Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 69102
Lo que resolvió el tribunal
I. Dispensar a las empresas actoras del pago de la tasa de justicia (cfr. art. 330 inc. 5, Código Fiscal, ley 10.397 -t.o. año 2011-).
II. Rechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Costas a la actora de acuerdo a lo previsto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, con el alcance establecido en los arts. 84 y 85 del mismo cuerpo legal.
III. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Carlos Alberto Andreucci en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.69.102 “CONTROL PSICOFÍSICO S.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DECRETO 136/07”
I. Las empresas Control Psicofísico SA, E.P.C.V. Examen Psicofísico de Conductores de Vehículos SA y C.E.C.A.P. Centro de Evaluación y Control de la Aptitud Psicofísica SA promueven demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del art. 4 del decreto 136/07 que reglamenta el art. 20 del Título III, Capítulo II del decreto de necesidad y urgencia 40/07.
Refieren, al respecto, que dicha norma "se constituye en un medio para perseguir el fin del legislador totalmente desproporcionado, por excederse en la regulación que está conferida por contrato provincial a las actoras" puntualizando más adelante que el referido instrumento "impide el objeto del contrato generando la situación de rescisión del contrato por culpa del Comitente al haber dispuesto estas situaciones de hecho y de orden jurídico que han tornado imposible el cumplimiento del objeto de la concesión". En base a ello argumentan que "...la inconstitucionalidad es que el decreto reglamentario no posee rango constitucional para afectar el plano contractual en las condiciones en que lo hace".
Fundan su agravio en el quebrantamiento de la distribución de competencias constitucionales, la lesión al derecho de propiedad, el menoscabo a la prohibición de discriminación, la violación de los derechos de usuarios y consumidores, la vulneración a la protección debida frente a los riesgos para la salud y su seguridad, la transgresión del derecho a trabajar, la extralimitación de las atribuciones del Poder Ejecutivo, la inobservancia del principio de razonabilidad y el incumplimiento del bloque de legalidad con cita de los arts. 3, 10, 11, 15, 31, 38, 39, 45, 103 incs. 6 y 13, 144 inc. 2, 56 y 57 de la Constitución provincial, de aquellos concordantes de la Constitución nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos con igual jerarquía.
II. De acuerdo a la constancia acompañada por las empresas actoras a la presentación de fecha 24-X-2022 (12:35:44 p.m.) mediante la cual se acredita el otorgamiento de un beneficio de litigar sin gastos en su favor, corresponde dispensarlas del pago de la tasa de justicia de conformidad a lo establecido por el art. 330 inc. 5 del Código Fiscal, ley 10.397 -t.o. año 2011-.
III. Ahora bien, previo a lo solicitado y dado que compete a esta Suprema Corte realizar en esta etapa liminar el análisis de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, con independencia de otras consideraciones que pudieran realizarse sobre el cumplimiento de tales recaudos, se advierten serias dificultades para considerar al planteo formulado por las demandantes como un caso constitucional en los términos exigidos por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
III.1. Este Tribunal ha señalado en forma constante que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma considerada en sí misma, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; e.o.), de manera que en la ponderación de la validez constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que sólo constituyen una consecuencia de su aplicación y no la previsión objetiva del precepto cuestionado (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
III.2. En el caso, se controvierte la constitucionalidad del art. 4 del decreto 136/07 en cuanto establece que los exámenes físicos y psicológicos previstos en el Código de Tránsito podrán ser realizados por establecimientos sanitarios públicos provinciales o municipales o establecimientos privados o cualquier otro servicio médico autorizado al efecto por el municipio respectivo, encomendando a este último determinar los recaudos exigibles para cada clase de licencia de conducir.
Las demandantes afirman que la disposición normativa señalada provoca un grave y enorme daño a sus intereses en su calidad de concesionarias del servicio de exámenes psicofísicos de conductores profesionales "sustrayendo [sus] derechos contractuales". Aluden con ello al contrato de concesión celebrado entre el Estado provincial y cada una de las empresas actoras, según las zonas de incumbencia allí establecidas, para la prestación del servicio integral de control y examen psicofísico de conductores de vehículos de transporte público de pasajeros en la Provincia de Buenos Aires (v. apdo. III del escrito de inicio y documentación acompañada a fs. 32/128).
Así planteada la cuestión, la demanda resulta inadmisible en la medida en que el agravio se resume al modo de interpretar la norma controvertida o, eventualmente, a la aplicación disvaliosa a los interesas de quienes accionan que pudiera realizar la Provincia demandada.
Por lo tanto, aún cuando una declaración de inconstitucionalidad sea requerida, el que aquí ocupa a este cuerpo es un caso ajeno a su competencia originaria (doctr. causas B. 55.744, "Conarges", resol. de 10-V-1994; B. 58.614, "Bibbo", resol. de 28-X-1997; B. 58.835, "Curieses", resol. de 3-II-1998; B. 68.646, "Chiletto", resol. de 19-VI-2006; B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", resol. de 20-X-2004; B. 73.041, "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", resol. de 5-III-2014; B. 73.734, "CAVC", resol. de 12-VIII-2015; B. 73.956, "Alfani SA", resol. de 22-XII-2015; I. 74.191, "Antivari SA", resol de 10-VIII-2016; I. 74.358, "Telecom Argentina", resol. de 22-II-2017; I. 73.781, "Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 19-VIII-2020; e.o.)
Máxime teniendo en cuenta que la norma cuya declaración de invalidez se persiguen, en cuanto es motivo de agravio, textualmente establece: "...EXAMEN PSICOFÍSICO: Los exámenes físicos y psicológicos previstos en el Código de Tránsito podrán ser realizados por establecimientos sanitarios públicos provinciales o municipales o establecimientos privados, sanatorios, clínicas o cualquier otro servicio médico autorizado al efecto por el municipio, siendo este último el organismo encargado de establecer los exámenes necesarios para cada clase de Licencia de Conducir". Con lo que, juzgada en abstracto, difícilmente podría ser considerada como repugnante de alguno de los derechos constitucionales que la parte actora reputa violados.
Por lo demás, el daño que eventualmente pudiera irrogar la aplicación de la disposición normativa puesta aquí en crisis a las empresas demandantes ha hallado un adecuado canal de discusión en la causa caratulada “Control Psicofísico SA y otro/a c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria" (otros juicios expediente 38942 número de receptoría LP-78469-2016) de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la cual se ha planteado la rescisión contractual por culpa de la Provincia de Buenos Aires con causa en esta modificación normativa, según ellas mismas lo explican en la referida presentación de fecha 24-X-2022 (12:35:44 p.m.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Dispensar a las empresas actoras del pago de la tasa de justicia (cfr. art. 330 inc. 5, Código Fiscal, ley 10.397 -t.o. año 2011-).
II. Rechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Costas a la actora de acuerdo a lo previsto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, con el alcance establecido en los arts. 84 y 85 del mismo cuerpo legal.
III. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Carlos Alberto Andreucci en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 12:53:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:18:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:08:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:58:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 07:16:55 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 07:20:33 hs. bajo el número RR-1286-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia