Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78849
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Pilar deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Kevin Pérez Oriondo sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.78.849 "PEREZ ORIONDO, KEVIN C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD INC. 3. ART. 10 DEL ANEXO II DECRETO REGLAMENTARIO 532/09"
I. El señor Kevin Pérez Oriondo acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Municipalidad de Pilar continuar con el trámite de renovación de su licencia sin que le sea exigido el requisito cuestionado.
Relata que durante el trámite de renovación de la mencionada licencia y luego de realizadas las evaluaciones correspondientes para su obtención, le informaron que registraba una deuda en concepto de multas por infracciones de tránsito que debía cancelar en su totalidad para poder recibir el permiso. Ante tal situación y la imposibilidad económica de abonar la suma reclamada ($222.778), dice verse obligado a interponer la presente acción.
Manifiesta que la reglamentación establecida en el pto. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto 532/09 impugnado lesiona derechos de raigambre constitucional, tales como el derecho al libre tránsito, a trabajar, usar y disponer de la propiedad, a la igualdad y a la libertad (cita los arts. 14, 16, 19, 28 y concs., Const. nac.).
Destaca, además, que infringe el principio de razonabilidad toda vez que "la exigencia del pago previo de multas para la renovación de la licencia de conducir no se dirige a lograr la seguridad vial, sino que su finalidad tiene afán claramente recaudatorio". Ello, máxime cuando la administración cuenta con vías ejecutivas para su rápido y eficaz cobro.
Manifiesta que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ante la ley, en tanto autoriza una situación de discriminación económica al impedir la renovación del registro de conducir a una persona de escasos recursos frente a otras que, más allá de las infracciones cometidas o su reiteración, pueden afrontar las deudas.
Solicita que, como medida cautelar, se le permita seguir adelante con el trámite administrativo para la renovación de su licencia de manejo, sin tener que contar una certificación de "libre deuda" por multas de tránsito.
II. En esta instancia, corresponde entonces, expedirse sobre la tutela precautoria solicitada.
II.1. Ante todo cabe señalar que el reclamante invoca en sustento de su pretensión los derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo y disposición de su propiedad, además de la igualdad y la libertad en términos generales. Si bien lo hace anidando dichas garantías en normas de la Constitución Nacional, se trata de aquellas que existen de manera coincidente en el texto de la Constitución de la Provincia (conf. doctr. causa B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
Siendo así, aun cuando es sabido que por la vía escogida solo pueden cuestionarse reglamentos por ser repugnantes de normas contenidas en esta última (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC), en la especie puede prescindirse de un emplazamiento al demandante para que adecue su postulación en esos exactos términos. Lo anterior, por ser evidentes los preceptos supralegales que se dicen conculcados (conf. arts. 10, 11, 27 y 31, Const. prov.) y en virtud del principio pro actione (art. 15, Const. prov.).
II.2. Aclarado lo anterior, esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
II.2.a. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas- la violación de los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que luego de manifestarse en forma genérica respecto de las ventajas que el uso de un automotor aporta a la vida diaria, sea con fines laborales, recreativos o por cuestiones de urgencia, señala en concreto que se encuentra prestando labores a 60 km de su residencia, resultándole imposible depender exclusivamente del transporte público, viéndose afectado en su trabajo, su economía, su vida diaria familiar, su libertad y dignidad personal. Y, todo ello, como consecuencia de la exigencia de cancelar la suma de doscientos veintidós mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 222.778) reclamada en concepto de multas por infracciones de tránsito como condicionamiento a la expedición de su licencia, sin admitir su defensa previa mediante un trámite expedito a tales fines.
Parece, entonces, que en el caso el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta la esfera subjetiva del reclamante de manera singular, al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados. Y esto, con el agregado de que - prima facie - la disposición controvertida no pareciera ajustarse a los objetivos legales definidos en la regulación que rige en la materia (v. leyes nacionales 24.449 y 26.363, provincial 13.927 y decreto cit.).
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
II.2.b. Del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
II.3. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su trabajo, industria y/o vida familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
III. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Pilar deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Kevin Pérez Oriondo sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:23:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:09:02 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:11:13 hs. bajo el número RR-1039-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia