Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77590
I.77.590 “ASAMBLEA PERMANENTE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DECRETO 988/2021”
I. La Asamblea Permanente de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de apoderado, promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 3 inc. 3 del decreto 988/21 (B.O. de 16-XI-2021), que establece los nuevos requisitos para que las asociaciones civilmente constituidas, las mutuales y las cooperativas puedan acceder al “Régimen Único de Códigos de Descuento”, derogando el sistema establecido en el decreto 243/18.
Al respecto, alega que la norma impugnada transgrede los derechos y garantías consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 28, 43 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y en los arts. 11, 36 inc. 6, 39 incs. 2 y 3, 57 de la Carta local.
II.1. En primer lugar, indica que la presente demanda se interpone en tutela de los derechos subjetivos de la Asamblea y de los derechos de incidencia colectiva referidos a los intereses individuales homogéneos de los jubilados y pensionados asociados a la institución, conforme lo previsto en el art. 7 inc. "a" de su estatuto constitutivo.
En este sentido, afirma que en la especie se procura resguardar un bien que pertenece a una pluralidad relevante de sujetos, que existe una conducta única y continuada que lesiona al colectivo antes identificado y que la pretensión se encuentra focalizada en los efectos comunes del problema, que se relaciona directamente con el derecho a la seguridad social, al carácter alimentario de las prestaciones previsionales involucradas y a garantizar un nivel de vida adecuado de las personas de la tercera edad.
Respecto al planteo fondal, sostiene que el precepto en crisis introduce una limitación sustancial para que las entidades como la suya puedan acceder al código de descuento, al exigirles el cumplimiento de requisitos no previstos en las regulaciones que le anteceden, a saber: (i) que acrediten su radicación en la provincia; (ii) que cuenten con matrícula nacional del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) correspondiente a dicha jurisdicción; (iii) que se encuentren integradas y dirigidas exclusivamente por agentes activos/as pasivos/as y/o retirados/as de la Administración Pública provincial; y (iv) que demuestren que cuentan con una cantidad de afiliados o miembros mayor al cinco por ciento (5%), de la totalidad de la planta del personal del organismo ante el cual se solicita la realización del descuento.
Así, arguye que las medidas restrictivas dispuestas, alteran de manera trascendental la posibilidad de subsistencia de la Asamblea y la realización de sus objetivos y sus fines sociales y que, además, constituyen una injerencia injustificada del Estado que compromete el ejercicio de la libertad de asociación y expresión, que desconoce su existencia como persona jurídica inscripta ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Aquí, señala que la implementación del régimen cuestionado otorga un privilegio -como sería el caso de los sindicatos con personería gremial respecto de aquellos simplemente inscriptos- que perjudica y discrimina en forma indebida a las asociaciones nuevas o menos desarrolladas.
En otro orden, alega que los mencionados recaudos importan un obstáculo económico y social que impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales en defensa de sus representados. En este punto, argumenta que el acceso rápido a los recursos propios fortalece la autonomía funcional de las asociaciones civiles frente a los poderes públicos y que la imposibilidad de contar con lo recaudado por dicho concepto generaría un desfinanciamiento inmediato de la entidad.
En consecuencia, entiende que la reglamentación sancionada no supera el mínimo examen de razonabilidad, necesariedad y proporcionalidad. Ello, en tanto los fundamentos de la norma no logran acreditar -según su parecer- el interés general y prioritario del Estado que justifique la modificación del régimen anteriormente articulado, el cual la contemplaba entre sus beneficiarios.
II.2. A título cautelar, solicita se suspendan los efectos del precepto que la agravia y se le permita continuar accediendo al código de descuento reconocido bajo la derogada reglamentación del sistema, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.
II.3. Tras estimar que el resultado del pleito puede tener relación con intereses propios de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, requiere se la cite en su calidad de tercero (arts. 90 inc. 1, 92 y 94, CPCC).
II.4. Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
III. Corrido el pertinente traslado, se presenta el señor Asesor de Gobierno, opone excepción de falta de legitimación activa colectiva y de inadmisibilidad de la acción entablada. Luego, refuta el planteo de inconstitucionalidad incoado, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
Comienza su exposición aduciendo que los intereses de las entidades beneficiarias resultan notoriamente contrapuestos con los de sus afiliados, toda vez que aquellas, al ser destinatarias de las deducciones, descuentos, quitas y/o retenciones sobre los haberes de sus asociados, asumen el rol de acreedoras frente a estos últimos. Siguiendo tal razonamiento, aduce que resulta evidente que la Asamblea actúa en defensa de sus propios derechos y que, por lo tanto, no es dable reconocerle la invocada legitimación extraordinaria.
Tras ello, expone que la pretensión esgrimida carece de una debida fundamentación. En esta línea, manifiesta que la actora se limita a consignar dogmáticamente la violación de diversas cláusulas constitucionales y disposiciones de tratados internacionales, sin especificar concretamente cómo se producen las transgresiones denunciadas.
En efecto, considera que el hecho de que la asociación haya sido anteriormente beneficiaria del sistema no constituye un argumento válido para cuestionar la juridicidad de la modificación regulatoria, ya que no existe un derecho adquirido al mantenimiento o inalterabilidad de normas reglamentarias. Asimismo, refuta que para el dictado del decreto controvertido sea necesario invocar “fuertes” razones de interés público y sostiene que basta con que se hallen explicitados los motivos voluntarios y discrecionales de interés público que, en esta ocasión, condujeron a su dictado.
Puntualiza que no recae sobre la Provincia obligación alguna de establecer retenciones o descuentos de los haberes de los jubilados en concepto de cuota de afiliación a entidades civiles y que, eventualmente, las instituciones pueden recurrir o disponer de otros medios para el cobro de dichas cuotas.
En cuanto al requisito vinculado al número mínimo de asociados para acceder al código de descuento, explica que se relaciona con el recaudo de representatividad básica, el cual se asienta en la necesidad de que las entidades demuestren cierta significancia para que la Administración Pública provincial comprometa su organización, cree estructuras e invierta recursos en la prestación de un servicio de la naturaleza del presente.
Por último, sostiene que el “Régimen Único de Códigos de Descuento” reglamentado por el decreto 998/21 es optativo, por lo que la actora no puede esgrimir ni alegar la vulneración o conculcación de una garantía o un derecho propio de raigambre constitucional.
IV. Sustanciadas las defensas previas articuladas por la demandada, la parte actora las resiste reiterando que: a) los socios de la Asamblea abonan mensualmente y en forma voluntaria una cuota justamente para fortalecer a la entidad en la defensa de sus derechos y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el art. 7 de su estatuto; b) el Poder Ejecutivo ha incurrido en el vicio de desviación de poder, en tanto la reglamentación se aparta de los fines enunciados en sus considerandos; y c) la regulación supone una injerencia desmedida por parte del Estado que cercena la sostenibilidad y capacidad de acción de la Asamblea.
V. Pasados los autos al acuerdo, se deben abordar y decidir en primer término, por una cuestión de orden lógico, las excepciones esgrimidas por el señor Asesor General de Gobierno.
VI. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En lo que aquí concierne, este Tribunal también ha distinguido aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva, se admite la legitimación de cualquier afectado o bien -por un grupo o clase de personas- de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.).
Para decidir respecto de la legitimación extraordinaria de la Asamblea para instar la presente acción, cabe reconocer que las asociaciones como la actora pueden presentarse en esta sede judicial a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en resguardo de los intereses que procuran proteger, siempre que éstos fueran afectados -en lo tocante a sus incumbencias- por normas locales que consideren contrarias a la Constitución provincial (arg. arts. 38 in fine, 41 y 161 inc. 1, Const. prov.).
La admisión de la legitimación para demandar de este tipo de entidades, sin embargo, dista de ser genérica e ilimitada. Depende en modo relevante del contenido y alcance de las finalidades asignadas por sus instrumentos de creación (conf. doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015); y, desde luego, de las características del conflicto, dadas por el tenor de las normas que se impugnen, así como por el tipo de agravio invocado y la posición que frente a esas normas exhiba quien resulte demandante (doctr. causas I. 2.115; “Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2153, "Matoso", resol. de 14-VII-1998; e.o).
Según el estatuto de la Asamblea, se trata de una asociación constituida, entre otras finalidades, con el objeto de: “a) Representar y defender los derechos e intereses de los jubilados y pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, radicados en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, ante el Banco, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y las entidades que agrupan los servicios sociales del Banco como así también ante cualquier autoridad pública o gremial con intereses concurrentes; b) Propiciar la candidaturas y/o designaciones de los jubilados en los organismos de gobierno de la Caja mencionada; c) Desarrollar actividades culturales, sociales y recreativas para sus asociados y familiares; d) Cooperar con sus asociados en la complementación de los servicios sociales que brindan las entidades pertinentes del Banco; e) Propender a la creación de una comunidad solidaria entre sus asociados” (conf. art. 7).
En las presentes actuaciones se cuestiona la constitucionalidad del art. 3 inc. 3 del decreto 988/21, en tanto exige una serie de requisitos para que las entidades puedan acceder al “Régimen Único de Códigos de Descuentos”, asunto que exhibe un vínculo directo con las finalidades para las cuales fue creada la asociación actora conforme a las transcripciones efectuadas en el párrafo anterior. Ello, dado que según se desprende de los propios considerandos del precepto en crisis, el sistema procura brindar protección, amparo y seguridad jurídica a los agentes públicos frente a las deducciones, descuentos, quitas y/o retenciones que los responsables de la liquidación de haberes puedan efectuar, dotando a la Administración de mecanismos dinámicos y eficaces para, en el sub lite , garantizar el pago de las cuotas sociales.
Tampoco se advierte la contraposición de intereses denunciada por el señor Asesor General de Gobierno, si se tiene en consideración que la demandante ya se encontraba incorporada al régimen de descuentos reglamentado por el decreto 243/18. Es posible presumir, entonces, que en la especie se hallaría en juego la tutela de los derechos pluriindividuales homogéneos de los jubilados y pensionados que han optado por asociarse voluntariamente a la Asamblea para la defensa y promoción de sus derechos como colectivo, adhiriendo a un sistema que procura establecer criterios prudenciales para la deducción de haberes para solventar las cuotas sociales y fortalecer el sistema de control sobre dichas operatorias, cooperando con la generación de determinados recursos que coadyuven al funcionamiento de la Asamblea que los nuclea.
Todo esto permite concluir, al menos en esta instancia preliminar del trámite judicial, que existe una afectación cierta al derecho invocado en la demanda. Por ende, sin abrir juicio acerca de sus méritos, la índole de la cuestión debatida en el caso exige el abordaje flexible y amplio de la aptitud legitimante que se adopta, lo que permita garantizar un adecuado acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.).
VII. En relación al embate referido a que la demanda carece de la debida fundamentación, es útil recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
Bajo tales premisas, es dable señalar que en el escrito postulatorio se invocan violaciones directas a la Constitución local (arts. 11, 36 inc. 6, 39 incs. 2 y 3 y 57), exponiéndose de qué modo la normativa impugnada violentaría los aludidos derechos y garantías. Así, los argumentos expuestos por la demandante -precedentemente reseñados-, cumplen con el recaudo de fundamentación suficiente en tanto han sido mencionadas las cláusulas superiores que se dicen transgredidas y se efectúa una relación entre estas y la norma puesta en crisis.
De otro lado, se advierte que las manifestaciones vertidas por ambas partes en este punto versan sobre la procedencia de la pretensión deducida y no así respecto a la admisibilidad de la acción originaria regulada en el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, motivo por el cual deviene necesario diferir su análisis para la etapa procesal oportuna, ya que constituye materia propia del fondo del asunto traído a conocimiento de esta Corte.
VIII. Corresponde, entonces, pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria formulada por la demandante.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; I 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos requisitos - fumus boni iuris y periculum in mora - en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
VIII.1. En cuanto a la verosimilitud del derecho, la actora se limita a sostener que “de la sola confrontación, o cotejo de la norma en crisis, con la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional, surge claramente que se encuentra en discordia e incompatibilidad, lo que acredita que existe una palmaria inconstitucionalidad” (v. punto XI.1.A. del escrito postulatorio de fecha 14-XII-2021).
Sin embargo, semejante afirmación no justifica por sí misma la concurrencia de este presupuesto y, desde ese punto de vista, la afectación constitucional denunciada por la actora carece - prima facie - de la contundencia necesaria para resultar verosímil.
Además, dado el tenor de la presentación, es claro que no basta con contrastar la norma atacada con los arts. 11, 36 inc. 6, 39 incs. 2 y 57 de la Carta local, tal como se pretende, pues más allá de su enunciado el planteo requiere, paralelamente, de un minucioso análisis del decreto 988/21 para así establecer si el Poder Ejecutivo ha conducido sus asuntos de un modo prohibido por el texto fundamental. Y esto es una tarea que, en el marco de la vía escogida, no puede ser canalizada con la provisionalidad inherente a esta etapa liminar del juicio (doctr. causas I. 68.323, “Exolgan SA”, resol. de 24-V-2006; I. 74.048, “Cámara Argentina de Fuegos Artificiales”, resol. de 23-XI-2016).
VIII.2. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que amerite la concesión de la cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Esta Corte ha dicho que en la evaluación del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que re
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