Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79004
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 —modificada por la ley 12.770— y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Silvia Norma Lago, en razón de su edad.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2023.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la actora María Sol G. Silverati Di Prinzio en la suma equivalente a sesenta (60) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 79.004, "Lago, Silvia Norma c/ Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad ley 10.579", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan , Budiño .
I. La señora Silvia Norma Lago, invocando la condición de docente, promovió la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, modificado por la ley 12.770, con fundamento en el cual se le denegó la inscripción en el listado oficial de ingreso a la docencia para acceder a concursar un cargo como docente titular para el ciclo lectivo 2024, en la rama especial (K), en razón de haber superado los cincuenta años de edad.
Asevera que la norma impugnada viola los arts. 11, 27, 35, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial.
Tras la invalidación de aquel precepto, persigue la anulación del acto lesivo y que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Secretaría de Asuntos Docentes de los distritos de Villa Gesell, Pinamar y Madariaga, a que se abstenga de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida, por razones de edad, en los listados oficiales para el año 2024 y siguientes, en todos los cargos que su título habilite en los distritos antes mencionados.
Pidió, además, el dictado de una medida cautelar innovativa, conforme a lo normado en el art. 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, tutela que le fuera conferida (v. resol. de 24-X-2023), habiéndose ordenado a la autoridad administrativa que se abstenga de aplicar lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, respecto de la actora, y que la incluya en los listados oficiales en los que se inscriba para concursar por un cargo titular en el ciclo lectivo 2024 y en los sucesivos, hasta tanto se dicte sentencia.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno contestó la demanda y se allanó a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello, solicitó que se exima a su parte de tener que cargar con las costas, de conformidad con lo que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Finalmente, en ocasión de intervenir el señor Procurador General, expresa que podría hacerse lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del inc. "e" del art. 57 de la ley 10.579 y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora.
IV. Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Relata la actora que ingresó a la docencia en el año 2013, en el cargo de orientadora educacional, en el cual continúa como titular.
Indica que desde el día 16 de mayo de 2017 se desempeña como docente en la Escuela Especial n° 501 de la localidad de Villa Gesell. Señala que trabajó como maestra en discapacidad motriz hasta el día 6 de marzo de 2019 y a partir del día 27 de marzo de 2019 continuó en el mismo establecimiento con cargo provisional de docente en trastornos severos de la personalidad (TP), función que seguía desempeñando al momento de iniciar el presente proceso.
Aclara que accedió a dicho cargo en forma provisional ya que para ese entonces era licenciada en psicología y contaba con el tramo de formación pedagógica, que concluyó en el año 2016. Pero explica que para poder titularizar el cargo de docente para estudiantes con trastornos severos de la personalidad se requería: i) tener título de psicóloga; ii) contar con una carrera de formación docente (tramo pedagógico) y iii) con formación complementaria para la atención de estudiantes con alteración en el desarrollo y la constitución subjetiva.
Atendiendo a ese último recaudo, indica que en el año 2021 realizó un trayecto de formación complementaria, cumpliendo así con el único requisito que le faltaba para acceder a la titularidad de cargos de TP.
Agrega que la Dirección General de Cultura y Educación lanzó el tramo en toda la Provincia considerando que hasta ese momento solo podían acceder a la titularización los agentes que tuvieran el título de psicólogos y maestros simultáneamente. Dice que, como pocos cumplían con dicha exigencia, se creó el tramo para que los psicólogos pudieran acceder a la titularización. Así, en el año 2022, fue de las primeras egresadas de dicha especialización.
Comenta que como la condición de inscripción a dicho tramo era estar ejerciendo el cargo, a principios del año 2023 se inscribió en los listados oficiales dentro del correspondiente período para acceder a concursar un cargo como docente titular para el ciclo lectivo 2023/2024 en los distritos de Villa Gesell, Pinamar y Madariaga. Y que, en virtud de su formación y capacitación, puso particular atención en la modalidad (K), que corresponde a educación especial.
Se queja porque al finalizar la inscripción y consultar por ella, advirtió que no aparecía su puntaje. Ante tal circunstancia, narra que realizó un reclamo ante el Tribunal Descentralizado de Clasificación obteniendo como respuesta que, por aplicación del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579, estaba excedida en edad. Contra lo resuelto, efectuó nuevo reclamo ante el Tribunal de Clasificación Central. Pasados treinta días sin contestación, promovió la presente demanda.
I.2. La actora plantea que la prohibición normativa fundada en razones de edad lesiona derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional y provincial, tales como la garantía de igualdad ante la ley y el acceso al empleo con la sola condición de la idoneidad, el derecho a trabajar y a enseñar (cita arts. 11, 27, 35, 39, 103 inc. 12 y 161, Const. prov. y 14, 16 y 75 inc. 22, Const. nac.). Considera que la distinción por edad que hace la norma resulta discriminatoria.
En apoyo de su postura, menciona los precedentes de este Tribunal en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma atacada en la presente demanda (cita las causas Ac. 79.940, "Briceño", sent. de 9-II-2002 y B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007).
Finalmente, deja planteado el caso federal y ofrece prueba.
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allanó a la pretensión, invocando lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa B. 65.728, citada, y las posteriores causas I. 70.991, "Sánchez"; I. 73.984, "Pérez" e I. 74.545, "Fillia".
Explica que estos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento, por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Corrido el traslado de ley, la actora se opuso a la solicitud de la demandada relativa a las costas del proceso, en tanto sostiene que fue dicha parte quien dio motivo a la necesidad de accionar judicialmente (v. presentación electrónica de fecha 11-XII-2023).
IV. Conforme a los términos en que han sido expuestas las pretensiones de ambas partes, la cuestión a decidir estriba en determinar si el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 y sus modificatorias se ajusta a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
IV.1. La norma impugnada establece como requisito para solicitar el ingreso en la docencia con carácter de titular, que los aspirantes posean una edad máxima de cincuenta años. Exceptúa del mentado recaudo a quienes se postulen a ingresar en el tercer ciclo de la Educación General Básica, la Educación Polimodal y la Educación Superior y a quienes, sobrepasando dichos límites, acrediten haber desempeñado dentro de los últimos cinco años, funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos públicos de gestión estatal o gestión privada debidamente reconocidos, en jurisdicción nacional o provincial, por un lapso igual al excedido en edad y siempre que no hubieran obtenido los beneficios jubilatorios. La disposición expresamente aclara que el límite de edad establecido rige solamente para el agente que realiza el primer ingreso como titular a la rama de la enseñanza correspondiente (v. art. 57 inc. "e", texto según ley 12.770).
El decreto 2.485/92, reglamentario de la norma referida, dispone que la edad máxima se computará a la fecha de la inscripción del año en curso. Agrega que, para el cálculo del desempeño en los últimos cinco años, se sumarán todos los períodos no simultáneos trabajados en ese lapso en la rama, considerándose en la suma total la fracción de seis meses o más como un año calendario.
IV.2. Con el objeto de establecer la situación fáctica que rodea al caso, resulta necesario puntualizar que se encuentra acreditado, conforme la documentación acompañada con la demanda, que la señora Silvia Norma Lago es "Licenciada en Psicología", egresada de la Universidad de Buenos Aires, con "Tramo de Formación Pedagógica, Nivel I, para Profesionales y Técnicos Superiores para Nivel Medio" y "Trayecto de Formación Complementaria Dirigido a Profesionales de la Psicología para la atención de estudiantes con Alteración en el Desarrollo y la Constitución Subjetiva". Al momento de iniciar el presente proceso tenía cincuenta y siete años.
Se desempeñó como docente en la Escuela Especial n° 501 de Villa Gesell. Desde el día 16 de mayo de 2017 hasta el 6 de marzo de 2019 como maestra en discapacidad motriz y, a partir del día 27 de marzo de 2019 y hasta la actualidad, continúa en el mismo establecimiento como docente en trastornos severos de la personalidad (TP), en forma provisional. Para titularizar este último cargo, en el año 2022 cumplió la formación complementaria en el Instituto de Formación Docente n° 19 y al anotarse para el listado oficial de ingreso a la docencia para el ciclo lectivo 2023/2024 en las ramas de Especial (K), fue excluida por encontrarse excedida en edad, por aplicación de la norma que aquí impugna.
Tales datos no fueron controvertidos por la demandada.
V. Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosos casos análogos al presente, los que guiarán en lo pertinente la solución que propicio (causas B. 65.728, "Zunino", sent. de 11-IV-2007; I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014; I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 73.984, "Pérez", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021; I. 76.154, "Darío", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.449, "Stieben" e I. 79.018, "Cueva", sents. de 11-IX-2024).
Entre las consideraciones centrales de aquellos fallos se explica que la desigualdad de trato que la normativa impugnada consagra no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines. Es más: la propia ley no lo considera así, en tanto por el juego de las excepciones que consagra permite el desempeño al frente de alumnos de docentes de mayor edad, aun en el caso del nivel inicial.
Es que el hecho de que la limitación controvertida se aplique a los docentes que poseen más de cincuenta años de edad sin una específica antigüedad en el ejercicio de la rama que pretenden titularizar, demuestra que son inválidamente discriminados frente a otros educadores más jóvenes con idéntica capacitación o aun en relación con otros de la misma edad que no ven imposibilitado el ingreso a la docencia como titulares.
Así, fácilmente se constata que la desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años, sin ningún fundamento plausible que dé razón suficiente a aquella distinción.
Es por ello que los precedentes citados han dejado establecido que la mediana edad para la actividad docente no constituye ninguna posible circunstancia de descalificación en las aptitudes que pueda traducirse en una desigualdad justificada de tratamiento jurídico. Una disposición limitativa solo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. Un docente en la etapa de madurez plena de la persona se encuentra en condiciones óptimas para expresar toda su creatividad y experiencia en el ejercicio de su ministerio.
De modo que la previsión de una limitación así, que no puede ser vencida siquiera con la acreditación de la aptitud profesional y la idoneidad para el cargo, es francamente discriminatoria y contradice abiertamente el derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.
VI. Por los fundamentos expuestos, de modo concordante con lo expresado por el señor Procurador General, juzgo que debe hacerse lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 —modificada por la ley 12.770— y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Silvia Norma Lago, en razón de su edad (conf. arts. 11, 27 y 103, Const. prov.).
Una vez firme, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante la resolución de fecha 24 de octubre de 2023.
VII. Respecto de las costas, considero que deben imponerse por su orden atento el allanamiento oportuno formulado por el señor Asesor General de Gobierno (art. 70, CPCC; cfr. causas I. 70.991; I. 73.984 e I. 74.545, cits.).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto que inicia el acuerdo.
Sin embargo, en punto a las costas del proceso, me aparto de su propuesta pues deben imponerse a la accionada, toda vez que su conducta encuadra en los términos de la última parte del inc. 1 del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, pues ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó a la actora a promover la presente acción (conf. causas I. 75.305, "Genta de Murgier", sent. de 11-IX-2019; I. 72.869, "Sola", sent. de 18-IX-2019; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019 y mi voto en causas I. 76.154, "Darío", sent. de 31-VIII-2021; I. 79.018, "Cueva" e I. 78.449, "Stieben", sents. de 11-IX-2024).
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Kohan y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 —modificada por la ley 12.770— y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la actora, lo que importa la condena a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de impedir, en su ámbito, la inscripción en los listados oficiales de la docencia a la señora Silvia Norma Lago, en razón de su edad.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2023.
Por mayoría, las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la abogada patrocinante de la actora María Sol G. Silverati Di Prinzio en la suma equivalente a sesenta (60) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición de la nombrada frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2025 09:18:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 10:35:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:17:11 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 13/10/2025 15:55:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:12:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 15:21:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2025 15:24:15 hs. bajo el número RS-78-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia