Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2226
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la denuncia de incumplimiento de la sentencia formulada por la co-actora Marta Susana Muhape.
II. Por consecuencia de ello, se ordena a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que:
II.1. Dentro del término de diez (10) días dicte los actos que sean necesarios para dar efectivo cumplimiento a la sentencia de autos en cuanto a la inaplicabilidad a la actora de los artículos que fueron declarados inconstitucionales;
II.2. Le abone en igual término las diferencias de haberes que, de acuerdo a las pautas del fallo resulten de la ley que deba regir el beneficio, desde que aquella sentencia adquirió firmeza.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que se calcularán exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y su doctr.).
I.2226 “BALDARENAS CARLOS ALBERTO Y OTROS SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 11.761. TERCERO: CAJA JUBILAC. SUBS. Y PENS. PERS. BCO. PROV. BS.AS”
I. Pasan los autos al acuerdo del Tribunal con motivo de la denuncia formulada por el nuevo apoderado de la co-actora Marta Susana Muhape sobre el incumplimiento de la sentencia dictada por esta Suprema Corte el día 2-VII-2014, respecto de su representada.
Por el aludido pronunciamiento esta Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 último párrafo y 57 de la ley 11.761 por reputarlos violatorios de los artículos 10 y 31 de la Constitución provincial. Por consecuencia de ello, ordenó a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires -citada como tercero- que, en lo sucesivo, se abstuviera de aplicar a los demandantes las normas invalidadas por esa sentencia.
La réplica de la co-actora reside en que, pese a la manda aludida, en el respectivo recibo de haberes "...su prestación previsional conserva el código 1005 todo lo cual da cuenta que los términos de la sentencia no se han cumplido...". Más adelante precisa que "...el código de cumplimiento de sentencia puede ser 4005 o 5005...", para luego solicitar a la caja previsional que "...liquide la jubilación de la actora de acuerdo a los términos de la sentencia con carácter retroactivo de dos años a partir de que se dictó la sentencia y hasta el día de la fecha aplicando intereses a la tasa activa del Banco Provincia" (v. presentación de fecha 2-VI-2021 12:33:01 p.m.).
II. La Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires repele el planteo al señalar que la señora Muhape obtuvo su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y que la argumentación sobre la cual descansa la pretensión de inconstitucionalidad a la que se hizo lugar, se afinca en la afectación de derechos adquiridos de aquellos beneficiarios que consolidaron su estatus jubilatorio o pensionario al amparo de las normas vigentes con anterioridad a la sanción de la ley 11.761. Remarca, en ese sentido, la diferente situación de hecho en la que se encuentra la peticionante y, en función de ello, pide el rechazo del planteo formulado.
III. Expuestas las posiciones de las partes, corresponde decidir acerca del alcance de la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 2-VII-2014 en relación a la señora Marta Susana Muhape (v. presentaciones de fechas 2-VI-2021 12:33:01 p.m.; 10-XI-2021 9:37:20 a.m. y 12-VII-2022 2:53:18 p.m.).
Como fuera adelantado en los apartados anteriores, el fallo en cuestión declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 11.761 y dispuso su inaplicabilidad a los demandantes, entre quienes se individualiza a la aquí requirente.
Lo medular del planteo por medio del cual la Caja resiste la petición deducida, consiste en que aquella declaración no habría alcanzado a la situación previsional de la co-actora, en tanto el perjuicio que dice padecer en la determinación del haber y en el cálculo de la movilidad de su prestación, no obedecería a la aplicación de una norma posterior a la consolidación de su derecho jubilatorio sino a aquella que debe regir su beneficio, precisamente, por haber cesado en los servicios durante la vigencia de la ley 11.761.
Es decir, sin reconocerlo expresamente pero tal como se desprende de su argumentación, la Caja bancaria se ha considerado habilitada a incumplir la decisión dictada por este Tribunal -incumplimiento abonado por las copias de los recibos acompañados en archivo pdf a la presentación de fecha 2-VI-2021, 12:33:01 p.m.)- en el entendimiento de que la manda no involucraba a la señora Muhape.
IV. Un elemento de especial relevancia para el análisis de la cuestión aquí debatida es que la Caja jubilatoria no opuso reparo alguno a la procedencia de la demanda promovida por la referida co-actora durante la etapa procesal oportuna (v. fs. 165/320).
Así, la extinción de la facultad de ejercer la defensa omitida, el progreso de la acción hacia el dictado de la sentencia y, esencialmente, la firmeza de ese acto procesal, determinan la inviabilidad de la argumentación tardía que hoy esgrime la Caja previsional para repeler su cumplimiento (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Es lógico que el legislador disponga que la llegada del momento en que el pleito concluye definitivamente y con una decisión de inmutabilidad -por el efecto de la cosa juzgada- traiga consigo la preclusión de todos los poderes jurídico-procesales relativos a la contienda finalizada que, todavía, pudieran existir (conf. art. 166, primer párrafo, CPCC).
Ambas nociones, preclusión y cosa juzgada, abrevan en el principio de seguridad jurídica y determinan que haya cuestiones afectadas por sus alcances que no puedan en lo sucesivo hacerse valer en juicio (cfr. Chiovenda, Giuseppe; "Cosa juzgada y preclusión" en Ensayos de Derecho Procesal Civil, vol. II, Editorial Reus S.A., Madrid, 1925, págs. 417/420).
De acuerdo a ello y a la categórica condena que se desprende del fallo, la entidad previsional no se hallaba autorizada a considerar excluida de los alcances subjetivos de la sentencia a la señora Muhape. Si alguna duda pudo abrigar ante la particular situación en la que se encontraba la demandante en razón de la fecha de su cese en los servicios y la declaración de inconstitucionalidad firme de los artículos de la ley 11.761, debió primar la fuerza vinculante e irrevocable que adquirió aquella declaración.
V.1. Por ello, corresponde que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, dicte dentro del plazo de diez (10) días de notificada la presente decisión, los actos que sean necesarios para dar efectivo cumplimiento a la sentencia de autos en cuanto a la inaplicabilidad a la actora de los artículos que fueron allí declarados inconstitucionales.
V.2. Teniendo en cuenta que el objeto de la condena que se desprende de la sentencia de fecha 2-VII-2014 consistió en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 último párrafo y 57 de la ley 11.761 y en la orden de que no se aplicaran esas normas invalidadas a los actores, corresponde que la Caja jubilatoria abone a la señora Muhape las diferencias de haberes que, de acuerdo a las pautas del fallo, resulten de la ley que deba regir el beneficio, desde que aquella sentencia adquirió firmeza.
Sobre dichos importes se adicionarán intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
V.3. En razón de lo antes expuesto y de que en la demanda no hubo pedido de liquidación y pago retroactivo de las diferencias de haberes surgidas por aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, no corresponde hacer lugar al reclamo pecuniario formulado en esta oportunidad por la actora con relación a los dos años anteriores al dictado de la sentencia de mérito (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC y doctr. causa I. 1985 "Gaspes", resol. de 14-V-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la denuncia de incumplimiento de la sentencia formulada por la co-actora Marta Susana Muhape.
II. Por consecuencia de ello, se ordena a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que:
II.1. Dentro del término de diez (10) días dicte los actos que sean necesarios para dar efectivo cumplimiento a la sentencia de autos en cuanto a la inaplicabilidad a la actora de los artículos que fueron declarados inconstitucionales;
II.2. Le abone en igual término las diferencias de haberes que, de acuerdo a las pautas del fallo resulten de la ley que deba regir el beneficio, desde que aquella sentencia adquirió firmeza.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que se calcularán exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y su doctr.).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:20:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:51:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 15:46:37 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 17:09:25 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/10/2023 17:10:02 hs. bajo el número RR-919-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia