Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOrdenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Ana María Maceira, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Lo anterior, bajo responsabilidad de la accionante, quien previamente deberá dar caución juratoria en Secretaría por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del CPCC).
I.75.710 "MACEIRA ANA MARIA C/ PCIA. BS. AS. (DCCION. GRAL. CULT. Y EDUC) S/INCONSTITUC. LEY 10.579 -MODIF. POR LEY 12.770- (ART. 57 INC. "E")"
La Plata, 05 de junio de 2019.
I. Que a fs. 55/57 vta. la actora solicita una medida cautelar a fin de que se ordene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que la incorpore, con el puntaje correspondiente, a los listados destinados a cubrir cargos docentes para todas las áreas que su título la habilitaría, solicitud que le fuera denegada con fundamento en el articulo 57 inc. e de la ley 10.579 y cuya inconstitucionalidad denuncia.
El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de La Plata se declaró incompetente y ordenó elevar las actuaciones a esta sede (v. fs. 31/32).
Radicada la causa ante esta Suprema Corte, se confiere un plazo a la parte actora para que adecue su presentación (v. fs. 37/38 vta.).
Habiendo cumplido con la adecuación de la demanda, vuelven estos autos al Acuerdo.
II.1. El Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024 "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. del 8-VII-2003; B. 67.594 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. del 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. del 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", res. del 24-V-2016, entre otras).
En este sentido, si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor si lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, tal principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis (causas I. 1.531 "Alet Laboratorios", res. de 6-X-1992; I. 1.584 "Boehringer", res. de 4-V-1993; I. 2.380 "Moledo", res. de 4-XI-2002; I. 3.064 "Rosende", res. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", res. de 21-II-2007; I. 73.947, "Greppi", res. de 22-XII-2015; entre otras), circunstancia que habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito en el fondo.
Bajo estos parámetros, se impone considerar los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
II.2.a. En este orden de ideas, la inconstitucionalidad del artículo 57 inc. e de la ley 10.579 -norma que resulta objeto de impugnación en autos-, fue declarada por este Tribunal al dictar sentencia definitiva en los autos B. 65.728, "Zunino, Ana María contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Amparo" (sent. de 11-IV-2007) y, posteriormente, en la causa I. 70.991, "Sánchez" (sent. de 16-III-2016).
Estas circunstancias otorgan, por si solas, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la actora.
II.2.b. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado. La demanda ha sido interpuesta a fin de evitar la aplicación del precepto cuestionado y, así, permitirle a la docente inscribirse con el puntaje correspondiente para el actual período lectivo. De este modo, es probable que de no accederse a lo requerido, la misma se vea fuertemente imposibilitada de ejercer su profesión, siendo inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia (doctr. causa I. 70.991 cit., res. del 3-V-2012).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación a la docente Ana María Maceira, lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -texto según ley 12.770-, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Lo anterior, bajo responsabilidad de la accionante, quien previamente deberá dar caución juratoria en Secretaría por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Ne-So-Ko-Pe
Reg. Nº 284
Fin de la sentencia