Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2227
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 2.227, "Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad dec. 754/2000" , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Genoud, Torres.
I. La Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante, ATE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (en adelante, SUTEBA) y la Central de Trabajadores Argentinos -Provincia de Buenos Aires- (en adelante, CTA), por apoderado, promueven la demanda originaria de inconstitucionalidad que prevén los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, respecto de los arts. 1, 2, 3, 7, 9, 16, 18 y concordantes del decreto 754/00.
Aducen que tal norma vulnera los preceptos contenidos en los arts. 14 bis, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 11, 31, 39 inc. 2, 41 y 57 de la Constitución local; tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina (Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 31, 38, 53 y concordantes de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.
Con carácter cautelar, piden que se ordene a la demandada que se abstenga de aplicarles lo dispuesto en los artículos cuestionados del decreto 754/00.
Ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 7 de junio de 2000, el Tribunal hizo lugar parcialmente al remedio cautelar solicitado y ordenó suspender con relación a las entidades gremiales que promueven la demanda, previa caución juratoria, la aplicación de lo dispuesto por el art. 16 del decreto 754/00 (v. fs. 24).
III. A fs. 29/34 se presenta el señor Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicita el levantamiento de la medida cautelar y, en subsidio, pide que sea limitada en lo que respecta a cuotas y aportes sindicales.
Plantea también, como de previo y especial pronunciamiento, la excepción de incompetencia. En este sentido, aduce que la cuestión sub iudice corresponde a la competencia de los tribunales del trabajo. Señala que los demandantes plantean que las disposiciones del decreto 754/00 que impugnan vulneran derechos contenidos en la ley 23.551 y sólo en "forma indirecta, oblicua o refleja, cuestionan la validez constitucional de la norma impugnada".
IV. A fs. 35/43 el señor Asesor General de Gobierno, contesta la demanda, plantea su inadmisibilidad y pide su rechazo (v. fs. 35/43).
V. Previo traslado a la actora, mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2000 el Tribunal decidió rechazar la excepción de incompetencia y el pedido de levantamiento de la medida precautoria decretada en autos.
Sin embargo, hizo lugar a la solicitud de modificación de la aludida cautela y especificó que "la no aplicación a los accionantes de lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 754/00 se circunscribe a los importes correspondientes a las cuotas sindicales y demás aportes cuya retención la Administración se encuentra legalmente obligada a realizar".
VI. Agregado el cuaderno de prueba de la parte actora (v. fs. 109/179), declarado perdido a las partes el derecho que tenían de alegar (v. fs. 184), oído el señor Procurador General (v. fs. 185/197) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor Asesor General de Gobierno plantea la inadmisibilidad de la demanda en base a dos fundamentos: no cumplir la exigencia de fundamentación mínima y carecer las organizaciones sindicales accionantes de legitimación activa.
I.1. En orden al primer aspecto, sostiene que las demandantes promueven la acción de inconstitucionalidad "limitándose tan sólo a aducir, en forma dogmática y mecánica, la violación -entre otros- del art. 39 de la Constitución provincial, los arts. 14 bis, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, Tratados Internacionales y los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 31, 38, 53 y conc. de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales [...], pero sin vincular al fundar tales lesiones [...] en forma específica y concreta a ningún artículo de la Carta Magna local". Afirma que "la demanda carece del minimun de fundabilidad necesaria y, por lo tanto, resulta insuficiente para lograr la atendibilidad y consecuente declaración de inconstitucionalidad".
Pone de resalto que las accionantes aducen principalmente la violación de las garantías consagradas en la ley de asociaciones sindicales y sólo remiten genéricamente a la mención de los artículos de la constituciones nacional y provincial supuestamente infringidos, resultando ello insuficiente para dar cumplimiento a las exigencias previstas en la ley de rito.
Postula que la omisión de los actores en orden a invocar la norma constitucional (art. 1, Const. prov.) que habilite al Tribunal a juzgar el caso en virtud de la jerarquía normativa del art. 31 de la Constitución nacional, configura un obstáculo insalvable para someter a estudio la cuestión de fondo, toda vez que el pronunciamiento debe reducirse a establecer si las disposiciones del decreto 754/00, están o no en pugna con preceptos de la ley fundamental provincial.
I.2. Por otra parte, sostiene que existe falta de legitimación activa por defectos de la representación que se invoca en relación a la impugnación del art. 3 del decreto 754/00 con fundamento en que las accionantes no se presentan alegando el cercenamiento de un derecho propio, sino en defensa de los intereses de los afiliados a la asociación que representan, con invocación del art. 31 de la ley 23.551.
Sostiene que, a su criterio, resultaría ser el propio Poder Ejecutivo quien en realidad estaría representando los derechos de sus agentes, toda vez que la limitación impuesta por el art. 3 citado, lo es a fin de cumplir con la garantía constitucional del art. 39 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, permitiendo que los trabajadores públicos perciban de modo efectivo un haber mínimo.
II. Al contestar el traslado las actoras refutan el planteo de inadmisibilidad. Manifiestan que en cada caso específico indicaron expresamente cuáles eran las lesiones que provocaban las normas cuestionadas con relación a los derechos constitucionales afectados.
Reconocen haber analizado las disposiciones de la ley de asociaciones sindicales aplicables al caso, al tiempo que destacan que en la demanda se mencionaron concretamente los preceptos constitucionales afectados y de qué modo el decreto impugnado los vulnera.
En orden a la omisión de referir al art. 1 de la Constitución provincial alegada por la demandada, manifiestan que la parte actora tiene la carga de enunciar los principios violados en el ataque de inconstitucionalidad sin que sea requisito indispensable individualizar el artículo constitucional donde aquel se encuentra consagrado. Aduce al respecto que con la sola mención del principio constitucional se entiende respetado el legítimo derecho de defensa de la contraria.
Expresan que de la demanda surge "la incursión por parte del estado provincial en materia legislativa expresamente delegada a la nación [...] y ello hace a la declaración de inconstitucionalidad vía art. 1 de nuestra carta fundamental, sin necesidad de una expresión concreta de dicha normativa".
III. La inadmisibilidad formal planteada por la accionada no prospera.
III.1. En mi parecer la pretensión deducida reúne el mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la atribución que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
Si bien en el escrito postulatorio se alega el quebrantamiento de distintas disposiciones de la Constitución nacional, de tratados internacionales y de la ley 23.551, cierto es que también se invocan violaciones directas a la Constitución local (arts. 11 y 39 inc. 2) exponiéndose de qué modo la normativa impugnada violentaría los aludidos derechos y garantías.
Es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de la Constitución provincial (doctr. causas I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte S.A.", sent. de 9-III-1999; B. 59.092, "Acosta", sent. de 12-IX-2001; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; e.o.).
Sin embargo, en la especie, considero que los argumentos expuestos por los accionantes -precedentemente reseñados-, cumplen con el recaudo de fundamentación suficiente en tanto han sido mencionadas las cláusulas superiores que se dicen transgredidas (en particular, arts. 11 y 39 inc. 2, Const. prov.) y se efectúa una relación entre estas y la norma puesta en crisis.
Por lo tanto, el análisis de la suficiencia de tales planteos constituye materia propia del fondo que será abordado en oportunidad de tratar la segunda cuestión propuesta.
Para más, advierto que al decidir la excepción de incompetencia opuesta por la demandada por entender que la presente acción correspondía a la jurisdicción de los tribunales del trabajo, este Tribunal expresó: "...no es exacto que la impugnación efectuada por las accionantes al decreto 754/00 tenga por basamento primordial su falta de adecuación a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales, ya que se encuentran allí precisados y explicados diversos agravios directos a normas contenidas en la Constitución de la Provincia" (fs. 50/52).
En tales condiciones, entiendo que la demanda reúne de manera suficiente los recaudos de fundamentación a efectos de habilitar el análisis sustancial de la pretensión.
III.2. En lo que respecta a la falta de legitimación activa denunciada, coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General de esta Corte, en el sentido que "...la parte actora posee la representación que a tal efecto le otorga la ley 23.551, habiendo -por otra parte- cumplido con el requisito de inscripción ante la autoridad de aplicación nacional competente...".
En efecto, se trata de organizaciones con personería gremial, y por ende, conforme el art. 34 de la ley 23.551, pueden ejercer los derechos que dicha ley le acuerda a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación a los respectivos sindicatos y federaciones establezcan sus estatutos.
El art. 31 inc. "a" de la ley 23.551 consagra, como derecho exclusivo de la asociación sindical con personería gremial, la defensa y representación ante el Estado y los empleadores, de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
A su vez, los estatutos de las accionantes, debidamente aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación contemplan la representación de sus afiliados en asuntos de interés común en su condición de empleados públicos. Así, el Estatuto de ATE agregado en autos en su art. 3 inc. "a" establece entre sus fines "Garantizar la defensa de los intereses profesionales de sus afiliados", en tanto, en el inc. "i" dispone "Defender y representar a sus afiliados en forma individual o conjunta". Igual previsión contiene el Estatuto de SUTEBA incorporado a esta causa. Por su parte, el correspondiente a la CTA expresa, entre sus objetivos y fines, "representar y defender los intereses de todos aquellos comprendidos en su ámbito subjetivo de actuación, tendiendo a remover los obstáculos que, de cualquier forma, impidan o dificulten la realización plena de los mismos" (art. 3 inc. "a").
Recuerdo además, tal como lo hace el señor Procurador General en su dictamen, que la legitimación de las asociaciones profesionales de trabajadores ha sido analizada y resuelta por esta Suprema Corte de Justicia, integrada por conjueces, en la causa B. 62.986 caratulada "Quintana, Teodoro Carlos - Secretario General de UPCN - s/ amparo", sentencia de 5-XII-2001, oportunidad en la que el doctor Condorelli, en voto que hizo mayoría, destacó: "...en el caso de las asociaciones que tengan por finalidad la tutela de los derechos de incidencia colectiva su legitimación para estar en juicio en defensa de esos derechos es clara. Abarca asociaciones de cualquier tipo, en la medida en que se encuentre definida su finalidad institucional en sus Estatutos, los cuales no podrán imponer restricciones tales que terminen por afectar la tutela estructural que subyace en la legitimación. Los sindicatos están incluidos en esta categorización".
Continuó expresando que: "...las Asociaciones Gremiales se constituyen para la defensa de los intereses de los asociados y al afectar a sus integrantes se lesiona el interés directo y personal de la sociedad y negarles interés en la impugnación de las medidas ilegítimas que afectan a sus afiliados es privarles en buena parte su razón de ser (Gordillo, Agustín, 'Tratado de Derecho Administrativo', tomo 2, La Defensa del Consumidor y del Usuario, 2da. Edición, Fundación de Derecho Administrativo, IV-14, 1998)" (cit. en la causa I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008).
IV. Por las consideraciones desarrolladas, juzgo que la demanda resulta admisible y corresponde ingresar al análisis del planteo sustancial que contiene.
Voto por la afirmativa.
Costas a la demandada, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani hasta el punto III apartado 1 inclusive.
Sin embargo, en relación al rechazo de la excepción por falta de legitimación activa entiendo que el mismo debe fundarse en los arts. 5 -inc. "d"-, 37 y 38 de la ley 23.551 dado que, tal como advirtiera el doctor Soria en la causa I. 2.260, "Federación" (sent. de 2-II-2008), la norma cuestionada -en parte- puede poseer efectos negativos sobre el patrimonio de las accionantes.
Con tal alcance, voto también por la afirmativa .
Costas a la demandada, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Las accionantes sostienen que el decreto 754/00 es manifiestamente inconstitucional, pues entienden que afecta la libertad sindical al pretender impedir la actuación y existencia de los organismos sindicales.
I.1. Manifiestan que la demandada, de conformidad con lo previsto en el decreto 754/00 pretende cobrarles el 1% de los montos que recaudan en concepto de cobro de cuota sindical y co-seguros de salud (retenciones del 2% y 3%, respectivamente) sobre los aportes que efectúen sus afiliados (más de 65.000 trabajadores) por el sólo hecho de cumplir una obligación legal. Apuntan que ello vulnera lo dispuesto en el art. 38 de la ley 23.551.
Afirman que el Estado provincial, al establecer un mecanismo de retención sobre sus ingresos, además de violar el régimen de las asociaciones sindicales, incursiona arbitraria e ilegalmente en la vida interna de las organizaciones actoras y en sus autonomías económico financieras.
Niegan que el "descuento o retención de haberes" constituya la "prestación de un servicio", pues aseveran que se trata de un imperativo legal consagrado en el art. 38 de la ley 23.551.
Consideran que el acto impugnado vulnera tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.), toda vez que contienen cláusulas tuitivas de la libertad de asociación y libertad sindical, citando como ejemplos los arts. 23 inc. 4 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 5 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 43 inc. "c" de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, aducen que el decreto cuestionado atenta contra la garantía consagrada en el art. 39 inc. 2 de la Constitución de la Provincia que, al igual que la normativa antes citada, reconoce los derechos de asociación y libertad sindical.
Manifiestan que la autoridad administrativa del trabajo a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el encargado de efectuar el control de legalidad de los estatutos de las entidades sindicales, por lo que sostienen que los estados provinciales carecen de atribuciones para regular materias propias de derecho sindical.
Afirman que el decreto impugnado constituye una señal preocupante respecto a la falta de vigencia de los derechos y garantías del derecho colectivo del trabajo que dimanan de la Constitución nacional, toda vez que exterioriza, según dicen, una conducta ilegítima e ilegal por parte del Estado en su doble condición de poder público y empleador, cuando por su finalidad y objetivos su accionar debería estar encuadrado en el respeto a la ley fundamental.
I.2. En otro orden impugnan el art. 3 del decreto 754/00. Expresan que el salario que percibe el trabajador le pertenece en propiedad y ese derecho es pleno y está garantizado por el art. 17 de la Constitución nacional. Por ello sostienen que el trabajador puede hacer con su remuneración lo que considere más conveniente a sus intereses.
Afirman que la propiedad es inviolable y sólo puede ser restringida por razones de interés público. Agregan que en el decreto 754/00 no se observa que tienda a proteger ningún interés público. Sostienen que "con un criterio pretensamente protectorio hacia el individuo se le restringe la posibilidad de acceso al crédito a fin de alcanzar una evolución a la que se encuentra desde sus propios haberes".
Sostienen que si bien los derechos y garantías constitucionales pueden ser reglamentados, al hacerlo debe resguardarse el principio de razonabilidad, no estando permitido que la reglamentación los desvirtúe o desnaturalice (arts. 14 y 28, Const. nac.).
Niegan que exista una norma de fondo que prevea que los descuentos no puedan superar el 20%. Apuntan que el decreto 6.754/43 no es aplicable al caso de los créditos que ellas otorgan a los trabajadores, pues la aludida norma refiere a ejecuciones forzosas que tengan su origen en préstamos dinerarios.
I.3. Asimismo, impugnan el art. 9 del decreto 754/00 al fijar un límite a las tasas de interés que pueden aplicar las asociaciones sindicales en los créditos que otorguen para compra de alimentos, vestimenta, artículos del hogar o préstamo de dinero.
Postulan su invalidez por afectar la autonomía de la voluntad de los contratantes.
Aclaran que como asociaciones no realizan actividad financiera sino que en forma extraordinaria captan dinero para entregarlo en préstamos para así cumplir la totalidad de los fines a los que se han comprometido al constituirse.
Refutan que pueda ponerse como límite el interés que percibe una entidad bancaria, pues entienden que aquellas tienen la posibilidad de fijarlo en un marco propio y regulado del mercado financiero.
Destacan que brindan préstamos a personas que, en general, han sido descartadas del sistema financiero formal, por no reunir los requisitos que aquel exige. Por ello dicen que asumen mayores riesgos y que ello debe ser considerado a fin de fijar una tasa de interés razonable que permita asegurar la percepción del capital.
Sostienen que son un sistema compl
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