Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78460
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -modificada por la ley 12.770- y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Marcela Elizabeth López, en razón de su edad.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2022.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la actora, doctora Alejandra Vinci, en la suma equivalente a sesenta (60) jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 78.460, "Lopez, Marcela Elizabeth c/ Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad ley 10.579", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria, Carral.
I. La señora Marcela Elizabeth Lopez, invocando la condición de docente, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, modificado por ley 12.770, con fundamento en el cual se le deniega la inscripción en el listado oficial a través de la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito de Morón, en razón de haber superado los cincuenta años de edad.
Asevera que la norma impugnada viola los arts. 11, 27, 35, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial.
Tras la invalidación de aquel precepto, persigue la anulación del acto lesivo a través del cual le fue negada la posibilidad de ser incluida en el listado oficial para el ingreso a la docencia y que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito de Morón, a que se abstenga de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida por razones de edad, en los listados oficiales de ingreso a la docencia para el año 2023 y siguientes, en todos los cargos que su título habilite en la jurisdicción antes mencionada.
Pide, además, el dictado de una medida cautelar innovativa, conforme a lo normado en el art. 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, tutela que le fuera conferida (v. resol. de 15-XI-2022), habiéndose ordenado a la autoridad administrativa que se abstenga de aplicar lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 respecto de la actora, hasta tanto se dicte sentencia.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Finalmente, en ocasión de intervenir el señor Procurador General, expresa que podría hacerse lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del inc. "e" del art. 57 de la ley 10.579 y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora (cita doctr. causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014 e I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; arts. 14, 14 bis, 16 y 28, Const. nac. y 11, 27, 39 y 103 inc. 12, Const. prov.; e instrumentos internacionales al respecto).
IV. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La actora señala que desde el año 2014 se desempeña como maestra de nivel inicial en jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires, correspondientes a la Región VIII de la Dirección General de Cultura y Educación. Añade que desarrolla su actividad en dos escuelas: como suplente en una de ellas y como provisional en otra.
Relata que, en agosto del año 2022, al ingresar al sistema para realizar la carga de los "títulos bonificantes", descubrió que no se encontraba en el listado oficial de la Secretaría de Asuntos Docentes del partido de Morón. Manifiesta que a continuación intimó mediante carta documento a su reincorporación en los listados correspondientes, sin obtener respuesta alguna.
A causa de su reclamo, explica que la Secretaría de Asuntos Docentes realizó una consulta con el Tribunal Descentralizado n° 1 de La Plata, cuya respuesta fue que los docentes de la rama especial (sic) no quedan comprendidos en la excepción al límite etario. En consecuencia, la actora manifiesta que se le aplicó el tope de cincuenta años de edad para acceder a los listados, derivado de lo dispuesto por el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579.
Plantea que la prohibición normativa fundada en razones de edad lesiona derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y provincial, tales como el derecho a no ser discriminada, a trabajar y a enseñar (cita arts. 11, 27, 35, 39, 103 inc. 12 y 161, Const. prov. y 14, 16 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Asimismo, hace mención de los precedentes de este Tribunal en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma atacada en la presente (cita las causas "Briceño" y "Zunino").
Finalmente, deja planteado el caso federal y ofrece prueba.
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allana a la pretensión, invocando lo resuelto por este Tribunal en las causas I. 70.991, "Sánchez"; I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia".
Explica que estos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento, por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Corrido el traslado de ley, la actora se opone a la solicitud de la demandada relativa a los gastos del proceso, en tanto sostiene que fue dicha parte quien dio motivo a la necesidad de accionar judicialmente (v. presentación electrónica de fecha 2-III-2023, 4:41:18 p.m.).
IV. Conforme a los términos en que han sido expuestas las pretensiones de ambas partes, la cuestión a decidir estriba en determinar si el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 y sus modificatorias se ajusta a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
IV.1. La norma impugnada establece como requisito para solicitar el ingreso en la docencia con carácter de titular, que los aspirantes posean una edad máxima de cincuenta años. Exceptúa del mentado recaudo a quienes se postulen a ingresar en el tercer ciclo de la Educación General Básica, la Educación Polimodal y la Educación Superior y a quienes, sobrepasando dichos límites, acrediten haber desempeñado dentro de los últimos cinco años, funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos públicos de gestión estatal o gestión privada debidamente reconocidos, en jurisdicción nacional o provincial, por un lapso igual al excedido en edad y siempre que no hubieran obtenido los beneficios jubilatorios. La disposición expresamente aclara que el límite de edad establecido rige solamente para el agente que realiza el primer ingreso como titular a la rama de la enseñanza correspondiente (v. art. 57 inc. "e", texto según ley 12.770).
El decreto 2.485/92, reglamentario de la norma referida, dispone que la edad máxima se computará a la fecha de la inscripción del año en curso. Agrega que, para el cálculo del desempeño en los últimos cinco años, se sumarán todos los períodos no simultáneos trabajados en ese lapso en la rama, considerándose en la suma total la fracción de seis meses o más como un año calendario.
IV.2. Con el objeto de establecer la situación fáctica que rodea al caso, resulta necesario puntualizar los siguientes hechos: a) la demandante posee el título de Profesora de Educación Inicial; b) tenía cincuenta y cuatro años de edad al momento de iniciar la demanda, conforme a lo que surge de la fecha de nacimiento consignada en los archivos adjuntos en PDF de la presentación electrónica de fecha 11 de noviembre de 2022; c) se desempeñó como maestra de nivel inicial en la Provincia de Buenos Aires, concretamente en el partido de Morón, correspondiente a la Región VIII de la Dirección General de Cultura y Educación; d) al ingresar en el sistema para realizar la carga de "títulos bonificantes", descubrió que no se encontraba en el "Listado Oficial 2022", del cual se disciernen los cargos docentes con carácter de titular, por ser mayor de cincuenta años.
Es de interés advertir que tales datos no fueron controvertidos por la demandada.
V. Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosos casos análogos al presente, los que guiarán en lo pertinente la solución que propicio (causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014; I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 73.984, "Pérez", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021 e I. 76.154, "Darío", sent. de 31-VIII-2021).
Entre las consideraciones centrales de aquellos fallos se explica que la desigualdad de trato que la normativa impugnada consagra no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines. Es más: la propia ley no lo considera así, en tanto por el juego de las excepciones que consagra permite el desempeño al frente de alumnos de docentes de mayor edad, aun en el caso del nivel inicial.
Es que el hecho de que la limitación de marras se aplique a los docentes que poseen más de cincuenta años de edad sin una específica antigüedad en el ejercicio de la rama que pretenden titularizar, demuestra que son inválidamente discriminados frente a otros educadores más jóvenes con idéntica capacitación o aun con relación a otros de la misma edad que no ven imposibilitado el ingreso a la docencia como titulares.
Así, fácilmente se constata que la desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años, sin ningún fundamento plausible que dé razón suficiente a aquella distinción.
Es por ello que los precedentes citados han dejado establecido que la mediana edad para la actividad docente no constituye ninguna posible circunstancia de descalificación en las aptitudes que pueda traducirse en una desigualdad justificada de tratamiento jurídico. Una disposición limitativa solo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. Un docente en la etapa de madurez plena de la persona se encuentra en condiciones óptimas para expresar toda su creatividad y experiencia en el ejercicio de su ministerio.
De modo que la previsión de una limitación así, que no puede ser vencida siquiera con la acreditación de la aptitud profesional y la idoneidad para el cargo, es francamente discriminatoria y contradice abiertamente el derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.
VI. Por los fundamentos expuestos, de modo concordante con lo expresado por el señor Procurador General, juzgo que debe hacerse lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -modificada por la ley 12.770- y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Marcela Elizabeth Lopez, en razón de su edad (conf. arts. 11, 27 y 103, Const. prov.).
Una vez firme, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante la resolución de fecha 15 de noviembre de 2022.
VII. En lo que respecta a las costas, corresponde analizar la petición del representante de la Provincia demandada relativa a su eximición, con motivo de su allanamiento a la pretensión.
Adelanto en tal sentido que, sobre la base de los fundamentos que he adoptado en precedentes de similar configuración (cfr. causas I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 73.984, "Pérez", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021 e I. 76.154, "Darío", sent. de 31-VIII-2021), entiendo que -en la especie- las costas deben ser soportadas íntegramente por la Provincia de Buenos Aires.
En las causas recién citadas advertí que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial establece el principio general acerca de que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria. Sin embargo, formula una excepción a tal regla el inc. 1 del art. 70 de ese mismo cuerpo normativo, al establecer: "No se impondrán las costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación". Finalmente, precisa lo siguiente: "Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo".
De conformidad con lo sostenido en los precedentes ya aludidos, considero que es la actuación con derecho lo que da la verdadera dimensión de la objetividad en materia de costas y, por consiguiente, no necesariamente quien resulta vencido es quien ha de soportarlas, sino que han de recaer sobre el litigante que haya dado motivo a la articulación, o distribuirse en atención a las peculiaridades que han contribuido a caracterizar el expediente (conf. Gozaini, Osvaldo A.; "Costas Procesales", Ediar, Buenos Aires, 1998, pág. 42).
En el caso, advierto que el allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno no reúne las notas exigidas por la referida norma y su doctrina (cfr. causas I. 2.214, "Di Montova", sent. de 16-II-2005; I. 2.291, "Rugani", sent. de 5-IV-2006; I. 2.798, "Alonso", sent. de 10-X-2007; C. 96.859, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 2-XII-2009 y el voto del doctor de Lázzari en I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016; e.o.) para eximirlo de su deber de soportar los gastos del juicio.
De las constancias de autos se desprende que, si la docente Marcela Elizabeth Lopez no hubiera solicitado una medida cautelar que suspendiera la condición dispuesta en el artículo impugnado, aquella norma le habría sido aplicada y, con ello, la consecuente imposibilidad de quedar inscripta para concursar un cargo titular en el ciclo lectivo 2023 y en los sucesivos.
A su vez, el precepto legal que aquí se cuestiona fue declarado inconstitucional por esta Suprema Corte hace más de quince años y en la misma línea de decisión han discurrido sus fallos posteriores, sin que la demandada haya adoptado alguna medida tendiente a remover el obstáculo legal que obligó a la actora a promover la presente acción (v. causas B. 65.728; I. 71.259; I. 70.991; I. 74.545; I. 73.984; I. 76.219 e I. 76.154, cits.).
En suma, la imposición de costas en el ordenamiento procesal analizado no es una sanción al litigante vencido, sino el deber de resarcir al vencedor de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su derecho. En tal entendimiento, el allanamiento, en las condiciones precedentemente apuntadas, carece de aptitud para determinar la exención pretendida por el señor Asesor General de Gobierno, toda vez que la Provincia demandada dio lugar a la presente reclamación.
Por todo ello, voto por la afirmativa .
Por las razones expuestas, las costas deben ser soportadas por la demandada (conf. art. 70 inc. 1 in fine y sigs., CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto en los autos I. 71.259, "Rodríguez, Margarita", sentencia de 20-IX-2014; I. 70.991, "Sánchez, Mónica", sentencia de 16-III-2016; I. 74.545, "Fillia, Mónica Beatriz", sentencia de 16-XII-2020; I. 73.984, "Pérez, Patricia", sentencia de 16-XII-2020; I. 76.154, "Darío, María Fernanda", sentencia de 31-VIII-2021; I. 76.219, "Borzi, Susana Amanda", sentencia de 31-VIII-2021; entre otras, que la discriminación que efectúa el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, texto según ley 12.770 -que cancela a la demandante la oportunidad de ingreso a la docencia luego de haber cumplido cincuenta años de edad- carece de justificación razonable y viola los principios de igualdad ante la ley, así como los derechos al trabajo y a la enseñanza, protegidos tanto por la Constitución nacional como por disposiciones de nuestra Constitución provincial. Siendo ello así, sin perjuicio de mi participación en el trámite de la ley enjuiciada, atento a razones de celeridad, economía del proceso y en función de la actual composición del Tribunal, adscribo a la propuesta decisoria formulada por el señor Juez doctor Torres, toda vez que la misma refleja el actual criterio mayoritario que corresponde asignar a la cuestión.
Respecto de las costas, considero que deben imponerse por su orden atento el allanamiento oportuno formulado por el señor Asesor General de Gobierno (art. 70, CPCC; cfr. causa I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero, en lo sustancial, al voto del doctor Torres.
Tal como señala el colega citado, esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosos casos análogos al presente (causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014; I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 73.984, "Pérez", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021 e I. 76.154, "Darío", sent. de 31-VIII-2021).
En los precedentes mencionados se estableció que la mediana edad para la actividad docente no constituye ninguna posible circunstancia de descalificación en las aptitudes que pueda traducirse en una desigualdad justificada de tratamiento jurídico. Una disposición limitativa solo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. De este modo, se resolvió que una norma que contenga esa limitación -que no puede ser superada siquiera con la acreditación de la aptitud profesional y la idoneidad para el cargo- es francamente discriminatoria y contradice abiertamente el derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.
II. Con relación a las costas, considero que deben imponerse por su orden atento el allanamiento oportuno formulado por el señor Asesor General de Gobierno (art. 70, CPCC; cfr. causa I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016 y causas I. 74.545, "Fillia"; I. 73.984, "Pérez"; I. 76.219, "Borzi" e I. 76.154, "Darío", ya citadas).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 -modificada por la ley 12.770- y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Marcela Elizabeth López, en razón de su edad.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2022.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la actora, doctora Alejandra Vinci, en la suma equivalente a sesenta (60) jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electróni
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