Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72120
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.120, "Sosa, Virginia Luján contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad del decreto 1050/09 y anexo".
I. Virginia Luján Sosa, Janice Karen Allende Ortiz, Hernán Andrés Pérez, Darío César Ojeda y Carlos María Pin Errecaborde, todos por derecho propio y en su condición de funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, promueven acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del art. 42 inc. "b" del decreto 1.050/09 dictado por el Gobernador, por el cual reglamentó la ley 13.982 "de aplicación para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires", al considerar que éste en tanto les impide participar en actividades políticas o gremiales a los miembros de la fuerza, infringiría los arts. 14 bis, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional y 10, 11, 13, 14, 25, 39, 56 y 57 de la Carta local.
Afirman que el artículo cuestionado viola derechos humanos fundamentales y el principio de legalidad al restringir el ejercicio de los derechos de agrupación, de reunión y a la libertad sindical, quebrantando un cúmulo de disposiciones obrantes en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional por el art. 75 inc. 22 (arts. XXII, DADDH; 23 inc. 4, DUDH; 8.2 y 8.3, PIDESC; 22.2 y 22.3, PIDCP; 16 inc. 3, 29 y 30, CADH), como asimismo, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (arts. 9.1 y 5, respectivamente) y varios artículos de la ley 23.551 sobre "libertad sindical".
En esa inteligencia, manifiestan que su deseo es fundar la organización gremial de la policía bonaerense, lo que impondría la necesidad de declaración de invalidez constitucional del decreto atacado, en tanto éste se los prohíbe.
De otro lado, sostienen que el art. 12 de la ley reglamentada 13.982, al establecer las acciones incompatibles con el personal policial en su art. 12 inc. "e", omitió incorporar el ejercicio de la actividad sindical, por lo que el decreto cuestionado introduciría una prohibición no prevista en aquella y evidenciaría un exceso reglamentario por parte del Poder Ejecutivo, que se habría arrogado una competencia no prevista en la Constitución provincial. Subsidiariamente y sin un desarrollo puntual al respecto, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de esta disposición (v. fs. 17 vta.).
II. Corrido el traslado de la demanda, el Asesor General de Gobierno solicita su rechazo.
En primer lugar, señala que por aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87, 98, 151 y 154, si bien todos los trabajadores tienen derecho a organizarse sindicalmente, los empleados de las fuerzas armadas y de la policía tienen una limitación excepcional dada por la naturaleza de las funciones que cumplen.
En este sentido, remarca que el art. 9 del convenio 87 dispone que "...la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán" a ese grupo particular de trabajadores los derechos a constituir organizaciones y a afiliarse. Postula que la ley 23.544 por la cual el Congreso nacional aprobó y reglamentó el convenio 154, determinó específicamente que la libertad sindical "...no será aplicable a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad" (art. 2). De allí, sostiene, surgiría que toda la legislación nacional no está orientada a permitir la sindicalización de los policías, sino que por el contrario los exceptúa en razón de que el ejercicio de este derecho comprometería el orden público y los derechos y libertades del resto de los habitantes.
Agrega que a la misma conclusión se arribaría de la lectura los tratados internacionales con jerarquía constitucional, ya que los arts. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén que sin perjuicio del derecho a asociarse libremente que tienen todos los habitantes de los Estados Partes, ello no impide la imposición de restricciones legales, ni la privación de aquel derecho a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Afirma que esa excepción restrictiva y explícita es lógica, en tanto los policías son los trabajadores estatales depositarios exclusivos del monopolio de la fuerza y garantes de la seguridad interna, lo que representa un interés de indudable relevancia en el orden constitucional y en cumplimiento de los cometidos públicos. De allí que sus integrantes tengan obligaciones y restricciones que el resto de los habitantes no poseen.
En relación al argumento de la parte actora tendiente a demostrar que el Gobernador habría incurrido en un exceso reglamentario al introducir una prohibición no prevista en la ley 13.982, señala que el art. 12 inc. "e" impide al personal policial desarrollar actividades de cualquier tipo "incompatibles con el desempeño de las funciones policiales", razón por la cual no habría ninguna ilegitimidad en que a través del decreto 1.050/09 se especifiquen cuáles son esas actividades que resultan repugnantes con tal labor.
En esa inteligencia, agrega que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones, está habilitado para establecer condiciones, requisitos, limitaciones y distinciones aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de forma expresa, siempre y cuando se ajusten al espíritu de la norma reglamentada. Para el caso, considera que el decreto 1.050/09 confirma satisfactoriamente la intención legislativa.
Finalmente, respecto al planteo de inconstitucionalidad subsidiario contra el art. 12 inc. "e" de la ley 13.982, sostiene que éste carece del más mínimo razonamiento, toda vez que dicha ley fue dictada de conformidad con lo que disponen los tratados internacionales previamente citados, a los cuales el Poder Legislativo provincial se encuentra obligado a ajustar su legislación, en razón de lo que prevén los arts. 1 y 11 de la Constitución provincial y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, afirmando que el ejercicio de la atribución constitucional ha sido realizado en forma proporcional y razonable.
III. Vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, habiendo hecho uso de ese derecho sólo la parte actora, oída la entonces señora Procuradora General -pronunciándose en sentido desfavorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Fijados ya los hechos y adentrándome en el planteo central contenido en la demanda, cabe señalar que este Tribunal se ha pronunciado en fecha no muy lejana en un caso en el que se debatían, entre otras, cuestiones similares a la aquí planteada en relación a la inconstitucionalidad del art. 42 inc. "b" del decreto 1.050/09 (I. 70.281, "Suárez", sent. de 29-VIII-2018), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Pettigiani, cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- el desarrollo del presente.
II. La declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico. La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (cfr. doctr. causas C. 105.554, "C.A.M.", sent. de 4-V-2011; B. 65.464, "Martínez" y B. 66.500, "Baldini", sents. de 30-III-2011; A. 70.155, "Instituto Médico Constituyentes SA", sent. de 23-XII-2013; A. 71.644, "O.S.P.T.", sent. de 4-VI-2014; e.o.).
Es competencia propia de la Provincia, no delegada a la Nación, establecer y regular el sistema de policía de seguridad en su ámbito territorial (arts. 5, 121 y 122, Const. nac.).
En ejercicio de esa atribución la demandada sancionó las leyes 12.154 -Ley de Seguridad Pública-; 13.482 -Ley de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires- y 13.982 -Ley del Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires-.
Por esta última, como surge de los fundamentos de la ley, "...todo el personal comprendido en el sistema de seguridad debe ser alcanzado, de la rigurosidad del poder jerárquico, la disciplina y la impreterible prestación eficiente de la actividad de seguridad (con gravitación excluyente sobre cualquier interés individual o sectorial) por un estatuto que abastezca las exigencias nacidas de tal situación y establezca deberes y derechos para la seguridad en la relación entre los agentes y el Estado". Por ello se incluye en la regulación la noción de "estado policial" con el fin de "diferenciar -atento a la complejidad de la actividad de seguridad- al personal policial conforme los distintos ámbitos de la organización administrativa descentralizada, dada su especificidad".
En sentido concordante, esta Corte ha reconocido que el "estado policial" impone a los agentes un conjunto de deberes especialmente vinculados con el mantenimiento del orden público en general y el decoro en la vida privada y pública (causa B. 57.763, "Coman", sent. de 9-IV-2008), cuyo incumplimiento es pasible de ser sancionado con cesantía (doctr. causas B. 51.490, "Sosa", sent. de 10-XII-1992; B. 63.790, "Delmita", sent. de 25-VIII-2010; entre muchas otras).
III.1. El art. 42 inc. "b" del decreto 1.050/09 -impugnado en autos- establece que "...conforme a las prescripciones del artículo 12 de la Ley de Personal, serán consideradas actividades incompatibles con el desempeño de la función policial las siguientes [...] b) El personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial".
Los actores consideran que esta norma infringe los arts. 14 bis, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 11, 13, 14, 25, 39, 56 y 57 de la Constitución provincial y un conjunto de disposiciones obrantes en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, pues les restringe el ejercicio de los derechos de agrupación, reunión, a la libertad sindical y otros derechos humanos fundamentales.
III.2. Como es indicado por el propio precepto impugnado, dicha regulación es de naturaleza reglamentaria de la ley 13.982 (B.O., 27-IV-2009). Esta última, disciplina el conjunto de deberes y obligaciones para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y, entreéstos, dispone que los miembros de la policía no pueden "...desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de las funciones policiales" (art. 12).
Es así que al reglamentar la ley 13.982, el decreto 1.050/09 específicamente dispuso las prohibiciones que aquí son controvertidas por la parte actora.
III.3. La normativa impugnada, por sus fundamentos y ámbito de aplicación, es indudablemente una excepción al régimen ordinario del empleado público, desde que se apoya en las particularísimas tareas que cumple la policía y en su régimen disciplinario sujeto a principios diversos al regulado en general para el resto del empleo público (doctr. causa B. 55.148, "Masi", sent. de 13-XII-2000).
En los fundamentos de la ley reglamentada se hacía especial referencia a este punto, justificando la prohibición impuesta en lo siguiente: "...el personal comprendido en el sistema de seguridad debe ser alcanzado, de la rigurosidad del poder jerárquico, la disciplina y la impreterible prestación eficiente de la actividad de seguridad (con gravitación excluyente sobre cualquier interés individual o sectorial) por un estatuto que abastezca las exigencias nacidas de tal situación y establezca deberes y derechos para la seguridad en la relación entre agentes y el Estado".
Se puede inferir de ello que la función que desempeña el personal policial los coloca en una situación claramente diferenciada del resto de los agentes que compone el sector público provincial.
Bajo estas premisas serán analizados los agravios del actor.
III.4.a. En lo atinente a la cuestión central de la demanda -la alegación respecto a cómo la norma restringiría la libertad de asociación sindical de los actores- en primer lugar, corresponde traer a consideración el art. 39 de la Constitución provincial que, en lo pertinente, establece: "La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical..." (inc. 2).
Por su parte, el art. 14 bis de la Constitución nacional garantiza la "organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".
Asimismo, el derecho de asociación ha sido objeto de expreso reconocimiento en el ámbito de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). En tal sentido, pueden citarse los arts. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 20 y 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1.a y 8.1.c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En particular hacen referencia expresa al derecho a sindicalizarse por parte de los miembros de la policía los arts. 8.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo y de modo concordante a lo establecido en general por los citados instrumentos -en orden a que los derechos allí admitidos se encuentran limitados por los del resto, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático (art. 28, DADDH y en sentido similar, art. 29.2, DUDH)-, en lo que concierne a los integrantes de las fuerzas de seguridad puntualmente se contempla que el reconocimiento del derecho a fundar sindicatos y a afiliarse "...no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos a los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado" (art. 8.2, PIDESC). Lo propio se contempla en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al consignar que "...no impedirá la imposición de restricciones legales el ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía" (art. 22.2), y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer que "...no impide imposición de restricciones legales, y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía" (art. 13.3).
Por otra parte, y también en el contexto del derecho internacional, corresponde hacer mención del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que fuera invocado por el actor en su demanda. Este convenio fue ratificado en su oportunidad por ley 14.932 y adquirió jerarquía constitucional en atención a lo dispuesto por los arts. 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
El art. 9.1 del referido convenio concretamente dispone que "...la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía de seguridad las garantías previstas por el presente Convenio".
En el mismo sentido se inscribe lo preceptuado en el art. 5 del convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, al establecer que "...la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía".
Y, del mismo modo, los convenios 151 sobre protección de derechos de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración pública -ratificado por ley 23.328- y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva -ratificado por ley 23.544-, que condicionan la posibilidad de que los miembros de las fuerzas policiales formen un sindicato y participen en negociaciones colectivas a lo que a esos fines establezcan los Estados nacionales (arts. 1.3 y 1.2, respectivamente).
Finalmente, es importante agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó en su "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" (OEA/Ser. L/V/II, Doc. 57, de 31 de diciembre de 2009) la importancia de la sindicación de las fuerzas de seguridad, pero evidenció la necesidad de una reglamentación adecuada a la actividad, al expresar que "...en principio las restricciones al derecho de huelga de los miembros de la Fuerza Pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales, no vulnera lo establecido en el artículo 9 del Convenio Internacional del Trabajo Nº 87; el artículo 16 de la Convención Americana; el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; o el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales...". Agregando que "la Comisión entiende que el tema debiera ser abordado a partir de una correcta armonización y ponderación de los diferentes derechos que se encuentran involucrados, dentro de los criterios de interpretación establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y las elaboraciones de los organismos especializados" (conf. párrafo 203 del citado informe).
III.4.b. De todo lo anterior se sigue que, en atención a la particular naturaleza que revisten las funciones y actividades encomendadas a la fuerza policial y también a la especial estructura y organización requerida para su adecuado desempeño, el efectivo reconocimiento y alcance de los derechos debatidos en la especie respecto de los miembros de esa organización, requiere por parte de legislador de un previo examen y conciliación de aquellos con los derechos y libertades de los demás y de su armonización, entre otras, con las exigencias del bienestar general, la paz interior, la seguridad nacional y el régimen democrático.
En consecuencia, el agravio traído por los actores en punto a la supuesta desigualdad o discriminación que les provocaría el decreto 1.050/09 al establecer una regulación diferenciada de aquella que rige con carácter general para el resto de los empleados del sector público, no puede ser atendido en tanto se trata de una norma de aplicación general a toda una categoría de integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que, por su condición de tales, porta armas y posee estado policial; circunstancias estas que claramente los distingue del resto de los empleados públicos.
Este Tribunal ha expresado que el principio de igualdad impone idéntico trato a quienes se hallan en similares circunstancias y, por tanto, no es un absoluto, por lo que el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios ("Acuerdos y Sentencias", 1986-II-323; 1988-II-330; conf. causas I. 2.022, "Barcena", sent. de 20-IX-2000; I. 2.019, "Devia", sent. de 2-VII-2003; e
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