Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76630
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a título cautelar, que se abstenga de aplicar al señor Adrián Arturo Gil Quinterno lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la ley 6716 (t.o. dec. 4771/95), en cuanto imponen la cancelación de las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir el beneficio de jubilación ordinaria, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en el presente proceso (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
A dicho efecto, ofíciese al mencionado organismo, bajo responsabilidad del accionante, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
I.76.630 “GIL QUINTERNO, ADRIAN ARTURO C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 44 Y 45, LEY 6716”
I. El señor Adrián Arturo Gil Quinterno promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4771/95), que rige –entre otras cuestiones- las prestaciones previsionales que otorga y administra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establecen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la obligatoriedad de la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que los profesionales estuvieren inscriptos.
Relata que, encontrándose próximo a cumplir los 65 años de edad, lo que ocurrió el 23 de marzo de 2020, con fecha 19 de ese mismo mes y año inició el correspondiente procedimiento para la concesión de su jubilación ordinaria a través del sitio web del mencionado organismo.
Sin embargo, refiere que como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional ante la situación epidemiológica por la pandemia de Covid 19, la Caja de Previsión Social dispuso suspender la atención al público. En virtud de ello, sostiene no haber podido cumplimentar la exigencia de presentar en formato papel la pertinente documentación en la delegación más cercana a su domicilio, tal como le fuera indicado por el ente.
Luego de reseñar el intercambio electrónico que mantuvo con la Caja respecto al trámite administrativo incoado, manifiesta que se le ha informado que la concesión del beneficio se encuentra supeditada a la previa cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que estuviere inscripto de acuerdo al art. 44 de la ley 6.716.
Ante dicha comunicación, el accionante cuestiona la exigencia a la que se condiciona la percepción de la prestación previsional como así también lo previsto en el art. 45 del mismo texto legal, en tanto prohíbe al abogado jubilado ejercer en cualquier jurisdicción. Así, alega que ambos preceptos importan el ejercicio de una competencia extraterritorial de atribuciones locales, entrometiéndose en la regulación de la seguridad social de la profesión en ámbitos ajenos sin hallarse el Estado provincial legitimado a ese efecto. En este sentido, arguye que el régimen, tal como ha sido regulado, afecta directamente al sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país en su organización institucional.
Asimismo, cita jurisprudencia de este Tribunal (causas B. 49.213, "Iriarte", sent. de 27-X-1991 e I. 1.197, "León", sent. de 18-XII-1990) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Rebagliatti", Fallos: 310:2039) en apoyo de su postura.
En suma, entiende que las normas impugnadas resultan contrarias a lo establecido en los arts. 1, 11, 27, 31, 39 inc. 3, 57 y 103 inc. 13 de la Constitución local y 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 2 de la Carta nacional.
Finalmente, solicita como tutela cautelar que se ordene a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de exigir la cancelación de la inscripción en las matrículas en que se hallare registrado en otras jurisdicciones, destacando que se encuentra inscripto en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Es así que requiere se ordene dar curso a su solicitud sin la exigencia de tal recaudo, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa.
II.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020, e.o). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la validez del precepto posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
II.2. En el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de los preceptos impugnados en autos al dictar sentencia en las causas "Rebagliatti" (Fallos: 310:2039); I.170.XX "Iriarte", sentencia de 27-X-1987 y L.454.XXII, "León", sentencia de 18-XII-1990, en las que revocara decisiones de este Tribunal, postura que luego fue receptada por esta Corte al pronunciarse en la causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sentencia de 27-X-1998.
Ello, fundamentalmente, sobre la base de que las provincias no pueden -por conducto de las normas regulatorias de los beneficios previsionales locales- incidir en el ejercicio de actividades profesionales cumplidas en ajena jurisdicción, razón por la cual las leyes provinciales que imponen la cancelación de la matrícula profesional en todo el país como condicionamiento para acceder al goce efectivo del beneficio jubilatorio, importan el ejercicio extraterritorial de sus atribuciones, interfiriendo en la regulación del ejercicio de la profesión en otros ámbitos territoriales sin hallarse facultadas a ese efecto.
Es así que, la pretensión del actor en esta instancia del proceso posee una seria y consistente apariencia de buen derecho, resultando la doctrina reseñada aplicable al caso. Esto, en tanto la cuestión constitucional determinante –analizada en los precedentes reseñados- es que las provincias no tienen facultades para intervenir en el ejercicio de las actividades profesionales cumplidas en ajena jurisdicción.
Ello, claro está, con independencia de las cuestiones particulares y concretas relativas a la procedencia del beneficio previsional solicitado, la que deberá ser evaluada por la caja respectiva.
III. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado. En efecto, la demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación de las normas cuestionadas y, en consecuencia, permitirle al señor Gil Quinterno acceder al otorgamiento de la prestación previsional, cuyo trámite ha iniciado. De este modo, es probable que de no hacerse lugar a lo requerido, éste se vea fuertemente imposibilitado de gozar del mentado beneficio, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a título cautelar, que se abstenga de aplicar al señor Adrián Arturo Gil Quinterno lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la ley 6716 (t.o. dec. 4771/95), en cuanto imponen la cancelación de las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir el beneficio de jubilación ordinaria, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en el presente proceso (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
A dicho efecto, ofíciese al mencionado organismo, bajo responsabilidad del accionante, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 12:41:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 08:56:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:35:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia