Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 68439
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 68.439, "Aguirre, Omar G. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del decreto 1.766/05", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
Los actores Omar Gregorio Aguirre, Edgardo José Barbieri, Héctor Eduardo Berutti, Julio César Berutti, Susana Beatriz Díaz, Aníbal Reinaldo Durán, César Hugo Fortino, Raúl Alberto Gioffre, José Ismael Larraburu, Alicia Susana Maldonado, Jorge Emir Martínez, Néstor Raúl Mugavero, Laura Rosana Santiago, Mario Omar Serpa, Miguel Ángel Siccardi, Ángel Vicente Spagnolo, Omar Ramón Velazco y Marcelo Gustavo Zarza Montes, por apoderado, promueven demanda en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 1.766/05 (B.O. de 23-VIII-2005), modificado mediante decreto 2.197/05 (B.O. de 27-X-2005), por contradecir el sistema republicano de gobierno, afectar el principio de igualdad y de progresividad en materia de empleo con cita de los arts. 1, 3, 11, 39 inc. 3, 68 y 103 incs. 12 y 13 de la Constitución provincial y concordantes de la Constitución nacional.
Como consecuencia de ello, pretenden que se les abone el sueldo "considerando su estado policial pleno" y no como lo establece la norma cuya declaración de inconstitucionalidad persiguen en este proceso.
Corrido el traslado de ley, se presenta el señor Asesor General de Gobierno solicitando el rechazo de la acción deducida. En primer lugar, se opone a la admisibilidad de la demanda con fundamento en la falta de interés de los demandantes en formular un cuestionamiento como el propuesto. En segundo lugar, argumenta en defensa de la constitucionalidad del precepto impugnado.
Agregados el cuaderno de prueba de la parte actora y sus alegatos, sin que la demandada hubiera hecho uso de ese derecho, oída la entonces señora Procuradora General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Los demandantes, en su condición de integrantes del agrupamiento "Personal de Apoyo" de las policías de la Provincia de Buenos Aires, sostienen la pretensión de inconstitucionalidad del decreto 1.766/05 en la discriminación que dicen padecer al habérselos excluido del estado policial del que gozaban hasta su entrada en vigencia.
I.1. Explican que los arts. 3, 7 inc. "c" y 58 del acto impugnado otorgan a los miembros del ex Agrupamiento Comando o personal uniformado -denominado en la nueva norma "Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires"- mejoras salariales que se niegan o, de lo contrario, se conceden en forma solamente proporcional a los agentes pertenecientes al ex Agrupamiento Servicios, del cual ellos forman parte -actualmente denominado "Personal de apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires"- aun cuando ambos sean de igual jerarquía o grado.
Ponen de relieve que la pertenencia a este último agrupamiento les otorgaba, bajo el régimen anterior, "estado policial" durante toda su carrera, pese a que sus integrantes poseen títulos universitarios o terciarios de médicos, ingenieros, abogados, odontólogos, peritos fotógrafos, calígrafos, químicos, dibujantes, levantadores de rastros, balísticos, entre otros.
Aducen que, salvo el uso del uniforme y la posibilidad de portar armas, gozaron siempre de los mismos derechos que quienes se desempeñaban en el Agrupamiento Comando, actualmente denominado "Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires". No obstante, a partir del dictado del decreto 1.766/05 aquí impugnado, manifiestan que su art. 3 acota el estado policial para el denominado Personal de Apoyo a las Policías, calificándolo de "limitado" con relación a sus pares uniformados, lesionando de esa manera el principio de igualdad (art. 11, Const. prov.) y desconociendo el principio de progresividad (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Puntualizan que no es razonable que un Comisario del ex Agrupamiento Servicios perciba un sueldo proporcional y no idéntico al de un Comisario del ex Agrupamiento Comando, pues no son las características de su labor personal, el nivel de estudios alcanzado, el uniforme o la posibilidad de portar armas lo que determina su salario, sino el especial vínculo de empleo que implica para todos los agentes de la Policía una dedicación exclusiva y, entre otras limitaciones, la prohibición de peticionar colectivamente.
Advierten que no se hallan justificados en el texto de la norma los motivos públicos que perseguiría la disposición que priva de estado policial pleno a los integrantes del ex Agrupamiento Servicios.
Expresan que, sin que medien razones atendibles, se ven impedidos de percibir sus sueldos sobre bases igualitarias y en función de la categoría de revista.
Indican que el único propósito posible del precepto cuestionado es otorgar mejoras salariales que, en definitiva, se recortan o retacean para los integrantes del Agrupamiento Servicios.
Como consecuencia de la declaración pretendida, piden se condene a la demandada a abonarles los sueldos en la forma, modalidad y montos que correspondan a su condición de agentes de la Policía, considerando su estado policial pleno, tal como lo hacía el art. 3 del hoy derogado decreto ley 9.550/80.
I.2. Al mismo tiempo, ponen el foco en el origen de la norma y sostienen que el decreto 1.755 -calificado de "necesidad y urgencia"- contradice el sistema republicano e invade atribuciones propias del Poder Legislativo.
Argumentan que la Constitución provincial consagra un sistema de competencias entre los distintos órganos de gobierno en el que las facultades se encuentran delimitadas y equilibradas de acuerdo al principio de separación de poderes.
Resulta contrario a la Constitución de la Provincia, según expresan, que el Poder Ejecutivo avance por medio del decreto 1.766/05 sobre las atribuciones normativas que le competen a la Legislatura, aun cuando se invoquen razones de emergencia.
Citan en apoyo de esta afirmación lo normado por los arts. 1, 3, 45, 68 y 144 de la Constitución provincial, solicitando en consecuencia la declaración de inconstitucionalidad del precepto normativo impugnado.
I.3. Ofrecen prueba, dejan planteado el caso federal y, finalmente, piden se declare la invalidez constitucional de todo el texto normativo del decreto 1.766/05 y, subsidiariamente, de sus arts. 3, 7 inc. "c" y 58, con costas a la vencida.
II. El señor Asesor General de Gobierno plantea la inadmisibilidad de la demanda y, subsidiariamente, su improcedencia sustancial.
En primer lugar, sostiene que los actores no han expuesto un interés jurídico relevante como para pretender la declaración de inconstitucionalidad del texto completo del decreto 1.766/05, por lo que considera que no pueden ser calificados como parte interesada en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y su doctrina.
Además, sostiene que el agravio en que se sustenta el supuesto perjuicio patrimonial que les generaría la modificación de su situación estatutaria de acuerdo con lo previsto en el decreto ley 9.550/80, resulta inatendible por cuanto no pueden pretender la vigencia de aquel régimen derogado si no impugnaron la concreta disposición que lo dejó sin efecto. Por otra parte, añade que el art. 88 del decreto 1.766/05 les garantiza la percepción de idéntico haber que aquel que recibían bajo el régimen anterior.
En cuanto al fondo, responde que no puede afirmarse válidamente que las tareas desempeñadas por las distintas categorías de personal resulten irrelevantes a los fines de la distinción normativa. Así, especifica con relación a la alegada conculcación del principio de igualdad, que el Personal de Apoyo no participa en forma directa e inmediata en la actividad principal del sistema de seguridad, cual es la prevención y represión de delitos y contravenciones, sino que cumple con funciones profesionales, técnicas y/o administrativas propias de la apoyatura al sistema.
Concluye que existen motivos justificados para crear un sistema de personal diferenciado y que el propio régimen de la ley 13.201 (B.O. de 5-VII-2004) instituido para el Personal de las Policías de la Provincia sólo reconoce "estado policial" a quienes desempeñen de modo habitual y permanente las funciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 12.155; esto es, la intervención preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza para la protección de los derechos de los habitantes de la Provincia.
Aduce que, en el contexto apuntado, tampoco ha habido un quebrantamiento del principio de progresividad. Esto, toda vez que el art. 88 del decreto 1.766/05 les garantiza a los demandantes la percepción del mismo sueldo que el que recibían bajo el régimen anterior.
Por lo demás, repele el argumento referido a la falta de juridicidad del decreto 1.766/05, afirmando que si la jurisprudencia ha superado el debate sobre la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia en el ámbito nacional otorgando a los mismos carta institucional, aun con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994, no puede desconocerse tal posibilidad en el ámbito provincial a la luz de una recta interpretación de lo normado por el art. 144 de la Constitución local.
En suma, por los motivos reseñados, pide se rechace la demanda con costas a la actora.
III. Previo a analizar el planteo efectuado en el responde acerca de las causales obstativas al progreso de la pretensión, debo destacar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e.o.).
Y dado que compete al Tribunal practicar -aún de oficio- dicho análisis, no habiéndolo realizado in limine litis , cabe efectuarlo al momento de dictar sentencia (doctr. causas I. 1.191, "Hipódromo de La Plata", sent. de 5-III-1991; I. 1.579, "Miño", sent. de 10-XII-1992; I. 1.502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1.617, "El Libertador", sent. de 16-VII-1996; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.070, "Video Cable Comunicación S.A.", sent. de 28-V-2010; I. 3.031, "Grammatico Mazzari", sent. de 6-X-2010; I. 2.069, "Moreno Televisora Color", sent. de 28-XII-2010; I. 2.129, "Asociación de Diseñadores Gráficos Nicoleños", sent. de 13-VII-2016; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 23-XI-2020; e.o.).
III.1. En el caso no se presenta, ni se ha invocado, un supuesto de excepción (art. 685, CPCC) a la vigencia del plazo previsto en la norma procesal aplicable para interponer la demanda de inconstitucionalidad (art. 684, CPCC).
No se advierte, en efecto, que el objeto de la acción carezca de contenido patrimonial, sino que, por el contrario, resulta claro que el bien jurídico cuya tutela se procura evidencia sustancia económica. Y esto es así desde que la pretensión actora consiste, en definitiva, en que se declare la inaplicabilidad de las normas impugnadas en cuanto "...quienes perteneciendo al Agrupamiento Servicios contaban con el mismo 'estado policial' que los agentes del Agrupamiento Comando, se ven hoy degradados disponiéndose que sus sueldos sean proporcionales a los percibidos por aquellos..." (ptos. IV.1.2.; IV.2. y IV.4., fs. 29/33 vta.); fundando el embate que persigue la declaración de inconstitucionalidad en la garantía de igualdad que impediría aquella injustificada diferencia salarial.
Lo apuntado se hace más notorio en el caso, desde que quienes demandan han anexado a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad la de reconocimiento y pago de las diferencias salariales que podrían derivarse del eventual acogimiento de su acción (v. pto. II.3. del escrito inicial; fs. 26 vta./28).
Así, siguiendo la doctrina del Tribunal según la cual los cuestionamientos vinculados con distintos aspectos de la relación de empleo público entrañan un reclamo patrimonial, ya sea que se invoque el derecho al sueldo u otros como el derecho a trabajar o el derecho a la estabilidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.579, "Miño", resol. de 10-XII-1992; I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.199, "Aimeta", resol. de 7-IX-1999; I. 2.004, "Ditinis", sent. de 17-XI-1999; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 3.631, "Grammático Mazzari", sent. de 6-X-2010; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 69.477, "Alvarez", sent. de 14-VIII-2019; e.o.), observo que por el modo en que fueron planteadas las cuestiones constitucionales materia de la litis, la naturaleza del derecho en juego impone la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizábal", resol. de 13-II-2019; e.o.).
III.2. Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la demanda articulada.
De acuerdo con la norma referida, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a computarse dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, cit.; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 11-XI-2021; e.o.).
De allí que en este punto cobre especial relevancia la descripción del agravio que efectúan los demandantes. Ellos alegan, en sustancia, un trato discriminatorio sumado a la infracción a la progresividad del salario sobre la base de la pérdida del llamado "estado policial" y sus implicancias.
Sin embargo, ese no es un posible menoscabo que hubiera nacido con la sanción del decreto 1.766/05 que establece el Régimen Estatutario para el Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, sino que deriva de la vigencia de la ley 13.201 (B.O. de 5-VII-2004), de fecha anterior, que reservó el denominado "estado policial" sólo para las policías de seguridad pública previstas en la ley 12.155 -comprensiva de la Policía de Seguridad Departamental, Policía de Investigaciones en Función Judicial y, finalmente, la Policía de Seguridad Vial- llamada a desempeñar tareas de prevención, investigación, disuasión con el potencial o efectivo uso de la fuerza y dejando para el personal de apoyo un "estado policial limitado".
En efecto, por un lado la ley 13.201 define en su art. 2 que: "El personal con estado policial es aquel que desempeña de modo habitual y permanente las competencias previstas en la Ley 12.155 de organización de las policías de la Provincia de Buenos Aires", para completar la regla en su art. 3, al precisar que: "El estado policial comprende el desempeño exclusivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza. Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de acuerdo con esta Ley tiene el personal aludido en el artículo 2º, y comprende exclusivamente a éste, quien lo conserva después de cesar en el servicio activo, excepto que el cese se produzca por baja".
Por su parte, la ley 12.155 (B.O. de 11-VIII-1998) aludida por el art. 2 de la ley 13.201 arriba transcripto, establece lo siguiente: "La Policía de Seguridad Departamental, la Policía de Investigaciones en función judicial y la Policía de Seguridad Vial, integran el sistema provincial de seguridad pública, con el fin de intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza, en protección de los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires" (art. 2). Finalmente, el decreto 1.766/05 denominado Estatuto del Personal de Apoyo de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en lo que al tema interesa, define para ese grupo de agentes lo siguiente: "El personal comprendido en el presente Decreto gozará de estado policial limitado, entendiéndose por tal la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes, derechos y prohibiciones establecidos por el presente Decreto y su reglamentación. El estado policial limitado, impide el desempeño de funciones esencialmente policiales y el uso de los atributos inherentes a ellas, que son las que corresponden al personal encuadrado en la Ley 13.201 y Ley 13.202 y sus respectivos decretos reglamentarios" (art. 3).
III.3. A partir de la lectura de las normas que impusieron modificaciones en la regulación del denominado "estado policial" respecto de la contenida con carácter general para todo el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el anterior decreto ley 9.550/80, es fácil advertir que la afectación a los derechos esgrimida -del modo en que fue planteada por los demandantes- se produjo con la vigencia de la ley 13.201 (B.O. de 5-VII-2004). Y con ello, el dies a quo para acudir por esta vía procesal debe fijarse desde ese momento -y no desde la vigencia del decreto 1.766/05- por ser a partir de aquel entonces que se produjo el agravio sobre el cual los actores construyen su pretensión (cfr. art. 684, CPCC).
El señor Asesor General de Gobierno ha revelado esta falencia del planteo actoral -aunque asignándole distinta consecuencia- al señalar en su responde que "...la distinción entre ambas categorías de personal viene impuesta por el propio régimen de la Ley 13.201, instituido para el Personal de las Policías de la Provincia, que solo reconoce 'estado policial' a quienes desempeñan de modo habitual y permanente las funciones previstas en la Ley 12.155 (conf. artículos 1 y 2)".
Cobra así relevancia la doctrina de este Tribunal según la cual ha puntualizado que, si la afectación a los derechos esgrimida se produjo con anterioridad a la nueva norma y esta solo replica la situación gravosa, el plazo debe computarse desde la primera disposición normativa por haber estado la parte actora, desde ese momento, en condiciones de experimentar las consecuencias perjudiciales que invoca en su demanda (doctr. causas I. 74.610, "Bolsa de Cereales", resol. de 27-VI-2018; I. 75.172, "Antivari S.A.", resol. de 5-XII-2018; I. 75.152, "Autoservicio La Amistad", resol. de 22-V-2019 e I. 75.758, "Autoservicio La Amistad", resol. de 12-V-2021).
Desde esa óptica, toda vez que la demanda fue presentada el día 22 de noviembre de 2005 (v. fecha del sello de cargo de fs. 34 vta.) y la ley 13.201 fue publicada en el Boletín Oficial el día 5 de agosto de 2004, corresponde concluir que el plazo de caducidad previsto en treinta días hábiles que impone el art. 684 del Código adjetivo para presentar la demanda, se encontraba vencido al tiempo de su interposición.
IV. La decisión a la que se arriba no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.