Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73162
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.162, "Bengolea, Carlos Alberto c/ Pcia. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45, Ley 6.716.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
I. Carlos Alberto Bengolea, por su propio derecho, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95).
Asimismo, solicita como tutela precautoria la suspensión de la aplicación de los artículos impugnados.
II. Por resolución del 24 de septiembre de 2014 el Tribunal ordenó cautelarmente a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar al actor lo dispuesto por los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), en cuanto imponen -como requisito previo para percibir el beneficio jubilatorio- la obligación de cancelar las matrículas profesionales en todas las jurisdicciones extrañas al ámbito provincial (v. fs. 19/22).
III. El Asesor General de Gobierno contestó la demanda y solicitó el rechazo de la pretensión sosteniendo el apego de las normas cuestionadas a los preceptos constitucionales en juego (v. fs. 24/36).
IV. La Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires contestó la citación que, en los términos de los arts. 90 inc. 1, 92 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial se le practicara, argumentando en similar sentido que el representante de la Provincia (v. fs. 77/88).
V. Vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, glosado el alegato de la parte actora, no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada ni la citada como tercero, oída la entonces señora Procuradora General, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor, invocando su calidad de abogado de la matrícula, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), norma que rige las prestaciones previsionales que otorga y administra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (en adelante la Caja). Lo hace porque exigen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la cancelación de la matrícula en la Provincia de Buenos Aires y en las demás jurisdicciones del país, algo que reputa contrario a los arts. 1, 11, 27, 31, 39 inc. 3, 57 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial.
En sustento de su postura invoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rebagliatti" por medio del cual fueron descalificadas las normas impugnadas en lo atinente a la exigencia referida a las jurisdicciones ajenas a la Provincia de Buenos Aires. También trae a consideración la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la causa A. 70.703, "Montezanti", sentencia de 13-XI-2013.
Pero además se agravia de lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 44 y el segundo párrafo del art. 45 de la ley 6.716, en cuanto imponen como condición para gozar del beneficio previsional otorgado, la cancelación de la inscripción en la matrícula también en la jurisdicción propia, prohibiendo al abogado jubilado de la caja específica ejercer la profesión.
Sostiene que no existe razón suficiente que justifique declarar incompatible la percepción de la jubilación con el trabajo por cuenta propia como abogado y que ello resulta contrario a los principios de igualdad, de razonabilidad y de progresividad de los derechos sociales (arts. 11, 39 inc. 3 y 57, Const. prov.), y manifiesta que la compatibilidad que reclama se encuentra consagrada en varios sistemas previsionales. En tal sentido, menciona primeramente a los arts. 2 y 34 inc. 1 de la ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; 60 del régimen previsional general del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994); 50 de la ley 13.236 de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia y 29 de la ley 13.237 del Sistema de Jubilaciones, Retiros y Pensiones del Servicio Penitenciario provincial.
A su vez, tras puntualizar que el decreto ley 7.918 no impide que magistrados y funcionarios judiciales, al cesar en su cargo y percibir la jubilación allí reglada, tengan la posibilidad de iniciar o retomar el ejercicio de la profesión libre de abogado, pone especialmente de relieve que el art. 47 de la ley 12.724, referido a la Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas, prescribe que sus afiliados, una vez obtenido el derecho a percibir el beneficio jubilatorio, pueden continuar inscriptos en la matrícula y mantener su actividad profesional, realizando los aportes exigidos por esa ley.
Arguye que las normas impugnadas lesionan el derecho a la libertad de trabajo asegurado en el art. 27 de la Constitución provincial y en los tratados internacionales que garantizan a todas las personas la libertad de elegir su actividad laboral o lucrativa y de permanecer en su ejercicio todo el tiempo que consideren conveniente. Considera que ello significa que no está permitido al legislador imponer límites temporales o cronológicos a la carrera, ni prohibir el ejercicio de la actividad por el hecho de haber reunido los requisitos legales para obtener el beneficio previsional.
En su parecer, los artículos controvertidos son irrazonables dado que la prohibición que contienen no explica por sí sola el propósito del legislador ni el interés público comprometido en su aplicación.
Añade que adquirió el derecho jubilatorio por haber reunido todos los requisitos exigidos a tal fin: la edad y los años de ejercicio profesional con aportes; razón por la cual descalifica la constitucionalidad de los preceptos que condicionan el goce del beneficio a la cancelación de la matrícula por lesionar, además de los derechos y garantías antes señalados, la propiedad y el principio de progresividad consagrados en los arts. 10, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
En suma, pide la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. 1995) y, como consecuencia de ello, que se le abonen los haberes devengados con intereses y costas.
II. Corrido el traslado de ley, el Asesor General de Gobierno solicita el rechazo parcial de la demanda, con imposición de costas.
Comienza por reconocer que las normas que imponen la cancelación de las matrículas de abogado fuera del ámbito en que el profesional estuviese inscripto como condición para el goce del beneficio previsional otorgado por la Caja, ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rebagliatti" (Fallos: 310:2039) y este Tribunal ha hecho lo propio en casos posteriores (cita las causas B. 49.213, "Iriarte", sent. de 27-X-1997; I. 1.197, "León", sent. de 18-XII-1990; e.o.).
Sin embargo, se opone a la procedencia de la pretensión del accionante en cuanto reclama que se le otorgue y abone el beneficio jubilatorio sin la obligación de cancelar la matrícula en la Provincia de Buenos Aires. Aduce que ese requisito no merece las tachas de inconstitucionalidad invocadas en el escrito de inicio.
A su entender la facultad de las provincias para legislar en materia de previsión social de las personas que ejercen las profesiones liberales es una consecuencia del poder de policía por ellas reservado y que así lo ha reconocido la Corte nacional en los precedentes registrados en Fallos: 286:187 y 289:238, entre otros.
Afirma que, en particular, el art. 42 in fine de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires asignó a la Legislatura la potestad para regular lo atinente a las profesiones liberales; norma que la autoriza a establecer condicionamientos, restricciones o limitaciones al ejercicio de la actividad profesional cumplida en su jurisdicción. Del mismo modo la habilita a regular los recaudos para la obtención y el goce del beneficio jubilatorio alcanzado como resultado del desempeño de esa actividad.
Sostiene que la legislación impugnada constituye una expresión constitucional válida del desarrollo de tal cometido y de la autonomía de la Provincia de Buenos Aires. Aduce que los agravios expuestos por el actor evidencian una discrepancia con la solución legislativa, cuya conveniencia o desacierto no incumbe a los magistrados juzgar.
En lo relativo a la alegada lesión al principio de igualdad al que mienta el art. 11 de la Constitución provincial, dice que, salvo lo previsto por la ley 24.241, los regímenes de la seguridad social invocados por el actor comprenden a trabajadores en relación de dependencia (v.gr., empleados públicos de la provincia; magistrados del Poder Judicial, personal policial y del servicio penitenciario) a los que no se los puede privar de ejercer el trabajo por cuenta propia. Por ello, aduce que no guardan equivalencia con los sistemas previsionales de las profesiones liberales y por lo tanto no se evidencia una discriminación arbitraria, propósito de hostilidad ni injusto privilegio.
Arguye que tampoco se encuentra comprometida la razonabilidad de los preceptos cuestionados. Señala en forma categórica que "jubilación" se identifica con estado de pasividad, por lo que en el marco del sistema de solidaridad solo será jubilado de la profesión quien pueda ser calificado de profesional pasivo; esto es, encontrarse en estado inactivo frente al ejercicio de la abogacía.
Aduce que resultaría inequitativo pretender poseer derecho a percibir un haber de retiro cuando se mantiene la actividad.
Concluye alegando que la restricción cuestionada constituye una razonable manifestación del poder de reglamentación, sin mengua de los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita que asegura el art. 27 de la Constitución provincial.
Con tales argumentos, afirma la constitucionalidad de las normas en juego y solicita el rechazo de la demanda en lo referido a la exigencia prevista dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con costas.
III. A fs. 77/88 se presenta el apoderado de la Caja demandada, acompaña copia de la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas con el pedido de jubilación ordinaria del accionante (v. fs. 51/76), adhiere a los fundamentos esgrimidos por el señor Asesor General de Gobierno y solicita el rechazo de la demanda de inconstitucionalidad, con costas.
Luego de analizar la evolución de la interpretación acordada a las normas impugnadas -antes y posteriormente a los casos "Rebagliatti" e "Iriarte"- advierte que el actor pretende que se condene a la Caja al pago del beneficio sin la obligación de cancelar la matrícula, no solo fuera del ámbito provincial, sino también en su propia jurisdicción.
Destaca que las normas en crisis son consecuencia del poder de policía reservado por los estados locales en el marco de las atribuciones emergentes de los arts. 40, 42 y 103 de la Constitución provincial.
Aduce que no hay un trato desigual y tampoco existe fundamento que justifique el agravio planteado en cuanto a la violación del principio de razonabilidad. En tal sentido, afirma que la jubilación se identifica con el estado de pasividad.
Afirma luego que el Estado provincial se encuentra facultado para regular el ejercicio de las profesiones liberales y añade que resultaría inequitativo que los profesionales activos de la matrícula sostengan el pago de las prestaciones previsionales en favor de quienes no poseen la condición o calidad de pasivo.
Pide el rechazo de la demanda de inconstitucionalidad y guarda silencio sobre la pretensión accesoria relativa al pago de los haberes devengados.
IV. Según surge de la documentación acompañada por las partes, el doctor Bengolea obtuvo, por acto del 17 de marzo de 2014, el beneficio jubilatorio ordinario básico normal por haber cumplido con los requisitos impuestos por los arts. 31, 35, 38 y concordantes de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), de acuerdo con la certificación de años con aportes obrante a fs. 58 y 68/69. Sin embargo, la Caja requirió al abogado beneficiario, previo a hacer efectiva la prestación, la acreditación de la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se encontrare inscripto, haciendo aplicación de lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (v. fs. 70/71).
V. La entonces señora Procuradora General dictaminó en sentido favorable a la pretensión actora, pero expidiéndose solamente sobre el condicionamiento legal del previo cese de la matrícula en las jurisdicciones del país ajenas a la de la Provincia de Buenos Aires.
VI. Expuestas las posiciones de las partes, el asunto a resolver reside en determinar si los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), en cuanto imponen la cancelación de la matrícula en la Provincia de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones del país, como requisito previo para percibir el beneficio jubilatorio, se encuentran en pugna con los principios y normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires invocados por el actor.
El art. 44 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) dispone que "El abogado adquirirá el derecho a la jubilación cuando reuniere los requisitos que establece la presente ley, aun cuando continuare en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de lo cual podrá solicitar a la Caja el acto administrativo que así lo declare".
A continuación, especifica que "Para tener derecho a percibir el beneficio deberá acreditar la cancelación de su matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país que estuviere inscripto, mediante certificación pertinente".
Por su parte, el art. 45 establece que "El jubilado no podrá ejercer la profesión de abogado ni la de procurador, ni el notariado, en forma directa ni indirecta, ni tampoco integrar con su nombre estudios jurídicos...". Además, determina que la percepción del beneficio es incompatible con el ejercicio en todo el país de cargos judiciales, en tribunales administrativos y en cualquier función pública que requiera para su ejercicio el título de abogado, a excepción de la docencia. En orden a ello, faculta al jubilado que estuviera gozando de la prestación a solicitar la suspensión del pago del beneficio para ejercer alguna de las actividades profesionales enunciadas.
VII. Habida cuenta de la existencia de precedentes sobre algunos aspectos de la cuestión controvertida, el examen de acerca de la procedencia de la impugnación constitucional formulada por el actor exige tratar por separado los agravios relativos a la mentada obligación de cancelar la matrícula para ser cumplida dentro de la Provincia de Buenos Aires, de los concernientes a ese mismo requerimiento fuera del ámbito provincial.
En punto a la imposición señalada más allá de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, el reclamante expone -y el Asesor General de Gobierno en su contestación reconoce (v. punto III.1., fs. 26)- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de las normas aquí impugnadas por su oposición a principios básicos del federalismo, al dictar sentencia en las causas "Rebagliatti" (Fallos: 310:2039); I.170.XX "Iriarte", sentencia de 27-X-1987 y L.454.XXII, "León", sentencia de 18-XII-1990, en las que revocara decisiones de esta Corte, postura luego receptada por esta última al pronunciarse en la causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sentencia de 27-X-1998.
Por los motivos allí brindados -a los que remito por razón de la brevedad- debe hacerse lugar a la pretensión en este punto, declarándose la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) y su inaplicabilidad a la situación de hecho del abogado Carlos Alberto Bengolea, en cuanto imponen la cancelación de la matrícula profesional fuera del ámbito provincial, condicionando el concreto goce de su derecho jubilatorio a tal exigencia.
Pero, como se ha dicho, el actor ambiciona, además, que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) y que se le permita gozar del beneficio jubilatorio "sin la obligación de cancelar la matrícula incluso en la Provincia de Buenos Aires" (v. fs. 4 vta.). Al examen de este agravio se dedican los párrafos siguientes.
VIII.1.a. En la causa B 59.911, "Grosso" (sent. de 16-IX-2003) esta Corte interpretó que el hecho de que se haya declarado la inconstitucionalidad la norma que obliga a cancelar las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como condición para el goce del derecho jubilatorio, no conduce a invalidar la carga de efectuar tal cancelación en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, dado que en aquel litigio no se produjo un debate constitucional acabado sobre la pertinencia de semejante recaudo legal, el Tribunal no se encuentra concluyentemente vinculado por dicho precedente.
Ello aclarado cabe entrar de lleno al juzgamiento del asunto.
VIII.1.b. Está fuera de discusión que la Provincia, en uso del poder no delegado, puede crear y reglamentar los regímenes de seguridad social para los agentes de la administración pública y que también le es dado legislar sobre la práctica de las profesiones liberales, así como en materia de previsión social para las personas que ejercen tales desempeños (arts. 5, 121, 122, 123, 125 y concs., Const. nac.; 42, Const. prov.; CSJN Fallos: 286:187; 312:1340; 323:1374).
Sin desconocer esa potestad, la pretensión deducida reposa en la idea de que la incompatibilidad de la percepción de la jubilación con la continuidad del ejercicio de la profesión de abogado no se justifica y por tanto es inconstitucional.
VIII.2. Esta Suprema Corte ha sostenido que la razonabilidad es principio fundamental que preside e informa a toda regulación de los derechos consagrados en el ordenamiento constitucional (doctr. causas I. 2.215, "Asociación Testigos de Jehová", sent. de 14-VI-2017 e I. 3.109, "A. d. C. D.", sent. de 11-VII-2018).
Entre otras consecuencias, su fuerza imperativa marca un límite de acatamiento insoslayable en cuanto al ejercicio válido de la potestad pública. Su observancia, por otra parte, reclama que la norma se funde en circunstancias justificantes, esté inspirada en la consecución de un fin de interés general, disponga el empleo de medios adecuados y proporcionales con ese propósito y, entre otros recaudos, no conduzca a generar una situación de inequidad manifiesta (doctr. causas I. 1.164, "Rojas", sent. de 7-VII-1983; I. 1.128, "Mondino", sent. de 28-XII-1982; I. 2.260, "Federación de Educadores Bonaerenses", sent. de 27-II-2008; B. 59.748, "Asarchuk", sent. de 22-XII-2010; I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", sent. de 11-IV-2018 e I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018).
VIII.3. El actor invoca para sí -y denuncia impropiamente cercenado- el derecho a ejercer la profesión de abogado, de consuno con el derecho al goce de beneficios previsionales. En tanto que la percepción de la jubilación de abogado se supedita al cierre de la matrícula (en puridad, por lo dicho supra VII esa carga se aplica sólo sobre la matrícula atingente a la jurisdicción local), considera que la ley 6.716 es constitucionalmente objetable porque impide el goce de ambos derechos en modo simultáneo o acumulativo.
Aunque sugerentes y seriamente formulados, los planteamientos de la parte actora no son de recibo.
VIII.3.a. La Constitución reconoce la libertad de ejercer el trabajo, industria, profesión o comercio en condiciones que no ofendan al interés general, ni sean contrarias a las leyes o de
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