Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77032
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la acción originaria incoada por los reclamantes en la presente causa -escritos de demanda y de ampliación de la demanda- (conf. arts. 161 inc. 1°, Const. prov.; 336, 683 y sigs., CPCC).
I.77.032 “ISABELLA, DIEGO PAULO Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA NRO. 181/2021 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 1208-MJGM-2021”
I. El 26 de abril del corriente año esta Suprema Corte rechazó la medida cautelar suspensiva peticionada por los actores, en relación con el decreto de necesidad y urgencia 241/21 dictado por el Presidente de la Nación (DNU 241/21), y con los actos locales aplicativos de esta norma: el decreto 181/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia y la resolución 1.208/21 suscripta por el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.
Al entrar en el examen de verosimilitud del derecho invocado en la demanda, respecto del decreto nacional, el Tribunal consideró (con cita de los arts. 116, Const. nac; 4 y concs., ley 27; 2 inc. 1, ley 48 y de la doctrina que se desprende de la colección Fallos: 328:1248, 3906, 4037; 329:2790; 330:628) que una decisión a su respecto escapaba de la competencia que le atribuye el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
En cuanto a los actos provinciales, sostuvo que los extremos de la tutela cautelar no se reunían por cuanto la lesión jurídica aducida no derivaba de los actos locales, sino de lo establecido por el párrafo final del art. 10 del decreto nacional 235/21, con las modificaciones introducidas por el DNU 241/21. Y, además, por carecer de utilidad la suspensión requerida, toda vez que la neutralización de los efectos de los actos provinciales no habría de conmover la fuerza obligatoria de la restricción impuesta por el referido decreto nacional.
II. El día 11 de mayo próximo pasado, los actores amplían la demanda.
Alterando en parte el eje del reclamo, ahora no solo plantean -entre otros aspectos complementarios- la invalidez de los actos locales (el decreto 270/21 y la resolución 1.555/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros), por medio de los que se prorrogan -según afirman- las restricciones en materia de dictado de clases presenciales en determinados distritos de la Provincia. También, de modo abierto y expreso, piden que en el marco de esta vía procesal se disponga la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 287/21, dictado por el Presidente de la Nación (DNU 287/21). Por si hiciera falta aclararlo, señalan que en ese acto reglamentario de la autoridad nacional "…se basa y encuentra fundamento la normativa provincial [también] atacada". Citan al respecto el art. 57 de la Constitución provincial.
En lo sustancial, remiten a los argumentos esgrimidos en la demanda primigenia y reiteran que las limitaciones que objetan resultan irrazonables, arbitrarias y desproporcionadas, por apoyarse en estadísticas genéricas y, por tanto, insuficientes sobre la propagación del virus SARS-CoV-2. A la vez, denuncian como hecho nuevo la sentencia dictada el 4 de mayo de 2021 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (causa CSJ 567/2021), alegando que el citado fallo tiene incidencia en el presente proceso, toda vez que "marca directrices y conceptos claros con relación al tema de fondo que es compartido en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires".
Cuestionan, en suma, tanto el decreto 270/21 y la resolución 1.555/21, ambos actos dictados por órganos provinciales, como también el DNU 287/21, solicitando entretanto la suspensión de sus respectivos efectos.
III. Como primera cuestión, es dable tener por ampliado y así transformado el objeto de la demanda en cuanto la parte actora dirige el embate constitucional al DNU 287/21, al decreto provincial 270/21 y a la resolución del Jefe de Gabinete de Ministros 1.555/21 (art. 331, CPCC).
IV. Sentado lo que antecede corresponde enfatizar un punto relevante para el pronunciamiento a adoptar en el caso.
IV.1. Debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que hubo de decidirse en relación con la primera solicitud de tutela cautelar el pasado 26 de abril, ocasión en la cual este Tribunal únicamente abordó lo atinente a la procedencia del referido planteo precautorio, ahora, dado el perfil más nítido y definido que, a la luz de la ampliación efectuada por los actores, adquiere el objeto de la pretensión deducida, es necesario pronunciarse sobre su viabilidad formal.
Si bien, bajo ciertas condiciones, es posible advertir una carencia relevante en tal sentido y decidirla al momento de dictar sentencia (doctr. causas I. 1579, "Miño", sent. de 10-XII-1992; I. 1329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-1993; I. 1322, "Industrias Ganaderas Inga S.A.I.C.I.F.", sent. de 17-X-1995; I. 1617, "El Libertador S.R.L.", sent. de 16-VII-1996; I. 1631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 1607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999, I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010, e.o.), elementales razones de economía procesal y de seguridad jurídica orientan preferentemente el desempeño judicial a evitar la disfuncionalidad que implicaría mantener procesos abiertos o trámites latentes relativos a acciones que se revelan de antemano francamente inadmisibles.
No abunda recordar que en aquella resolución de fecha 26-IV-2021, en vista de la urgencia comprometida en el caso, se expresó que el pronunciamiento había sido adoptado sin perjuicio de lo que correspondiere decidir sobre la admisibilidad de la pretensión principal articulada en esta causa y la competencia del tribunal para resolverla (arts. 161, inc. 1, Const. prov.; 195, 196, 230, 232, 331, 683 y concs., CPCC; v. ap. IV, resol. cit.).
IV.2. En esta materia se ha establecido en diversas ocasiones que la indicación que la cláusula del art. 161 inc. 1 de la Constitución hace a la “ley, decreto, ordenanza o reglamento”, además de otras connotaciones, importa el señalamiento de unos textos jurídicos que tienen en común, entre otros rasgos, el constituir reglas de derecho de jerarquía inferior al rango constitucional, provenientes de entes u órganos provinciales o locales (doctr. causas B. 58.835, "Curieses", resol. de 3-II-1998; I. 2098, "Sencar", resol. de 24-VI-1997; I. 2401, "Ginestet", resol. de 7-V-2002; I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria", sent. de 2-III-2011; I. 68.403, "Aramburu", resol. de 5-X-2011; B. 71.847, "Reciclar S.A.", resol. de 27-VI-2012; B. 71.959, "Turchi", resol. de 4-VII-2012; I. 2021, "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VIII-2014 y B. 73.095, "Axat Della Croce", resol. de 20-XI-2014 entre muchas otras).
Ello quiere decir que la competencia originaria que a esta Suprema Corte le atribuye el citado art. 161 inc. 1 no abarca a los reclamos dirigidos en contra de preceptos dictados por autoridades diferentes de las locales (doctr. causas I. 73.998, "Sindicato de Personal de Reposición Externa y Merchandising", resol. de 24-V-2016; I. 74.725, "Miño Domínguez", resol. de 7-II-2018; B. 76.829, "Maffia", resol. de 8-IV-2021; B. 77.100, “Arboit”, resol. de 7-V-2021, e.o.).
Es inviable entonces promover en esta sede, como núcleo argumental de la acción, el cuestionamiento a una disposición federal.
En el respeto del objeto por demás singular, definido y acotado que es propio de este proceso, descansa precisamente la juridicidad del cometido funcional que atañe a esta Corte: habrá de ser posible el enjuiciamiento constitucional en su jurisdicción originaria solamente de aquellas determinaciones jurídicas que tengan en común, entre otros rasgos, el tratarse de reglas de derecho, en principio generales, emitidas por las autoridades públicas locales (doctr. causa I. 76.929, cit.).
IV.3. De manera alguna modifica la conclusión anterior la referencia que la parte actora hace del control de constitucionalidad difuso, para intentar fundar que en este proceso pueda decidirse la impugnación formulada contra el DNU 287/21, a tenor de lo dispuesto por el art. 57 de la Constitución provincial.
Esa modalidad de control dista de erigirse en una suerte de vía rápida apta para juzgar de cualquier manera semejantes peticiones. Por lo pronto, ha de acomodarse a las competencias y a los cauces procesales correspondientes a los distintos órganos jurisdiccionales que estructura el ordenamiento positivo de la provincia. El campo de aplicación del proceso incoado por los reclamantes es muy preciso y ha sido diseñado en el texto mismo de la Constitución. Su régimen, así previsto y reglado en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, da cuenta de una modalidad de impugnación específica, a partir de cuyo conocimiento la Corte ejerce una revisión privativa, abstracta, predominantemente preventiva y concentrada en su instancia originaria.
Incongruente con ese esquema regulatorio, el control difuso tiene cabida en supuestos diferentes. Ha de aplicarse sin evadir ni soslayar, como es lógico, el límite dado por el respeto a la competencia material de los órganos judiciales (doctr. causa B. 73.724, "Calles Añansgo", resol. de 15-VII-2015). Lo expuesto no importa desconocer que el producto del examen difuso de los asuntos constitucionales, debido al vasto margen de desarrollo que lo caracteriza, podría desembocar a la consideración de la Suprema Corte, una vez arribadas las actuaciones a sus estrados provenientes de las instancias anteriores, por vía de recurso extraordinario (arts. 161 incs. 1 y 3 ap. "a", Const. prov.; 278, 299 y concs. CPCC; doctf. causa A. 70.577, "Fisco c/ Mazzuchelli", sent. de 28-IX-2016 y sus citas).
Como fuere, no hay duda que la jurisdicción originaria de la Corte remite a un escrutinio tasado, ceñido al examen constitucional de normas dictadas por la provincia o por los municipios, por lo que en la especie el juzgamiento del DNU 287/21, o el de su similar 241/21, excede ese marco cognoscitivo y, por tanto, no puede ser asumido sin trasponer con demasía los límites de la jurisdicción que le otorga la Constitución.
IV.4. A mayor abundamiento, parece conveniente poner de relieve que lo resuelto por la Corte federal en el ya citado expediente CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” no altera la conclusión a la que ha de arribarse en la causa que toca aquí dirimir. A diferencia de lo afirmado por la actora en su ampliación, aquel fallo se expidió sobre un aspecto diferente del que se ventila en las presentes actuaciones.
El sentido de aquella sentencia se desprende sencillamente del cotejo entre el objeto de la pretensión articulada en su hora por la entidad local contra el DNU 241/21 y lo resuelto por la Corte.
Se plantearon básicamente dos cuestionamientos a la norma federal: i] el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 99 inc. 3° de la Constitución nacional para la validez de los decretos de necesidad y urgencia; ii] el desconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada en el art. 129 del ordenamiento constitucional. Y de inicio la Corte determinó que el punto a resolver era si el Estado nacional había avanzado sobre las prerrogativas del gobierno porteño (cons. 9°, voto de los doctores Rosatti y Maqueda). En ello centró su pronunciamiento.
Es decir, se expidió sobre el orden de las competencias implicado y consideró que el DNU 241/21 carecía de justificación para disponer la medida restrictiva en forma unilateral, con prescindencia de la voluntad de la Ciudad de Buenos Aires.
En el voto inicial citado se concluyó que lo actuado dejaba al descubierto que se había invadido una atribución concerniente a la Ciudad (consid. 19, in fine ). La opinión concurrente del doctor Rosenkrantz interpretó que el contenido del reglamento nacional reflejaba una injustificada intromisión en las facultades del gobierno porteño para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar. Y desde otra perspectiva el doctor Lorenzetti arribó a una conclusión similar a la de sus colegas preopinantes.
Todos coincidieron en acoger la pretensión con un claro acotamiento expresado en igual forma en los tres votos. Se dijo en ellos que la demanda era estimada “respecto del planteo referido a que en el caso se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De manera entonces que la decisión se refirió únicamente al aspecto competencial del conflicto desatado a raíz de las restricciones al servicio educativo presencial establecidas en el DNU 241/2021.
Dado que en el caso no se halla en discusión una contienda de ese calibre, la comentada sentencia del Alto tribunal carece de fuerza vinculatoria para este expediente.
V. En suma, la demanda, integrada con su ampliación, persigue fundamentalmente contrarrestar los efectos derivados de normas reputadas lesivas emanadas del Estado nacional. Se solicita que este cuerpo emita un juicio negativo sobre la compatibilidad constitucional de tales prescripciones federales, como de los actos provinciales cuestionados, a los que los propios actores consideran como meras derivaciones de aquellas normas federales (v. ap. I.ii., del escrito ampliatorio).
Así las cosas, en el estricto ámbito reglado por la Constitución, resulta evidente la improponiblidad del reclamo intentado en la demanda y su ampliación, por lo que corresponde rechazarla sin más trámite (arts. 161 inc. 1°, Const. prov.; 336, 683 y sigs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la acción originaria incoada por los reclamantes en la presente causa -escritos de demanda y de ampliación de la demanda- (conf. arts. 161 inc. 1°, Const. prov.; 336, 683 y sigs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:08:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:57:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 16:52:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:45:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2021 18:25:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia