2024, 9:11:51 a.m.).
II. Llamados autos al acuerdo para resolver respecto de las peticiones precautorias formuladas, corresponde analizar la pertinencia de su otorgamiento.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Y ha decidido asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones precautorias en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la tutela precautoria la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una medida de esa índole.
II.2. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que la actora se limita a proponer la comparación entre los montos liquidados por el fisco municipal en concepto de Contribución Especial por Mantenimiento de la Red Vial para su obligación correspondiente a los años 2023 y 2024, manifestando que no llega a observarse que existan pautas objetivas que respalden el incremento que reputa, a la vez, excesivo, abusivo y desproporcionado.
En cuanto a las alegaciones vinculadas a la falta de prestación efectiva de un servicio comunal que justifique adecuadamente la procedencia de los tributos objetados y la ausencia de razonable adecuación entre el monto de la obligación y el costo global de tal actividad estatal, debe señalarse que cuando se debaten cuestiones relativas a las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación, debe ponderarse lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.).
En el derecho público de la provincia son atribuciones inherentes al régimen municipal "...la administración de los intereses y servicios locales" (arts. 190, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5); entre los que la Constitución incluye, expresamente, a los "...impuestos o contribuciones de mejoras" (art. 193 inc. 2). Interpretación de las normas constitucionales relativas a la competencia municipal en razón de su autonomía que disipa la apariencia de buen derecho invocada por la demandante.
Así las cosas, resulta evidente que la inconstitucionalidad denunciada en la demanda carece — prima facie — de la contundencia necesaria para resultar verosímil.
Ello es así pues el análisis del asunto traído a conocimiento del Tribunal exige un mayor caudal de elementos de valoración que sólo podrá ser integrado al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 14-VIII-2010; I. 71.307, "Garibaldi", resol. de 11-VII-2012; I. 74.070, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel", resol. de 28-XII-2016; I. 75.141, "Banco Santander Río SA", resol. de 5-XII-2018; I. 75.157, "Martínez Azaro", resol. de 10-IV-2019; I. 76.485, "Flores Piran", resol. de 23-XI-2020; I. 75.756, "Barsi S.A.", resol. de 24-XI-2021 e.o.).
II.3. Por otro lado, tampoco se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que provocaría a la demandante el pago de los tributos en cuestión de acuerdo a los preceptos objetados en el desarrollo de su actividad, su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.
En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, la actora se limita a insistir en destacar lo elevado del monto a ingresar según la liquidación administrativa de la Contribución Especial por Mantenimiento de la Red Vial para el año 2024 y el incremento que significó respecto de la correspondiente al año anterior y mencionar que el cumplimiento de tal obligación afectaría su patrimonio (v. punto XI.b. de la presentación electrónica de fecha 28-II-2024, 9:11:51 a.m.).
Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora.
Es que, además, aunque es cierto que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo pueden acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (causa I. 1.183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), en autos siquiera se ha ofrecido prueba alguna tendiente a cuantificar el peso que el cumplimiento con el pago de los tributos criticados tendría sobre la concreta situación económico financiera de la peticionante.
Tal orfandad probatoria impide evaluar la configuración del recaudo del peligro en la demora (doctr. causa I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015) o tener por demostrado que, en el estado actual de situación, los agravios formulados no puedan conjurarse con el dictado de la sentencia de mérito (CSJN Fallos: 344:1051).
III. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019; I. 78.640, "Suden", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:38 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:39 hs. bajo el número RR-447-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia