Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75527
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida a fs. 172/174 por la Provincia de Buenos Aires y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito entre el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires Limitada (COPOBA) (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del doctor Ricardo Miguel Ortíz en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967) y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del primero de los nombrados frente al IVA.
Deberá darse cumplimiento a lo previsto en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
I.75.527 "COOPERATIVA DE CONSUMO, VIVIENDA Y CREDITO ENTRE EL PERSONAL DE LAS POLICIAS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. LTDA. (CO.PO.BA.) C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. 243/2018"
La Plata, 10 de abril de 2019.
I. La Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito entre el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires Limitada (COPOBA) promovió la presente acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 243/18, la resolución 273/18 del Ministerio de Economía y el instructivo que se publicare en su página web por los cuales se sancionó e implementó el "Régimen Único de Códigos de Descuento", en reemplazo del sistema establecido por el decreto 754/00.
La entidad actora sostiene que dicha normativa no respeta la garantía prevista en el art. 41 del texto fundamental y, por ello, incurre en una omisión inconstitucional al no prever -como aparentemente sí lo había hecho el marco legal anterior- la posibilidad de aplicar códigos de descuento en los recibos de haberes del personal policial vinculados a créditos de consumo para bienes de uso personal o profesional y seguros individuales, rubros que abarcarían un significativo porcentaje de su actividad.
En la ampliación de fs. 163/168 vta., se argumenta que el esquema también violaría el art. 38 de la Constitución por ir en desmedro de los derechos de los consumidores.
II. A fs. 172/174 el señor Asesor General de Gobierno opuso la inadmisibilidad temporal de la acción y, a fs. 175/180, respondió la demanda sobre el fondo. A fs. 182/185 COPOBA contestó a la excepción, con lo que la causa quedó en estado de resolver la defensa articulada preliminarmente por la Provincia.
III. La parte actora sostiene que su demanda, al tener carácter institucional por implicar el fomento y desarrollo de las organizaciones cooperativas y mutuales, subsume en la excepción al plazo de caducidad para promover el juicio originario prevista en el art. 685 del ritual.
A todo evento, arguye que de reputarse que la pretensión posee contenido pecuniario, ella se promovió el 14 de septiembre de 2018 dentro de los 30 días a contar desde que la norma impugnada afectó concretamente sus derechos patrimoniales (cfr. art. 684, CPCC). Para probar este extremo, toma como dies a quo el 3 de agosto de 2018, pues de conformidad con el instructivo que se publicó en la página web del Ministerio de Economía, en esa fecha se extinguió el plazo de gracia de 30 días previsto en la resolución 273/18 para que las entidades alcanzadas obtengan una nueva aprobación a fin de poder efectuar descuentos al amparo del régimen actualmente vigente. En ese cronograma, sostiene que la afectación no pudo producirse antes de esa fecha, pues hasta ese día habría regido ultraactivamente el decreto 745/00 que no la agraviaba.
Por su lado, la Provincia afirma que la demanda es intempestiva. Así, tras descartar que el litigio tenga connotación institucional, el Asesor General de Gobierno propone que en la especie la lesión a los intereses patrimoniales de la actora tuvo lugar con la publicación en el Boletín Oficial de las normas involucradas en la contienda. En esta inteligencia, la acción sería extemporánea ya sea que se tome como referencia la publicación del decreto del Poder Ejecutivo (BO N°28.241 del 22-III-2018 y BO N°28.243 del 26-III-2018) o de la resolución ministerial (BO N°28.299 del 21-VI-2018).
IV. A los fines de la aplicación del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Corte ha precisado que la naturaleza patrimonial del juicio se evidencia allí donde la acción es entablada para salvaguardar derechos o intereses económicos eventualmente afectados por el precepto reputado inconstitucional, no debiéndose prescindir de tal carácter por el hecho de que se aleguen otros daños no patrimoniales que aparecen como complementarios del interés primario en cuya defensa se acciona (doctr. causa I. 1335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994).
De ello se colige que un reclamo como el que motiva la controversia, en el cual se impugna la omisión presuntamente inconstitucional en la que habría incurrido la Provincia al no permitirle a la actora descontar automáticamente de los recibos de haberes del personal policial ciertos códigos relativos a créditos personales para consumo o seguros individuales, desde el punto de vista de la cooperativa posee un marcado carácter patrimonial. Esto define el contenido de la acción y, con ello, llama a la observancia del plazo de caducidad señalado en el código de rito (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1861, "Rodríguez", sent. del 1-VI-2011; I. 3230, "INC SA", sent. del 9-IX-2015 e I. 73.338, "Asociación Argentina de Acabado de Metales", resol. de 29-XI-2017).
V. Sentado lo anterior, se tiene dicho que el establecimiento del momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2010; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016 e I. 75.175, "Odjfell Terminals TAGSA SA", resol. de 5-XII-2018). De tal forma, se ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, el plazo de caducidad debe computarse desde ese momento (causa I. 1854 "Lamano", resol. de 11-X-1995 e I. 2148, cit.).
Bajo estos parámetros, no es atendible el argumento esbozado por COPOBA para extender el plazo para accionar en la instancia originaria de esta Corte más allá de la fecha en la cual plausiblemente cabe fijar el dies a quo en el presente caso; esto es: la segunda publicación del decreto 243/18 en el Boletín Oficial del 26 de marzo de 2018.
Es que si se tiene en cuenta aquello que la agravia y que hace al objeto de su pretensión, se impone concluir que la afectación concreta se produjo desde el momento mismo en que dicha norma se dio a conocer públicamente, puesto que es justamente en su art. 4 donde no se plasmaron los rubros de descuento que se consideran inconstitucionalmente omitidos.
El hecho de que se haya otorgado un período de gracia para que las entidades reguladas adecuen sus mecanismos de cobro automático no solo que no enervó la entrada en vigencia de las previsiones del decreto -al menos en lo tocante a esa parcela- (cfr. art. 18, dec. cit.), sino que -en rigor- ello da cuenta de que el plexo impugnado efectivamente surtía efectos sobre sujetos como la actora, quienes tenían la obligación de acomodarse al nuevo régimen en los términos establecidos. Todo ello, máxime cuando en el mismo acto quedó derogado el decreto 754/00, razón por la cual mal podría alegarse su ultraactividad a fin de postergar en el tiempo el acaecimiento de la afectación denunciada (cfr. art. 21, dec. cit.).
En tales condiciones, desde el momento arriba señalado se comprueba una inequívoca aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causa I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizabal", resol. de 13-II-2019 y todas sus citas).
VI. Por lo expuesto, dado que la acción posee contenido patrimonial y que el término de treinta días para presentar la demanda debe computarse desde la segunda publicación del decreto 243/18 que tuvo lugar el 26 de marzo de 2018, corresponde declarar que el juicio originario iniciado el 14 de septiembre de 2018 fue promovido una vez vencido el plazo de caducidad que le resultaba aplicable (art. 684, CPCC).
Consecuentemente, se hace lugar a la excepción deducida por el señor Asesor General de Gobierno y se rechaza, por extemporánea, la demanda de fs. 143/157 junto a su ampliación de fs. 163/168 vta. Con costas (art. 68, CPCC).
Lo anterior, sin mella de la facultad de la interesada para ocurrir a la jurisdicción ordinaria a fin de ver satisfecha su pretensión (art. 684, seg. párr., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida a fs. 172/174 por la Provincia de Buenos Aires y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito entre el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires Limitada (COPOBA) (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del doctor Ricardo Miguel Ortíz en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967) y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del primero de los nombrados frente al IVA.
Deberá darse cumplimiento a lo previsto en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese (art. 352 inc. 1, CPCC).
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 123
Fin de la sentencia