Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76630
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 76.630, "Gil Quinterno, Adrián Arturo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45, Ley 6.716", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Torres, Genoud, Kogan, Soria, Carral .
Adrián Arturo Gil Quinterno, por su propio derecho, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, procurando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95).
Además, solicita la citación como tercero de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y, como tutela precautoria, la suspensión de la aplicación de los artículos impugnados.
Por resolución del 25 de noviembre de 2020 el Tribunal ordenó cautelarmente a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar al actor lo dispuesto por los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), en cuanto imponen -como requisito previo para percibir el beneficio jubilatorio- la obligación de cancelar las matrículas profesionales en todas las jurisdicciones extrañas al ámbito provincial.
La Caja contestó la citación que, en los términos de los arts. 90 inc. 1, 92 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial se le practicara. En dicho escrito solicitó que se declare abstracto el presente proceso, y afirmó que la medida cautelar decretada resultaba innecesaria y de imposible cumplimiento. Ello por entender que la acción interpuesta era prematura e innecesaria en tanto por un lado no existía beneficio jubilatorio concedido y por otro, que si el actor decidía hacer efectivo un futuro beneficio acordado, tenía la opción de cancelar todas las matrículas en que se encontraba inscripto o invocar administrativamente el antecedente "caso Pasik". Así, la Caja dictaría el acto otorgando el beneficio con la sola cancelación de la matrícula en el ámbito provincial.
El actor contestó el traslado y argumentó en contra de lo afirmado por la Caja.
Este Tribunal, mediante resolución del 19 de marzo de 2021 rechazó la petición de la Caja de declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída y no hizo lugar a la oposición planteada por la entidad previsional sobre la medida cautelar. Tal decisión se sustentó en que el agravio que dio motivo a la demanda persistía y no se había modificado la normativa vigente aplicable al caso.
Por su parte, el señor Asesor General de Gobierno al contestar la demanda, teniendo en cuenta antecedentes sobre el tema resueltos por este Tribunal, se allanó a la pretensión conforme el art. 307 del Código Procesal Civil y Comercial y solicitó la eximición de la imposición de costas.
Sobre este último punto, la parte actora se notificó en modo espontáneo, pidió su rechazo y reiteró el pedido de imposición de costas a la Caja y a la Provincia de Buenos Aires.
Vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, habiendo hecho uso de ese derecho solo la parte actora, oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor, invocando su calidad de abogado de la matrícula, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), norma que rige las prestaciones previsionales que otorga y administra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (en adelante la Caja). Los apuntados artículos establecen como requisito para percibir el beneficio jubilatorio la cancelación de la matrícula en la Provincia de Buenos Aires y en las demás jurisdicciones del país, algo que reputa contrario a los arts. 1, 11, 27, 31, 39 inc. 3, 57 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 2 de la Constitución nacional.
Relata que el 19 de marzo del año 2020 inició el trámite de jubilación a través del sitio web de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme lo requiere el organismo. El pedido fue motivado por la proximidad de cumplir los 65 años de edad (el 23 de marzo de dicho año).
A su vez, también ese mismo 19 de marzo solicitó al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Delegación General San Martín, el certificado de inscripción en la matrícula para cumplir con lo informado por la mencionada Caja.
Explica que con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional le fue imposible entregar la documentación requerida en forma personal a la Caja dado que dicho organismo cerró la atención al público a partir del 23 de marzo de 2020 inclusive. Aclara que era la fecha en que se encontraba en condiciones de efectuar la presentación por haber llegado a la edad para jubilarse.
Tal circunstancia dio lugar a un intercambio epistolar virtual, que transcribe, en el que la Caja reconoce que registra un pedido de jubilación con fecha 19 de marzo de 2020 y le hace saber que hasta tanto no ingrese la documentación, no está obligada a dar curso al dictado del acto administrativo. Además, a su pregunta de si el beneficio comenzó a partir del cumplimiento de la edad para jubilarse, en su caso el 23 de marzo de 2020, indica que la Caja le contestó que de acuerdo al art. 44 de la ley 6.716, el alta del beneficio queda supeditado a la acreditación de la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país donde estuviere inscripto.
De ello deduce que el órgano previsional no le concederá el beneficio hasta tanto no haya cancelado la matrícula de abogado en todas las jurisdicciones en las que se encuentre inscripto y por ello solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716. Aclara que se encuentra matriculado en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Martín y en el Colegio de Abogados de la Capital Federal.
En sustento de su postura invoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rebagliatti" por medio del cual fueron descalificadas las normas impugnadas en lo atinente a la exigencia referida a las jurisdicciones ajenas a la Provincia de Buenos Aires. También trae a consideración las sentencias dictadas por esta Suprema Corte en las causas B. 49.213, "Iriarte", sentencia de 27-X-1997 e I. 1.197, "León", sentencia de 18-XII-1990; entre otras.
Plantea que es inadmisible que el Estado provincial pueda a través del condicionamiento del goce del beneficio jubilatorio por él otorgado, incidir en el ejercicio de la actividad profesional cumplida en ajena jurisdicción, extralimitando así su competencia territorial y violentando el federalismo regido por la Constitución nacional.
Además de la transgresión de competencia territorial y del sistema representativo, republicano y federal (arts. 1 y 75 inc. 2, Const. nac.) manifiesta que resulta contrario a los principios de igualdad y a su derecho de trabajar.
Por ello, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) en cuanto imponen la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país para hacer efectivos los beneficios previsionales que consagran, contrariando así los arts. 1, 11, 27, 31, 39 inc. 3, 57 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial y 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 2 de la Constitución nacional.
II. La Caja, en su primera intervención en este proceso, indica que "...para efectivizar el beneficio previsional se requiere la cancelación de la matrícula, pero puede solicitar la aplicación del 'caso Pasik' y cancelar solo la matrícula provincial y dejar activas las de extraña jurisdicción".
Por otro lado, plantea que en el caso no existe un beneficio acordado al que le sea de aplicación tal declaración y de existir resultaría innecesario por la existencia de un trámite administrativo opcional que tornaría abstracta la declaración pretendida.
III. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno se allanó incondicionalmente y solicitó la eximición de las costas.
Destaca que las normas que imponen la cancelación de las matrículas de abogado fuera del ámbito en que el profesional estuviese inscripto como condición para el goce del beneficio previsional otorgado por la Caja, ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Rebagliatti" (Fallos: 310:2039), y este Tribunal ha hecho lo propio en casos posteriores, previamente revocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas B. 49.213, "Iriarte", sent. de 27-X-1997; I. 1.197, "León", sent. de 18-XII-1990; e.o.), postura que fue adoptada por esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa I. 2036, "Nieto Blanc", sentencia de 27-X-1998 y recientemente en la causa I. 73.162, "Bengolea", sentencia de 27-VIII-2020.
IV. Según surge de la documentación acompañada por las partes, el 19 de marzo de 2020 el doctor Gil Quinterno inició el procedimiento para el otorgamiento de su jubilación ordinaria a través del sitio web de la Caja.
Como consecuencia del aislamiento obligatorio, a partir del 23 de marzo del mismo año, fecha en la que el actor cumplía con el requisito etario requerido para solicitar el beneficio, debía completar el trámite acompañando documentación en modo presencial, situación que se volvió imposible de cumplir dada la medida nacional decretada.
Ante tal circunstancia, el actor consultó, mediante correo electrónico a la Caja, cómo debía proceder. Por esa vía, con fecha 21 de agosto de 2020 el organismo informó que se reanudaba la actividad administrativa, que debía presentar la documentación faltante y transcribió la parte pertinente del art. 44 de la ley 6.716 que exige para tener derecho a percibir el beneficio, la acreditación de la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se encontrare inscripto. El intercambio epistolar fue acompañado por el actor y también acompañado y reconocido por la Caja en su presentación del 8 de noviembre de 2021.
Como consecuencia, ante dicha exigencia, al mes siguiente el actor inició el presente proceso (28 de septiembre de 2020) persiguiendo que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de dicha exigencia.
De dicho intercambio no surge que la demandada le haya informado al actor sobre la posibilidad de pedir la excepción administrativa ("caso Pasik") que, en cambio, en esta instancia judicial plantea la Caja.
Aun así, el actor al momento de alegar manifiesta que la existencia de tal posibilidad para hacer efectivo el beneficio no obsta a la presente acción de inconstitucionalidad, en tanto considera que no debe quedar el acceso al beneficio sujeto a la decisión (incierta) que tome el organismo en cada caso y menos aún luego de haber sido informado sobre la vigencia del requisito del art. 44.
V. Por su parte, el señor Procurador General dictaminó en sentido favorable a la pretensión actora al expedirse sobre el condicionamiento legal del previo cese de la matrícula en las jurisdicciones del país ajenas a la de la Provincia de Buenos Aires.
VI. Adelanto que le asiste razón al demandante.
Expuestas las posiciones de las partes y analizada la documental acompañada, el asunto a resolver reside en determinar si los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95), en cuanto imponen la cancelación de la matrícula en la Provincia de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones del país, como requisito previo para percibir el beneficio jubilatorio, se encuentran en pugna con los principios y normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires invocados por el actor.
El art. 44 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) dispone que "El abogado adquirirá el derecho a la jubilación cuando reuniere los requisitos que establece la presente ley, aun cuando continuare en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de lo cual podrá solicitar a la Caja el acto administrativo que así lo declare".
A continuación, especifica que "Para tener derecho a percibir el beneficio deberá acreditar la cancelación de su matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país que estuviere inscripto, mediante certificación pertinente".
Por su parte, el art. 45 establece que "El jubilado no podrá ejercer la profesión de abogado ni la de procurador, ni el notariado, en forma directa ni indirecta, ni tampoco integrar con su nombre estudios jurídicos...". Además, determina que la percepción del beneficio es incompatible con el ejercicio en todo el país de cargos judiciales, en tribunales administrativos y en cualquier función pública que requiera para su ejercicio el título de abogado, a excepción de la docencia. En orden a ello, faculta al jubilado que estuviera gozando de la prestación a solicitar la suspensión del pago del beneficio para ejercer alguna de las actividades profesionales enunciadas.
VII. En punto a la imposición de cancelar la matrícula más allá de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, el reclamante expone -y el señor Asesor General de Gobierno en su contestación reconoce- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de las normas aquí impugnadas por su oposición a principios básicos del federalismo, al dictar sentencia en las causas "Rebagliatti" (Fallos: 310:2039); I.170.XX, "Iriarte", sentencia de 27-X-1987 y L.454.XXII, "León", sentencia de 18-XII-1990, en las que revocara decisiones de esta Corte, postura luego receptada por esta última al pronunciarse en la causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sentencia de 27-X-1998 y recientemente, en igual sentido, en la causa I. 73.162, "Bengolea", sentencia de 27-VIII-2020.
Por los motivos allí brindados -a los que remito por razón de la brevedad-, corresponde hacer lugar a la pretensión declarándose la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) y su inaplicabilidad a la situación en la que se encuentra el abogado Adrián Arturo Gil Quinterno, en cuanto imponen la cancelación de la matrícula profesional fuera del ámbito provincial, condicionando el concreto goce de su derecho jubilatorio a tal exigencia.
Una vez firme, deberán cesar los efectos de la medida cautelar otorgada por resolución de fecha 25 de noviembre de 2020.
VIII. En lo que respecta a las costas, corresponde analizar la petición del representante de la Provincia demandada relativa a su eximición, con motivo de su allanamiento a la demanda.
Adelanto en tal sentido que, sobre la base de los fundamentos que he adoptado en precedentes de similar configuración (cfr. causas I. 75.053, "Bigotti", sent. de 16-XII-2020; I. 76.490, "Maccario", sent. de 23-XII-2020; I. 75.987, "Ageitos", sent. de 23-XII-2020; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", sent. de 1-VII-2022; e.o.), entiendo que -en la especie- las costas deben ser soportadas íntegramente por la Provincia de Buenos Aires.
En los precedentes recién citados advertí que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial establece el principio general acerca de que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria. Sin embargo, exceptúa de tal regla el inc. 1 del art. 70 de ese mismo cuerpo normativo, al establecer: "No se impondrán las costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación". Finalmente, precisa lo siguiente: "Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo".
De conformidad con lo sostenido en los precedentes ya aludidos, considero que es la actuación con derecho lo que da la verdadera dimensión de la objetividad en materia de costas y, por consiguiente, no necesariamente quien resulta vencido es quien ha de soportarlas, sino que han de recaer sobre el litigante que haya dado motivo a la articulación, o distribuirse en atención a las peculiaridades que han contribuido a caracterizar el expediente (conf. Gozaíni, Osvaldo A.; "Costas Procesales", Ediar, Buenos Aires, 1998, pág. 42).
En el caso, advierto que el allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno no reúne las notas exigidas por la referida norma y su doctrina (doctr. causas I. 2.214, "Di Montova", sent. de 16-II-2005; I. 2.291, "Rugani", sent. de 5-IV-2006; I. 2.798, "Alonso", sent. de 10-X-2007; C. 96.859, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 2-XII-2009 y el voto del doctor de Lázzari en la causa I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016;e.o.) para eximirlo de su deber de soportar los gastos del juicio. En efecto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya se dijo anteriormente, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (causas "Rebagliatti", Fallos: 310:2039; I.170.XX, "Iriarte", sent. de 27-X-1987 y L.454.XXII, "León", sent. de 18-XII-1990) y, esta Corte, recogió los fundamentos dados por el Superior Tribunal federal haciendo lugar a análogas pretensiones a las aquí ventiladas, la primera de las cuales fue dictada hace más de veinte años (causa I. 2.036, "Nieto Blanc", sent. de 27-X-1998).
En ese contexto, asiste razón a la actora cuando sostiene que la Provincia demandada pudo remover la legislación que la afecta y no lo hizo, obligándola a iniciar la presente acción.
De las constancias de autos se desprende que el abogado Gil Quinterno solicitó una medida cautelar con el objeto de suspender la aplicación de los artículos impugnados; si no lo hubiese peticionado, conforme lo informado en sede administrativa por la demandada, se le habría aplicado la normativa y en consecuencia no hubiese percibido el beneficio.
En suma, la imposición de costas en el ordenamiento procesal analizado no es una sanción al litigante vencido, sino el deber de resarcir al vencedor de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su derecho. En tal entendimiento, el allanamiento en las condiciones precedentemente apuntadas, carece de aptitud para determinar la exención pretendida por el señor Asesor General de Gobierno toda vez que la Provincia demandada dio lugar a la presente reclamación, sin que a la fecha de esta sentencia se hubieran modificado las disposiciones normativas que motivaron el inicio de la controversia.
Por las razones expuestas, las costas deben ser soportadas por la demandada (art. 70 inc. 1 in fine y sigs., CPCC).
Por todo ello, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a lo expuesto y votado por mi colega preopinante en cuanto hace lugar a la pretensión declarándose la inconstitucionalidad de los arts. 44 y 45 de la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) y su inaplicabilidad a la situación en la que se encuentra el abogado Adrián Arturo Gil Quinterno.
II. En cuanto a las costas del proceso, deben imponerse por su orden en razón de que el allanamiento del señor Asesor General de Gobierno fue real, incondicionado, oportuno, total y efectivo (art. 70, CPCC; causas I. 2.291, "Rugani", sent. de 5-IV-2006; I. 2.214, "Di Montova", sent. de 16-II-2005; I. 2.404, "Knight", sent. de 10-X-2007 y mi voto en I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", sent. de 1-VII-2022; e.o.).
Por todo ello, con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por
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