Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75419
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 75.419, "Asociación de Farmacias Mutuales Sindicales de la Provincia de Buenos Aires (FEMBA) y ots. contra Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 10.606", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Budiño .
I. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina -AFMYSRA-, la Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Buenos Aires -FEMBA- y el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos -SAFYB- promovieron demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606, norma que autoriza al Colegio de Farmacéuticos a fijar las condiciones de trabajo y remuneración mínima de los profesionales que se desempeñan en las farmacias de propiedad de obras sociales, entidades mutualistas o gremiales.
Asimismo, requirieron que se aplicase al presente el trámite de los procesos colectivos y que se confiriera a la sentencia efectos erga omnes.
Ofrecieron prueba y formularon reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno se presentó y dedujo excepción de incompetencia, por entender que la acción había sido iniciada con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (v. pres. electrónica de fecha 18-IX-2018).
Luego, contestó la demanda sosteniendo la constitucionalidad de la norma en crisis y oponiéndose a lo solicitado por la parte actora en orden a que a la sentencia se le confirieran efectos erga omnes (v. pres. electrónica de fecha 26-IX-2018).
Formuló también reserva de caso federal.
III. Mediante resolución de fecha 20 de febrero de 2019, este Tribunal desestimó la excepción de incompetencia planteada, por considerar que en la especie no resulta aplicable el plazo de caducidad contemplado en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
En ese sentido, expresó que, aun cuando pudieren subyacer intereses económicos, el reclamo formulado tiene su eje en un planteo extrapatrimonial vinculado al derecho a la negociación colectiva, que en virtud de lo dispuesto por el art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606, le estaría siendo conculcado a las entidades que promovieron la demanda y a quienes ellas representan.
Añadió que las repercusiones del derecho por cuya efectiva vigencia se peticiona no se traducen en aspectos puramente pecuniarios, sino que presumiblemente alcanzan también intereses extrapatrimoniales, por ejemplo, en lo relativo a la fijación de condiciones de trabajo.
IV. Agregado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 135/150) y su alegato (v. pres. electrónica de fecha 14-VI-2022), declarado como perdido para la demandada el derecho a alegar sobre el mérito de la prueba (v. prov. de fecha 17-X-2022), oído el señor Procurador General (v. dictamen adjunto a la pres. electrónica de fecha 25-IV-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los actores manifiestan que el art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606 -modificado por la ley 11.328- deviene abstracto, contradictorio e inconstitucional al conferir al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires atribuciones para establecer las condiciones de trabajo y remuneración mínima de los profesionales que se desempeñen en las farmacias de propiedad de obras sociales, entidades mutualistas o gremiales. Ello así, entre otras razones, porque se han dictado los convenios colectivos de trabajo 622/11, 691/14 y 707/15, que han sido homologados por la autoridad laboral nacional.
Exponen que la atribución cuestionada resulta ajena a los mecanismos de la negociación colectiva. Entienden que la finalidad de la aludida ley 10.606 fue proteger al trabajador farmacéutico, garantizándole una remuneración mínima que hoy -aseveran- está sobradamente asegurada con la existencia de los citados convenios laborales, que incluyen piso salarial, antigüedad, vacaciones, días por enfermedad, indemnización por despido, adicionales por dirección técnica, por capacitación, por gestión y por zona desfavorable, así como todos los demás derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
Aducen que tanto los profesionales farmacéuticos que trabajan en relación de dependencia como sus respectivos empleadores se ven perjudicados por la norma impugnada, en tanto esta les impide a los primeros acceder a un convenio colectivo de trabajo más favorable, así como también, a los segundos, participar de discusiones que determinarán las condiciones laborales que deberán afrontar ante sus dependientes.
Explican que, según la ley 14.250, la homologación es lo que otorga validez erga omnes a un convenio para el ámbito geográfico y de actividad comprendido dentro de la representación de las partes intervinientes. Afirman que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires se niega a reconocer tales convenios, escudándose en una ley vetusta que sirvió para un momento en el que los trabajadores farmacéuticos que ejercían en relación de dependencia no tenían sindicato que los amparara.
Señalan que al ignorarse el convenio colectivo que regula el ejercicio profesional del farmacéutico se vulnera el art. 14 bis de la Constitución nacional en cuanto a derechos del trabajador y de los sindicatos - i.e . a una retribución justa, al salario mínimo vital y móvil y a una organización sindical libre-.
Añaden que el art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606 vulnera los arts. 31 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 39 de la Constitución provincial y el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Plantean asimismo la afectación del principio de igualdad consagrado en el art. 11 de la Constitución provincial, con fundamento en que los profesionales farmacéuticos de todo el país están regidos, en su vínculo laboral, por convenios colectivos de trabajo en los que el salario es acordado en paritarias libres entre ambas partes; en cambio -dicen- los profesionales farmacéuticos y los empleadores que desarrollan su actividad en la Provincia de Buenos Aires no gozan de ese beneficio y resultan sometidos a una legislación desactualizada -e inconstitucional- que delegó en un Colegio profesional la facultad exclusiva y excluyente de fijar las condiciones de trabajo y remuneración.
Sostienen que el trabajador farmacéutico se ve perjudicado porque el Colegio fija un monto en concepto de remuneración mínima sin obligar a la relación de dependencia, circunstancia que -afirman- promueve el fraude laboral a través de la figura del monotributo. Precisan que -a su entender- esta modalidad es incompatible con la actividad profesional del farmacéutico, ya que las obligaciones legales de concurrir diariamente al lugar de trabajo, suscribir registros diarios específicos y asumir determinadas responsabilidades técnicas imponen una relación de dependencia y la registración laboral. Concluyen que la retribución fijada por el Colegio pauperiza la relación de trabajo y restringe el derecho del trabajador a acceder a un salario digno, con los beneficios del convenio.
De otro lado, afirman que el empleador de farmacéuticos también se perjudica, porque se lo obliga a abonar un salario 50% más elevado que el negociado en el convenio colectivo específico. Apuntan que, para el mes de julio de 2018, el Colegio fijó unilateralmente una remuneración de $60.113, mientras el salario del convenio colectivo de trabajo 691/14 era de $41.736.
Relatan que el día 17 de mayo de 2018 enviaron una carta documento al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que fue rechazada por esa entidad al señalar que "…su facultad conferida por la ley es al margen y sin perjuicio de cualquier otra negociación que se pueda llevar a cabo, resultando aplicable eventualmente lo dispuesto por el primer párrafo del art. 9 de la LCTTO, toda vez que la remuneración mínima por parte de este colegio en los términos de dicho artículo, importa una norma de rango legal...".
Refutan lo expresado por el Colegio en tal comunicación. Expresan que la ley 10.606 no es una norma que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo, sino una ley de ejercicio profesional, por lo que -interpretan- no le resultan aplicables los arts. 8 y 9 de la ley 20.744.
En otro orden, consideran que el Colegio de Farmacéuticos se ha extralimitado en la fijación de la remuneración permitida por la ley, al establecer un adicional del 10% a quienes obtuvieran la certificación profesional por su intermedio. Aseguran que en este punto se evidencia un conflicto de intereses, ya que la misma persona jurídica que dicta los cursos y otorga la certificación es la que fija la remuneración y el adicional, obligando a su pago.
Luego mencionan que en el caso se configura la violación de la tutela judicial continua y efectiva, en tanto el Estado no provea a los afectados herramientas, procedimientos o mecanismos idóneos, frente a la vulneración de los derechos invocados (cfr. arts. 15, Const. prov.; 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.1 y 25, CADH).
Más adelante enuncian los principios pro homine , de no discriminación y de progresividad, a la vez que postulan que la interpretación de la ley laboral debe regirse por la garantía constitucional de protección, los nuevos requisitos de reglamentación de las leyes consagrados en el art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional, el principio de favorabilidad y la inaceptabilidad de la interpretación restrictiva.
II.1. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno distingue entre la legitimación de los actores y su pretensión de darle a este proceso carácter colectivo y de acción de clase, contra lo cual se manifiesta.
Pone de resalto que el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial determina que los preceptos contrarios a las normas constitucionales deberán ser controvertidos por "parte interesada", en el marco de un caso concreto.
Sostiene que, si el Tribunal considera o reconoce aptitud a las entidades actoras, en nombre de los empleadores y trabajadores que ellas pretenden representar, entonces los efectos de la sentencia deberían beneficiar a los presentantes, sin que quepa extenderlos erga omnes .
A continuación, niega que el caso de autos involucre derechos de incidencia colectiva en los términos del art. 43 de la Constitución nacional, cuya generalidad e indivisibilidad pueda afectar a todos por igual, es decir, derechos que tengan por objeto la tutela de un bien colectivo.
Más adelante indica que el derecho individual de los afectados por la norma cuestionada no podría encuadrarse entre los derechos de incidencia colectiva en general, en tanto los actores no han demostrado un elemento necesario para la procedencia de las acciones de clase cuando están en juego intereses individuales homogéneos, cual es que, en ausencia de un ejercicio colectivo, se produzca una grave afectación del acceso a la justicia.
A mayor abundamiento, observa que el citado art. 43 de la Constitución nacional contempla la legitimación colectiva de "...las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley...", pero estima que ello no se verifica en el presente, donde -interpreta- son varias y distintas las organizaciones que inician la demanda, cada una en resguardo y representación de los trabajadores o empleadores "asociados".
Seguidamente advierte que no resulta claro ni evidente que las demandantes que alegan representar los intereses de las obras sociales, entidades mutualistas o gremiales, propietarias de farmacias, incluyan o comprendan a la totalidad de tal sector "patronal".
Con posterioridad postula que, salvo casos muy excepcionales, la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal no puede tener efectos derogatorios o erga omnes , pues lo contrario comprometería los límites de la función de juzgar, el control de constitucionalidad difuso y el principio de división de poderes.
En abono de sus dichos, cita jurisprudencia.
II.2. En cuanto al fondo de la cuestión, el señor Asesor General de Gobierno manifiesta que la demanda resulta inconsistente e infundada.
Sostiene que las actoras no cumplieron con ninguno de los requisitos establecidos pretorianamente para que proceda una declaración de inconstitucionalidad como la pretendida. Recuerda en tal sentido que ella constituye la ultima ratio del orden jurídico y que quien la promueve debe demostrar el perjuicio que le ocasiona la normativa impugnada, mediante una argumentación rigurosa.
Advierte además que las entidades actoras defienden intereses que se contraponen: mientras el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos tendría como primordial objetivo alcanzar la mejor retribución posible por la tarea de sus representados (trabajadores profesionales farmacéuticos), las entidades que representan al sector empleador (propietarios de farmacias de obras sociales, mutuales y gremiales) intentarían la defensa del patrimonio de la entidad titular del establecimiento farmacéutico.
Señala como paradójico que se inicie una acción por el sindicato que representa a los trabajadores a fin de que no se aplique la resolución 12/17 del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se fijó, a partir del día 1 de enero de 2018, la remuneración básica mínima mensual de los trabajadores farmacéuticos directores técnicos y codirectores técnicos de las farmacias de propiedad de obras sociales, entidades mutuales, sindicales o gremiales, en la suma de $60.113, mientras el convenio colectivo de trabajo que los actores pretenden aplicable la establece en $41.736.
Afirma que el art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606 resulta válido y legítimo en tanto faculta al Colegio de Farmacéuticos a establecer determinadas condiciones de trabajo y remuneraciones mínimas, que consiguientemente no pueden ser incumplidas, pero sí mejoradas. Agrega que -en su visión- ello excluye el perjuicio de las entidades actoras, ya que la remuneración mínima fijada por el Colegio de Farmacéuticos únicamente resultará aplicable en la medida que los convenios colectivos de trabajo vigentes contengan un valor menor de tal estipendio. En lo demás, reconoce la aplicación de la aludida normativa convencional laboral.
Por último, expresa que la atribución prevista en la norma tachada de inconstitucional debe compatibilizarse con las previsiones contenidas en la ley 6.682 -relativa al Colegio de Farmacéuticos de esta Provincia- y sus modificatorias, no impugnadas en autos. En esa dirección, invoca los arts. 4 incs. "k" y "q" y 29 inc. "d" de la ley recién citada; 41 de la Constitución provincial y jurisprudencia sobre los tópicos abordados.
III. En atención a los planteos reseñados, estimo pertinente comenzar por puntualizar que -en sí misma- la legitimación de las entidades actoras para intervenir en este proceso no ha sido cuestionada por el señor Asesor General de Gobierno, quien antes bien se ha limitado a manifestar su oposición a la pretensión esbozada en la demanda en orden a que una eventual sentencia favorable dictada en autos tenga efectos erga omnes , que excedan a las asociaciones que han concurrido a litigar, o bien a sus afiliados.
Por lo demás, con respecto a la vía originaria intentada, el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial especifica que los preceptos reputados contrarios a las mandas constitucionales deberán ser controvertidos por parte interesada, a lo que luego se añadió jurisprudencialmente que la afección debe impactar en la esfera jurídica del litigante de modo particular y directo (doctr. causas I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992 e I. 1.594, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1993; en conc. causas I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-IX-1998; I. 2.194, "Prada Errecart", resol. de 17-XI-1999; entre muchas otras), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado -o ha de ser ineludiblemente lesionado, de no intentarse la acción con carácter preventivo- por la vigencia o la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad se controvierte (doctr. causas I. 1.292, "Colegio de Abogados de La Plata", resol. de 31-III-1987 y sus citas; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1-VI-1993; I. 2.194, cit.; I. 2.297, "Perrota", resol. de 24-IV-2002; I. 73.005, "Colegio de Ingenieros", sent. de 26-V-2021; e.o.).
A la vez, merece resaltarse que, al desechar la excepción de inadmisibilidad interpuesta, este Tribunal sostuvo que la pretensión aquí articulada tiene su eje en un planteo extrapatrimonial, vinculado al derecho a la negociación colectiva, que en virtud de lo dispuesto por el art. 14 inc. "e" apartado 2 de la ley 10.606, le estaría siendo conculcado a las entidades que promueven la acción y a quienes ellas representan (conf. resol. de fecha 20-II-2019, pto. III.3. -segundo párr.-).
De acuerdo con lo previamente señalado, no puede negarse la legitimación con que cuentan las actoras para promover la acción impulsada, no solamente por cuanto ni siquiera la demandada ha procedido en rigor a desconocerla, sino además porque la decisión que habrá de adoptarse enclava en el alcance que debe asignarse en concreto a la noción de parte interesada.
Al respecto, cabe observar que no se encuentra controvertida la intervención que han tenido las demandantes (tanto la AFMYSRA y el SAFYB como la FEMBA, que integra la Confederación Argentina de Mutualidades -CAM-) como signatarias de los convenios colectivos de trabajo 622/11 y 691/14, homologados -respectivamente- por medio de las resoluciones 210/2011 y 855/2014, que fueran dictadas por la Secretaría de Trabajo de la Nación (cfr. resols. cits.; demanda, pto. I, último párr.; doc. adjunta a las presentaciones de fecha 16-VIII-2018, 09:06:09 y 09:07:28 a.m.; y contestación de demanda).
Igualmente, es menester tener en cuenta que, entre sus cometidos estatutarios, las entidades actoras buscan "...representar a las entidades asociadas, por ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales a efectos de defender sus derechos e intereses profesionales..." (fs. 1, estatuto social de la AFMYSRA, art. 2); "...defender, proteger, coordinar y representar los intereses laborales de los trabajadores..." (fs. 31 vta., estatuto del SAFYB, art. 3); y "[d]efender y representar ante las autoridades públicas y personas privadas los intereses mutuales de las entidades que se hallan en su jurisdicción..." (fs. 52, testimonio de la reforma del estatuto social de la FEMBA, art. 2).
Es decir que los fines y objetivos dispuestos en los respectivos estatutos constitutivos evidencian suficiente vinculación con el objeto procesal sometido a juzgamiento (doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015 e I. 74.078, "Cámara Argenti
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.