Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76437
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda deducida por la señora María Renata Gini el día 14 de mayo de 2020 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Federico Walter Rizzo en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.76.437 “GINI, MARIA RENATA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 3887/98 -REGLAMENTARIO DEL DEC. LEY 9020/78"
I. La señora María Renata Gini, a través de su apoderado, promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, impugnando el art. 9 del decreto 3887/98 reglamentario del decreto ley 9020/78 y sus modificatorias, al considerar que éste vulnera los arts. 10, 11, 27, 31 y 57 de la Carta local, como así también los arts. 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Asimismo, solicita que se ordene, con carácter cautelar, la suspensión del trámite del expediente N°2200-95220/2016 del Ministerio de Justicia provincial, en el que se sustancia el llamado al XXX Concurso de Oposición y Antecedentes para la Provisión de Titularidades de Registros de Escrituras Públicas vacantes; ello, en relación al Registro Notarial N°9 de Coronel Suárez, que se encuentra interinamente a su cargo.
Al respecto, alega que la demanda se inicia con fines preventivos, dado que el precepto cuestionado –a su entender- se aplicará de manera efectiva una vez que el Poder Ejecutivo decida incluir definitivamente en el listado a concursar al mencionado registro.
Relata que mediante Resolución N°777, de fecha 21 de octubre de 2019, el Ministro de Justicia rechazó el pedido de titularidad directa del referido registro que efectuara, al considerar que la accionante no cumplía los requisitos legales establecidos al efecto. Contra dicho acto, manifiesta que interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio (conf. arts. 86, 89, 91 y concs., decreto-ley 7647/70), el que a la fecha de la interposición de la presente acción se halla pendiente de resolución.
En ese contexto, alega que el Estado provincial desconoce el derecho adquirido por su representada a la titularización directa del Registro Notarial N°9, del cual es adscripta desde hace más de quince años y sostiene que dicho accionar genera agravios de índole constitucional que justificarían suficientemente la pretendida declaración de invalidez de la norma atacada.
En virtud de ello, estima que el art. 9 del decreto 3887/98 establece una presunción de idoneidad iure et de iure que no se ajusta a los fines perseguidos con la normativa aplicable y desconoce las circunstancias fácticas en las que se encuentra la actora, que garantizarían su aptitud para el cargo en cuestión. Concluye que esto atenta contra los principios de razonabilidad, legalidad e igualdad, consagrados en los textos constitucionales.
Finalmente, esboza lo que a su parecer constituye la "correcta" interpretación del conjunto de preceptos que rigen la materia, cita precedentes de este Tribunal y ofrece prueba.
II. Conforme lo dispone el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada" de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
Así este Tribunal ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma considerada en sí misma, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; e.o.), de manera que en la ponderación de la validez constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que sólo constituyen una consecuencia de su aplicación y no la previsión objetiva del precepto cuestionado (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
En definitiva, el objeto primario de la instancia prevista por el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial reside en la verificación de la validez de la norma considerada en sí misma, sin que ello importe -obvio es reconocer-, que deban desatenderse por completo los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la parte interesada y que resulten ser consecuencia de su inminente o efectiva aplicación. De lo contrario, no habría "caso" ni "legitimación", requisitos estos que se infieren a partir de la situación fáctica en que se enmarca la pretensión (conf. art. 683 y sigs., CPCC; y causa I. 72.580, cit.).
III. En el caso, se controvierte la constitucionalidad del art. 9 del decreto 3887/98, que establece que la antigüedad de cinco años requerida para acceder a la titularidad directa de un Registro Notarial debe reunirse con anterioridad a la situación de vacancia.
En esencia, el planteo se dirige contra la aplicación que efectivamente realizó el Ministerio de Justicia de la norma impugnada; circunstancia que se vislumbra en distintos pasajes de su escrito postulatorio:
Así, la accionante afirma que se ve afectada en cuanto a sus derechos debido a que por la interpretación dada por la Administración Pública (Ministerio de Justicia) a la norma respectiva, no se le permite el derecho a la titularización del Registro Notarial a su cargo . Ello, toda vez que manifiesta haber solicitado al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la titularidad del Registro Notarial N°9 de Coronel Suárez y su exclusión del concurso a realizarse, petición que, según se indica, fue rechazada por dicho organismo tras considerar que no se encontraban reunidos los requisitos legales establecidos al efecto.
Asimismo, expresa que el único valladar para otorgarle la titularidad pretendida está dado por los diferentes cambios y rumbos de opinión de la Administración Pública en cuanto a la aplicación de la ley e interpretación del Reglamento y la Ley Notarial . Refuerza esta idea al decir que la Administración Pública ha actuado de manera errática en cuanto a su interpretación en relación a la normativa notarial , al alegar que anteriormente se había excluido el aludido registro de otro concurso en virtud de lo estipulado en el art. 15 del decreto-ley 9020/78.
Finalmente, es la propia actora quien indica que el recurso de revocatoria incoado contra el acto denegatorio del Ministerio de Justicia se encuentra pendiente de resolución desde el 12-XI-2019 por lo que la vía administrativa no se encuentra aún agotada . Para más, con fecha 23 de julio de 2020, acompaña copia de la referida pieza recursiva, de cuya simple lectura no cabe más que concluir que el carril procesal elegido se torna inviable. Ello, no sólo porque el agravio que expone luce prematuro sino, principalmente, porque aún de corroborarse la negativa a su pedido no sería ese un perjuicio que derive de la redacción propia de la norma que aquí se discute y que pueda, por lo tanto, ser resuelto con la declaración de inconstitucionalidad pretendida. En tal caso, deberá la accionante perseguir la reparación de los derechos que entienda vulnerados por la vía pertinente.
IV. En consecuencia, toda vez que lo cuestionado en el proceso no es la constitucionalidad de una norma en abstracto sino la validez del modo como la Administración la interpretó y aplicó en el supuesto particular, la pretensión entablada resulta inadmisible (art. 161, inc. 1, Const. prov.; doctr. causas I. 2171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; I. 2018, "Club de Campo San Diego SA", sent. de 14-XI-2001; I. 74.358, "Telecom Argentina SA", resol. de 22-II-2017; I. 70.192, "Rodríguez Santos", resol. de 25-X-2017 e I. 74.930, "Paladino", resol. de 26-IX-2018, e.o.).
En tales condiciones, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida el día 14 de mayo de 2020.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda deducida por la señora María Renata Gini el día 14 de mayo de 2020 (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Federico Walter Rizzo en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:59:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 12:41:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:25:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia