Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76630
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la petición de declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal efectuada por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en su presentación del día 11 de diciembre de 2020.
II. No hacer lugar a la oposición planteada por la entidad previsional demandada respecto de la medida cautelar dictada en autos con fecha 25 de noviembre de 2020.
I.76.630 “GIL QUINTERNO, ADRIAN ARTURO C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 44 Y 45, LEY 6716”
I. Mediante resolución del día 25 de noviembre de 2020, esta Suprema Corte concedió la medida cautelar solicitada en autos por el señor Adrián Arturo Gil Quinterno y -en consecuencia- ordenó a la Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar al actor lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. 4771/95), en cuanto imponen la cancelación de matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir el beneficio jubilatorio; ello, hasta que recaiga el pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
II.1. Con fecha 11 de diciembre de 2020, se presenta la entidad demandada -a través de sus apoderados- y solicita se declare abstracta la cuestión litigiosa, por estimar que la acción esgrimida resulta “innecesaria”. En este sentido, sostiene que el actor, eventualmente, “tendrá la opción de cancelar todas las matrículas en que se encuentra inscripto o invocar administrativamente el antecedente caso Pasik y la Caja dictará el correspondiente acto administrativo”.
Respecto de la medida cautelar decretada, denuncia la imposibilidad de su cumplimiento y plantea que la pretensión entablada “resulta prematura e innecesaria debido a que, no existe beneficio jubilatorio concedido para una posible aplicación o no, de los requisitos establecidos en los artículos tachados de inconstitucionales” (v. punto III del escrito electrónico de fecha 11-XII-2020).
Finalmente, afirma que el accionante dio inicio al trámite jubilatorio, el cual no completó por no acompañar la totalidad de la documentación requerida a partir de la apertura de las Delegaciones de dicho ente.
II.2. La parte actora resiste las peticiones referidas afirmando que lo manifestado por la entidad previsional se contradice con las constancias probatorias acompañadas y, en particular, con la respuesta brindada electrónicamente por ésta el día 21 de agosto de 2020.
Resalta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sólo tiene efectos en el caso concreto en que se decide, los cuales no pueden expandirse a otras causas, motivo por el cual la defensa invocada por la Caja de Previsión Social “queda inmersa en la doctrina de los propios actos y por lo tanto es inadmisible” (v. punto I.a. del escrito electrónico de fecha 1-II-2021).
Asimismo, aduce que la demandada no puede desconocer la existencia del expediente jubilatorio, cuando reconoce que el trámite ha sido iniciado por vía electrónica, conforme se indicara en el sitio web oficial del organismo.
Concluye que su derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social no debe quedar librado a que la accionada realice una conducta prohibida por la ley; en especial, cuando la propia Caja ha sido quien ha opuesto la vigencia del art. 44 de la ley 6.716, aquí controvertido (v. punto I.d. del escrito electrónico de fecha 1-II-2021).
III. Atento el relato de antecedentes que precede y la etapa procesal en la que se encuentra la causa, el presente pronunciamiento debe ceñirse, por un lado, al análisis del planteo realizado por la Caja de Previsión Social para Abogados concerniente a la solicitud de que la controversia sea declarada abstracta y, por el otro, al levantamiento de la tutela precautoria dispuesta atento la imposibilidad de su cumplimiento actual.
IV. Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997 e I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta (doct. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
En el caso de la acción originaria regulada en los artículos 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial se ha precisado que si bien tiene como finalidad el dictado de una sentencia declarativa, tal declaración viene engarzada en un contexto fáctico determinado por el caso; con lo cual, tras la proclamación de inconstitucionalidad del precepto reputado lesivo de las normas superiores se ordena la inaplicabilidad del mismo a la situación de hecho en que se encuentra el actor. Ello, claro está, con independencia de la acumulación de otras condenas asociadas a las acciones que se hubieran deducido en forma condicionada a aquella declaración.
La necesidad, entonces, de la configuración de un caso como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general y, de esta acción originaria de inconstitucionalidad, en particular, pues es a partir del mismo que la pretensión constitucional cobra sentido.
Precisamente, existe caso en la materia bajo análisis si la petición excede el carácter simplemente consultivo y no comporta una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a una controversia que busca restablecer los efectos de las normas reputadas inconstitucionales (cfr. arts. 161 inc. 1 y 171, Const. prov., 34 inc. 4, 163 inc. 6, primera parte, 684, 685, 687 y 688, CPCC; doct. causa I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010).
Ello, puesto que la cuestión constitucional a dirimir debe presentarse como un instrumento para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (cfr. causas I. 1.613 “Carpinetti”, sent. de 11-V-1995 e I. 1.985 “Gaspes”, sent. de 26-V-2005).
De los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, surge evidente que el interés del actor no ha perdido virtualidad, toda vez que persiste el agravio denunciado en su escrito inicial de cumplir, eventualmente, con la exigencia de cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país en las que los profesionales estuvieren inscriptos a los fines de hacer efectivo el beneficio jubilatorio.
Ahora bien, sin perjuicio de las manifestaciones vertidas por la accionada en su primera intervención, surge con claridad que el agravio que motivó la presente demanda no ha perdido virtualidad en tanto no se ha modificado la normativa vigente aplicable al caso ni la situación fáctica en que se enmarca la pretensión. Para más, la solución arribada no se conmueve en sus fundamentos por la mera invocación del presunto antecedente citado por la Caja del “caso Pasik”, en tanto omite individualizar correctamente el precedente mencionado -y su órgano emisor-, lo que imposibilita el análisis de su contenido y la repercusión que éste habría de tener en la esfera de intereses de quien acciona.
Siendo así, corresponde denegar el pedido formulado por la parte demandada con fecha 11 de diciembre de 2020 de declarar extinguida la controversia por haberse tornada abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
V. Sentado ello, cabe expedirse acerca de la imposibilidad de cumplimiento de la medida cautelar ordenada por este Tribunal el día 25 de noviembre de 2020 denunciada.
Al respecto, es dable recordar que las notas de provisionalidad y variabilidad que caracterizan a este tipo de medidas permiten que en todo proceso sea factible disponer la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (cfr. arts. 202 a 204, CPCC; doctr. causa I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019, e.o.).
En la especie, sin perjuicio de las alegaciones en otro sentido formuladas por la demandada, no sólo no se han alterado las circunstancias que determinaron el dictado del remedio precautorio otorgado, sino que tampoco se advierte que en autos se configure un supuesto de “imposibilidad de cumplimiento actual” denunciado.
Sobre el punto, deviene necesario destacar que la pretensión ha sido interpuesta con carácter preventivo, por lo que el cuestionamiento de las normas en pugna efectivamente ha tenido lugar antes de que éstas sean aplicadas.
Así, ambas partes coinciden en que el actor el día 19 de marzo de 2020 inició el procedimiento para el otorgamiento de su jubilación ordinaria a través del sitio web de la Caja de Previsión Social para Abogados. Sin embargo, discrepan en que dicha circunstancia diera origen a la formación del pertinente expediente administrativo, debido a la falta de presentación de la restante documentación requerida al efecto ante la Delegación respectiva.
En lo que aquí concierne, la demandada aduce que la pretensión resulta prematura, toda vez que “aún concedido el beneficio tampoco resultaría ejecutable hasta tanto el profesional decidiera percibir el beneficio, momento donde resultaría operativa la exigencia de cancelar sus matrículas” (v. punto III del escrito electrónico de fecha 11-XII-2020).
Tal manifestación sella la suerte adversa de su planteo. Cabe recordar que la medida decretada por este Tribunal el día 25 de noviembre de 2020 importa una orden para que la entidad previsional demandada se abstenga de aplicar al señor Adrián Arturo Gil Quinterno lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la ley 6716 (t.o. dec. 4771/95), en cuanto imponen la cancelación de las matrículas profesionales fuera del ámbito provincial como requisito para percibir el beneficio de jubilación ordinaria. Esto, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en el presente proceso.
Así, teniendo en consideración los alcances indicados en la mencionada providencia, no se evidencia que en el caso concurran circunstancias particulares que impidan su acatamiento, claro está, en la instancia procedimental oportuna.
En tales condiciones, los argumentos esgrimidos por la accionada respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la medida cautelar ordenada el día 25 de noviembre de 2020 resultan inatendibles.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la petición de declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal efectuada por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en su presentación del día 11 de diciembre de 2020.
II. No hacer lugar a la oposición planteada por la entidad previsional demandada respecto de la medida cautelar dictada en autos con fecha 25 de noviembre de 2020.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:07:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:10:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:16:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 14:19:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 16:37:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia