Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76258
I.76.258 "INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. 1289/19 Y ART. 104 LEY 15.078"
La Plata, 27 de noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan y Pettigiani dijeron:
I. El Intendente de la Municipalidad de General San Martín promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del decreto 1289/19 y del art. 104 de la ley 15.078.
Por el primero de ellos, la Provincia de Buenos Aires aprueba el "Acuerdo de Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" suscripto el 28 de febrero de 2019 (art. 1); el "Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" suscripto el 9 de mayo de 2019 (art. 2); el "Acuerdo para el Ejercicio conjunto sobre el Servicio Público Metropolitano de Distribución de Energía Eléctrica" celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 9 de mayo de 2019 (art. 3) y la creación del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico -EMSE- (art. 4), entre las medidas más relevantes.
Por el art. 104 de la ley 15.078 la provincia de Buenos Aires establece que el costo de la tarifa de energía eléctrica correspondiente a los asentamientos urbanos y usuarios definidos en el Nuevo Acuerdo Marco celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y las empresas distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A. el día 6 de octubre de 2003, aprobado por decreto 1972/04 -sus prórrogas y modificaciones- sea asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Al mismo tiempo prevé que los costos adicionales sean afrontados por los respectivos municipios, debiendo estar respaldados por los entes reguladores o autoridades locales con competencia en cada jurisdicción.
Expresa que la Provincia de Buenos Aires suscribió acuerdos -de los que no participaron los municipios- y luego dictó una serie de normas de cuyos términos surgen importantes erogaciones a cargo de la Municipalidad de General San Martín que comprometen sus finanzas sin la asignación correlativa de los recursos con los cuales afrontarlas.
Explica que, como consecuencia de ello, la empresa distribuidora EDENOR S.A. realizó una serie de presentaciones reclamándole al Municipio la suma equivalente al consumo de energía realizado por los distintos asentamientos ubicados dentro de su territorio desde enero a octubre del 2019, monto que ascendería a la cantidad de ciento cincuenta y dos millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con 05/100 ($ 152.394.424,05).
Atribuye el nuevo temperamento a la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica, aprobado por el decreto 1289/19 también impugnado.
Respecto de este último, señala que el Poder Ejecutivo ha excedido el ámbito de las atribuciones conferidas por la Constitución provincial, en tanto su art. 103 inc. 9 encomienda a la Legislatura la facultad de "aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias", previsión que alcanzaría a los acuerdos que el decreto 1.289/19 pretende convalidar.
Respecto del art. 104 de la ley 15.078, finca su agravio en la transgresión a los arts. 192 inc. 5 de la Constitución provincial; 5 y 123 de la Constitución nacional en cuanto sostiene que la disposición allí contenida implica una injerencia sobre la administración de los recursos y gastos presupuestados por los poderes locales en desmedro de la autonomía municipal.
Con base en esos argumentos y en el peligro en la demora que resultaría de las retenciones que podría efectuar la empresa concesionaria EDENOR S.A. sobre las cuentas corrientes que los municipios mantienen con ella por aplicación del Nuevo Acuerdo Marco, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos tanto del art. 104 de la ley 15.078 como del decreto 1.289/19.
II. A fs. 187/199 se presenta el Intendente de la Municipalidad de San Fernando y plantea una ampliación subjetiva de la demanda, adhiriendo a los términos de la acción promovida por la Municipalidad de General San Martín.
Especifica que el perjuicio económico que representa para la comuna a su cargo la aplicación del art. 104 de la ley 15.078, es de veintinueve millones seiscientos veintiún mil ciento dieciocho pesos con 06/100 ($ 29.621.118,06).
Pide el dictado de una medida cautelar (v. fs. 196/198).
III. A fs. 205/215 se presenta el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Invoca la calidad de tercero en los términos del art. 90 incs. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial, adhiere a la demanda, solicita que el proceso adquiera alcance colectivo y para ello invoca la representación de los ciudadanos de la Provincia y también de los intereses de cada uno de los municipios, respecto de los cuales solicita la extensión de los efectos de la medida cautelar requerida por la Municipalidad de General San Martín.
IV. De acuerdo a las diversas cuestiones que llegan al acuerdo para ser resueltas, por razones metodológicas, conviene iniciar el análisis por el tratamiento de la admisibilidad de la pretensión deducida por el señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
IV.1. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se controvierta "por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. Prov.).
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal -por mayoría- ha sostenido que el interés que califica de "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la calidad de "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, "Gonzalez Bergés", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, "Rivas", resol. de 20-VIII-2003), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (cfr. doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-93; I 3.202, cit.; e.o.). De ello se sigue que, en este proceso, incumbe al actor poner de manifiesto que las disposiciones legales o reglamentarias impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979; I. 1.506, "Orruma", resol. de 26-II-1991).
Ha destacado también la Corte que ese carácter de "parte interesada" supone una cualidad en el impugnante que, a la vez, exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el artículo 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; causa B. 16.203, sent. de 31-X-1933; doctr. causas I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.).
IV.2. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluri individual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás casos es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen; desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs. Const. prov.). Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
IV.3. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al Defensor del Pueblo para tutelar los derechos de los habitantes de la Provincia (art. 55, Const. prov.; ley 13.834), cierto es que su aptitud para representar los intereses invocados no puede ser genérica e ilimitada. Depende en modo relevante de las características del conflicto traído a conocimiento del Tribunal, determinadas por el tenor de los preceptos que se impugnan, así como del tipo de agravio invocado y de la posición que exhiban frente a esas normas los derechos o intereses que proclame proteger.
Por lo pronto, en la presentación de fs. 205/215 se sostiene que la aplicación de las normas cuestionadas importará un menoscabo a los derechos humanos básicos de los habitantes de la Provincia, pues se verán privados de las inversiones que los diferentes municipios en los que habitan pudieran realizar en áreas como salud pública, desarrollo social y equipamiento comunitario (v. fs. 206).
Tales alegaciones resultan en extremo lábiles para justificar la configuración de un caso o controversia que permita la intervención del Defensor del Pueblo como litisconsorte en este proceso. En efecto, aun dando por sentado que los preceptos cuestionados en la demanda impliquen un aumento de los gastos a ser afrontados por los municipios de la Provincia, la presentación bajo análisis no alcanza a dejar expuesto cómo ello habría de verse reflejado en una disminución de las inversiones que menciona -y no, por ejemplo, en el ajuste de otras erogaciones- ni precisa cómo ello habría de importar inexcusablemente una efectiva afectación de los derechos que tienden a ser garantizados mediante las respectivas prestaciones comunales.
Al contrario, la línea argumental ensayada se limita a esbozar un cuestionamiento basado puramente en el interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, lo cual -como se ha resuelto varias veces- no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de caso o controversia apto para ser abordado judicialmente (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
A lo que debe añadirse que la invocada vulneración de derechos fundamentales, tal como ha sido expuesta, plantea agravios meramente hipotéticos o conjeturales que no habilitan la participación procesal que se procura pues admitirla en esos términos importaría un abierto desenfoque respecto del objeto de esta particular clase de procesos (doctr. causa I. 2.211, "Flores", sent. de 14-V-2008).
Para más, si se interpretase que la intervención del Defensor del Pueblo tiende a la defensa de los intereses de los distintos municipios en cuanto tales -y no ya de los ciudadanos que habitan en ellos- en pugna con los de la Provincia de Buenos Aires, su participación también debe ser descartada. Ello así pues la representación para estar en juicio en nombre de unos y otra compete a las autoridades políticas respectivas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables (arts. 119, 144, 155, 190 y sigs. Const. prov; decreto-ley 7.543/69; art. 686, CPCC; arts. 108 incs. 11 y 12, decreto-ley 6.769/58; doctr. CSJN Fallos: 329:4542).
IV.4. Las limitaciones arriba señaladas, impiden también la participación del Defensor Pueblo en carácter de tercero voluntario, tal como lo invoca en su presentación.
Debe ponerse de relieve que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, que tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal de manera excepcional. Tal temperamento fue adoptado en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (causas I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014 y doctr. causa I. 75.125, "Central de Trabajadores de la Argentina", resol. de 4-VII-2018).
A la vez, la regulación contenida en el Código Procesal Civil y Comercial es bien precisa en punto a los recaudos que deben ser satisfechos para habilitar la intervención voluntaria en el proceso, exigiendo la acreditación sumaria de que la sentencia a dictarse puede afectar el interés propio de quien pretende asumirla o que se trate de un sujeto legitimado para demandar o ser parte en el juicio de acuerdo a las disposiciones de derecho sustantivo reguladoras de la cuestión de fondo debatida en la causa (art. 90 incs. 1 y 2, CPCC).
Tal como surge con claridad del desarrollo efectuado en el apartado anterior, la situación jurídica del Defensor del Pueblo en relación con las normas aquí cuestionadas no reúne las condiciones que han sido tenidas en cuenta por esta Suprema Corte para admitir la intervención de terceros en el proceso originario de inconstitucionalidad ni las exigidas por el código adjetivo para darle cabida.
IV.5. En consecuencia, corresponde rechazar la presentación del señor Defensor del Pueblo de la Provincia Buenos Aires por su manifiesta falta de legitimación para tomar intervención en el proceso (arts. 161 inc. 1 in fine Const. prov.; 90 incs. 1 y 2, CPCC y su doctr.).
V. Resuelto lo anterior, cabe abordar el pedido de medida cautelar requerido por los municipios de General San Martín y San Fernando (v. fs. 151/153; 196/198).
V.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", resol. de 24-V-2016, e.o.). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
V.2. A la luz de los parámetros reseñados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
V.2.a. Así, aun en el acotado marco de conocimiento propio de las decisiones cautelares, es preciso considerar ciertos factores de particular relevancia institucional que guardan vinculación directa con este examen preliminar sobre la fundabilidad de la impugnación articulada en autos.
En particular, ello requiere ponderar si, como denuncia la parte actora, prima facie se configura un avance del gobierno provincial -a través de las normas impugnadas- sobre las facultades reconocidas como propias de la Municipalidad para proyectar sus acciones de gobierno y el empleo de los recursos para llevarlas adelante según la planificación presupuestaria ya aprobada para el ejercicio 2019.
V.2.b. Tal como fuera señalado, dos son las normas impugnadas: de un lado, el art. 104 de la ley 15.078 (B.O. 11-XII-2018) de Presupuesto para el ejercicio 2019 que impone a los municipios el deber de afrontar los costos adicionales por el consumo de energía en los asentamientos y usuarios definidos en el Nuevo Acuerdo Marco ubicados en su territorio y, por el otro, el decreto 1.289/19 (B.O. 02-X-2019) que aprueba los acuerdos celebrados entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la transferencia del servicio de distribución de energía eléctrica a la jurisdicción de estas últimas.
V.2.c. Este Tribunal ha dicho que las disposiciones provinciales deben guardar una adecuada proporción con los fines que los principios constitucionales tienden a consagrar y, a la vez, resultar congruentes con el resguardo esencial del vasto arbitrio regulatorio con que los municipios deben contar como entes dotados de autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera (doctr. Causa I. 2.021 "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VII-2014).
En el presente, la cuestión se vincula con estas dos últimas manifestaciones de la autonomía municipal, las que encuentran su sostén normativo en el artículo 192 inc. 5 de la Constitución provincial en cuanto establece como una atribución inherente al régimen local la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo. En el mismo inciso a la vez impone el deber de establecer los recursos con los que afrontar las erogaciones no previstas en el presupuesto como recaudo para autorizar el dictado de una ordenanza especial.
En este sentido, el artículo 228 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto-ley 6.769/5
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