Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77032
I.77.032 “ISABELLA, DIEGO PAULO Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA NRO. 181/2021 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 1208-MJGM-2021”
I. La señora Patricia Roxana Morales y el señor Diego Paulo Isabella -ambos por derecho propio y en representación de sus dos hijas menores de edad-, la señora María Isabel Jimena de la Torre y el señor Sebastián Guillot -también por derecho propio y en representación de su hija menor de edad-, promueven acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Cuestionan la validez constitucional del decreto 181/21, en parte modificatorio del decreto 178/21, emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, dec. 181/21) y de la resolución 1208/21 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros (en adelante, resol. 1208/21), relacionados con las restricciones al dictado de clases presenciales en las escuelas del Área Metropolitana (AMBA).
Alegan que los actos impugnados transgreden los límites impuestos en los arts. 1, 10, 11, 35, 39 y 57 de la Constitución local y, en consecuencia, desconocen los derechos a la educación, de propiedad y al trabajo, al tiempo que atentan contra el principio de legalidad al igual que afectan la autonomía provincial.
Piden también que se deje sin efecto –lo que entienden es- la adhesión al decreto nacional 241/21 (en adelante, DNU 241/21 o, en forma indistinta, DNU) que, según aluden, ha dispuesto el dec. 181/21. El DNU 241/21 reformó algunos artículos del decreto 235/21.
II. En el escrito de demanda los actores relatan que ante la situación epidemiológica por la pandemia del virus SARS-CoV-2 y la declaración del estado de emergencia sanitaria efectuada por ley 27.541, se dispusieron una serie de medidas en el ámbito nacional -que fueron acompañadas a nivel provincial- relativas al funcionamiento de los establecimientos educativos y otras actividades educativas no escolares, vinculadas principalmente con la modalidad para el dictado de clases.
En este sentido, efectúan una reseña de la normativa emanada en este asunto y detallan -en particular- lo establecido en los decretos nacionales 297/20, 792/20, 67/21 y 235/21, las resoluciones 108/20 y 423/20 del Ministerio de Educación de la Nación, los decretos provinciales 132/20 y 106/21, la resolución 364/20 del Consejo Federal de Educación, las resoluciones 554/20, 759/20, 854/20, 935/20 y 415/21, todas ellas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la resolución 63/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros bonaerense.
En lo que aquí concierne, indican que en el art. 2 del DNU 241/21 (B.O. de 15-IV-2021) del Poder Ejecutivo Nacional, se determinó la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Destacan que, por otra parte, el citado reglamento puntualizó que "…los gobernadores y las gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo".
Refieren que, en este contexto, fueron dictados el dec. 181/21 y la resol. 1208/21, cuya juridicidad controvierten porque habilitan a extender en el tiempo las restricciones decididas en el reglamento nacional, sin fijar pautas temporales concretas indicativas de su duración. Dicen, además, que tales actos carecen de validez por un vicio en su causa.
Opinan que las autoridades deben asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de las alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que mejor se adecuen a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, implementando acciones positivas que permitan alcanzar resultados de calidad equivalentes en todo el país y en todas las situaciones sociales.
Argumentan a favor del derecho a la educación, el cual vinculan estrechamente con la asistencia presencial a los establecimientos educativos, sin perjuicio de reconocer que en el actual contexto pandémico la satisfacción del reclamo que articulan puede entrar en cierta colisión con el derecho a la salud de la comunidad.
Invocan el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita de padres y madres, en especial en los casos de familias monoparentales; y recuerdan el derecho de los docentes a enseñar. Ponen en duda el sustento científico de las restricciones y destacan que las escuelas no representan un foco de contagio, remarcando el rol que cumplen en el bienestar integral de los niños y adolescentes. A la vez, consideran que los preceptos puestos en crisis violan el principio constitucional de igualdad. En este aspecto, alegan que la modalidad remota no constituye un real acceso a la educación y que solo la presencialidad lo garantiza.
De otra parte, plantean que la medida adoptada resulta irrazonable a la luz de los índices de contagios recabados en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, apartándose de los datos empíricos constatados, por lo que resulta irrazonable y desproporcionada (conf. art. 28, Const. nac.).
Cuestionan, por fin, la competencia del Gobernador para emitir lo que entienden ha sido un "decreto de necesidad y urgencia". Y consideran, también, que el precepto controvertido -en cuanto «adhiere» al DNU 241/21- importa una autolimitación inconstitucional de la autonomía provincial y una clara violación a lo dispuesto en el art. 1° de la Constitución de la Provincia.
III. Con carácter previo y como medida cautelar, los actores solicitan la suspensión de los efectos del dec. 181/21, así como de la resol. 1208/21, además, de la «adhesión» al DNU 241/21. Todo ello a los fines de mantener y garantizar la presencialidad de las clases en las escuelas de sus hijos, mediante los protocolos sanitarios pertinentes y hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
IV. En atención a las circunstancias que informan de momento el caso es oportuno expedirse acerca del pedido de tutela preventiva efectuado por los accionantes, sin perjuicio de lo que correspondiere decidir sobre la admisibilidad de la pretensión principal articulada en esta causa y la competencia del tribunal para resolverla (arts. 161, inc. 1, Const. Prov., 195, 196, 230, 232, 331, 683 y concs., CPCC).
IV.1. Esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, debido a la presunción de constitucionalidad o de validez de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (conf. Causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; I. 76.258, “Intendente de la Municipalidad de General San Martín”, resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, “Mendoza”, resol. de 11-XII-2019; e.o). Por excepción ha acogido solicitudes suspensivas de normas locales, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino, en rigor, acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit.; B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o). Así lo ha resuelto cuando de la apreciación de las circunstancias existentes se advierte que la impugnación de la disposición reputada lesiva posee una precisa y fundada apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas), porque demuestra prima facie la trasgresión constitucional, acredita en igual modo que el cumplimiento o los efectos de la norma controvertida han de generar un gravamen irreparable al derecho invocado (causas I. 3.521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o) y justifica seriamente que la adopción de la medida precautoria no causará una afectación grave al interés público.
IV.2. Con ese criterio estricto debe ponderarse la concurrencia de los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar (verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora). Para despacharla favorablemente, entonces es pues necesario que se reúnan ambos recaudos, así como –en casos como el de autos- el de la no afectación al bien o el interés público comprometido (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
V. Según se ha señalado, en el apartado VI de la demanda se reclama la suspensión de los efectos de las normas provinciales atacadas y también de la «adhesión» al decreto nacional, hasta que se resuelva sobre el fondo del «amparo» (sic). Como complemento, se pide que sea ordenado al Poder Ejecutivo Provincial el restablecimiento de la asistencia de los alumnos en todos los establecimientos educativos del Municipio donde concurren los hijos de los accionantes, consecuentemente, se “ordene la [reanudación] del dictado de las clases presenciales bajo los protocolos sanitarios aprobados” (del ap. VI mencionado).
VI.1. El acogimiento de la solicitud de tutela preventiva formulada en el expediente torna así necesario verificar: i] que la censura a la constitucionalidad de las regulaciones objetadas sea plausible y esté debidamente fundada, de manera que logre desvirtuar su presunción de validez; ii] que se demuestre verosímilmente que esas normas de alcance general desconocen o lesionan bienes jurídicos de los reclamantes, tutelados por el ordenamiento constitucional de la Provincia, esto es que, valoradas en un juicio preliminar, pueda afirmarse que provocan el gravamen a los derechos invocados. Pero, además, junto con ello, es una condición ineludible que la afectación cuestionada sea causada por una disposición normativa emanada de la autoridad local demandada.
VI.2. En el expediente la impugnación se dirige contra el dec. 181/21 y la resol. 1208/21. Y la cautelar solicitada tiene por objeto esos mismos actos reglamentarios.
Sin embargo, en esta fase larval del proceso no se advierte que la ofensa a los derechos invocados pueda atribuirse al dictado de dichas normas provinciales. Por el contrario, la lectura de la demanda y de los demás elementos arrimados al litigio torna en principio pertinente considerar que, en sustancia, del juicio provisional acerca de la constitucionalidad del DNU 241/21 depende la suerte de la pretensión cautelar. En rigor, se argumenta allí como si en esta sede provincial aquel decreto pudiera ser enjuiciado, descalificado y sus medidas restrictivas neutralizadas.
VI.3. En lo que aquí interesa, el art. 2 del DNU 241/21 sustituyó el art. 10 del decreto 235/21 relativo a las “clases presenciales”, de forma tal que éste ahora dispone: “Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en el presente decreto… ” (cursiva añadida).
A continuación, se aclara: “Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”.
VII..1. La clave que define la controversia a considerar en esta etapa cautelar es el señalado art. 10, último párrafo, agregado por el DNU 241/21. Está centrada en la inteligencia y efectos de esta norma porque, recapitulando lo narrado, el conflicto ha sido generado a raíz de la suspensión temporaria del servicio educativo presencial, como reacción ante ese acotamiento al derecho a la educación. Un bien jurídico de primer orden (Fallos: 325;396; 326:2637) que se alega indebidamente cercenado. Se ha puesto en entredicho la razonabilidad del cambio transitorio impuesto a la modalidad de desarrollo de la actividad, en términos de falta de proporcionalidad y de justificación. Como contrapartida, la medida limitadora reposa en la preservación de la salud pública (otro bien jurídico fundamental; Fallos: 326:4931; 329:2552; 340:1269; 341:919) en una región o gran conglomerado urbano, heterogéneo y densamente poblado. Ahora bien, siendo ello así, toda vez que, en la argumentación de los demandantes, la aludida afectación ha sido causada en algún grado por las normas provinciales que cuestionan, es necesario establecer, al menos de manera provisional , la pertinencia de dicho punto de partida.
Con ese alcance se impone determinar entonces si aquélla se origina y emana de los preceptos cuya suspensión cautelar se ha instado, o si, en cambio, viene establecida por el DNU 241/21.
VII.2. La respuesta la brinda el texto del decreto federal.
En relación con la prestación de los servicios educativos de manera presencial, la motivación de la norma expresa que “resulta necesario, además de la adopción de las medidas mencionadas, suspender en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), a partir del 19 de abril y hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares presenciales”, agregando que “desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) se incrementó en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%), según datos aportados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE de la Nación” y que “… la reducción transitoria de la circulación de personas en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), relacionadas con las actividades de educación presencial, coadyuva a ralentizar la velocidad de transmisión del virus en un momento de crecimiento exponencial de casos en la región y ante la necesidad de prevenir la saturación del sistema de salud”.
Tras referirse a datos estadísticos del “grupo de personas de SEIS (6) a DIECISIETE (17) años”, en los considerandos del mencionado reglamento se puntualiza que “… la situación epidemiológica en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios”.
VII.3. Sobre esa base el DNU 241/21 dispuso la medida desencadenante del conflicto de autos.
Lo hizo en un grado tan relevante que, durante el período trazado por el aquel reglamento nacional, una eventual suspensión exclusivamente referida a los efectos de las normas provinciales objetadas en este proceso carecería de virtualidad en los hechos. No tendría hic et nunc eficacia para alterar el estado de cosas reputado lesivo, ni para reponer a los actores, siquiera transitoriamente, en el ejercicio de los derechos que, según alegan, son irrazonablemente restringidos o cercenados y que en el presente procuran tutelar.
VII.4. En concreto el DNU 241/21, con rotundidad, suma un último párrafo a este art. 10, que dice lo siguiente: “Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”.
VII.5. Concebida por el Poder Ejecutivo Nacional como una determinación para mitigar el incremento exponencial de casos de COVID-19, temporaria, intensiva, focalizada geográficamente y orientada a una actividad que –se estima- conlleva situaciones generadoras de mayores riesgos de contagios y de una gran movilidad de personas, la restricción se encuentra precisada por la norma de necesidad y urgencia. En cuanto a su objeto, recae sobre los servicios presenciales educativos, suspendiendo su prestación de manera obligatoria; respecto del ámbito espacial de aplicación, abarca a los distritos que componen el AMBA y, en orden a su extensión temporal, se prolonga del 19 al 30 de abril.
Así lo prescribe el DNU 241/21. No ha sido ordenado ni definido en el dec. 181/21 ni, menos aún, por la resol. 1208/21.
VII.6. A diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, en las que –según se ha dicho- la potestad para suspender o reiniciar las clases presenciales permanece bajo la órbita decisoria de sus respectivas autoridades, en los municipios de la región metropolitana del gran Buenos Aires –individualizados en el art. 3° del decreto N° 125/21- y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa posibilidad, conforme al DNU 241/21, se neutraliza por el señalado lapso.
Para todo el conglomerado, las clases presenciales han sido suspendidas, hasta el 30 de abril, por el citado acto de la autoridad federal.
VII.7. El DNU 241/21 expone los fundamentos y establece con detalle el contenido de la determinación adoptada. Su texto –el del último párrafo del art. 10- muestra y concreta de manera indubitable el propósito de sancionar una norma operativa o auto-aplicativa, cuya efectividad no está supeditada a un determinado acto ulterior. Finalidad lograda, pues surge como primera lectura posible de los términos del precepto.
Al margen de cualquier otra consideración, es innegable que el contenido del DNU es claro. En tanto no exige mayor esfuerzo interpretativo para desentrañarlo, corresponde su directa aplicación (Fallos: 320:2145; 324:3345 y 340:905), desde que la exégesis de los textos normativos debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (Fallos: 308:1873; 316:2732; 324:3345; 338:488 y, entre muchas FLP 22100095/2011/CS1, “Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ P.E.N. s/ amparo ley 16.986”, de fecha 8/4/2021).
VII.8. Lo dicho permite inferir que los efectos desfavorables que los actores buscan conjurar en este pleito vendrían a ser aquellos que surgen del mencionado último párrafo del art. 10 del decreto 235/21 introducido por el DNU 241/21.
Ello parece tan evidente como cierto es que la argumentación de los demandantes no diluye, ni contraría, semejante conclusión. En tal sentido, la presentación inicial omite alegar fundadamente la existencia de motivos autónomos (que no remitan a aquel DNU) según los cuales la fuente inmediata de su afectación jurídica diferiría de aquella medida del Ejecutivo Nacional y estaría cifrada en los actos reglamentarios provinciales por ellos censurados en el escrito de inicio.
VII.9. Vigoriza al razonamiento otra regla del mismo DNU 241/21, por cuya virtud se agrega -en su art. 7- como art. 27 bis del anterior decreto 235/21 el siguiente precepto: “Los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto como delegados o delegadas del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional . Ello, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar las Provincias, la
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