Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y declarar extemporánea la demanda de inconstitucionalidad interpuesta (arts. 161 inc. 1, Const. prov., y 683 y sig., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los doctores José Miguel López Alconada (h) y José Miguel López Alconada en las sumas de pesos … -$...- y pesos … -$...-, respectivamente; y del Asesor General de Gobierno en la suma de pesos … -$...- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8904/1977 y doctr. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 8-XI-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de los mentados profesionales frente al IVA.
I.72.191 “SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGRICOLA GANADERA ANDRES MENDIZABAL C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. 442/12”
La Plata, 13 de febrero de 2019.
I. La Sociedad Anónima Comercial, Agrícola y Ganadera "Andrés Mendizabal" promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del decreto 442/12 y de las normas vinculadas a éste contenidas en las leyes 14.333 y 14.357.
Se agravia al considerar que aquellas normas vulneran el principio de legalidad tributaria y de jerarquía normativa al prescindir del mecanismo establecido en los arts. 59 y sigs. de la Ley de Catastro Territorial n°10.707 para la fijación del valor de la tierra rural. Postula también que el decreto 442/12 generó un incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural de una magnitud desproporcionada, lesionando así su derecho de propiedad.
Con ese argumento y en su condición de contribuyente del referido gravamen, sostiene que la normativa impugnada infringe los arts. 1, 10, 11, 25, 31, 39 inc. 3, 56, 57, 103 inc. 12 (sic.) y 144 inc. 15 de la Carta local y sus correspondientes de la Constitución nacional.
II. Corrido el traslado de la demanda, el Asesor General de Gobierno opone excepción de incompetencia por estimar que al momento de incoarse la acción ya se había extinguido la competencia originaria del Tribunal en los términos del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, por reputar que en la especie resultaba aplicable el plazo de caducidad de treinta días allí establecido, al tratarse de una pretensión de contenido netamente patrimonial. Subsidiariamente contesta sobre el fondo de la controversia (v. fs. 92/98).
Cabe resaltar que, en lo tocante a la objeción formal, recuerda las fechas en las que fueron publicadas en el Boletín Oficial las leyes y el decreto que integran el bloque normativo impugnado y concluye que esa circunstancia daría cuenta de la extemporaneidad con la que fue promovido el presente proceso judicial.
III. Sustanciada esa presentación, la accionante resiste el planteo con el pretexto de que, al tiempo de promulgarse las normas objetadas, desconocía cuál habría de ser la concreta base imponible del impuesto en cuestión a partir de las modificaciones allí dispuestas (v. fs. 100/101).
Manifiesta que recién tuvo acceso a ese dato "… al momento de recibir la boleta del impuesto con el importe a abonar" (fs. 100). Postula que, por tal motivo, la demanda debe considerarse presentada en término.
Conviene destacar que en el escrito inicial, al justificar la procedencia formal de la acción entablada, la actora también sostiene que la demanda fue presentada "…dentro del plazo de treinta días del vencimiento del 'Adicional de la cuota 2/2012 según ley 14.357'" (fs. 29).
IV.1. Tal como se expresó, la demandante tacha de inconstitucionales una serie de disposiciones que, de consuno, derivaron en un incremento en la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural. En este esquema, es evidente la naturaleza patrimonial de la acción, lo cual impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del código adjetivo que rige en la especie, conforme al cual la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", res. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", res. de 13-IV-2011; I. 1861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011 e I. 74.191, "Antivari SA", res. de 10-VIII-2016, entre muchas otras).
IV.2. Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad o no de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "…desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. de 20-X-1998, I. 2148, "Mule", sent. de 21-V-2008 e I. 3231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015 e I. 72.510, "Tarasiuk", res. de 17-X-2018, entre otras). Y sobre esa base, se ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, al establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y quedando con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde ese momento (doctr. causas I. 1854, "Lamano", res. de 11-X-1995; I. 2148, cit. e I. 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", res. de 27-VI-2018, entre otras).
V. Cabe señalar que, en cuanto es pertinente destacar, la ley 14.333 -impositiva para el año 2012-, entre las disposiciones de su Título I, estableció coeficientes para el cálculo de la valuación parcelaria de los inmuebles de las plantas rural y subrural y dispuso las escalas, cuotas y alícuotas sobre el excedente del límite mínimo a efectos de la determinación de los valores a pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural. Esta ley fue publicada en el B.O. n° 26.746 del 30-XII-2011.
Poco tiempo después, a fin de efectuar la valuación general de la tierra libre de mejoras en las referidas plantas, el decreto 442/12 fijó "…los valores unitarios básicos por unidad de superficie, respecto al suelo óptimo determinado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para las distintas Circunscripciones que componen el Partido, conforme el detalle contenido en el Anexo Único" (art. 1). Estableció también que dichos valores serían aplicables para la determinación de los tributos pertinentes, conforme la base imponible, las escalas y las alícuotas fijadas por la ley (art. 2), a la par que facultó a la autoridad de aplicación para dictar las normas y procedimientos complementarios que resulten necesarios para la debida implementación de sus disposiciones (art. 3).
En el anexo único de ese decreto se individualizaron -y esto es de esencia- los nuevos valores unitarios básicos del suelo libre de mejoras, en virtud del partido y la circunscripción correspondiente.
El texto del mencionado decreto y su anexo fueron publicados en el B.O. n°26.846 (suplemento) del día 31-V-2012.
Concomitantemente, se sancionó la ley 14.357 que, nuevamente en cuanto interesa poner de resalto, por un lado, estableció los coeficientes de actualización de las edificaciones y mejoras de la planta rural y de los valores unitarios básicos fijados en el decreto 442/12 —mediante la sustitución del art. 4 de la ley 14.333 y la incorporación del art. 9 bis a ese mismo cuerpo normativo, respectivamente—. Por el otro, derogó el art. 11 y el anexo I de la ley 14.333, que establecían otros coeficientes y porcentajes que debían ser aplicados a efectos de determinar el quantum de las obligaciones por el Impuesto Inmobiliario rural correspondiente al ejercicio 2012.
La ley 14.357 también fue publicada en el B.O. n°26.846 (suplemento) del día 31-V-2012.
VI. Precisado lo anterior, cabe apuntar que de los términos del art. 684 CPCC no se desprende la necesidad del dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1514, "Chirdo", res. de 23-IV-1991; I. 1513, "Merlo", res. de 18-V-1991; I. 1329, "Playamar SRL", sent. de 10-XII-1992; I. 1451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2151, "Smaldini", res. de 8-IX-1998; I. 1607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2160, "Parque Eterno CA", res. de 27-IV-1999; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2148, cit., entre otras.).
VII.1. En las condiciones reseñadas, se debe entender que el menoscabo o detrimento patrimonial que la accionante invoca como fundamento de su pretensión -y con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjo a partir del 31-V-2012, fecha en la que fueron publicados el decreto 442/12 y la ley 14.357, pues desde ese momento la demandante estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de las normas controvertidas y, de tal manera, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación le podía generar.
En efecto, los preceptos impugnados establecieron con precisión los valores y coeficientes aplicables en el decidido revalúo general inmobiliario, y su incidencia respecto de la valuación fiscal de los inmuebles rurales surge con claridad de las normas de la ley 10.707 (en especial, de sus arts. 53, 58, 59, 70 y 79). A la vez, la trascendencia de aquellos conceptos en relación a la base imponible del Impuesto Inmobiliario se extrae de modo directo de los preceptos del Cód. Fiscal que estructuran el gravamen (en particular, su art. 170). En otros términos, dado el mecanismo legalmente previsto para la definición de la valuación fiscal de los inmuebles rurales, resulta palmario el impacto que cualquier modificación de los valores unitarios básicos o de los coeficientes de actualización tiene respecto de la valuación fiscal correspondiente a cada terreno. Es que, particularmente por conducto de los arts. 58 inc. c, 59 y 79 de la ley 10.707, tales elementos componen la ecuación que permite asignar un valor -a efectos tributarios- a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, de modo que su alteración redunda necesariamente en ese resultado.
Así entonces, con la publicación de los preceptos impugnados la parte actora fácilmente pudo saber de la modificación en la valuación fiscal que de ellos derivaría y que luego se vio reflejada en la liquidación administrativa del "adicional a la cuota 2/2012" y de las cuotas sucesivas del Impuesto Inmobiliario Rural. De esa manera, como se adelantó, fue en aquella oportunidad que pudo producirse la afectación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y del derecho de propiedad que se alegan vulnerados.
La misma consideración merece la invocada violación a los principios de legalidad tributaria y de jerarquía normativa. Es que resulta evidente que la falta de participación de las comisiones asesoras en la determinación de los nuevos valores unitarios básicos es una circunstancia que la demandante podía experimentar desde la publicación del decreto 442/12 cuya inconstitucionalidad se alega en autos con tal fundamento.
Así, toda vez que la demanda fue presentada el 27-IX-2012 (v. fecha del sello de cargo de fs. 78 vta.), corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del código adjetivo se encontraba vencido al tiempo del inicio de la acción; motivo por el que la excepción opuesta por el Asesor General de Gobierno es de recibo.
VII. 2. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de este complejo normativo que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, cit.; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y declarar extemporánea la demanda de inconstitucionalidad interpuesta (arts. 161 inc. 1, Const. prov., y 683 y sig., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los doctores José Miguel López Alconada (h) y José Miguel López Alconada en las sumas de pesos … -$...- y pesos … -$...-, respectivamente; y del Asesor General de Gobierno en la suma de pesos … -$...- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8904/1977 y doctr. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 8-XI-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de los mentados profesionales frente al IVA.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 15
Fin de la sentencia