Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 71435
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 71.435, "Mussi, Juan Patricio (Intendente Munic. de Berazategui) c/ Prov. Bs As. s/ Inconstitucionalidad arts. 7 y 32, ley 13.894", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Genoud, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Torres.
I. Juan Patricio Mussi, en su condición de Intendente de la Municipalidad de Berazategui, por apoderado, promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 inc. "d" y 32 de la ley 13.894, en cuanto excluyen de la prohibición de consumir tabaco contemplada en el art. 2, a las salas de entretenimiento cuya actividad fuere autorizada por el Estado provincial o explotadas directamente por él.
Sostiene que la norma cuestionada es inconstitucional por transgredir los arts. 11, 25, 28, 56, 57, 190, 192 incs. 4 y 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como así también los arts. 5, 14, 16, 28, 31, 41, 123 y concordantes de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el señor Asesor General de Gobierno, quien contesta la demanda y solicita su rechazo con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Con posterioridad a la traba de la litis , el accionante denuncia como hecho sobreviniente la publicación y entrada en vigencia de la ley nacional 26.687 de regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, que aborda similar temática a la legislada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por la ley 13.894 (v. fs. 57/60).
Contestado por el señor Asesor General de Gobierno el traslado dispuesto a fs. 61, el Tribunal resolvió admitir como hecho nuevo la sanción de la referida ley (v. fs. 66).
IV. Encontrándose vencido el plazo durante el cual los autos se pusieron para alegar (v. constancia de fs. 89), se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires de fecha 18-IX-2012 la sanción de la ley 14.381 que introduce sustanciales modificaciones al régimen impugnado.
V. Esta Corte dispuso por resolución de fs. 104, para mejor proveer la decisión que corresponde adoptar en el caso, conferir traslado a las partes para que manifiesten el interés en el dictado de una sentencia de mérito.
VI. Contestado por la parte actora el traslado ordenado (v. fs. 109/115), agregada la documentación acompañada, los alegatos de ambas partes, oída la entonces señora Procuradora General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Juan Patricio Mussi, en su condición de Intendente de la Municipalidad de Berazategui, pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 inc. "d" y 32 de la ley 13.894 por transgredir los arts. 11, 25, 28, 56, 57, 190, 192 incs. 4 y 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como así también los arts. 5, 14, 16, 28, 31, 41, 123 y concordantes de la Constitución nacional.
Explica que el inc. "d" del art. 7 excluye de la prohibición de consumir tabaco que contempla el art. 2 de la norma, a las salas de entretenimiento cuya actividad fuere autorizada por el Estado provincial o explotadas por el mismo en las que no se permita la entrada de menores de dieciocho (18) años, cuya superficie total sea superior a los cuatrocientos (400) metros cuadrados.
En primer término, efectúa consideraciones con relación a los problemas que acarrea a la salud el tabaquismo, como así también el daño que causa la exposición al humo de tabaco ajeno.
Señala que el único modo eficaz de proteger la salud de todas las personas consiste en constituir ambientes totalmente libres de humo. Considera que la separación en áreas no garantiza dicha protección ni constituye una medida aceptable desde el punto de vista de la salud pública.
Luego de trascribir los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la provincial; el 4 de la Ley General del Ambiente; los arts. 1, 2, 5, 6 y 74 de la ley 11.723; 25 inc. 8 y 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) e instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes en punto a los efectos causados por la exposición al humo de tabaco, señala que en nuestro país no existe una ley nacional antitabaco.
A continuación expresa que la Municipalidad de Berazategui sancionó, con fecha 29 de mayo de 2008, la ordenanza 4.118 por medio de la cual se declaró al humo ambiental como sustancia tóxica y se dispuso implementar el programa denominado "ambientes libres de humo del tabaco" (art. 1); se estableció la prohibición de fumar en todo lugar cerrado de acceso público, tanto de la órbita pública como privada (art. 2) y prohibió la actividad de fumar en establecimientos, oficinas y en todo sitio cerrado de acceso público (art. 3).
Relata que en ocasión de efectuarse un operativo de control en la sede del establecimiento comercial denominado "Bingo Begui", sus autoridades manifestaron encontrarse excluidos del régimen instituido por la citada ordenanza, a partir de lo normado en los arts. 7 inc. "d" y 32 de la ley 13.894, por resultar sujeto a habilitación provincial.
Puntualiza que el poder de policía local en materia de habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales o fabriles, encierra la competencia municipal para establecer recaudos sustanciales en orden a cuestiones sanitarias y ambientales.
Aduce que las normas cuestionadas desconocen abiertamente la autonomía municipal, consagrada en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional; los principios de razonabilidad de las leyes y de igualdad jurídica, al establecer una discriminación positiva -a favor de las salas de juego- que no encuentra sustento lógico ni jurídico atendible.
Considera que la exclusión de las salas de juego referidas en el inc. "d" del art. 7 de la norma cuestionada, de los ámbitos donde debe regir la prohibición de fumar, resulta irrazonable pues se trata de un sitio donde las personas permanecen prolongados lapsos expuestos a la acción lesiva del humo de cigarrillo.
Aclara que si bien resultan atendibles las restantes excepciones que establece la ley, no existe motivo alguno por el cual deba admitirse el consumo de tabaco en salas de juego.
Agrega que, en materia sanitaria y ambiental, el poder de policía es compartido entre el gobierno nacional y los provinciales y consiste en establecer normas que operan como presupuestos mínimos de protección, dejando a los municipios las atribuciones para fijar aquellas que aseguren mayores garantías.
Esgrime que es facultad y deber de la comuna ejercer el poder de policía y que la ordenanza 4.118 es consecuencia de tal proceder.
Razona que todos los establecimientos comerciales o fabriles requieren, por distintos motivos, de la autorización otorgada tanto por organismos provinciales como por autoridades locales, de manera que la exclusión que asegura la norma a favor de determinados sitios, resulta extraña al régimen constitucional vigente.
Sostiene que la ley margina la vigencia de normas municipales para los establecimientos sujetos a autorización provincial.
Destaca la legislación adoptada por países como España, Noruega, Escocia, Italia e Irlanda, entre otros, que regulan prohibiciones de fumar a los menores de 18 años y restricciones relativas a los espacios públicos. Asimismo, detalla municipios y provincias argentinas que han legislado al respecto.
Alega que los preceptos cuya inconstitucionalidad postula vulneran el régimen constitucional vigente en materia de autonomía municipal y distribución de competencias en el Estado federal.
Plantea que, a partir de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, los municipios han adquirido autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo y económico financiero, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 5, 75 inc. 30 y 123.
Explica que una de las mayores fuentes de derecho en materia ambiental, tiene su origen en el poder de policía comunal, dado que está íntimamente vinculada con las potestades municipales en temas de moralidad, seguridad, higiene y salubridad.
Finalmente ofrece prueba y peticiona.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.
Sostiene que la acción entablada no puede prosperar, en tanto no se ha constatado la violación a los preceptos constitucionales invocados por el señor Intendente municipal.
Manifiesta que la sanción de la norma controvertida no implica un avasallamiento al régimen municipal instaurado en la Constitución provincial.
Señala que la cuestión a dilucidar radica en determinar si la Municipalidad tiene facultades para regular una determinada materia -en el caso la prohibición de fumar en determinados espacios- cuando ello ha sido reglamentado también por legislación provincial.
Argumenta que luego de la reforma del año 1994, la Constitución nacional ha dejado en manos de las Provincias la elección del régimen municipal y que la exigencia prevista en los arts. 5 y 123 conlleva su obligación de asegurar esa autonomía y a quienes corresponde, en definitiva, atendiendo a su específica realidad, determinar la intensidad que revestirá la descentralización, dentro del parámetro de autonomía que crean más conveniente.
Aduce que, en la Provincia de Buenos Aires, según lo establecido en los arts. 190 y 191 de su Constitución, las facultades de sus municipios se encuentran delimitadas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en las normas que dicte la legislatura local.
Considera que, de conformidad con el régimen municipal, las comunas son organismos delegados que dimanan de la voluntad del legislador provincial.
A continuación, analiza el modo en que fuera delimitada la competencia de los municipios en materia de habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales, entre los que se incluyen las salas de entretenimiento contempladas en la excepción consagrada en la normativa impugnada.
Sostiene que la Ley Orgánica de las Municipalidades circunscribe la competencia de las municipalidades al control de las condiciones de salubridad, seguridad, buenas costumbres y moralidad, correlacionada con la radicación y funcionamiento de establecimientos, en la medida que no se opongan a las normas provinciales (conf. art. 192, inc. 6, Const. prov.; 25 y 27 inc. 1, LOM).
Esgrime, por tanto, que la Ley Orgánica de las Municipalidades reconoce poderes o facultades que pertenecen a la Provincia y frente a los cuales la Municipalidad debe ceder. En ese sentido considera que las potestades de los municipios en materia de habilitación y funcionamiento de establecimientos encuentra un límite infranqueable en lo que disponga la normativa provincial.
En ese marco, y en lo que hace a la situación de las salas de entretenimiento cuya actividad fuere autorizada por el Estado provincial, expresa que corresponde a la comuna la habilitación de los locales comerciales donde funcionan, en tanto se ajusten a las reglamentaciones vigentes sobre seguridad, higiene, edificación, entre otras cuestiones; pero carece de competencia para legislar respecto de la prohibición de fumar, en tanto ello se encuentra expresamente contemplado en la normativa provincial.
Considera que la ordenanza del partido de Berazategui que establece la prohibición de fumar en todo sitio cerrado de acceso público, excedería el marco de las atribuciones que la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades otorgan a las comunas.
Puntualiza que es la Provincia la que debe marcar las pautas, requisitos y regímenes a cumplimentar en la materia y solo supletoriamente podrán hacerlo los municipios.
Concluye que permitir el consumo de tabaco en las salas de entretenimiento donde funcionan juegos de azar hace a su funcionamiento. Esgrime que es la Provincia la única autoridad competente para habilitar el funcionamiento de los juegos de azar y también quien permite o prohíbe determinadas actividades o conductas; en el caso, el consumo de tabaco, en las salas o lugares donde se explotan tales juegos.
Finalmente plantea el caso federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.
III. A fs. 57/60 la parte actora denuncia como hecho nuevo la publicación y entrada en vigencia de la ley nacional 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, que aborda similar temática a la legislada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por la ley 13.894.
Luego de trascribir los arts. 23, 24 y 27 de tal precepto, argumenta que el inc. "d" del art. 7 y el art. 32 de la regulación controvertida, resultan inconstitucionales en función de lo normado en los arts. 5, 6 y 31 de la Constitución nacional.
Invoca la preeminencia del ordenamiento federal por sobre el local, en la materia regida por la ley 26.687.
IV. El señor Asesor General de Gobierno esgrime que la ley nacional señalada no constituye un hecho nuevo, pues únicamente resulta de aplicación en jurisdicción nacional.
Añade que la prohibición de consumir tabaco es el resultado del ejercicio del poder de policía por parte de las provincias, que no fue delegado al gobierno nacional.
V. Con posterioridad a la traba de la litis , la Legislatura dictó la ley 14.381, (B.O. de 18-IX-2012, n° 26.921, suplemento) que, en su art. 3 dispuso sustituir el art. 7 de la ley 13.894, cuyo efecto fue suprimir el inc. "d" puesto en crisis por la parte actora.
De esta cuestión se hace cargo el dictamen de la entonces señora Procuradora General, el que luego de analizar el tema concluye aconsejando al Tribunal que declare abstracta la controversia por haber sido ésta estructurada sobre la base de un precepto que ha sido derogado (v. fs. 99 y vta.).
Asimismo, añade en su dictamen que tampoco encuentra justificación en resolver sobre la constitucionalidad del art. 32 de la regulación cuestionada, aunque tal norma no sufrió variación con el dictado de la ley 14.381. Ello, por considerar que los agravios expuestos a su respecto guardan relación directa con los del inc. "d" del art. 7; provocando que ambos perdieran actualidad.
VI. A fs. 109/115 la actora contesta el traslado conferido por el Tribunal a fs. 104.
Afirma que con la publicación y entrada en vigencia de la ley 14.381 (B.O. de 18-IX-2012) -que dispuso en su art. 3 sustituir el art. 7 de la ley 13.894 y, por tanto, suprimir el inc. "d"- la pretensión esgrimida por la Municipalidad de Berazategui respecto de tal precepto ha perdido actualidad, por lo que en dicho aspecto la cuestión, en su criterio, se ha tornado abstracta, sin que ello le sea imputable.
En relación a la pretensión relativa a obtener un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de la excepción establecida en el art. 32 de la mentada regulación, aduce que no ha perdido vigencia y que conserva un interés real o jurídico.
Recuerda que las municipalidades poseen la facultad para ejercer el control que importa hacer efectivo el poder de policía.
Agrega que la comuna de Berazategui asumió como deber impostergable, desde la sanción de la ordenanza 4.118, actuar todos los controles y prevenciones que estime pertinente.
VII. Atendiendo a los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, el asunto constitucional a resolver, exige previamente establecer la incidencia que la modificación legislativa antes apuntada reviste en la pretensión deducida. Para ello, corresponde analizar sus efectos con relación a cada una de las normas controvertidas.
VII.1. Respecto al art. 7 inc. "d" de la ley 13.894 y conforme el alcance con que ha sido promovida la demanda, resulta que por ella se persigue únicamente la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo (v. acápite "II-Objeto" del escrito de inicio obrante a fs. 17). Es decir, al pedido de condena declarativa no ha sido acumulada por la actora ninguna pretensión de naturaleza accesoria que pudiera por vía de esta sentencia compeler a la demandada a reparar los daños o eventuales créditos que pudieran haberse originado en cumplimiento de la norma derogada.
De lo expuesto surge evidente que el interés procesal de las partes en relación al art. 7 inc. "d" de la ley 13.894 ha perdido virtualidad; lo cual revela que cualquier pronunciamiento al respecto resultaría inoficioso, pues no podría tener más efecto que ordenar su inaplicación siendo que ello es así de todas maneras, por la vigencia de la ley 14.381 que suprime la regulación que traía la ley anterior -y que fuera motivo de agravio por la accionante- al excluir de la prohibición del consumo de tabaco a las salas de entretenimiento cuya actividad fuere autorizada o explotada por el Estado provincial.
En consecuencia, los cuestionamientos introducidos por la actora en su escrito de inicio relativos a la impugnación del mencionado art. 7 inc. "d" de la ley 13.894, a la luz de las modificaciones legislativas operadas en el curso del proceso, han perdido actualidad.
De allí que, no conservando las partes intervinientes un agravio concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por la norma aludida (v. fs. 17/31), cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic S.A.", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken I.P.E. S.A." e I. 1.526, "Copetro S.A.", ambas resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causa I. 1.279, "García y Cía. S.A.", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX- 1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso S.A.P.A.", resol. de 19-VIII-1997; entre muchas otras).
Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas y B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997).
VII.2. Siendo ello así y en relación a ese inc. del art. 7 de la ley 13.894, propicio que se declare abstracta la controversia (arts. 163 inc. 6 segundo apdo., CPCC).
VIII.1. Ahora bien, el demandante pretende además la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 de la mentada normativa, el que no ha sido eliminado ni modificado por la nueva ley 14.381.
Sin embargo, por las razones que a continuación desarrollaré, también considero innecesario un pronunciamiento acerca de su adecuación constitucional.
VIII.2. En punto al precepto aludido, el demandante finca sus agravios aduciendo, por un lado, que la municipalidad posee la facultad para ejercer el poder de policía local en materia de habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales o fabriles y para establecer recaudos sustanciales en orden a cuestiones sanitarias y ambientales.
Entiende que la norma cuestionada, al excluir a los locales que requieran autorización del estado provincial para su funcionamiento, implica vedar la aplicación de la regulación municipal y su control.
Alega que, de ese modo, se vulnera el régimen constitucional vigente en materia de autonomía municipal y distribución de competencias en el Estado federal. Plantea que, a partir de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, los municipios han adquirido autonomía en los órdenes institucional, político administrativo y económico financiero, de conformidad con
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